Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02591-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02591-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02591-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502591-00
Actora: Fundación Theseus.
Demandada: Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo y ii) mínimo vital
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Fundación Theseus contra la
Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
La actora, a través de su representante legal, presentó acción de tutela contra la
Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado, por cuanto “[…] Hasta la
fecha, no se ha resuelto la acción de tutela […]”, identificada con el número único
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Núm. único de radicación: 110010315000202502591-00
Actora: Fundación Theseus
de radicación 110010315000202500964-00, lo cual vulnera sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso.
Presupuestos fácticos
1. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
2. Señaló que presentó una acción de tutela contra la Sección Primera -Subsección
A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se le ampare el derecho
fundamental a la igualdad, radicada al correo secgeneral@consejodeestado.gov.co.
3. Indicó que la citada acción constitucional fue identificada con el número de
radicación 110010315000202500964-00 y le correspondió por reparto a la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado que, mediante auto de 25 de febrero
de 2025, la admitió.
4. Manifestó que, a la fecha de la presentación de la acción constitucional de la
referencia, no se ha proferido sentencia de primera instancia dentro de la citada
acción de tutela.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Por favor, sírvanse tutelar nuestro derecho fundamental al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, ordenando de manera
inmediata a la Sección Segunda, Subsección B, en cabeza de la Magistrada
Ponente […], que dé trámite y resuelva la acción de tutela radicada el veinte (20) de
febrero del año en curso, conforme a lo establecido en la Constitución Política y en
el Decreto 2591 de 1991.[…]”.
6. Como fundamento de su solicitud manifestó que1:
1 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202502591-00
Actora: Fundación Theseus
“[…] manifestamos, con el mayor respeto, nuestra inconformidad frente al hecho de
que uno de los máximos tribunales del ordenamiento jurídico colombiano
desconozca los términos establecidos en la normatividad vigente. Es reiterativo que
tanto los tribunales de cierre como otros despachos judiciales, bajo el argumento de
la carga laboral, emitan sus fallos —ya sea en acciones de tutela o en procesos
ordinarios— por fuera de los plazos legales, o bien notifiquen sus decisiones de
manera extemporánea.
Sin embargo, estos mismos tribunales actúan con severidad al rechazar recursos
interpuestos por los apoderados cuando, por fuerza mayor o circunstancias
extraordinarias, no logran cumplir con los plazos previstos en la ley. Resulta difícil de
comprender que al Estado, dotado de mayores recursos económicos y humanos, se
le excuse en tales situaciones, mientras que a los ciudadanos se les sancione
rigurosamente ante cualquier eventualidad. Asimismo, se ha vuelto una práctica
habitual que, en casos de acciones de tutela por mora judicial, los despachos
accionados notifiquen las providencias con fechas anteriores, insinuando que las
decisiones fueron adoptadas con antelación, aunque en realidad no fueron falladas
en esas fechas ni notificadas oportunamente. […].
[…]
“[…] Se comprende que la justicia en Colombia enfrenta una alta congestión, sin
embargo, si se realiza una comparación estadística entre la cantidad de acciones de
tutela que, por reparto, conoce un juzgado municipal o del circuito y aquellas que
recibe, por ejemplo, el Consejo de Estado, no resulta aceptable que este alto tribunal
incumpla la normativa establecida.
El Consejo de Estado cuenta con mayores recursos y, conforme a las reglas de
reparto, el conocimiento de acciones de tutela está limitado, por ejemplo, a las
actuaciones del Presidente de la República, del propio Consejo de Estado, de
funcionarios judiciales que no pertenezcan a la jurisdicción ordinaria ni a la
contencioso administrativa, o contra decisiones proferidas por Tribunales
Administrativos de Distrito. Por esta razón, debe ser un garante aún mayor del
respeto por la Constitución y las leyes, dada su posición como órgano de cierre en
la jurisdicción contencioso administrativa.
La conducta desplegada por el despacho accionado no solo vulnera lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política —que dispone que la acción de tutela
debe resolverse en un plazo máximo de diez (10) días, garantizando así la protección
inmediata de los derechos fundamentales—, sino que contradice el deber especial
de diligencia que le corresponde a dicha corporación.
Asimismo, la autoridad accionada vulnera lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto
2591 de 1991, el cual regula el procedimiento preferente y sumario de la acción de
tutela, orientado a garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales. Por último, la mora judicial también contraviene lo establecido en el
artículo 29 del mismo decreto, que otorga un plazo de diez (10) días para que se
profiera el fallo de primera instancia. Esta demora constituye una transgresión directa
a las normas que rigen el trámite de la acción de tutela. […]”.
[…]
“[…] Para no extendernos en aspectos que no requieren mayor argumentación ni
una elaboración hermenéutica adicional, solicitamos que se amparen nuestros
derechos fundamentales, los cuales han sido vulnerados por la mora en la que ha
incurrido el despacho accionado al no resolver oportunamente la acción de tutela a
la que se ha hecho referencia. […]”.
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Actora: Fundación Theseus
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de mayo de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado, iii) vinculó como terceros con interés legítimo
a la Sección Primera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y a la Unidad Nacional de Protección, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Unidad Nacional de Protección -UNP-, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, a su juicio, los hechos y
pretensiones están encaminadas a controvertir las actuaciones de la Sección
Segunda- Subsección B- del Consejo de Estado.
8.1. Indicó que la acción de tutela debe ser declarada improcedente por
inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de esa entidad.
9. La Sección Primera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó su desvinculación del presente trámite y, además, que se le
exonere de toda responsabilidad, para lo cual indicó lo siguiente:
“[…] 4.1. El cumplimiento a las pretensiones señaladas por el accionante no le
compete a la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca comoquiera que está solicitando que el H. Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección “B” profiera fallo en primera instancia dentro del
expediente de tutela con radicado No. 11001- 0315-000-2025-00964-00.
4.2. Igualmente es importante mencionar que, en lo que es de competencia de esta
Corporación el día treinta (30) de octubre de 2024, dentro del radicado No. 25000-
2341-000-2024-01622-00, se profirió fallo en única instancia resolviendo el recurso de
insistencia presentado por la Fundación Theseus en contra de la Unidad Nacional de
Protección -UNP, así:
“PRIMERO: RECHÁZASE por improcedente el recurso de insistencia presentado
directamente por la Fundación Theseus actuando a través de su Representante
Legal ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.”
La anterior determinación se adoptó teniendo en cuenta el marco Constitucional,
jurisprudencial y legal establecido para resolver el recurso de insistencia, en especial
lo determinado en los artículos 25 y 26 de la Ley 1755 de 2015 y, adicionalmente
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teniendo en cuenta la celeridad y acceso a la administración de justicia que rige toda
actuación judicial en la medida de las posibilidades, sin que se haya vulnerado con
ello, derecho fundamental alguno de la parte accionante.
En el mismo sentido se le indicó a la parte peticionaria que podría acudir a la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el
Decreto 2591 de 1991, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales y buscar la remisión de su recurso de insistencia por parte de la Unidad
Nacional de Protección -UNP.
[…]
“[…] De conformidad con la norma antes citada se tiene que, (i) la persona interesada
en insistir en su petición de información o documentación, deberá hacerlo ante la
autoridad que invoca la reserva y, (ii) el funcionario respectivo de la entidad es a quien
le corresponde enviar la documentación correspondiente al Tribunal o Juez
Administrativo competente.
Por lo tanto, la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en ejercicio del principio de la autonomía judicial establecido en el
artículo 5º de la Ley 270 de 1996, decidió darle plena aplicación al trámite y
procedimiento establecido en la Ley Estatutaria 1755 de 2015, con la plena garantía
de los derechos fundamentales de la Fubndación Theseus, tanto así qua tal como se
mencionó anteriormente, se le indicó que podría acudir a la acción de tutela con el fin
que la Unidad Nacional de Protección -UNP- cumpliera con el trámite previsto para el
recurso de insistencia, situación que demuestra el actuar diligente por parte de esta
Corporación y que permite colegir que no hubo vulneración de derechos
fundamentales. […].
10. La Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado pese a ser
vinculada en debida forma, guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 134 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
16. En el presente asunto, la Unidad Nacional de Protección y la Sección Primera -
Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitaron su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
17. Al respecto, es preciso indicar que la Unidad Nacional de Protección y la
Sección Primera -Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
son parte dentro de la acción de tutela identificada con el número de radicación
2025-00964-00, objeto del presente estudio, por lo que les asiste interés directo en
las resultad del proceso de la referencia, razón por la que, de conformidad con el
Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala denegará sus
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Problema Jurídico
18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: la
autoridad judicial incurrió en mora judicial toda vez que “[…] Hasta la fecha no se
ha resuelto la acción de tutela […]”, identificada con el número único de radicación
110010315000202500964-00 o si es procedente o no declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado;
19. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la mora judicial ii) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del
marco de la acción de tutela, iii) análisis del caso concreto, y finalmente iv) las
conclusiones de la Sala.
Análisis de la presunta mora judicial
20. Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y estructural
[…]”8 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo
se encuentra la solución de los procesos.
21. Sobre este tema, la Corte Constitucional9 ha sostenido que el no cumplimiento
de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración
de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la
autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también
lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.
22. En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar
si esta es justificada o no, dado que es necesario que concurran determinadas
circunstancias para tenerla como injustificada.
8 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
9 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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23. Al respecto, la Corte10 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una
mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de
los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del
procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora11. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo
razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los
criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una
afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la
administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica
cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de
carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como
imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos
eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de
sus deberes.”12.
13.5. En la providencia T-230 de 201313, que abordó un caso de presunta
mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala
de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal
fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se
evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe
un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.
Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la
acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable,
10 Ibidem.
11
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime Córdoba
Triviño - unánime)».
12
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia
judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se
encontraba justificada».
13
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
10
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advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era
excepcional14.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora
estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega
la protección constitucional15, en otros, (ii) ordena la alteración del turno,
cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o
vulnerabilidad16; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio17.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala
Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201618, destacó
que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por
desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando
quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un
caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no
subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i)
existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”.
24. Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el desconocimiento
de los términos procesales, en un asunto particular, conlleva la vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso, debe determinarse, entre otras
cosas, si la dilación acaecida es justificada o no, pero particularmente si tal
situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario encargado de la
resolución del litigio.
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
25. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
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«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de mora
judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que implicaba una
alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz
y Alejandro Martínez Caballero)».
15
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-243 de
2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto - unánime) y T-
366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
16
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra,
SV Nilson Pinilla Pinilla)».
17
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
18
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Actora: Fundación Theseus
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
26. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200519, consideró lo siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
27. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que20:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
28. Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los
cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se
produce la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección21.
29. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada o
el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la
19 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
21 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Núm. único de radicación: 110010315000202502591-00
Actora: Fundación Theseus
acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al
haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo
constitucional.
Análisis del caso concreto
30. La actora, a través de su representante legal, presentó acción de tutela contra
la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado, por cuanto “[…] Hasta
la fecha, no se ha resuelto la acción de tutela […]”, identificada con el número único
de radicación 110010315000202500964-00, lo cual vulnera sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso.
31. De acuerdo con el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.
32. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
33. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
33.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.
33.2. Informes rendidos por los terceros con interés legítimo.
Solución del caso concreto
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Actora: Fundación Theseus
34. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por la actora a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado, para evidenciar si en el caso sub
examine la autoridad judicial incurrió en mora judicial.
35. En efecto, la actora pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela
se le protejan sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado porque el 25 de febrero de 2025
presentó la acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202500964-00 y hasta la fecha de la presentación de la acción
constitucional de la referencia no había sido resuelta.
36. Al respecto, la Sala advierte que revisado el expediente del proceso núm.
110010315000202500964-00, la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de
Estado profirió sentencia el 1o. de abril de 202522:
37. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se presentó la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la Sección Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado profirió la providencia que la actora echaba
de menos, la cual, como quedó visto, fue notificada estando en trámite la presente
acción de tutela23, esto es, el 5 de junio de 2025.
22Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025009640011
00103
23 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 2 de mayo de 2025.
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38. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente24:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante25. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado26 […]”. (Resaltado por la Sala).
39. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que, durante el trámite de la acción de tutela,
la autoridad judicial accionada profirió sentencia de primera instancia y, con ello,
se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.
Conclusiones de la Sala
40. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la presunta mora judicial invocada por la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad Nacional de Protección
y la Sección Primera Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
24
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
25 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
26 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO respecto de la presunta mora judicial invocada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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