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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07312-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07312-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07312-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

12 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00
Demandante: JEHIDY YOHANNA CEPEDA GÓMEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que declaró la caducidad de la
acción, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo; sin embargo, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez,
porque se interpuso por fuera del término jurisprudencial que se ha establecido como razonable
para reclamar la protección de los derechos fundamentales.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por la señora Jehidy Yohana Cepeda
Gómez en contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales del debido
proceso, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración pública, consagrados en los
artículos 29, 25, 53 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 21 de noviembre de 2024 proferida por dicha autoridad
judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no.
11001-33-42-046-2021-00268-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 19 de noviembre de 2025. (índice 00002 del
aplicativo SAMAI)

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00
Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
Acción de tutela

1) La señora Jehidy Yohana Cepeda Gómez prestó sus servicios de manera personal
en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial de Atención Básica de
Sibaté, en el cargo de técnico auxiliar de enfermería.

2) En escrito presentado el 28 de octubre de 2019 ante la Seccional de Sanidad de
Cundinamarca de la Policía Nacional solicitó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales.

3) La entidad demandada, a través del Oficio no. S-2019-442803 del 20 de noviembre
de 2019, dio respuesta a la reclamación administrativa de manera negativa, ya que la
demandante fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios,
por lo que no había lugar a reconocer el pago de prestaciones sociales.

4) El 21 de septiembre de 2021, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional -
Dirección de Sanidad el que solicitó la nulidad del oficio no. S-2019-442803 del 20 de
noviembre de 2019 y el reconocimiento de las prestaciones sociales.

5) Mediante sentencia de 4 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarenta y Seis
Administrativo del Circuito de Bogotá DC accedió parcialmente a las suplicas de la
demanda.

6) Inconforme con la decisión la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional - Dirección de Sanidad presentó recurso de apelación en el que afirmó que el
a quo no realizó una adecuada valoración de las piezas probatorias obrantes en el
expediente y arribó a una inadecuada conclusión al tener por demostrada la existencia
del elemento de subordinación.

7) En sentencia de 21 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó parcialmente la sentencia de
primera instancia; en primer lugar, declaró probada la excepción de caducidad 2
respecto a las pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas
toda vez que la actora contaba hasta el 14 de mayo de 2021 para presentar la
demanda, mientras que la solicitud de conciliación solo se presentó hasta el 28 de mayo

2
El conteo de la caducidad se realizó atendiendo la notificación por conducta concluyente, es decir,
desde la fecha en que la demandante otorgó poder a su abogado para presentar solicitud de conciliación
extrajudicial, esto es, el 13 de enero de 2021.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00
Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
Acción de tutela

de 2021, esto es, por fuera de la oportunidad; sin embargo, declaró la nulidad del oficio
no. S-2019-442803 del 20 de noviembre de 2019, en cuanto le negó a la demandante
el reconocimiento de una relación laboral y el giro de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en pensiones, motivo por el cual condenó a la demandada a girarlos
al respectivo Fondo de Pensiones al que se encontraba afiliada la actora.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora alegó que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Respecto al defecto fáctico, afirmó que la Sala de decisión valoró las pruebas de forma
ligera, poco racional y caprichosa, pues no le dio valor alguno al hecho probado de que
la entidad demandada nunca notificó, ni comunicó, ni dio aviso o entregó copia alguna
del acto administrativo demandado, tanto que nunca lo pudo probar ni lo alegó en su
defensa

Por el contrario, certificó y afirmó, es decir, aceptó, que nunca cumplió con esa carga,
por lo que no se puede tener como fecha de conocimiento el 13 de enero de 2021.

Frente al defecto sustantivo, indicó que se desconoció de forma absurda la decisión
judicial de primera instancia, debidamente fundamentada y argumentada en las
pruebas y alegatos presentados por las partes, toda vez que la caducidad resulta en
una falacia distractora que desvía el discurso argumentativo y esquiva la real
controversia.

El tribunal falló de manera extra petita al pronunciarse sobre cuestiones que no fueron
materia de la controversia y que no podían contemplarse de oficio, lo que resultó en un
exceso de poder y una violación al principio de congruencia.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el de
igualdad (Art. 13 C.P.), el de la garantía al acceso efectivo a la administración
de justicia (Arts. 228 y 229 C.P.) y el derecho a la protección del trabajo y al
mínimo vital (Arts.53 C.P. el cual puntualiza que: “Toda persona tiene derecho

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00
Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
Acción de tutela

al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona
tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.”)

SEGUNDO: DECLARAR que la Sentencia de Segunda Instancia del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Segunda,
Subsección A, integrada por los Magistrados atrás referidos, en la parte
pertinente que se reclama, vulneró los artículos 13, 25, 29, 53, 228 y 229 de
la Constitución Política de Colombia y las reglas del CPACA al dar trámite a
la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de
primera instancia, fallando de manera extra petita y con desconocimiento de
los principios de la no reformatio in pejus, del debido proceso y del principio
de preferencia de la norma sustancial sobre la procesal y del fondo sobre la
forma, generando un exceso de procesalismo judicial que conlleva al
desconocimiento de los derechos fundamentales atrás enunciados y
desconocimiento del derecho de acceso efectivo a una justicia pronta y
cumplida.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el artículo primero de la parte resolutiva
de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, Sección Segunda, Subsección A, de fecha 21 de
noviembre de 2024, a fin que se garantice el debido proceso y el acceso
efectivo a la Justicia y se protejan los demás derechos que resulten
vulnerados, declarando que no existe o no se configura la caducidad
decretada.

CUARTO: ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, Sección Segunda, Subsección A que profiera una nueva
sentencia que reconozca los derechos que tiene nuestra poderdante a la
liquidación, pronto pago y debidamente indexadas de las sumas
correspondientes a todas sus prestaciones sociales derivadas de la relación
laboral subyacente o encubierta (contrato realidad) que mantuvo con la
entidad demandada (La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional.) durante los períodos señalados en la
demanda primigenia, tal como el propio Tribunal Administrativo TUTELADO,
como juez de segunda instancia, lo analizo y reconoció en la parte final de su
propia sentencia.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 21 de noviembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se
admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
se vinculó al titular del Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá,
al ministro de defensa nacional, al comandante general de la Policía Nacional y al
director o quien haga sus veces de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional,
entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00
Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
Acción de tutela

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó
que no vulneró los derechos fundamentales de la actora, toda vez que la sentencia se
basó en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicable al
caso concreto3, por lo que no quedó duda de que, respecto de la pretensión de pago
de aportes a seguridad social, por tener el carácter de prestación periódica, debía
aplicarse la regla de caducidad, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de la
demanda.

El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el proceso de
la referencia, sin manifestar respuesta.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo
de 2023, radicado Nº 11001-03-15-000-2022-04156-01, CP Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
22 de marzo de 2023, radicado Nº 25000-23-42-000-2015-05534-00; auto 9 de febrero de 2023, radicado
Nº 66001-23-33-000-2015-00124-01, CP Gabriel Valbuena Hernández.
Sentencia del 25 de agosto de 2016, Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-
005-16, CP Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-06054-00, CP.
José Roberto Sáchica Méndez; y Sección Primera, sentencia del 8 de agosto de 2025, radicado: 11001-
03-15-000-2025-02702-01, CP Oswaldo Giraldo López.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07312-00
Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan los derechos fundamentales antes mencionados
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 21 de noviembre
de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito inmediatez, por las
razones que procederán a exponerse:

2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su
cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado

4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”.
(negrillas adicionales).

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
Acción de tutela

que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la
acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 5”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial
la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la
vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación
o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica
el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos
y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que
su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos,
lo que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar
principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.

5
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
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Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo
o vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el
término de 6 meses puede resultar en estricto riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la
posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que
el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten
en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en
un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”6.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos 7”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las
cuales el amparo constitucional siempre será procedente.

2. 2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la parte actora alegó que el tribunal omitió valorar la fecha

6
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
7
Ibidem.

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Acción de tutela

de la notificación del acto, por lo que no resultaba oportuno realizar el conteo de la
caducidad desde el otorgamiento del poder.

2) En cuanto al requisito de inmediatez, manifestó que se supera en tanto “actualmente
se encuentra radicado el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado,
según prueba allegada con el presente escrito, acreditándose con este requisito el
cumplimiento de la inmediatez para presentar esta acción constitucional”.

3) Al respecto, la Sala advierte que, contrario a lo manifestado por la parte actora, en
este caso no se cumplió con ese presupuesto, puesto que la sentencia cuestionada fue
la proferida el 21 de noviembre de 2024 y notificada, por correo electrónico, el 6 de
diciembre del mismo año, mientras que la acción de tutela se presentó el 19 de
noviembre de 2025, esto es, por fuera del plazo de los 6 meses que se estableció como
razonable para presentar el amparo, lo cual permite denotar que se ejerció
extemporáneamente, cuando habían transcurrido más de once meses.

4) Asimismo, la Sala observa que en este caso no se explicó ni justificó la presentación
tardía de la acción, pues la actora no esgrimió ningún i) motivo válido o situación
personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una
vulneración a amenaza permanente; iii) que el fundamento de la acción haya surgido
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos; o iv) ninguna otra
circunstancia especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.

5) La Sala aclara que, contrario a lo manifestado por la actora, no es posible contar la
inmediatez desde la decisión que resuelva el recurso extraordinario de revisión en tanto
no se ha proferido sentencia y la decisión que se cuestiona en este trámite
constitucional es la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho del 21 de
noviembre de 2024, no así la eventual decisión que se profiera en el curso del recurso
extraordinario de revisión.

6) En gracia de discusión, aun si se aceptara que se encuentra en término para
interponer la acción de tutela, lo cierto es tampoco cumpliría con el requisito de
subsidiariedad, pues, tal como lo mencionó la misma actora, a la fecha se encuentra
en trámite el recurso extraordinario de revisión que versa sobre los mismos argumentos
aquí planteados.

7) En consecuencia, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y

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Demandante: Jehidy Yohanna Cepeda Gómez
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tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de
acción de tutela se deberá declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto parcial

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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