Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02605-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02605-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02605-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de junio de 2025
Demandante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02605-00
Demandante: NANCY YANETH ESPITIA ESPINOSA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud
de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, favorabilidad
«seguridad jurídica y desconocimiento de precedente vertical».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la
sentencia del 3 de abril de 2025, por medio de la cual la autoridad accionada
revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 19 Administrativo
de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las
negó. Lo anterior, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-019-2023-00376-00/01.
1.2. Pretensiones
3. La parte accionante solicitó lo siguiente:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en
la sentencia proferida el día 3 de abril de 2025, en el expediente radicado
bajo el número 11001-33-35-019-2023-00376-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
EVRTICAL Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora NANCY
YANETH ESPITIA ESPINOSA, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por la jurisdicción
contenciosa administrativa.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la
normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985 y,
atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo
Contencioso Administrativo.
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:
4. La docente Nancy Yaneth Espitia Espinosa cuenta en la actualidad con
más de 55 años de edad y prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios, entre el 2 de septiembre de 1996 y el 26 de noviembre de 1999 y,
posteriormente, vinculada a través de una relación legal y reglamentaria con la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, a partir del 16 de febrero de 2005 y
hasta la fecha de presentación de la demanda ordinaria.
5. La señora Nancy Yaneth Espitia promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá para lograr el reconocimiento de una pensión de
vejez en los términos de la Ley 91 de 1989, por considerarse beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 812 de 2003. El proceso se identifica con el
radicado 11001-33-35-019-2023-00376-00/01.
6. El 29 de noviembre de 2024, el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó el reconocimiento de una pensión de vejez en favor de la
señora Nancy Yaneth Espitia, en cuantía del 75 % del promedio de los factores
salariales percibidos durante el año anterior al cumplimiento de los requisitos.
7. El 3 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, revocó el fallo de primer nivel al considerar
que, a pesar de que la accionante laboró como docente oficial antes de la Ley
812 de 2003, no ejercía como tal para el 27 de junio de 2003, fecha de entrada
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en vigencia de la citada norma, por lo que no puede ser beneficiaria del régimen
de transición allí previsto. Además, no estudió la posibilidad de reconocer la
mesada con base en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debido a que ello
no fue solicitado en sede administrativa.
1.4. Sustento de la vulneración
8. Según la parte accionante, la decisión cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, a partir
del cual para el reconocimiento de la pensión de vejez de los docentes deben
tenerse en cuenta todos los tiempos laborados, antes y después de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
9. Manifestó que la anterior posición ha sido reiterada por la Subsección B
de la Sección Segunda de la máxima autoridad de lo contencioso-administrativo
en, por ejemplo, la sentencia del 20 de septiembre de 2020, dictada dentro del
proceso con radicado 66001-23-33-000-2017-00470-01, en el que se señaló lo
siguiente:
[…] resulta contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine, así
como a los tratados internacionales atañederos a estos, desconocer que el
accionante había laborado como profesor en el sector público antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, máxime cuando de tal norma se infiere
que su aplicación es para los nuevos docentes vinculados durante su vigencia,
mas no para los que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición.
10. La parte accionante señaló que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado2 también ha indicado que para ser beneficiario del
régimen de transición contenido en la Ley 812 de 2003, no es necesario que el
maestro se encontrara en servicio para el 27 de junio de ese año, puesto que,
deben tenerse en cuenta las vinculaciones anteriores. El pronunciamiento es el
siguiente:
[…] el tribunal de primera instancia consideró que no podía ser beneficiaria de
la pensión establecida en la Ley 71 de 1988, porque al momento de entrar en
vigencia la Ley 812 de 2003 «la actora no se encontraba vinculada como
docente.» Ello sumado al hecho de que se hubiesen presentado interrupciones
que superan los 15 días.
Empero, para la Sala no es de recibo el anterior argumento, precisamente
porque, tal como se indicó en la precitada providencia del 18 de septiembre de
2022, para efectos de comprobar cuál régimen prestacional le es aplicable, no
puede desconocerse las vinculaciones que este hubiere ostentado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues ello sería
tanto como afirmar que dichos períodos de servicios en el sector oficial y en los
cuales estuvo vinculado al magisterio, no producen efectos jurídicos, máxime
cuando en el presente caso no se trata de una nueva educadora que ingresó
por primera vez al sistema especial de la docencia estatal, sino que su labor se
vio interrumpida justamente al momento de la promulgación de la normativa en
mención.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01.
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11. Para la parte accionante, la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, cuestionada en esta oportunidad, desconoce la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferida por el Consejo de Estado, en la que
se estableció que la aplicación del régimen de transición de la Ley 812 de 2003
solo está supeditado a acreditar la condición de docente antes de la vigencia de
esa norma, pero no impone el deber de que exista un vínculo laboral para la
fecha exacta de la vigencia.
12. En ese sentido, para la tutelante, a pesar de no estar vinculada al sector
oficial para el 27 de junio de 2003, de acuerdo con lo sostenido por el Consejo
de Estado, ello no impide que su situación pensional sea definida a la luz del
citado régimen de transición, pues sí cuenta con tiempos de servicio en ese
sector previos a la citada fecha.
13. De acuerdo con lo anterior, la señora Nancy Yaneth Espitia considera
que la sentencia reprochada desconoce sus derechos fundamentales, pues se
adoptó una decisión que contraría la actual posición del Consejo de Estado en
materia de pensión docente, lo que repercute negativamente en su derecho
pensional.
1.5. Trámite de primera instancia
14. Por medio del auto del 8 de mayo de 2025, el despacho ponente de este
proveído admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar
como accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, y como terceros con interés al Juzgado 19 Administrativo de
Bogotá, la Nación ―Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio―, a la Secretaría Distrital de Educación
de Bogotá, la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Secretaría de Educación Departamental de Boyacá3
15. Solicitó que se declare la improcedencia del presente medio de amparo
por no cumplir con los requisitos generales ni específicos de acciones de tutela
contra providencia judicial, pues considera que la accionante ha acudido al juez
constitucional como si se tratara de una tercera instancia.
16. Manifestó que el debate legal y probatorio ya se surtió ante el juez de lo
contencioso-administrativo y afirma que lo pretendido por la accionante es
3 Documento 86.
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reabrir una discusión que ya se surtió. Con base en lo anterior, estima que no
hay lugar a acceder a lo pretendido en la presente solicitud de amparo.
1.6.2. Secretaría de Educación Distrital de Bogotá4
17. Expuso que en el escrito introductorio de la acción de tutela no se alegó
la vulneración de derechos fundamentales por parte de esa autoridad de
educación, sino que los hechos y pretensiones están dirigidos al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
18. Indicó que la presente solicitud de amparo no cumple los requisitos de
procedencia, ni generales ni específicos, pues, a su juicio, lo que pretende la
señora Nancy Yaneth Espitia es reabrir el debate que ya se surtió en el proceso
ordinario, propósito para el que no se ha previsto la acción de tutela contra
providencia judicial.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca5
19. Manifestó que el precedente jurisprudencial no puede ser entendido de
manera absoluta, pues la Corte Constitucional, en sentencia T-446 de 2013, ha
admitido le posibilidad de que los operadores judiciales se aparten de él,
siempre y cuando ello ocurra de manera motivada.
20. Aseguró que en la sentencia cuestionada sí se aplicó la sentencia de
unificación cuyo desconocimiento alega la accionante, pues fue citada en el
acápite de resolución del caso concreto, por lo que no puede deprecarse el
desconocimiento del precedente, sino que, por el contrario, solo se advierte un
interés de cuestionar la interpretación que sobre el particular se efectuó en la
decisión objeto de reproche.
1.6.4. El Juzgado 19 Administrativo de Bogotá envió el expediente digital del
proceso ordinario 66001-23-33-000-2017-00470-00/01, pero no se pronunció
sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por
la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
4 Documento 80.
5 Documento 75.
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2.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
23. La Sala advierte que la señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa está
legitimada en la causa por activa por ser la demandante del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-019-2023-00376-
00/01, en el que se profirió la decisión que hoy se cuestiona.
24. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, está legitimado en la causa por pasiva por ser
la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia de la que se
predica una supuesta vulneración de garantías constitucionales.
2.3. Problema jurídico
25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
26. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, vulneró los derechos fundamentales deprecados por la
actora con la expedición de la sentencia de segunda instancia del 3 de
abril de 2025, en la que se revocó la decisión de primera instancia y se
negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-019-2023-00376-00/01?
27. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) análisis sobre los requisitos generales en el presente asunto, y, en
caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
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28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo del 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales8.
29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta
sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 10 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la
siguiente manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala establecerá si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
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i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
31. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
32. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
33. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso
concreto
2.5.1. Que no se discuta una decisión judicial de la misma naturaleza
34. La Sala no encuentra reparo alguno sobre el cumplimiento de este
requisito, toda vez que con la presente acción se cuestiona la sentencia de
segunda instancia del 3 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-019-2023-
00376-00/01, es decir, un proceso contencioso-administrativo y no uno de
tutela.
2.5.2. Inmediatez
35. El ejercicio de esta acción constitucional tuvo lugar en un tiempo
razonable, pues el fallo censurado data del 3 de abril de 2025, por lo que es
claro que se ejerció dentro del término prudencial de 6 meses fijado por esta
8
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corporación.
2.5.3. Subsidiariedad
36. Respecto de la exigencia de que no existan otros mecanismos
preferentes, la Sala considera necesario hacer un análisis diferenciado respecto
de las sentencias cuyo desconocimiento invoca la parte actora.
37. En tal sentido, la señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa considera que la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció las
sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015) y 25 de abril de 2019, radicado 68001-23-33-000-
2015-00569-01 (0935-17).
38. Adicionalmente, argumentó que se desconocieron los precedentes
previstos en las sentencias del 6 de febrero de 2020, radicado 54001-23-33-
000-2014-00363-01 (2960-15), del 18 de septiembre de 2020, radicado 66001-
23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019), del 2 de junio de 2022, radicado. No.
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021) y del 8 de noviembre de 2024.
Radicado 25000-23-42-000-2019-00655-01(2532-2021).
39. Pues bien, respecto de los argumentos relacionados con las sentencias
de unificación, la Sala considera que la accionante cuenta con el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual debe ser ejercicio de
manera preferente en relación con la acción de tutela contra providencia
judicial. Por la anterior razón, los reproches relacionados con el
desconocimiento de las citadas providencias no supera el requisito de
subsidiariedad.
40. Ahora bien, no ocurre lo mismo en relación con las demás sentencias
invocadas, pues tales decisiones no obedecen a sentencias de unificación de
las que pueda predicarse la procedencia del recurso extraordinario de
unificación. En el mismo sentido, no se advierte la configuración de ninguna de
las causales previstas en los artículos 20 de la Ley 797 de 2003 ni 250 de la
Ley 1437 de 2011.
41. Con ocasión de lo anterior, el análisis de fondo del presente caso solo es
procedente respecto del segundo grupo de sentencias11 en las que se ha fijado
la posición del Consejo de Estado en materia de régimen de transición de la Ley
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2020.
Radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-15). Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 18 de septiembre de 2020, Radicado 66001-23-33-000-2017-
00470-01 (3514-2019). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2
de junio de 2022. Radicado. No. 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021). Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de noviembre de 2024. Radicado
25000-23-42-000-2019-00655-01(2532-2021).
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Demandante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
812 de 2003, pero no directamente de las sentencias de unificación, al existir un
mecanismo preferente en el que la accionante puede discutir si existe o no el
tan mentado desconocimiento.
2.5.4. Relevancia constitucional
42. Revisados los argumentos propuestos por la parte accionante, la Sala
encuentra que no se pretende utilizar esta clase de mecanismos de amparo
constitucional como una extensión del proceso contencioso-administrativo,
como si se tratara de una tercera instancia.
43. Lo anterior es así porque la tutelante no insiste en extender la discusión
surtida en el proceso ordinario ni se advierte que lo planteado en esta
oportunidad obedezca a un asunto netamente legal o probatorio sobre el
reconocimiento del derecho pretendido en aquel proceso. Lo discutido es la
posible adopción de una decisión judicial con base en una interpretación
normativa contraria a la establecida por el Consejo de Estado acerca de la
aplicación del régimen de transición de la Ley 812 de 2003.
44. En ese sentido, la parte interesada pone de presente el desconocimiento
de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva, en un asunto en el que se le negó el reconocimiento de la
mesa pensional a la que considera tener derecho.
2.5.5. Identificación razonable de los hechos
45. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
46. Así se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima de dar
las razones por las cuales estima que la autoridad accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial. De conformidad con ello se
determinará si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en la
violación alegada.
2.6. El caso concreto
47. De acuerdo con la parte accionante, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial en
la sentencia de segunda instancia del 3 de abril de 2025, dictada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-019-2023-
00376-00/01.
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Demandante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
48. Lo anterior, por cuanto negó el reconocimiento de la pensión de vejez
solicitada por la accionante, por no contar con una vinculación laboral vigente
como docente oficial para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, esto es, el 27 de junio de ese año.
49. Una vez analizados los argumentos propuestos por las partes y el
material probatorio allegado al proceso, la Sala amparará los derechos
fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al debido proceso y el
principio de favorabilidad en materia pensional de la accionante por las
siguientes razones:
50. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en fallo del 3 de abril de 2025, cuestionado en este proceso,
revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 19 Administrativo
de Bogotá el 29 de noviembre de 2024, en la que, entre otros, ordenó el
reconocimiento de una pensión ordinaria de jubilación para la señora Nancy
Yaneth Espitia Espinosa, como beneficiaria del régimen docente previsto en la
Ley 91 de 1989.
51. Como consecuencia de lo anterior, negó las pretensiones de la demanda
al considerar que la accionante no es beneficiaria del régimen de transición de
la Ley 812 de 2003 porque no estaba vinculada al sector oficial docente para la
fecha de vigencia de esa norma, razón por la que no está sujeta a los beneficios
de las Leyes 91 de 1989 y 33 y 62 de 1985. Los argumentos son del siguiente
tenor:
Así las cosas, y de la relación efectuada, debe manifestar la Corporación
respecto al régimen que le es aplicable a la demandante, que si bien la señora
NANCY YANETH ESPITIA ESPINOSA estuvo vinculada como docente con
anterioridad a la expedición de la ley 812 de 2003 bajo la modalidad de
prestación de servicios, lo cierto es que, para la fecha en que esta norma entró
en vigencia, esto es el 27 de junio de 2003, la actora no estaba vinculada al
servicio oficial, por lo cual no le son aplicables las disposiciones previstas en las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, conforme lo indicó la entidad demandada en el
acto administrativo objeto de control judicial.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, conforme las normas y jurisprudencia
aplicable, el beneficio pensional que solicita la actora le sea reconocido, se
aplica en el evento en que el docente se encuentre efectivamente prestando
sus servicios para el 27 de junio de 2003, requisito este que conforme las
pruebas que reposan en el expediente, no cumple la señora ESPITIA
ESPINOSA, en tanto se retiró del servicio el 26 de noviembre de 1999 y se
volvió a vincular el 16 de febrero de 2005. Sin que esto implique que el tiempo
que sirvió para los años 1996 a 1999, no deba tenerse en cuenta a efectos de
establecer el cumplimiento de las semanas requeridas para el reconocimiento
pensional.
[…]
52. De acuerdo con lo expuesto, el reproche constitucional de la parte
tutelante recae sobre la exigencia que impone el Tribunal de tener un vínculo
laboral en el servicio oficial vigente para el 27 de junio de 2003, para efectos de
ser beneficiaria de la tan citada Ley 812 de 2003.
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53. Así, en consideración de la señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa, tal
posición es contraria a la actual postura de Consejo de Estado que, según
indica, ha señalado reiteradamente que ese requerimiento no se encuentra
previsto en la norma y que solo bastaría con acreditar una vinculación oficial
antes de la vigencia de la citada norma para ser beneficiaria del régimen
contenido en las Leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985.
54. Pues bien, aunque no se estudiará el presunto desconocimiento de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, por existir un mecanismo
judicial preferente e idóneo para ello, la Sala considera importante
contextualizar la regla de unificación allí consignada, de la cual se deriva la
interpretación que sobre la aplicación del régimen de la Ley 812 de 2003 ha
efectuado el Consejo de Estado.
55. En tal sentido, la primera regla de unificación contenida en dicha
providencia, y única relevante para el presente asunto, es la siguiente:
[…]
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
[…]
56. La anterior postura ha sido aplicada por el Consejo de Estado en las
sentencias invocadas por la accionante, en donde se han decidido casos en los
que los demandantes, tal como sucedió con la señora Nancy Yaneth Espitia, se
desempeñaron como educadores del sector público, vinculados por contratos
de prestación de servicios antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 y
retomaron sus funciones luego del 27 de junio de 2003, es decir, que para la
citada fecha no contaban con un vínculo laboral vigente en el sector docente.
57. En ese sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado es consistente en no imponer como requisito que el maestro se
encontrara vinculado para el 27 de junio de 2003, sino que basta que acredite
haber servido como educador público antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, incluso a través de la modalidad de OPS.
58. Los casos estudiados en las sentencias invocadas por la señora Nancy
Yaneth Espitia Espinosa en el escrito introductorio de la acción de tutela
resultan ser muy similares fáctica y jurídicamente a su situación pensional y
laboral, pero fueron decididos de manera completamente opuesta a la
consignada en la sentencia cuestionada en esta oportunidad. Para demostrar lo
anterior se efectuará el siguiente análisis sobre cada uno de los antecedentes
citados por la accionante:
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Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
59. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18
de septiembre de 2020, Radicado 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-
2019):
En el sub lite, se tiene que, si bien es cierto que el demandante tuvo una
vinculación laboral con posterioridad a la Ley 812 de 2003, también lo es que
no es dable desconocer los tiempos de servicios prestados, como docente
nacionalizado, antes de que empezara a regir tal normativa, máxime cuando
para el 27 de junio de 2003 había acumulado 18 años, 5 meses y 16 días de
labor (entre el 19 de agosto de 1978 y el 28 de enero de 1997).
Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de
febrero de 2009, haber acumulado más de 20 años de servicios en condición de
maestro estatal y adquirido la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985,
resulta contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine, así como
a los tratados internacionales atañederos a estos12, desconocer que el accionante
había laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, máxime cuando de tal norma se infiere que su aplicación es
para los nuevos docentes vinculados durante su vigencia, mas no para los que
con anterioridad fueron nombrados en dicha condición.
60. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de
abril de 2022. Radicado 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018):
[…] se debe arribar necesariamente a la conclusión que en el sub iudice, por
aplicación directa del principio de favorabilidad, no puede desconocerse el
tiempo de servicio del libelista como docente del municipio de Pereira antes del
27 de junio de 2003, esto es, el comprendido entre el 19 de junio de 1974 y el 6
de septiembre de 1991, toda vez que para efectos pensionales de los maestros
estatales, la acumulación del tiempo de servicio cotizado se verifica sin
distinción a la continuidad o no de este, sino con fundamento en la fecha del
primer nombramiento o vinculación del educador. Por tal motivo, en lo que
respecta al señor Samuel Antonio Pineda Pineda, su derecho prestacional en
litigio debe verificarse con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985. [...]
61. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de
junio de 2022. Radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021):
Bajo el referido contexto, no debe entenderse como lo hizo el a quo, que la
interrupción o suspensión del servicio oficial se configure como óbice para
determinar el régimen pensional que cobija su situación jurídica, pues la
Sección Segunda, en asuntos con contornos similares al presente, ha avalado
el reconocimiento de la pensión de jubilación de estos educadores en
observancia de la totalidad de los interregnos de labor, aun cuando se hubiere
presentado discontinuidad entre los mismos […].
[…]
12 V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); art. 1.1. Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención sobre los Derechos del
Niño.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
[…] para efectos de comprobar cuál régimen prestacional le es aplicable, no
pueden desconocerse las vinculaciones que este hubiere ostentado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues ello sería
tanto como afirmar que dichos períodos de servicios en el sector oficial y en los
cuales estuvo vinculado al magisterio, no producen efectos jurídicos, máxime
cuando en el presente caso no se trata de una nueva educadora que ingresó
por primera vez al sistema especial de la docencia estatal, sino que su labor se
vio interrumpida justamente al momento de la promulgación de la normativa en
mención.
[…]
62. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de
noviembre de 2024. Radicado 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021):
[…]
Sobre el punto se destaca que la Sección Segunda de la Corporación ha
avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal docente,
considerado la totalidad de los periodos laborados, aun cuando hubiese
discontinuidad entre éstos, es decir, aunque existan dos vinculaciones al
servicio público, una antes de la entrada en vigor de la Ley 812 y otra luego de
ella. Además, ha tenido en cuenta la primera para definir el régimen pensional
aplicable al docente.
[…]
Aclarado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
señora Maldonado Navas, se destaca que se dará aplicación a las reglas de
unificación fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
según las cuales los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985; mientras
que a aquellos vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres.
Sobre el particular es necesario subrayar, que contrario a lo señalado por el
juez de primera instancia, la interrupción o suspensión del servicio oficial
docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que cobija la
situación jurídica, pues como quedó visto en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente providencia, esta Corporación en casos con
supuestos similares al presente, ha avalado el reconocimiento de la pensión de
jubilación del personal docente, considerado la totalidad de los periodos
laborados, aun cuando hubiese discontinuidad entre estos.
68. Así, pese a que el tribunal de primera instancia consideró que la accionante
no podía ser beneficiaria del régimen pensional establecido en la Ley 91 de
1989, porque existió una interrupción en la prestación del servicio y al momento
de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003, no se
encontraba vinculada como docente, lo cierto es que tal argumento no es de
recibo, por cuanto para efectos de comprobar cuál es el régimen pensional
aplicable, no puede desconocerse la vinculación que ostentó del 21 de febrero
de 2003 al 21 de marzo de 2003, es decir, con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, en tanto ello sería como afirmar que la
prestación de servicios al sector oficial no produce efectos jurídicos.
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63. Además de las anteriores sentencias citadas por la accionante, la Sala
considera oportuno poner de presente el siguiente antecedente, que data del
mes de febrero de 2025, con el que resulta claro que la posición antes señalada
sigue vigente:
64. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de febrero de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-01208-01 (6406-2022).
43. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar
que el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha
de vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de
junio de 2003. Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han
sido destacadas en la jurisprudencia de esta Sección, tales como:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a
la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
44. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al
servicio docente bajo un régimen específico, mientras se implementa
progresivamente el nuevo sistema para las vinculaciones posteriores,
garantizando así la sostenibilidad financiera del sistema sin afectar derechos
adquiridos.
65. De acuerdo con lo transcrito, para la Sala es claro que existe una
posición definida y pacífica dentro de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, Subsecciones A y B, sobre el régimen pensional aplicable a los
profesores que laboraron en la modalidad de prestación de servicios antes de la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en aplicación de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
66. Así las cosas, el asunto revisado en esta oportunidad ya ha sido objeto
de análisis por parte de esta Corporación en sede de lo contencioso-
administrativo y se ha adoptado una posición contraria a la plasmada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
la sentencia acusada.
67. De modo que la afirmación de la autoridad accionada según la cual
«conforme las normas y jurisprudencia aplicable, el beneficio pensional que
solicita la actora le sea reconocido, se aplica en el evento en que el docente se
encuentre efectivamente prestando sus servicios para el 27 de junio de 2003»
no se acompasa con los antecedentes jurisprudenciales citados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
68. Si bien es cierto que en la sentencia reprochada se mencionaron algunos
antecedentes13, ello ocurrió al momento de decidir sobre la posibilidad de
computar los tiempos laborados por contrato, pues las decisiones citadas se
refieren a la existencia de relaciones laborales encubiertas o subyacentes y al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, propio de esa clase de
asuntos, pero no en relación con la definición del régimen pensional que es lo
discutido en esta oportunidad.
69. Además, al revisar los apartes en donde se exponen las consideraciones
sobre el régimen pensional aplicable, no se citó ningún antecedente que apoye
la conclusión a la que arribó el Tribunal sobre las vinculaciones a la labor
docente y el régimen de transición de la Ley 812 de 2003.
70. En la contestación allegada se indicó que la sentencia del 3 de abril de
2025 se encuentra sustentada en una serie de antecedentes jurisprudenciales.
Sin embargo, como se indicó previamente, aquellos tratan asuntos de
relaciones laborales encubiertas de educadores contratados bajo la figura del
contrato de prestación de servicios, pero no se aborda nada en cuanto al
régimen pensional aplicable con ocasión de la fecha de vinculación, que resulta
ser el argumento por el cual se decidió negar las pretensiones.
71. En esa misma línea, el Tribunal manifiesta que los antecedentes
jurisprudenciales no son de aplicación absoluta. A pesar de que dicha
afirmación es cierta, a la luz del principio de autonomía judicial, cuando el
administrador de justicia decide apartarse de las reglas fijadas por los órganos
de cierre de cada jurisdicción, debe cumplir con la carga argumentativa que
permita dilucidar, de manera clara y suficiente, las razones por las cuales
adoptará una postura distinta, requisito que se echa de menos en el presente
asunto.
72. En tal sentido, a pesar de que en el informe rendido en este trámite
constitucional el Tribunal afirmó que cumplió con la carga argumentativa de
exponer las razones por las cuales negó las pretensiones de la demanda, lo
cierto es que para adoptar tal decisión no citó ningún tipo de antecedentes
jurisprudenciales ni se pronunció frente al propósito de apartarse de la posición
fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
73. Es decir, no se sustentó jurisprudencialmente la decisión adoptada ni se
invocaron las razones por las cuales se desconocería la actual posición del
Consejo de Estado sobre el particular. Por el contrario, se abordó el asunto
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias dictadas en los procesos con radicados 50001-23-33-000-2018-00357-01 (5585-
2019) del 3 de junio de 2021; 63001-23-33-000-2014-00249-01 (0249-2016) del del 18 de
marzo de 2021; del 11 de febrero de 2021: 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014) y
81001-23-33- 000-2013-00005-01 (4114-2014); así como en providencia del 18 de febrero de
2021 proferida en el proceso con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014)
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como si esa fuera la postura unánime de la jurisdicción, aun cuando, como se
explicó, los antecedentes demuestran una posición distinta.
74. En suma, la sentencia del 3 de abril de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
proceso 11001-33-35-019-2023-00376-00/01 adoptó una decisión que no
guarda correspondencia con la posición unificada y pacífica del Consejo de
Estado sobre los requisitos para la aplicación del régimen de transición de la
Ley 812 de 2003 sin exponer las razones de su disentimiento, razón por la que
hay lugar a amparar los derechos fundamentales a la seguridad social,
igualdad, debido proceso y principio de favorabilidad en materia pensional de la
señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa.
75. Como consecuencia del amparo, se dejará sin efectos la sentencia
cuestionada y se ordenará a la parte accionada proferir un nuevo fallo en el que
analice la situación pensional de la accionante con observancia de los
antecedentes jurisprudenciales citados en este proveído, sin que la orden aquí
impartida condicione el sentido de la decisión que pueda emitir el juez de
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR la improcedencia del medio de amparo de la referencia
en relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial de las
sentencias de unificación del Consejo de Estado, de acuerdo con lo explicado
en la parte motiva de la decisión.
SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social,
igualdad, debido proceso y principio de favorabilidad en materia pensional de la
señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa, en virtud de los términos indicados en
la parte considerativa.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 3 de
abril de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-019-2023-00376-00/01, adelantado por la
señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa en contra de la Nación ―Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio―, la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá.
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Demandante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-00
CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que dentro de los 30 días siguientes a la notificación
de este proveído, profiera un nuevo fallo dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-019-2023-00376-00/01,
adelantado por la señora Nancy Yaneth Espitia Espinosa en contra de la Nación
―Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio―, la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en el que atienda los argumentos
propuestos en la presente decisión.
QUINTO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
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