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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01843-00

Fecha
26 de mayo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01843-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01843-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 26 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01843-00
Accionantes: Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional |
Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de una demanda de
reparación directa por una presunta privación injusta de la libertad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Kristian Andrés
Villarreal Mosquera y otros en contra del Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 28 de marzo de 2025, Kristian Andrés Villarreal Mosquera, James
Villarreal Bravo, actuando en nombre propio y como representante de su
hijo ADVK, Jennifer Villarreal Mosquera y James Felipe Villarreal Mosquera,
mediante apoderado judicial, presentaron una acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por la presunta vulneración
de su derecho al debido proceso y al principio de legalidad, con ocasión
de la Sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida en el proceso de
reparación directa No. 76001-33-33-020-2021-00038-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Solicito al señor Magistrado en función Constitucional que corresponda
desatar la acción impetrada, que, una vez verificada la información
suministrada, al igual que los elementos materiales de prueba que soportan su
contenido, lo mismo que la ponderación del ejercicio del contradictorio por

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01843-00
Accionantes: Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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quienes resulten vinculados al litigio constitucional, se sirva resolver la acción de
Tutela, ordenando en un plazo perentorio a la segunda instancia Tribunal
Administrativo de Cali Valle, Magistrado Ponente, Dr JHON ERICK CHAVES
BRAVO, adoptar la decisión que corresponde.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) En diciembre de 2017, se presentó un enfrentamiento armado entre
pandillas en el barrio donde residía el señor Kristian Andrés Villarreal
Mosquera, lo que ocasionó el fallecimiento de uno de sus vecinos. La
investigación por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas
fue asumida por la Fiscalía 33 de Cali y en el curso de esta, un testigo señaló
a Kristian Villarreal como coautor de los hechos investigados.

5. 2) Con base en ese testimonio, el 19 de abril de 2018, fue capturado
Kristian Andrés Villarreal Mosquera por la presunta comisión de los delitos de
homicidio agravado y porte ilegal de armas.

6. 3) El 22 de octubre de 2018, por solicitud de la fiscalía encargada del
caso, el Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali precluyó la investigación en
favor del aquí accionante, al encontrarse plenamente acreditado que el
testimonio que lo había vinculado al proceso era falso, razón por la cual se
ordenó su libertad inmediata. No obstante, el señor Villarreal Mosquera solo
recuperó su libertad hasta finales de noviembre de 2018.

7. 4) Una vez en libertad, el señor Kristian Villarreal enfrentó las
consecuencias de su privación injusta de la libertad, pues en sus
antecedentes seguía figurando una orden de captura vigente y la medida
de aseguramiento, lo que dificultó su acceso a un empleo formal.

8. 5) A pesar de las reiteradas solicitudes que presentó ante la Policía
Nacional para que actualizara sus antecedentes, las anotaciones se
mantuvieron después de su liberación2.

9. 6) El 1 de marzo de 2021, Kristian Villarreal y su grupo familiar
presentaron una demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación y, para que fueran declaradas responsables y condenadas a pagar
los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad del señor
Villarreal Mosquera.

10. 7) El 31 de enero de 2023, el Juzgado 20 Administrativo de Cali profirió
la sentencia de primera instancia, en la que exoneró de responsabilidad a

2 Puso de presente que, el 20 de agosto de 2024 presentó acción de tutela en contra de la Policía Nacional para

que actualizaran sus antecedentes y, como resultado, en septiembre de 2024 se dio de baja a la orden de captura
que había en su contra.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01843-00
Accionantes: Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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la Fiscalía General de la Nación y declaró responsable a la Nación - Rama
Judicial por la privación injusta de la libertad del demandante principal.
Consideró que la controversia debía resolverse bajo un régimen objetivo de
responsabilidad, pues se demostró que él no cometió la conducta punible
investigada, de manera que la privación de su libertad sí fue injusta.

11. 8) Contra esta decisión, la Nación - Rama Judicial presentó un recurso
de apelación3, el cual fue resuelto el 30 de septiembre de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que revocó la decisión de
primera instancia. Estimó que, bajo un régimen subjetivo de responsabilidad,
independientemente del resultado final de la investigación penal, la medida
de aseguramiento impuesta al señor Kristian Villarreal había sido razonable y
proporcional, por lo que su privación de la libertad no había sido injusta y
por ello no había lugar a indemnización alguna.

12. Aunque el accionante no identificó expresamente la configuración
de algún defecto para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, explicó que el fundamento de la vulneración radicó en
que, en la sentencia cuestionada se afirmó erróneamente que la parte
demandante no presentó alegatos de conclusión, pese a que estos sí fueron
enviados oportunamente al correo institucional de la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca.

13. Además, manifestó que existió un trabajo ineficaz de la fiscalía y falla
concomitante por parte de la Rama Judicial, al haberse prolongado por un
mes adicional su privación de la libertad. Adicionalmente, alegó que se
omitió cancelar oportunamente la orden de captura que pesaba en su
contra, pese a las múltiples solicitudes que hizo a la Policía Nacional en ese
sentido, lo que generó que fuera objeto de detenciones transitorias durante
más de 5 años y solo mediante acción de tutela se lograra su cancelación.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

14. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca5 rindió informe en el que
señaló que la presente acción no tenía relevancia constitucional porque los
accionantes no cumplieron con la carga argumentativa para justificar la

3 La Rama Judicial sostuvo que, al momento de imponer la medida de aseguramiento, la Fiscalía contaba con

suficientes elementos que permitían sustentar la inferencia razonable de autoría. En ese contexto, el juez de control
de garantías actuó dentro del marco legal establecido por la Ley 906 de 2004, limitándose a las funciones propias
de la etapa preliminar, sin que en dicha etapa se discuta la responsabilidad penal del imputado.
Agregó que, al desvincular de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, se desconoció el principio de
responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución, toda vez que fue esa entidad la que
adelantó la individualización equivocada, la cual posteriormente reconoció, siendo ese el fundamento de la
absolución proferida a favor del aquí accionante.
4 Mediante Auto de 7 de abril de 2025, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y (3) vincular, en
calidad de terceros interesados, al Juzgado 20 Administrativo de Cali, a la Nación – Fiscalía General de la Nación
y a la Rama Judicial-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
5 Índice 13 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01843-00
Accionantes: Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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intervención del juez constitucional, ni indicaron los defectos que se
configuraron en la providencia enjuiciada. En relación con la supuesta
omisión en valorar los alegatos de conclusión presentados en segunda
instancia, indicó que, de conformidad con la constancia secretarial que
obra en el sistema de gestión, sus alegatos no fueron presentados dentro del
término establecido y, en todo caso, de haberse presentado
oportunamente, no tenían la virtualidad de variar el sentido de la decisión.

15. La Fiscalía General de la Nación6 indicó que no tenía legitimación
pasiva en la causa, pues no existía relación de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
accionante. Sostuvo que no se cumplían los requisitos de procedencia de la
acción de tutela porque el accionante no agotó todos los medios de
defensa judicial ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Además, no sustentó de manera adecuada las causales específicas de
procedibilidad y no se evidenciaba relevancia constitucional pues lo que se
pretendía era reabrir un debate ya concluido.

16. El Juzgado 20 Administrativo de Cali remitió el expediente del proceso
ordinario, pero no rindió el informe requerido.

17. La Rama Judicial, pese a haber sido debidamente notificada7, guardó
silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Legitimación pasiva en la causa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Legitimación pasiva en la causa

18. Frente a la falta de legitimación pasiva en la causa alegada por la
Fiscalía General de la Nación, la Sala considera que, en atención a su
vinculación como demandada en el proceso de reparación directa No.
76001-33-33-020-2021-00038-00, resultaba necesaria su participación en el
presente trámite de tutela para que, de estimarlo necesario, se pronunciara
al respecto. Por consiguiente, su vinculación se efectuó en atención al
interés que le podría asistir en las resultas del proceso, por haber actuado en
el proceso que dio lugar a la presente acción de tutela.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

6 Índice 14 de SAMAI.

7 Índice 7 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01843-00
Accionantes: Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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19. La Sala declarará improcedente la acción de tutela frente al reparo
relacionado con la omisión en valorar los alegatos de conclusión en
segunda instancia, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional8. Luego de examinar el escrito de tutela, se advirtió que los
accionantes se limitaron a afirmar que con dicha omisión se vulneraron sus
derechos fundamentales, sin explicar de manera concreta cómo esa
omisión tuvo incidencia en el sentido de la decisión adoptada por el tribunal.

20. De esta forma, se advierte que los accionantes no cumplieron con la
carga argumentativa mínima para justificar la intervención del juez
constitucional, lo cual impide que el juez de tutela se pronuncie de fondo
sobre este aspecto.

21. En relación con la prolongación ilícita de la privación de la libertad y
la orden de captura en su contra que permaneció vigente durante varios
años, la Sala considera que dichos reparos no cumplen con el requisito de
subsidiariedad.

22. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6.19 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 8610
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

23. La Corte Constitucional11 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

24. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que, en el presente caso, no
se satisfizo el mencionado requisito (subsidiariedad) porque la parte

8 Según la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez de tutela no puede entrar a

estudiar cuestiones que no tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la
Sentencia de 5 de agosto de 2014, sostuvo que el requisito en comento requería la conjunción de 2 elementos: (1)
la carga argumentativa del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el juez de tutela
y (2) que la solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una nueva instancia; y que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad. Asimismo, la Corte Constitucional ha
señalado que la relevancia constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e independencia del
juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que
esta se convierta en una instancia adicional [Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019].
9 “Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
10 ARTICULO 86º—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, (…). Esta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable (…)”.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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accionante, pese a haber contado con el recurso de apelación como
mecanismo de defensa judicial idóneo, no lo agotó y, además, no invocó
ni, mucho menos, acreditó un perjuicio irremediable.

25. Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo, la
Sala advierte que lo pretendido por los demandantes, esto es, el
reconocimiento de su privación injusta de la libertad por un mes adicional
luego de precluirse la investigación, lo cual atribuyeron a la Fiscalía y a la
Rama Judicial, así como las detenciones transitorias posteriores, derivadas
de la vigencia de la orden de captura en los registros de la Policía Nacional,
son aspectos que pudo invocar en el recurso de apelación.

26. En efecto, estos reparos fueron planteados en la demanda12, sin
embargo, el Juzgado 20 Administrativo de Cali, al declarar en primera
instancia la responsabilidad de la Rama Judicial por la privación injusta de
la libertad del señor Villarreal Mosquera, no los tuvo en cuenta. Ese juzgado
solo condenó por el período comprendido entre el 19 de abril de 2018 y el
22 de octubre de 2018, sin considerar el mes adicional de privación ni las
detenciones transitorias que sufrió posteriormente. Además, exoneró de
toda responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación. Frente a lo anterior,
no hubo inconformidad por parte de los demandantes quienes pudieron
presentar recurso de apelación para que estos aspectos fueran analizados
por el juez de segunda instancia.

27. En relación con la orden de captura que estuvo vigente varios años,
los demandantes lo atribuyeron a la falta de actualización de las bases de
datos de la Policía Nacional, pues el juez penal de conocimiento había
ordenado su cancelación en la decisión que precluyó la investigación y se
libraron los oficios correspondientes. Sin embargo, la Policía Nacional no fue
demandada en el proceso de reparación directa, por lo que ese aspecto
no pudo ser objeto de pronunciamiento.

28. En esa medida, la acción de tutela, dado su carácter excepcional13,
no puede ser utilizada como una acción judicial sustitutiva de los
mecanismos judiciales ordinarios, es decir, no se puede acudir al juez
constitucional con el ánimo de invocar un aspecto propio de la discusión en
el trámite de la reparación directa aludida.

29. Finalmente, sobre la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Sala constata

12 ” (…) libertad que solo se hace efectiva a finales del mes de noviembre del año 2018, es decir superado un mes

de haberse precluido la actuación en estado de firmeza, a pesar de ello, sigue figurando la orden de captura en
su contra, hecho que ha permitido, que permanentemente, lo estén conduciendo como detenido, mientras se
confirma su situación actual.”
13 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Accionantes: Kristian Andrés Villarreal Mosquera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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que, en el presente caso, la parte actora no invocó ni acreditó uno, es más,
de las pruebas allegadas tampoco se advirtió la existencia de alguno.

2.3. Conclusión

30. Ante el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela y
se abstendrá de estudiar los demás requisitos de procedencia de la tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Kristian
Andrés Villarreal Mosquera y otros, por las razones dadas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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