Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00964-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00964-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00964-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
1 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00964-00
Accionante: Fundación Theseus
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., primero (1) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00964-00
Accionante: Fundación Theseus
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: recurso de insistencia. Subtema
2: defecto procedimental.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la Fundación Theseus en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Fundación Theseus presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que consideró vulnerados
con ocasión de la providencia del 30 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro del recurso
de insistencia identificado con el radicado núm. 25000-23-41-000-2024-01622-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La Fundación Theseus presentó ante la Unidad Nacional de Protección2 (UNP), un
escrito, el 18 de julio de 2024, a través del cual solicitó la siguiente información:
1. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, informar: ¿Cuál es el número total
de funcionarios de planta con los que cuenta la Unidad Nacional de Protección?
1
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65AF040AE77E0D12 5F582CB2F743CAFC.
2
En adelante, UNP
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2. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, informar: ¿Cuál es el número total
de funcionarios de planta por cada dependencia con los que cuenta la Unidad Nacional
de Protección?
3. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, informar: ¿Cuál es el número total
de contratistas con los que cuenta la Unidad Nacional de Protección?
4. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, informar: ¿Cuál es el número total
de contratistas por cada dependencia con los que cuenta la Unidad Nacional de
Protección?
5. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, informar: ¿Cuáles son los
nombres, identificaciones y dependencias a las que pertenecen los funcionarios de planta
con los que cuenta la Unidad Nacional de Protección?
6. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, informar: ¿Cuáles son los
nombres, identificaciones y dependencias a las que prestan sus servicios los contratistas
con los que cuenta la Unidad Nacional de Protección?
7. Señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en ejercicio de sus facultades y funciones como
director de la Unidad Nacional de Protección, por favor, entregar: Copia de las
resoluciones de nombramiento de los funcionarios de planta con los que cuenta la Unidad
Nacional de Protección.
3. El Grupo de Servicio al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección, le
manifestó a la peticionaria que la información requerida tenía el carácter de reservada
y, por lo tanto, no podía ser entregada, de conformidad con los siguientes argumentos:
Conforme con lo anterior, y ya que por el contenido de la información puede resultar
afectado el derecho a la intimidad de la (s) persona (s) posiblemente vinculada (a) a la
UNP, así como el de terceras personas, y cumplimiento nuestro deber de garantizar este
derecho fundamental según lo establece la Ley 594 de 2000 “…Ley General de
Archivos…” en su artículo 27, así como los demás derechos consagrados en la
Constitución y la Ley, me permito indicar que no es posible acceder a su solicitud, puesto
que dicha información se encuentra protegida por una reserva legal.
Ello, porque el contenido de la información tiene un alto grado de sensibilidad, pues hace
parte de la intimidad de las personas, derecho amparado por el artículo 15 de la
Constitución Política de Colombia según el cual “…Todas las personas tienen derecho a
su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar […].
4. La Fundación Theseus, mediante correo del 12 de junio de 2024, presentó recurso
de insistencia ante la UNP, para que se surtiera el trámite respectivo. Sin embargo, la
entidad guardó silencio.
5. La tutelante, a través de mensajes de datos del 9 de septiembre de 2024, remitió
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el recurso de insistencia, para que se
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profiriera providencia que ordenara la entrega de la información que la UNP consideró
como reservada.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante auto del 30 de octubre de 2024, rechazó por improcedente el recurso
promovido por la accionante, al considerar que no se cumplieron los requisitos
previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 1437 de 2011, modificados por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015, para dar trámite a este, en tanto no fue remitida la petición
por parte de la entidad requerida.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Por favor, sírvanse tutelar nuestro derecho fundamental a la igualdad, ordenando
inmediatamente a la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que de trámite y resuelva el recurso de insistencia radicado el (9) de
septiembre del año 2024, de acuerdo a lo establecido en las leyes 1437 de 2011 y
1755 de 20153.
8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales porque rechazó el recurso
de insistencia que presentó para que se ordenara la entrega de la información que la
UNP consideró como reservada.
9. En este sentido, explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció su derecho a la igualdad, al darle un trato diferente en esta oportunidad,
pues en otras ocasiones dicha corporación judicial y los Tribunales del Valle del Cauca
y de Antioquia, tramitaron y decidieron de fondo las solicitudes de insistencia
promovidas por la Fundación Theseus, pese a que dichas peticiones no fueron
remitidas por la entidad pública.
10. Así pues, resaltó que era procedente darle trámite al recurso, por cuanto la
peticionaria no estaba en la obligación de asumir la negligencia de la entidad estatal y,
esperar indefinidamente a que decidiera remitir la petición de insistencia de
información a la autoridad judicial.
2.3. Trámite procesal
11.El despacho ponente, mediante auto del 25 de febrero de 20254, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y puso en
conocimiento el escrito de tutela a la UNP, en su condición de tercero interesado.
3
Se transcribe incluso con errores.
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303E29739FA5B1C7 EADE0DEC88FC0128.
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2.4. Intervenciones
12. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 manifestó que, en ejercicio del principio de la autonomía judicial,
decidió darle aplicación al procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011, en tanto
rechazó por improcedente la solicitud de insistencia promovida por la tutelante, dado
que no se cumplió con el trámite descrito en el artículo 26 de la referida norma.
13. Asimismo, indicó que en el auto del 30 de octubre de 2024 se le informó a la
accionante que podía acudir a la acción de tutela con el fin que la UNP cumpliera con
su obligación de remitir el recurso de insistencia, situación que demuestra el actuar
diligente por parte del Tribunal y permite inferir que no hubo vulneración de derechos
fundamentales.
14. De esta manera, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela y,
por lo tanto, se exonere de toda responsabilidad a la corporación judicial.
15. La Unidad Nacional de Protección (UNP)6 solicitó que se le desvincule del
presente trámite constitucional porque carece de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que los argumentos y pretensiones de la tutela, están dirigidos a una decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
respecto de la cual no tiene injerencia alguna.
16. Por otro lado, manifestó que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, pues contrario a lo expuesto en el escrito de tutela,
se han realizado, motivado y notificado todas sus actuaciones dentro del marco legal
que rige a la UNP.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Fundación Theseus, en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la causa por activa de la Fundación Theseus se encuentra
acreditada porque fue la solicitante en el trámite de insistencia en el que fue expedida
la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que
fue la autoridad que profirió la providencia objeto de estudio.
5
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B788F4084E8448B9 4321999B9C48CAED.
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20. Por otro lado, se advierte que la UNP, solicitó su desvinculación, al considerar que
no estaba llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de
la parte accionante.
21. Al respecto, la Sala debe aclarar que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, dado que fue la entidad a la que la tutelante dirigió la solicitud de
insistencia. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridad
accionada, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
22. La Sala considera pertinente mencionar que la accionante en el escrito de amparo,
omitió desarrollar los argumentos para sustentar e identificar el defecto que pretende
atribuirle a la providencia cuestionada conforme a las causales de procedencia de la
tutela en contra de decisiones judiciales definidas por la jurisprudencia constitucional.
23. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de
amparo, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en el
procedimiento que realizó la autoridad judicial accionada dentro del recurso de
insistencia. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración
de un defecto procedimental.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7, y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional8.
25.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
29. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
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31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales.
32. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
providencia del 30 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, fue notificada el 8 de noviembre de
202415, y la demanda de tutela se presentó el 20 de febrero de 202516, esto es, dentro
del plazo de seis meses establecidos por la jurisprudencia constitucional 17 y del
Consejo de Estado18 como razonable.
33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del trámite
de insistencia, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
34. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un recurso de insistencia.
35. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en ese orden, continuará
con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad de la Fundación Theseus. En particular, deberá establecer si incurrió
en el defecto procedimental al proferir la providencia del 30 de octubre de 2024, por
medio de la cual se rechazó por improcedente el recurso de insistencia presentado
directamente por la Fundación Theseus.
37.Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado; y ii) el caso
concreto.
Generalidad del defecto invocado
38. Laparte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
procedimental.
Defecto procedimental
39. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
15
Samai, exp. 25000-23-41-000-2024-01622-00, índice 7.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01042-00, índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.
40. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de
los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las
partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
41. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales»19.
42. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede configurar
porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido
a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido o
(iii) no realiza el debate probatorio»20.
43.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
44. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i)
que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»21.
3.6. Caso concreto
45. La Fundación Theseus pretende que se deje sin efecto la providencia del 30 de
octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A y, en su lugar, se ordene a la autoridad accionada que adelante
el trámite pertinente y resuelva de fondo el recurso de insistencia interpuesto con el fin
de obtener la información solicitada a la UNP con el escrito de petición radicado el 18
de julio de 2024, y que la referida entidad consideró reservada.
19
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
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46. Lo anterior, por cuanto la decisión cuestionada desconoce sus derechos
fundamentales, toda vez que rechazó por improcedente el recurso de insistencia
porque no fue presentado directamente por la UNP, desconociendo que la tutelante
realizó la respectiva solicitud ante la mencionada entidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, pero la entidad no cumplió con la carga legal que
le correspondía de remitir la información requerida al Tribunal.
47. En lo que respecta a la procedencia del recurso insistencia, el artículo 26 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establece lo
siguiente:
ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la
persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción
en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal
o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este
término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos
sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta
la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el
objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda
silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo
tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en
la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
48. De acuerdo con lo anterior, se tiene que, una vez presentada la solicitud de
insistencia de información ante la respectiva entidad administrativa, le corresponde a
esta remitir la documentación al Tribunal o juez administrativo, para que este decida si
niega o acepta la solicitud, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días siguientes.
49. En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado que la Fundación Theseus
presentó un escrito de petición el 18 de julio de 2024 ante la UNP, con el fin de solicitar
información sobre el funcionamiento y el personal que labora en la entidad. En
respuesta a su requerimiento, la entidad le indicó que se trataba de información
reservada y, por lo tanto, no podía ser entregada.
50. La Fundación Theseus, mediante correo del 12 de junio de 2024, presentó recurso
de insistencia ante la UNP, para que se surtiera el trámite respectivo. Sin embargo, la
entidad guardó silencio.
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51. Lo anterior, permite inferir que la UNP no dio cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de
la Ley 1755 de 2015, en tanto omitió su deber de remitir al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la información requerida por la Fundación Theseus y que catalogó
como reservada, para que se surtiera el trámite correspondiente que establece la
norma.
52. En efecto, la conducta omisiva de la UNP constituye un acto de desidia que le
impidió a la peticionaria obtener una respuesta clara, precisa y de fondo a su
requerimiento, y restringió el acceso oportuno a la información pública y a la
participación ciudadana como ejercicio del control del poder político, en tanto, se
abstuvo de remitir la información que catalogó como reservada al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
53. Esto, toma una mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la UNP en el escrito de
contestación de la tutela, se limitó a proponer la falta de legitimación en la causa por
pasiva y se abstuvo de pronunciarse sobre el trámite realizado por la entidad frente a
la solicitud de insistencia radicada por la accionante, el 12 de junio de 2024.
54. En este contexto, la accionante, a través de mensajes de datos del 9 de septiembre
de 2024, remitió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
recurso de insistencia, para que se surtiera el reparto entre los despachos de la
corporación y se profiriera providencia que ordenara la entrega de la información que
la UNP consideró reservada.
55. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante auto del 30 de octubre de 2024, rechazó por improcedente el recurso de
insistencia promovido por la accionante, al considerar que no era posible dar trámite a
este, en tanto no fue remitida la petición por parte de la entidad requerida, conforme lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1437 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. Al respecto, precisó lo siguiente:
De lo expuesto se desprende que el recurso de insistencia exige como presupuesto la
presentación del recurso [sic] que insiste sobre la petición ante la autoridad que negó la
solicitud de información o documentación y su sustentación dentro del término de ley.
En el caso sub examine y conforme la normativa que regula el recurso de insistencia, la
Sala encuentra que no se cumple con los presupuestos para decidir, toda vez que, la
Fundación Theseus actuando a través de su Representante Legal presentó el recurso de
insistencia directamente ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, de manera
que el aludido recurso, no fue radicado por parte de la Unidad Nacional de Protección –
UNP, quien fue la que suministró la respuesta y, por tanto, la que debía enviar la petición
para su decisión ante el Tribunal correspondiente, tal como lo dispone el artículo 26 [de la
Ley 1437 de 2011] [modificado por el artículo 1] de la Ley 1755 de 2015.
56. En efecto, para la Subsección A de la Sección Primera del Consejo de Estado, el
recurso de insistencia promovido por la Fundación Theseus no era procedente, por el
hecho de que el mecanismo judicial no fue radicado por la UNP, sino que se presentó
directamente por la peticionaria, lo cual resultaba contrario al procedimiento dispuesto
en la norma.
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57. Para la Sala, el argumento en el que se fundamentó el Tribunal para declarar
improcedente el recurso de insistencia interpuesto por la tutelante, evidencia una
aplicación estricta del contenido del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 y no analiza
sus alcances e implicaciones en atención a la situación planteada por la accionante y
los motivos que la llevaron a acudir directamente a la autoridad judicial para presentar
el mecanismo judicial, cuyas razones se concretaban en la desidia de la UNP en el
cumplimiento del referido precepto legal.
58. De esta manera, se observa que la autoridad judicial pasó por alto examinar el
comportamiento de la UNP, que durante más de dos meses no remitió el expediente
para el trámite judicial, y pese a ello, el Tribunal decidió abstenerse de resolver el
recurso interpuesto por la accionante, aunque contaba con poderes de instrucción para
exigirle a la UNP los documentos que se requerían para continuar con el procedimiento
de la insistencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 1564 de 201222.
59. En este punto, resulta oportuno manifestar que el principio constitucional de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, desarrollado en los artículos 11 y 12 del
Código General del Proceso, establece de manera general las siguientes reglas
interpretativas de las normas procesales:
Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal,
el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad
de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la
interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal
garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de
las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se
abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. [Negrilla fuera del
texto]
Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones
del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de
estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia
de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando
hacer efectivo el derecho sustancial.
60. El contenido de las citadas normas permite advertir que, con base en el principio
de supremacía de la Constitución (artículo 4), las normas procesales con las que se
rigen las actuaciones judiciales deben interpretarse en consonancia con los principios
constitucionales, entre estos, el principio de prevalencia del derecho sustancial. Esto
es así, por cuanto la finalidad de la ley procesal, en concordancia con el derecho de
acceso a la administración de justicia, no es otra que la garantía de una verdadera
tutela judicial efectiva.
22
Código General del Proceso. Artículo 43. Poderes de Ordenación e Instrucción. El juez tendrá los siguientes poderes de
ordenación e instrucción:
[…]
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya
sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar
y ubicar los bienes del ejecutado.
[…].
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61. Al respecto, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre el principio
de prevalencia del derecho sustancial, como garantía del derecho al debido proceso,
en los siguientes términos:
[…] por disposición del artículo 228 Superior [sic], las formas no deben convertirse en un
obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización. Es decir,que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad
de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el
derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del
derecho sustancial, esta corporación ha sostenido que en unaprovidencia judicial puede
configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando hay una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales23.
62. Así las cosas, si bien las normas procesales han sido instituidas para garantizar el
derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para la
consecución del derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición constitucional
y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora
de la ley procesal, y de obligatoria observancia para las autoridades judiciales. De
manera que, cuando un juez adopta una decisión que desconoce el citado principio,
viola el derecho fundamental al debido proceso de la parte.
63. En este orden de ideas, se observa que la decisión de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca privilegió una norma
procesal de rango legal por encima de un principio constitucional y convirtió las formas
en un obstáculo y no en instrumento para la satisfacción de derechos sustantivos. De
este modo, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que
lesionó las garantías fundamentales de la accionante.
64. Sobre el particular, conviene mencionar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
se configura cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un
derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas
procedimentales»24.
65. Este defecto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución,
en cuyo contenido no solo se establece la garantía del derecho al debido proceso y de
acceso efectivo a la administración de justicia, sino que además prevé el principio de
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Dicha consideración
jurídica ha permitido concluir que las normas procesales son «un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos»25 y no pueden constituirse en
una barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del derecho sustancial.
66. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante, en cuanto desconoció la
garantía de acceso a la administración de justicia, ya que limitó y restringió el acceso
efectivo a la resolución del recurso de insistencia propuesto por la tutelante.
23
Corte Constitucional, sentencia T-154 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencias SU 355 de 2017, T-249 de 2018, SU 143 de 2020, entre otras.
25
Ibidem.
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IV. CONCLUSIONES
67. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección amparará los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Fundación
Theseus y dejará sin efectos la providencia del 30 de octubre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
68. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia requiera a
la UNP para que envíe la documentación correspondiente a la solicitud de insistencia
promovida por la Fundación Theseus. Una vez recibida la documentación, deberá
proferir decisión que resuelva de manera definitiva el asunto.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad Nacional
de Protección, (UNP), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la Fundación Theseus, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 30 de octubre de 2024, proferida
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del expediente con radicado núm. 25000-23-41-000-2024-
01622-00, por los motivos expresados en esta decisión.
CUARTO: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en un término cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia requiera a la UNP para que envíe la
documentación correspondiente a la solicitud de insistencia promovida por la
Fundación Theseus. Una vez recibida la documentación, deberá proferir decisión que
resuelva de manera definitiva el asunto.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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