Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01708-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01708-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01708-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00
Demandante: Gladys Bejarano Méndez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00
Demandante: GLADYS BEJARANO MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – De la inconformidad de la
parte actora con la condena en costas impuesta por resultar vencida en el proceso ordinario
no da cuenta de una verdadera cuestión constitucional; por el contrario, evidencia que
persigue un fin netamente económico.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Gladys Bejarano Méndez
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 21 de marzo de 2025, la señora Gladys Bejarano Méndez, por intermedio
de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con motivo de la expedición de
la providencia del 18 de septiembre de 2024, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-001-2021-00277-00/01.
Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA en la sentencia proferida el día 18 de septiembre de 2024, en el
expediente radicado No. 76111-33- 33-001-2021-00277-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora GLADYS BEJARANO
MÉNDEZ, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior, y, proceda a efectuar el
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Demandante: Gladys Bejarano Méndez
examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso
ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial
vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la
accionante.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Gladys Bejarano Méndez indicó que laboró1 como docente en
múltiples instituciones educativas del Municipio de Guacarí (Valle del Cauca), desde
el 15 de octubre de 1975 hasta el 15 de diciembre de 2003, así como también fue
nombrada, en provisionalidad, como docente en la Institución Educativa Simón
Bolívar, a través del Decreto 1152 del 2003, expedida por el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca, tarea que inició el 16 de diciembre de 2003.
4. Dado que cumplió los 50 años el 3 de febrero de 2020, y que completaba más
de 20 de años como docente territorial, el 26 de junio de 2020, la señora Gladys
Bejarano Méndez pidió a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento y
pago de la pensión de gracia, solicitud que fue negada a través de la Resolución
«RDP 026794» del 23 de noviembre de 2020.
5. Inconforme con lo anterior, la accionante, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la UGPP, con el objeto de que
se anulara el acto administrativo que le negó el reconocimiento de la pensión de
gracia.
6. El Juzgado Cuarto Administrativo de Guadalajara de Buga, en sentencia del
8 de agosto de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y le ordenó a la
UGPP que reconociera, liquidara y pagara a la señora Bejarano Méndez la respectiva
pensión gracia. Contra esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación y, mediante fallo del 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca la revocó. En su lugar, negó las pretensiones de la demanda e
impuso condena en costas en segunda instancia a la señora Gladys Bejarano
Méndez.
7. La señora Bejarano Méndez considera que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en:
(I) Desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado, según el
cual la condena en costas no es automática por «[(i)] la sola denegación de las
pretensiones de la demanda o (…) [(ii)] que la parte actora sea vencida (…).
Tampoco el tiempo de duración del proceso ni la cuantía de las pretensiones son
determinadoras de la condena en costas», sino que está sujeta a la verificación de
ciertos requisitos para su imposición. Para tal efecto, citó como desconocidas las
siguientes sentencias:
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«Unas veces nombrada, y otras veces, por orden de prestación de servicios».
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Demandante: Gladys Bejarano Méndez
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril
de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 11 de
febrero de 2021, radicado 63001-23-33-000-2017-00308-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de
febrero de 2023, radicado 27001-23-33-000-2016-00025-01.
• Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2024,
radicado 05001-23-33-000-2018-00626-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 8 de
febrero de 2024, radicado 52001-33-33-000-2018-000-416-00.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de abril
de 2024, radicado 20001-23-33-000-2013-00352-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de
mayo de 2024, radicado 25000-23-42-000-2015-0335-01.
(ii) Defecto sustantivo, por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que prevé que «la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo cual no ocurrió
en el asunto objeto de debate, pues fue condenada en costas únicamente por «ser
la parte vencida en juicio».
B. Trámite impartido e intervenciones
8. Mediante auto de 27 de marzo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como
tercero con interés, al director general de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
9. La UGPP pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, porque
la parte accionante busca convertir esta sede de tutela en una instancia adicional del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-001-
2021-00277-00/01.
10. Luego de explicar aspectos claves para la procedencia del reconocimiento de
la pensión de gracia, concluyó que la señora Bejarano Méndez no acreditó que se
desempeñó como docente durante 20 años, razón por la cual el Tribunal accionado
negó las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.
11. Afirmó que la parte accionante no acreditó (i) que el fallo cuestionado incurrió
en uno de los defectos señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
(ii) la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal
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accionado. Además, resaltó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca está «en firme» e «hizo tránsito a cosa juzgada».
12. Agregó que no se probó la existencia de un daño grave que afectara sus
derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, pues, de hecho, se
encontró que, a la fecha, se encuentra pensionada por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
13. Resaltó que tampoco se probó que la providencia cuestionada haya incurrido
en un defecto fáctico, pues se tuvieron en cuenta las pruebas obrantes en el
expediente ordinario, análisis que concluyó en que la señora Bejarano Méndez no
cumplió con los requisitos para acceder a la respectiva pensión de gracia.
14. Además, la parte accionante podía acudir al recurso extraordinario de revisión
para controvertir la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
15. El magistrado Andrés González Arango, integrante del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, pidió que se declarara improcedente la solicitud
de amparo, pues, luego de abordar el estudio realizado por la sentencia del 18 de
septiembre de 2024 —fallo en cuestión—, concluyó que la señora Bejarano Méndez
no acreditó «más de 20 años como docente territorial», por tanto, se revocó la
sentencia de primera instancia e impuso la condena en costas a aquella equivalente
a un (1) smlmv.
16. Resaltó que el monto fijado por concepto de agencias en derecho se ajusta a
las disposiciones establecidas en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 5 de agosto de 2016
del Consejo Superior de la Judicatura, pues «fue la parte vencida dentro del
proceso», por lo que no es cierto que se trasgredieron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
17. Además, el fallo cuestionado se encuentra ajustado a derecho y no viola los
derechos fundamentales de la accionante.
18. De otra parte, sostuvo que lo pretendido por la actora es convertir la acción
de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
19. Finalmente, señaló que si la demandante considera que en el proceso
cuestionado se cometió alguna irregularidad procesal, puede acudir a los recursos
extraordinarios dispuestos por la ley para tal fin.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
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del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
21. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales cuya
protección se reclama.
E. Análisis de la Sala
22. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
23. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente2 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
24. En el caso bajo estudio, la señora Gladys Bejarano Méndez alegó que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al condenarla en costas en segunda
instancia, incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
25. En la sentencia del 18 de septiembre de 2024, en relación con la condena en
costas, la autoridad judicial demandada consideró lo siguiente (transcripción literal):
59. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 regula la condena en costas y
prevé que la sentencia debe disponer sobre su imposición conforme a la
regulación prevista en el Código General del Proceso. El numeral 1 del
artículo 365 de este último código señala que se condenará en costas a la
parte vencida en juicio, que es la parte demandante.
60. En aplicación del numeral 4° del artículo 366 del Código General del
Proceso en concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, proferido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan las
agencias en derecho en el equivalente a 1 SMMLV a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia y se liquidarán por Secretaría.
2
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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26. De entrada, la Sala advierte que lo pretendido por la accionante carece de
relevancia constitucional. En efecto, aunque la demandante pretenda darle el cariz
de vicios o defectos a sus argumentos, incluidos los relativos a la supuesta
inobservancia del precedente, es evidente que se encuentra inconforme con la
decisión del Tribunal accionado de condenarla en costas, inconformidad que, en
últimas, tiene un móvil económico, pues, como se sabe, la condena en costas
procesales implica el reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en
que incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los honorarios de abogado
(agencias en derecho).
27. En suma, se infiere que la parte actora pretende que se le releve de pagar los
gastos derivados de la condena en costas que le impusieron por haber sido vencida
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, circunstancia
que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por
ende, escapa el ámbito de protección del juez de tutela.
28. En definitiva, la acción de tutela interpuesta por la señora Gladys Bejarano
Méndez carece de relevancia constitucional, porque las pretensiones encaminadas
a la exoneración del pago de la condena en costas están desprovistas del carácter
iusfundamental, lo que impide su estudio de fondo.
29. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Gladys Bejarano Méndez, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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