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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02071-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02071-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el municipio de Ibagué. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se protegió el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Willington Avilés Martínez, y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02071-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02071-01
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Rechazo de la demanda por caducidad. Hacinamiento
carcelario. Desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Revoca decisión de primer grado que había amparado y, en su
lugar, niega amparo

La Sala1 decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
Sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación, mediante la cual se accedió al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 8 de abril de 2025, Willington Avilés Martínez por intermedio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
En consecuencia, a título de amparo, solicitó declarar la nulidad de las providencias
emitidas el 4 de septiembre y 24 de octubre de 2024 por el Juzgado 9 Administrativo
de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, y, en esa
medida, que se ordenara a este último «proferir sentencia de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia».

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante indicó
que permaneció detenido en las instalaciones de la Inspección Permanente Central
de Policía de Ibagué desde el 28 de mayo de 2021 hasta el 12 de agosto de 2022.

3. El 17 de enero de 2023, elevó una petición ante la Policía Metropolitana de
Ibagué en la que requirió información sobre si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario. El 19 de enero siguiente, la institución mencionada,
mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25, informó que
«tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las
antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de
hacinamiento del 514%».

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02071-01
Accionante: Willington Avilés Martínez

4. Por lo anterior, el 22 de marzo de 2024, Willington Avilés Martínez, Sandra
Patricia Quimbayo Escobar, Tania Yirley Avilés Quimbayo y Angi Paola Avilés
Galvis instauraron demanda de reparación directa2 contra la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nación – Ministerio de Justicia y
del Derecho, Nación – Fiscalía General de la Nación, Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el municipio de Ibagué
y el departamento del Tolima, para que se les declarara responsables por los
perjuicios materiales y morales sufridos debido a las condiciones de hacinamiento
que existían mientras se encontraba recluido el primero de los mencionados.

5. El 4 de septiembre de 2024, el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué rechazó la
demanda por haber operado la caducidad del medio de control, tras considerar que
el demandante tuvo conocimiento del hacinamiento el 28 de mayo de 2021 cuando
ingresó a la Unidad Permanente Central de la Policía, el cual para ese año
alcanzaba un 514%, por lo que a partir de esa fecha debía contabilizarse el plazo
para promover el medio de control de reparación directa, de ahí que tenía hasta el
29 de mayo de 2023 para presentar la demanda. No obstante, la parte actora solicitó
la conciliación prejudicial el 16 de febrero de 2024 y radicó la demanda el 22 de
marzo de igual anualidad, cuando ya se había configurado el fenómeno procesal
mencionado.

6. El 10 de septiembre de 2024, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en contra de la anterior decisión, para lo cual afirmó que se trató de un
daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde la captura del señor
Avilés Martínez hasta que cesó su detención, aquel padeció los perjuicios que le
ocasionó el hacinamiento carcelario. Al respecto, puso de presente diversas
sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se
estableció que, hasta el último día de detención, cesa el perjuicio por causa del
hacinamiento.

7. El 24 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión de primera instancia. Como fundamento, adujo que, según lo establecido
por el Consejo de Estado, el término de caducidad se computa desde que se tiene
certeza del conocimiento del daño. En ese sentido, consideró que el demandante
conoció de las condiciones de hacinamiento el día de su detención, 28 de mayo de
2021, por lo que el término de caducidad empezó a contabilizarse al día siguiente y
expiraba el 29 de mayo de 2023; empero la solicitud de conciliación extrajudicial se
elevó el 16 de febrero de 2024, por lo que no se interrumpió el término en el plazo
señalado y la demanda se radicó el 22 de marzo de igual anualidad, cuando ya
había operado la caducidad.

8. Como fundamentos de derecho, el accionante consideró que el Juzgado 9
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de la

2
Rad. 73001-33-33-009-2024-00176-00/01.

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Accionante: Willington Avilés Martínez

expedición de las providencias del 4 de septiembre y 24 de octubre de 2024,
respectivamente, incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.

9. Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades desconocieron los
«precedentes jurisprudenciales verticales» emanados (i) por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 6 de diciembre de 2022, Rad. 05001-23-
31-000-2002-04829-01 (47.148), en el que se señaló que la fecha de conocimiento
del daño en casos de hacinamiento carcelario se da «a partir del momento en que
la víctima se percata de ello» y no desde del primer día en que el detenido ingresa
al centro de reclusión; y (ii) por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado el 6 de octubre de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, en la
que estableció que cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del
hacinamiento, este es de carácter continuado.

10. Adicionalmente, sostuvo que se inobservaron los pronunciamientos
jurisprudenciales de carácter horizontal, en los que se dispuso que la caducidad
debe computarse a partir del momento en que el recluso deja «la Permanente
Central, donde estuvo sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de
reclusión». Concretamente, citó las Sentencias de (i) el 29 de enero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Rad. 05001-33-33-029-2019-00033-01; (ii) 5
de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, Rad. 73001-33-33-
001-2024-00124-01; y (iii) 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Rad. 63001-33-33-005-2024-00227-01.

11. Mencionó un fallo emitido el 24 de enero de 2018 por la Corte Suprema de
Justicia con radicado No. 11001-31-03-010-2011-00675-01 (SC016-2018), en el
que indicó que «tratándose de un daño que no se consolidó en un solo momento, si
no con el paso del tiempo, tomo como referente la conducta que lo produjo,
entendimiento que lo llevó a computar el plazo establecido por el legislador desde
cuándo empezó a manifestarse y no, como ere (sic) lo correcto, cuando se
consolidó».

12. Finalmente, citó múltiples providencias relacionadas con el tema de daño
continuado y la caducidad en materia de reparación directa.

Intervenciones3

13. El Tribunal Administrativo del Tolima, luego de transcribir algunos apartes
de la providencia cuestionada, afirmó que deben negarse las pretensiones de la
acción de tutela, comoquiera que lo que buscó el demandante era lograr un nuevo
pronunciamiento judicial.

3
El 23 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación admitió la acción de tutela en contra del
Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima y vinculó a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía
General de la Nación, al departamento del Tolima, al municipio de Ibagué.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02071-01
Accionante: Willington Avilés Martínez

14. El Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, luego de realizar un recuento de
las actuaciones efectuadas en el proceso ordinario, afirmó que el actor tuvo
conocimiento del hacinamiento en la Inspección Permanente Central desde su
ingreso, el 28 de mayo de 2021, fecha en la cual dicho hacinamiento alcanzaba un
514%, por lo que era a partir de ese momento que debía iniciarse el conteo del
término de caducidad, el cual vencía el 29 de mayo de 2023. Sin embargo, la
solicitud de conciliación se radicó el 16 de febrero de 2024 y la demanda se presentó
el 22 de marzo de igual anualidad, es decir, cuando el plazo ya había finalizado.

15. En ese sentido, consideró que su actuación no constituye una vía de hecho,
ni se enmarca en ninguna de las causales generales o especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que los argumentos
que sustentaron el rechazo de la demanda no fueron arbitrarios ni carecían de
soporte legal.

16. El INPEC indicó que la acción de tutela es improcedente, comoquiera que no
se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad, puesto que el
accionante no agotó todos los medios judiciales con los que cuenta, como lo es el
recurso extraordinario de revisión. Además, aseguró que tampoco se acreditó la
exigencia de inmediatez, dado que el mecanismo de amparo debe formularse dentro
de un tiempo razonable, con el fin de la que la protección que imparta el juez
constitucional sea efectiva y no se generen situaciones de inseguridad que atenten
contra los derechos de terceros involucrados.

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que su
naturaleza es técnica y administrativa, razón por la cual no es la llamada a responder
por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, quienes
gozan de autonomía e independencia judicial, conforme a lo previsto en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política.

18. Además, señaló que, en virtud del principio de desconcentración
administrativa, la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima es la
que debe comparecer como tercera vinculada, de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 7 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 46 de
la Ley 2430 de 2024. Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela se presentó para
intentar reabrir un debate meramente procesal sobre el cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa, por lo que no se encuentra
satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

19. En esos términos, solicitó (i) su desvinculación del presente trámite
constitucional; (ii) vincular a la Dirección Seccional de Administración Judicial del
Tolima; y (iii) negar el amparo invocado.

20. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
afirmó que el accionante empleó la acción de tutela como una instancia adicional
para reabrir el debate que ya se llevó a cabo en el proceso ordinario y retrotraer las

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Accionante: Willington Avilés Martínez

actuaciones y etapas procesales, por la disconformidad que tiene frente a las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas. Por tanto,
manifestó que no se cumplieron los requisitos generales de procedencia, máxime
cuando no concurren los elementos para la configuración de un perjuicio
irremediable. En esos términos, solicitó que se declarara improcedente la acción de
la referencia.

21. El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó su desacuerdo con el uso
de la tutela para revivir términos judiciales, cuando por falta de diligencia del
apoderado judicial no se realizó una adecuada oposición a las decisiones adoptadas
por los operadores judiciales. Manifestó que no goza de legitimación en la causa
por pasiva, comoquiera que no vulneró por acción o por omisión los derechos
fundamentales reclamados, pues no tiene competencia para proferir decisiones
judiciales donde se determine si se configura o no el fenómeno de caducidad. En
consecuencia, solicitó que se resolviera de manera desfavorable las pretensiones
formuladas por el accionante y se le desvinculara del presente trámite.

22. La USPEC adujo que hizo parte del proceso de reparación directa y que se
encuentra conforme con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas, mediante las cuales se rechazó por caducidad el medio de control y se
confirmó esa decisión. Adicionalmente, manifestó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, puesto que no era la competente para valorar las pruebas que
fueron recaudadas dentro del proceso, y, en ese sentido, su actuación se limitó a
intervenir en la oportunidad debida, ejerciendo los medios y recursos necesarios,
sin transgredir el debido proceso. Por lo anterior, requirió su desvinculación del
presente trámite.

23. La Policía Nacional pidió su desvinculación del proceso de la referencia por
no gozar de legitimación, debido a que las autoridades accionadas no dependen ni
forman parte de la estructura orgánica de esa entidad, por lo que era a esas últimas
a quienes les correspondía, en el marco de sus competencias, determinar si los
argumentos planteados por el accionante tienen fundamento o no.

24. La Fiscalía General de la Nación aseveró que carece de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no existe una relación de causalidad entre las
actuaciones de esa entidad y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.

25. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela se está empleando para reabrir el
debate legal que no se cursó en todas sus etapas debido a que la acción se
encontraba caducada, luego el juez de tutela no puede usurpar la función del Juez
natural del asunto. En consecuencia, solicitó su desvinculación y la declaratoria de
improcedencia de la acción de la referencia.

26. El municipio de Ibagué solicitó su desvinculación de la presente acción, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

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27. El departamento del Tolima no rindió el informe solicitado, a pesar de que
fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

Sentencia impugnada

28. El 19 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia del 24 de octubre de 2024 del
Tribunal Administrativo del Tolima, Rad. 73001-33-33-009-2024-00176-01, y ordenó
que se profiriera sentencia de remplazo.

29. Como fundamento de la anterior decisión, la autoridad judicial precitada
explicó que si bien el Tribunal analizó los documentos aportados por el accionante
en la demanda, tales como el Informe núm. GS-2023-003124-METIB/COSEC-
DISPO-29 del 19 de enero de 2023, proferido por la Policía Metropolitana de Ibagué
– Distrito Uno de Ibagué, en su interpretación no tuvo en cuenta que en este se
indicó que «las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL,
y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un
porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022», por lo cual
consideró que no se trató de una situación que ocurrió al momento de la privación
de la libertad sino que subsistió en el decurso del tiempo.

30. En esa medida, indicó la que la visión restrictiva frente al hacinamiento
carcelario que adoptaron tanto el juzgado como el Tribunal se aparta del precedente
fijado por esta Corporación, según el cual no se trata de un hecho aislado sino de
una vulneración sistemática, estructural, que se puede prolongar en el tiempo, y
configurar un daño continuado cuyos efectos se actualizan día a día mientras
subsisten las condiciones indignas de reclusión. Señaló que no es posible que en
un escenario de admisibilidad de la acción de reparación directa se adopten
posturas rígidas del término de caducidad en escenarios semejantes, pues implican
una negación de acceso a la justicia frente a violaciones masivas y estructurales de
derechos fundamentales.

Impugnación

31. El Ministerio de Justicia y del Derecho impugnó la sentencia de primera
instancia, para lo cual sostuvo que el término de caducidad debía contarse a partir
del día siguiente a la ocurrencia del hecho, es decir, desde el 28 de mayo de 2021,
fecha en la que el señor Avilés Martínez ingresó a la Permanente Central de la
Policía de Ibagué. Por tanto, el plazo para presentar la solicitud de conciliación
extrajudicial del medio de control de reparación directa vencía el 29 de mayo de
2023. No obstante, dicha solicitud solo fue presentada el 16 de febrero de 2024, es
decir, siete meses después, pese a que el accionante ya tenía conocimiento de las
condiciones de hacinamiento desde su ingreso al establecimiento.

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32. En esa medida, indicó que si bien el fallador de primer grado aplicó la teoría
del daño continuado, lo cierto es que desde el momento de su ingreso el actor era
plenamente consciente de la situación que imperaba en el centro de reclusión. Por
tanto, consideró que lo pretendido por la parte demandante es revivir términos
judiciales mediante la presentación múltiples demandas, las cuales ya fueron
rechazadas por los juzgados administrativos de Ibagué y el Tribunal Administrativo
del Tolima al haberse configurado el fenómeno de la caducidad.

33. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial insistió en
los argumentos planteados en el escrito de contestación. Adicionalmente, afirmó,
contrario a lo determinado en la sentencia impugnada, los argumentos del actor no
tienen vocación de prosperidad, puesto que la tutela se presentó para intentar
reabrir un debate relacionado con la forma de contabilizar el medio de control de
reparación directa, el cual se resolvió bajo las ritualidades de rigor y con el respeto
de las garantías que le asistían a cada uno de los sujetos procesales.

34. Finalmente, expuso que la apoderada judicial de la parte accionante ha
promovido varias acciones de tutela en contra de providencias emitidas por los
juzgados administrativos de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, entre
las cuales, citó las acciones de tutela con radicados No. 11001-03-15-000-2025-
01291-00, 11001-03-15-000-2025-01617-00 y 11001-03-15-000-2025-01922-00.
En consecuencia, solicitó revocar el fallo de primera instancia.

35. El 1 de julio de 2025, el despacho del magistrado ponente de la presente
decisión vinculó al presente trámite a Sandra Patricia Quimbayo Escobar, Tania
Yirley Avilés Quimbayo y Angi Paola Avilés Galvis, toda vez que actuaron como
demandantes en el proceso de reparación directa. Sin embargo, no rindieron ningún
pronunciamiento frente al trámite tutelar.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

36. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala precisa
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, al ser la autoridad judicial que
puso fin al proceso de reparación directa, en tanto que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué. Asimismo, el estudio del
presente asunto se llevará a cabo bajo la causal de desconocimiento del precedente
judicial, por ser la que mejor se adecua a los argumentos de inconformidad
planteados por el accionante.

37. De otra parte, en atención a que el juez de primera instancia no se pronunció
frente a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el municipio de Ibagué, la Sala
considera oportuno aclarar que no accederá a dichas solicitudes, comoquiera que

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aquellas entidades fueron vinculadas al presente trámite debido a que hicieron
parte del proceso de reparación directa, en calidad de demandadas, por lo que les
asiste un interés en el resultado del presente asunto.

Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Tolima, como juez de segunda instancia, al expedir la providencia
del 24 de octubre de 2024, desconoció el precedente judicial sobre el cómputo de
la caducidad del medio de control de reparación directa tratándose de casos de
hacinamiento carcelario y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto
de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Willington Avilés Martínez es el
titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y el
Tribunal Administrativo del Tolima fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 8 de abril de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia del 24 de octubre de 2024 4; (5)
propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de
realizarse el estudio sin un adecuado análisis jurisprudencial; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

40. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación accedió al amparo
solicitado, al no existir una postura unificada al interior de esa Sección, de acuerdo
con las razones que a continuación se exponen:

41. Willington Avilés Martínez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir
4
La providencia fue notificada por estado electrónico el 28 de octubre de 2024.

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el Auto del 24 de octubre de 2024, comoquiera que incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, tanto vertical como horizontal.

42. Para el efecto, afirmó que se pasaron por alto 2 sentencias del Consejo de
Estado: la primera, proferida el 6 de diciembre de 2022 por la Subsección C de la
Sección Tercera (Rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01), en la que se estableció
que, en casos de hacinamiento carcelario, el término de caducidad debe contarse
desde el momento en que la víctima se percata del daño, y no desde su ingreso al
centro de reclusión; y la segunda, del 6 de octubre de 2019 por la Subsección A de
la misma Sección (Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01), que calificó el daño por
hacinamiento como continuado.

43. Adicionalmente, en cuanto a los «precedentes horizontales», señaló que se
inobservaron las decisiones de los Tribunales Administrativos de Antioquia5, del
Tolima6 y del Quindío7, en las que se dispuso que el cómputo de la caducidad
iniciaba desde que el recluso dejaba «la Permanente Central, donde estuvo
sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de reclusión».

44. Pues bien, se observa que en la providencia reprochada el Tribunal
Administrativo del Tolima realizó un análisis normativo del término de caducidad y,
posteriormente, analizó los pronunciamientos emitidos el 6 de diciembre de 2022
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el 5 de octubre
de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación en los
procesos con radicado No. 05001-23-31-000-2002-04829-01 y 11001-03-15-000-
2023-02769-01. A partir de ello, expuso lo siguiente:

«[...] De conformidad con lo dispuesto por el Máximo Órgano De Cierre De La
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se tiene que en los casos de hacimiento, como
el sub judice, la caducidad se debe contabilizar a partir de que se tenga la certeza del
conocimiento del daño, y en ese entendido, de acuerdo con las pruebas aportadas al
cartulario por la parte actora, se evidencia, que el señor WILLINGTON AVILES
MARTINEZ conoció las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba recluido
a partir de su detención, precisándose que esto acaeció el 28 de mayo de 2021, según
oficio del 19 de enero de 2023, emitido por la Metropolitana de Ibagué – Estación Sur.

En tal sentido, el término de caducidad empezó a correr a partir del día siguiente a su
detención, esto es el 29 de mayo de 2021 contando el accionante hasta el 29 de mayo
de 2023 para interponer la demanda o en su defecto para radicar la solicitud de
conciliación e interrumpir el fenómeno de caducidad.

Sin embargo, los demandantes elevaron la solicitud de conciliación extrajudicial hasta
el 16 de febrero de 2024, por lo que se estima que no fue interrumpido el término de
caducidad en tiempo, de tal forma que, para el día 22 de marzo de 2024, cuando fue
presentada la demanda, se encontraba ampliamente vencido el término para la
interposición del medio de control de reparación directa, operando el fenómeno jurídico
de la caducidad de la acción.

Por lo anterior, la Sala advierte que la providencia proferida el 04 de septiembre de
2024, mediante la cual, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué,
resolvió rechazar la demanda, por haber operado en fenómeno jurídico de caducidad,

5
Proferida el 29 de enero de 2024 en el proceso con radicado 05001-33-33-029-2019-00033-01.
6
Proferida el 5 de septiembre de 2024, en el proceso con radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01.
7
Proferida el 8 de noviembre de 2024, en el proceso con radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.

9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02071-01
Accionante: Willington Avilés Martínez

debe ser CONFIRMADA, pero por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído [...]».

45. De la anterior trascripción se desprende que el Tribunal Administrativo del
Tolima consideró, a partir de los elementos probatorios que obraban en el
expediente, que el demandante tuvo conocimiento del hacinamiento carcelario
desde el momento de su detención, esto es, el 29 de mayo de 2021, por lo que
estimó que el término de caducidad comenzó al día siguiente y finalizaba el 29 de
mayo de 2023, cuya interpretación corresponde a uno de los criterios acogidos por
una de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual
inclusive fue citada por el accionante.

46. En ese sentido, se concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó su decisión en uno de
los criterios acogidos por una de las Subsecciones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por lo que es claro que en el contexto del fenómeno de la
caducidad del medio de control de reparación directa por hechos relacionados con
hacinamiento carcelario no existe una postura unificada por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

47. En efecto, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación en la Sentencia de 6 de diciembre de 20228 acogió la tesis de que en
asuntos de hacinamiento carcelario la caducidad opera en los términos del artículo
164 del CPACA, es decir, cuando la víctima tiene conocimiento del daño, criterio
diametralmente opuesto al de la Subsección A de la misma Sección en la Sentencia
de 6 de octubre de 20199 que expuso que el daño en estos eventos es continuado.

48. Por tanto, ante la ausencia de una decisión unificada y la disparidad de criterios
entre las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la autoridad
judicial accionada, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de interpretación y
autonomía judicial, previstos en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política,
adoptó la tesis que consideró apropiada y ajustada a los supuestos fácticos del
caso.

49. Adicionalmente, tampoco podría predicarse que la corporación accionada
incurrió en desconocimiento del «precedente horizontal», puesto que las
providencias invocadas por el actor fueron emitidas por una sala diferente a la que
expidió el proveído que hoy se censura o por otros tribunales administrativos, cuyas
decisiones no son vinculantes, conforme al principio de independencia judicial.
Sumado a lo expuesto, tampoco puede pretenderse a través de tutela imponerse
una línea jurisprudencial, pues esto implicaría desconocer el pilar fundamental
mencionado.

50. En esos términos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima
no incurrió en la causal específica de procedibilidad aquí analizada, sino que todo

8
Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148).
9
Radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.

10
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02071-01
Accionante: Willington Avilés Martínez

lo contrario su decisión responde a un ejercicio legítimo de interpretación ante la
ausencia de una tesis unificada, de ahí que no pueda hacerse algún reproche
constitucional y, por ende, afirmarse que se vulneraron los derechos que reclama el
accionante.

51. Por tanto, la Sala revocará la Sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
protegió el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de
Willington Avilés Martínez, y, en su lugar negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
USPEC, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el municipio de
Ibagué.

SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
protegió el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de
Willington Avilés Martínez, y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.

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