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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02702-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02702-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de junio de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, declarar improcedente la presente solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02702-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

8 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02702-01
Accionante: José Vicente Suárez Manrique

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02702-01
Accionante: José Vicente Suárez Manrique
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia
constitucional cuando el debate planteado por la demandante
pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
parte accionante en contra de la sentencia de tutela de 5 de junio de 2025,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales solicitados.

I. LA SOLICITUD

El señor José Vicente Suárez Manrique, actuando a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, que estimó
vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo
de 2025, proferida por la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

“(...) 1. Se tutelen los derechos fundamentales al trabajo (Art.25) y al
debido proceso (Art. 29) previstos en la Constitución Política de
Colombia de 1991.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca – sección segunda –
SUBSECCIÓN “F” magistrada ponente Dra. BEATRIZ HELENA ESCOBAR
ROJAS, a proferir una nueva sentencia dentro del proceso
252693333002-2021-00123-00 (01) a través de la cual mantenga la
decisión de la declaración de nulidad del acto administrativo atacado y
la declaratoria de la existencia de una relación laboral, y, MODIFIQUE
ÚNICAMENTE LO QUE ATAÑE A PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD, en

1 En adelante el Tribunal.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02702-01
Accionante: José Vicente Suárez Manrique

el sentido de reconocer y ordenar el pago a favor de la parte las
prestaciones sociales causadas en el periodo comprendido entre el 19
de agosto de 2008 hasta el 10 de septiembre de 2019. (...)” (Destaca
el accionante)

En el escrito de tutela la parte actora indicó que laboró como instructor en
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)2 desde el 19 de agosto de 2008
hasta el 10 de septiembre de 2019.

Manifestó que el 24 de octubre de 2019 presentó ante el SENA una petición
solicitando, entre otros aspectos: copias de liquidaciones salariales y
prestacionales; explicación de la negativa al reconocimiento de
prestaciones; copia de sus contratos de vinculación; proyección de cálculo
presupuestal de prestaciones y; el reconocimiento y pago retroactivo de las
mismas.

Sostuvo que mediante Oficio No. 2-2019-097288 del 5 de noviembre de
2019, el SENA respondió indicando que su vinculación se dio a través de
contratos de prestación de servicios y que no procedía el pago de salarios
ni prestaciones.

Refirió que el 6 de mayo de 2021 presentó una nueva petición reiterando la
solicitud de pago de salarios y prestaciones correspondientes al tiempo
vinculado por prestación de servicios, la cual fue respondida por la entidad
mediante Oficio No. 11-2-2021-021184 de 2 de junio de 2021.

Señaló que el anterior oficio fue demandado a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado el 23 de junio de 2021,
con número único 25269-33-33-002-2021-00123-00, ante los Juzgados
Administrativos de Facatativá.

Indicó que el Juzgado Segundo Administrativo de Facatativá mediante
sentencia de primera instancia del 30 de agosto de 2023, declaró probada
la excepción de caducidad respecto del Oficio No. 2-2019-097288 de 5 de
noviembre de 2019, decisión frente a la cual interpuso recurso de apelación.

Manifestó que, el Tribunal, en segunda instancia, revocó la decisión de
primera instancia, declaró la existencia de una relación laboral, pero
consideró prescritas las prestaciones reclamadas, al estimar que el acto
determinante era el Oficio de 5 de noviembre de 2019 frente al cual el medio
de control había caducado.

2 En adelante SENA.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02702-01
Accionante: José Vicente Suárez Manrique

Enfatizó que la presente acción de tutela se promueve contra la sentencia
de segunda instancia por incurrir en defecto sustantivo por indebida
aplicación de la caducidad y prescripción, en la medida que el único acto
demandado fue el Oficio No. 11-2-2021-021184 de 2 de junio de 2021.

Indicó que la tutela se dirige exclusivamente contra la declaración de
prescripción y caducidad efectuada en la sentencia de segunda instancia,
por considerarse que configura una vía de hecho que vulnera sus derechos
fundamentales.

Manifestó que, está conforme con el reconocimiento de la subordinación
laboral, la existencia de la relación laboral, la nulidad del acto administrativo
demandado y la aceptación de los elementos propios de la vinculación
laboral. No obstante, cuestionó que, pese a que la administración conocía el
carácter temporal y excepcional de los contratos de prestación de servicios,
lo mantuvo vinculado durante años en condiciones de subordinación, lo que
constituye un abuso a sus derechos laborales.

Insistió en que la tutela controvierte únicamente la declaratoria de
prescripción y caducidad efectuada por el Tribunal.

Manifestó, en relación con la procedencia de la acción, que:

“(...) A. La presente tutela resulta ser de relevancia constitucional, por
cuanto la providencia atacada contempla un defecto material o
sustantivo porque sustentó su decisión en interpretaciones equivocadas
de la norma procesal aplicable violando así el derecho fundamental al
debido proceso de mi mandante.

B. La sentencia accionada no admite recurso ordinario pues es una
sentencia de segunda instancia.

C. Esta acción cumple el requisito de inmediatez por cuánto se está
interponiendo en un término prudencial toda vez que, la sentencia que
constituyó la vía de hecho fue notificada el día 25 de marzo de 2025 y a
la fecha no han pasado 6 meses.

D. No se debate una irregularidad procesal.

E. Como se demuestra en los acápites segundo (Hechos) y quinto
(defectos constituidos y los derechos vulnerados), el suscrito detalla las
circunstancia fácticas y jurídicas que generaron la vía de hecho los
cuales violaron los derechos fundamentales del accionante.

F. Como se evidencia en el elemento material probatorio allegado, lo
que se controvierte NO ES UNA ACCIÓN DE TUTELA sino una sentencia
judicial de segunda instancia proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. (...)”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02702-01
Accionante: José Vicente Suárez Manrique

Precisó, en cuanto al defecto material o sustantivo, que el Tribunal incurrió
en errónea interpretación y aplicación de la caducidad y prescripción, toda
vez que la demanda fue presentada dentro del término de tres años previsto
en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y únicamente se demandó la
nulidad del oficio del año 2021, el cual es independiente del oficio de 2019.

Alegó que conforme al principio in dubio pro operario, en casos de “contrato
realidad” no debe estudiarse la caducidad, dado que el reconocimiento de
prestaciones sociales derivadas de una relación laboral encubierta implica
derechos pensionales imprescriptibles. Agregó que bajo el principio de que
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, el Tribunal no debió declarar la
caducidad ni la prescripción, sino acceder a las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto de 12 de mayo de 20253, el magistrado sustanciador de
primera instancia admitió la acción de tutela; vinculó al SENA y al Juzgado
Segundo Administrativo de Facatativá; se pronunció sobre las pruebas y
ordenó notificar.

2.2. La Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal
administrativo de Cundinamarca4, presentó informe en el que manifiesta
que la sentencia de segunda instancia tuvo en cuenta los argumentos de
apelación del demandante y que la decisión se adoptó con fundamento en
ellos, por lo que la acción de tutela pretende reabrir un debate ya resuelto
por el juez natural, configurando una tercera instancia improcedente.

Explicó que, aunque el Oficio No. 2-2019-097288 del 5 de noviembre de
2019 no fue demandado, este constituía el acto definitivo que contenía la
decisión de la administración y producía efectos jurídicos. Señaló que dicho
oficio estaba correlacionado con el Oficio No. 11-2-2021-021184 del 2 de
junio de 2021, por lo que procedía declarar la ineptitud de la demanda, al
no ser posible adoptar medidas de saneamiento del proceso por haberse
configurado la caducidad frente al primer oficio.

Argumentó que la decisión cuestionada no configura un defecto material o
sustantivo, pues se basó en una interpretación razonable de la norma
aplicable y en jurisprudencia del Consejo de Estado, sin vulnerar los
derechos al trabajo ni al debido proceso, por lo que se deben negar las
pretensiones de la tutela.

2.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Facatativá5, presentó informe en el que indicó haber tenido conocimiento
del proceso donde se profirió la sentencia cuestionada y solicitó ser

3
Ver índice SAMAI nro. 5 del expediente de primera instancia.
4
Ver índice SAMAI nro. 13 del expediente de primera instancia.
5
Ver índice SAMAI nro. 14 del expediente de primera instancia.

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Accionante: José Vicente Suárez Manrique

desvinculado del presente asunto por cuanto, a su juicio, no vulneró derecho
fundamental alguno del accionante.

2.4. El SENA guardó silencio, pese haber sido notificado en debida forma.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El juez de primera instancia, mediante sentencia del 5 de junio de 2025,
negó el amparo solicitado, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Indicó que no se configura defecto alguno en la providencia cuestionada,
toda vez que el SENA, mediante Oficio No. 2-2019-097288 del 5 de
noviembre de 2019, negó la petición presentada por el actor, agotando así
la vía administrativa. Añadió que, aunque en 2021 se expidió un nuevo
oficio, el No. 11-2-2021-021184, este únicamente reiteró la decisión
anterior. Precisó que el término de caducidad del medio de control debía
contarse desde 2019, por lo que la demanda interpuesta en el 2021 fue
extemporánea.

Sostuvo que ambos oficios correspondían a la misma actuación
administrativa y a pretensiones idénticas. Señaló que, si bien no existe una
interpretación unificada sobre el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, la
decisión adoptada por el Tribunal no fue arbitraria ni desproporcionada.

Analizó el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado
por el actor, señalando que los autos citados no constituyen precedentes
aplicables, dado que sus fundamentos difieren del caso sub examine.

Finalmente, enfatizó que la inclusión de pretensiones relacionadas con
aportes pensionales —derechos imprescriptibles— no elimina la caducidad
para otras pretensiones, como salarios y prestaciones.

IV. LA IMPUGNACIÓN

El acciónate presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia,
con el fin de que se revoque y, en su lugar, se amparen sus derechos con
fundamento en los siguientes argumentos:

Indicó que, no comparte la decisión proferida por el juez de tutela de
primera instancia, pues en la providencia no se abordan de manera
específica los tres argumentos centrales de la solicitud de amparo, a saber:

El primero, relacionado con que la reclamación administrativa presentada el
6 de mayo de 2021 contenía pretensiones diferentes a las formuladas en la
reclamación del 24 de octubre de 2019, por lo que el acto administrativo
que resolvió la solicitud de mayo de 2021 consolidó una situación jurídica
autónoma respecto del acto que respondió la reclamación de octubre de

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Accionante: José Vicente Suárez Manrique

2019, a pesar de que el SENA, en su última contestación, se limitó a reiterar
argumentos esgrimidos en una decisión anterior.

El segundo aspecto, obedece a que el a quo omitió pronunciarse sobre el
error en que incurrió el Tribunal accionado al aplicar las figuras de caducidad
y prescripción. Resaltó que la caducidad se predica del acto administrativo
demandado y, la prescripción, de las prestaciones sociales reclamadas.
Indicó que teniendo en cuenta que en el proceso únicamente se demandó
un acto específico, no correspondía analizar la caducidad de un acto que no
fue objeto de demanda ni derivar de ello la prescripción de las prestaciones
reclamadas.

Como tercer asunto, indicó que el juez de primera instancia reconoció que
no existe una interpretación unificada sobre el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969 y que, por tanto, corresponde al juez analizar cada caso en concreto
para garantizar una interpretación justa. Indicó que, en aplicación de este
criterio, el Tribunal accionado debió acudir a los principios propios del
derecho laboral, particularmente al principio in dubio pro operario, que
impone optar por la interpretación más favorable al trabajador.

Sostuvo que, si el propio Consejo de Estado acepta que no existe un criterio
unificado sobre la interpretación del artículo 102, el Tribunal debió adoptar
la interpretación más favorable a él. Aseguró que la norma no limita el
número de reclamaciones administrativas que un trabajador puede
presentar para exigir sus derechos laborales (siempre que no se exceda el
plazo de tres (3) años desde la exigibilidad del derecho), por lo que se
encontraba habilitado para presentar más de una reclamación sin que ello
implicara la prescripción de sus derechos, tal como se evidencia en las
pruebas obrantes en el expediente ordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

5.2. Hechos relevantes

5.2.1. El accionante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de obtener la nulidad del Oficio No. 11-2-2021-
021184 de 2 de junio de 2021, expedido por el SENA, mediante el cual se
le negó el pago de acreencias laborales y prestaciones sociales derivadas de

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su vinculación como instructor en dicha entidad. El conocimiento de este
trámite correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá, bajo el radicado No. 25269-33-33-002-2021-00123-00.

5.2.2. Mediante sentencia de primera instancia del 30 de agosto de 2023,
el mencionado Juzgado declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control propuesta por el SENA, decisión contra la cual el accionante
interpuso recurso de apelación ante el Tribunal.

5.2.3. Por medio de sentencia de segunda instancia del 11 de marzo de
2025, el Tribunal modificó el fallo de primera instancia en el sentido de
declarar probada la excepción de inepta demanda, para reclamar los salarios
y las prestaciones solicitadas, sin perjuicio de los derechos relacionados con
el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Esta misma providencia adicionó la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia en el sentido de i) declarar la nulidad del Oficio No. 11-2-
2021-021184 del 2 de junio de 2021, expedido por SENA, en cuanto negó
el reconocimiento de la existencia de la relación laboral; ii) declarar que
existió un vínculo laboral entre el SENA y el accionante por el período
comprendido entre el 19 de agosto de 2008 y el 10 de septiembre de 2019;
y iii) a título de restablecimiento del derecho, condenar al SENA, a realizar
los aportes de seguridad social en pensiones al fondo que corresponda, por
los estrictos periodos contractuales, salvo las interrupciones acreditadas,
con base en los honorarios pactados, mes a mes, por todos los períodos
contractuales ejecutados.

5.3. Análisis de la Sala

Corresponde a esta Sala determinar si la decisión adoptada por el juez de
tutela de primera instancia, consistente en negar el amparo solicitado, se
encuentra ajustada a derecho. Para tal efecto, será necesario verificar, en
primer lugar, si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, en especial el relativo a la relevancia constitucional.

5.3.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005, indicó que el primero
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una

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cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”6.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional7.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en sentencia
SU–573 de 2019, allí el alto tribunal constitucional explicó que este requisito
persigue tres finalidades8:

i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia9. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no sea
utilizada como una instancia o recurso adicional.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y
reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa
forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de

6 Corte Constitucional, Sentencia C–590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU–573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio
ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU215 de 2022.
9
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29 de septiembre
de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850
01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial.

Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,
la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela
contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al
juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar
al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las
pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario
y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de
igualdad de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en
los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración
que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción
que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación
de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la
jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como
una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e
independencia del juez natural.

5.3.2. Caso concreto

En el presente asunto, el accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso, presuntamente vulnerados
por el Tribunal al proferir la sentencia de segunda instancia del 11 de marzo
de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 25269-33-33-002-2021-00123-01.

En su demanda, el actor manifestó su inconformidad con el análisis que
realizó el Tribunal sobre las figuras de caducidad y prescripción frente al
acto administrativo que negó el reconocimiento de acreencias laborales y
prestaciones derivadas de su vinculación como instructor del SENA.

El juez de tutela de primera instancia negó el amparo al considerar que no
se configuró ningún defecto en la decisión cuestionada. Explicó que la
negativa inicial del SENA (2019) y su reiteración en 2021 forman parte de
una misma actuación administrativa, de manera que el término de
caducidad debía contarse desde la primera decisión. Además, aclaró que,
aunque los derechos pensionales no prescriben, ello no elimina la caducidad
respecto de pretensiones relacionadas con salarios y prestaciones.

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En su impugnación, el accionante reiteró que la reclamación de 2021 es
autónoma respecto de la de 2019; que el Tribunal aplicó indebidamente
caducidad y prescripción sobre actos no demandados; y que debía aplicarse
el principio de favorabilidad al trabajador. Por lo cual, solicitó revocar la
decisión de primera instancia y conceder el amparo solicitado.

Pues bien, de la revisión de la demanda y del escrito de impugnación, la
Sala observa que lo que se pretende es reabrir el debate ya resuelto por la
autoridad judicial competente, específicamente en lo relativo a la decisión
de declarar probada la excepción de inepta demanda, para reclamar salarios
y prestaciones solicitados. En efecto, lo que se advierte es que la parte
actora busca que en sede de tutela se analice el que, en su criterio, era el
acto definitivo y respecto del cual se debían contabilizar los términos de
caducidad para de esta manera concluir que interpuso en tiempo la demanda
y, por tanto, era procedente el reconocimiento de prestaciones laborales.

Expresamente, el accionante en su pretensión solicita que el juez
constitucional ordene al Tribunal proferir una nueva sentencia modificando
lo decidido únicamente en materia de caducidad y prescripción, para así
reconocer y ordenar el pago de prestaciones sociales en el periodo
comprendido entre el 19 de agosto de 2008 y el 10 de septiembre de 2019.

En ese sentido, es evidente que lo que se busca es que el juez constitucional
modifique la decisión del ad quem dentro del proceso ordinario en el sentido
de reconocer y ordenar el pago a favor del tutelante de las prestaciones
sociales causadas, asunto que ya fue objeto de análisis por parte del juez
competente, en el marco del recurso de apelación dentro del medio de
control previsto por el legislador. En ese orden de ideas, el que la
providencia censurada haya sido adversa a los intereses de la parte actora
no justifica la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, es claro que la acción de tutela busca que el juez tutela
vuelva a examinar el asunto, con el propósito de que se modifique la
decisión que se censura y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones
de la demanda en el sentido de reconocer las acreencias laborales
previamente señaladas entre el accionante y el SENA.

Así las cosas, a esta Sala no le corresponde, en el marco de una acción
constitucional, sustituir a la autoridad judicial accionada en su labor de
valorar los medios probatorios, así como tampoco fungir como un superior
funcional que revise el acierto o desacierto de sus decisiones.

En tales condiciones, si en esta instancia se asumiera el estudio de la
controversia planteada, el juez constitucional incurriría en una vulneración
del debido proceso, al inmiscuirse, sin competencia, en la valoración legal y
fáctica realizada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Esto implicaría modificar la decisión adoptada por el juez natural,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02702-01
Accionante: José Vicente Suárez Manrique

en un término legalmente restringido y mediante un procedimiento atípico,
con el riesgo evidente de incurrir en error.

Por lo anterior, en el presente caso no se satisface el requisito de relevancia
constitucional.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de de tutela de 5 de junio de
2025 proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, en su lugar, declarará improcedente la presente solicitud de
amparo, por no cumplir con dicho requisito.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de junio de 2025, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
declarar improcedente la presente solicitud de amparo, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado

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Accionante: José Vicente Suárez Manrique

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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