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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04156-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04156-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de 26 de agosto de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora, el cual quedará así: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a los defectos fáctico y sustantivo, por no acreditarse los requisitos de la relevancia constitucional y de agotamiento de los medios judiciales; y NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Magnolia García Murillo, en lo relacionado con el defecto por desconocimiento del precedente. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04156-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de marzo de 2023

Demandante: Magnolia García Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04156-01
Demandante: MAGNOLIA GARCÍA MURILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Magnolia
García Murillo contra la sentencia de 26 de agosto de 2022, por medio de la cual
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por la parte actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Magnolia García Murillo, a través de apoderado, presentó acción de
tutela1 con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales «al Debido
Proceso, Derecho a la Igualdad, Confianza legítima, Derecho a la reparación
integral».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que en providencia de 10 de junio de 2022, confirmó
la sentencia de 22 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, que accedió parcialmente2 a las
pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la accionante contra el
municipio de Pereira (Risaralda).3

1 Mediante escrito radicado el 1º de agosto de 2022, a través del correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado secgeneral@consejodeestado.gov.co.
2 Comoquiera que, pese a declarar la nulidad del acto acusado, encontró probada la excepción de

caducidad, excepto lo relacionado con las pretensiones relacionadas con la declaratoria de
existencia de la relación laboral y el consecuente pago de los aportes pensionales adeudados,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
3 Proceso que se identificó con el radicado 66001-33-33-005-2017-00198-00/01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Magnolia García Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al Debido Proceso,
Derecho a la igualdad, de confianza legítima, de favorabilidad, cosa juzgada,
prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales entre otros, vulnerados con la actuación y/o decisión de la Sala de
Decisión Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, que
mediante providencia judicial confirmo la declaratoria de caducidad de la acción
respecto de las prestaciones y/o acreencias laborales de la demandante en el
Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitado,
desconociendo los precedentes jurisprudenciales proferidos por la Sección
Segunda -Subsección A del Honorable Consejo de Estado, violando el debido
proceso, la confianza legitima y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2. Que como consecuencia de la anterior, y con el objeto de proteger y
salvaguardar los derechos vulnerados, se revoque la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala de Decisión Primera del Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda, que confirma la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, y/o
se ordene a dicho Tribunal, proceda a emitir dentro de las 48 horas siguientes al
fallo de tutela, una nueva decisión debidamente motivada en la cual se accedan a
las pretensiones de la demanda instaurada, toda vez que no se ha configurado el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción declarada en la sentencia
proferida.4

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se destacan los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Indicó que promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Pereira (Risaralda), con el fin
que se declarara el reconocimiento de una relación laboral con la demandada y,
en consecuencia, se ordenara el pago de las prestaciones y acreencias laborales
derivadas de dicha relación, la cual fue ejecutada entre el 21 de mayo de 2002 y el
13 de febrero de 2016.

Explicó que el proceso le correspondió al Juzgado Quinto (5º) Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira que, mediante auto de 10 de noviembre de 2017,
inicialmente rechazó por la caducidad la demanda; no obstante, precisó que esta
decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto
de 11 de abril de 2018.

Manifestó que, en sentencia de 22 de octubre de 2021, el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira resolvió nuevamente declarar
probada la excepción de caducidad respecto de las prestaciones sociales
reclamadas en la demanda, excepto lo referente con los aportes pensionales
adeudados.

4 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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Demandante: Magnolia García Murillo
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Así mismo, en el citado fallo se declaró (i) no probadas las demás excepciones
formuladas por la entidad territorial demandada; (ii) la nulidad del acto
administrativo enjuiciado; (iii) la relación laboral durante el periodo comprendido
entre el 21 de mayo de 2002 y el 12 de febrero de 2016; y (iv) que el tiempo
laborado por la demandante bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios se debía computar para efectos pensionales. Por último, a título de
restablecimiento del derecho, condenó al municipio a consignar al fondo de
pensiones el valor de la diferencia que exista entre lo cotizado por la actora como
contratista y la suma que se debió cotizar por este concepto, mes a mes.

Alegó que las partes apelaron tal decisión, por lo que el proceso fue asignado al
Tribunal Administrativo de Risaralda que, en sentencia de 10 de junio de 2022,
confirmó el proveído de primer grado, al considerar que, en efecto, se encontraba
configurada la caducidad del medio de control, por lo que de conformidad con la
sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, dictada por el
Consejo de Estado en el expediente con radicado 23001-23-33-000-2013-00260-
01 (0088-15), solo era procedente estudiar los elementos del contrato realidad, en
relación con las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales «al Debido Proceso, Derecho a la Igualdad, Confianza legítima,
Derecho a la reparación integral», toda vez que en la sentencia de 10 de junio de
2022, incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y
sustantivo.

Al respecto, precisó que dicho proveído es contrario a los precedentes de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incluso en
providencias dictadas con anterioridad a la sentencia reprochada. En ese sentido,
citó:

• Sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 66001-23-33-000-2014-
00384-01 (2728-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
• Providencia de 10 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2013-
00439-01 (5187-2016), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Explicó que, de conformidad con el precedente jurisprudencial citado, no es válida
la decisión de la autoridad judicial accionada al confirmar el fallo de primer grado
que declaró probada la excepción de caducidad respecto de las prestaciones y
acreencias laborales que se reclaman en el medio de control, pues ello vulneró
sus derechos fundamentales.

Igualmente, sobre lo probado en el expediente ordinario, expuso que:

Se encuentra debidamente acreditado en el proceso, que la señora MAGNOLIA
GARCIA MURILLO, prestó sus servicios personales, bajo una continuada
dependencia y subordinación en favor del municipio de Pereira, desde el 21 de
mayo de 2002 hasta el 27 de noviembre de 2015, incluso se afirma que fue hasta el
13 de febrero de 2016, se efectuó reclamación mediante petición el 9 de junio de
2016, obtenido (sic) respuesta el 01 de julio de 2016, independientemente de que

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se incurriera en error por parte de quien apoderaba a la hoy accionante, agotando
nuevamente vía gubernativa en el 2017, la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, se presentó el día 16 de junio de 2017, es evidente que no había
operado el termino de tres (3) años que ten[í]a la demandante para acudir ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, según lo disponen los precedentes
jurisprudenciales.

Además, indicó que el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto de 11
de abril de 2018 ya había resuelto durante el trámite del proceso lo relacionado
con la caducidad del medio de control, pero que nuevamente declaró probada esta
excepción en la providencia enjuiciada.

Señaló que con un análisis y valoración detallados y rigurosos de los elementos
probatorios del proceso es procedente tutelar sus garantías constitucionales para
que se acceda a las súplicas elevadas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de julio de 2022, la magistrada ponente de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia y
ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo del Risaralda,
en calidad de autoridades demandadas, así como del juez quinto (5º)
administrativo del circuito judicial de Pereira y el municipio de Pereira, como
terceros con interés.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

Por conducto de la magistrada ponente5 solicitó que se deniegue por
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional al no
concurrir las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales, ni tampoco las especificas invocadas por la actora.

Advirtió que en la providencia objeto de estudio se confrontaron las posiciones
asumidas por el Consejo de Estado referentes al fenómeno de caducidad dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a la existencia de
un contrato realidad y a la reclamación de los aportes pensionales adeudados al
sistema integral de seguridad social en pensiones derivados de la relación laboral
declarada.

Explicó que en la sentencia enjuiciada se advirtió que no le asistía razón a la parte
actora en cuanto a que la decisión de primer grado era adversa a lo dispuesto por
el superior, sino que por el contrario cuando se conoció el auto de rechazo se
dispuso que lo correspondiente al reconocimiento de los aportes pensionales tiene

5 Dra. Dufay Carvajal Castañeda.

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carácter de imprescriptible y por ello no puede ser afectado por el fenómeno
jurídico de la caducidad, motivo por el cual debía examinarse de manera completa
la demanda al momento de proferirse la sentencia.

Alegó que es claro y no admite discusión alguna, que los actos administrativos que
contienen la manifestación de la voluntad de la administración de negar el
reconocimiento de una verdadera relación laboral entre ésta y el peticionario,
están sujetos a la regla general del término de caducidad de los cuatro (4) meses
consagrados en el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA.

Precisó que no hay lugar a inobservar la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16
de 25 de agosto de 2016, proferida en el expediente 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-15), debido a que constituye precedente y, por tanto, adquiere
fuerza vinculante.

Finalmente, consideró que la corporación que representa «ha actuado conforme a
derecho, ha efectuado la valoración probatoria debida, con observancia de las
disposiciones normativas y pautas y precedentes jurisprudenciales; ha quedado
dilucidado que la decisión cuestionada fue razonada y fundada en el marco
normativo y jurisprudencial aplicable, respaldada en los medios probatorios
allegados de forma legal al expediente; y en modo alguno con la misma se incurrió
en las causales de procedencia y de prosperidad de la acción de tutela».

1.6.3. Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira

El mencionado juzgado remitió el enlace para consultar el proceso 66001-33-33-
005-2017-00198-00.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 26 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Magnolia García Murillo, al no cumplirse con los requisitos de la relevancia
constitucional y de identificación razonable de los hechos que generaron la
vulneración alegada.

Como fundamento de la decisión, indicó que la actora no esbozó algún argumento
que determine la relación causa-efecto en que hace consistir la violación de sus
derechos, pues únicamente reiteró los fundamentos de orden fáctico y jurídico
expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso
de apelación, los cuales ya fueron objeto de pronunciamiento y se encuentran
acorde con el criterio del Consejo de Estado como órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Por último, puso de presente que cuando se trata de controvertir decisiones
judiciales se requiere un mínimo de argumentación para que resulte viable un
estudio de fondo y no solo la mera manifestación de estar en desacuerdo con la
providencia reprochada.

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1.8. Impugnación

1.8.1. A través de correo electrónico enviado el 15 de septiembre de 2022 6, al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la tutelante impugnó
el fallo de 26 de agosto de 2022 y solicitó que se revoque para que, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en su escrito de tutela.

Iteró que la decisión de 10 de julio del de 2022, es contraria a los precedentes7
proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.

Alegó que en la mencionada providencia existe una inadecuada valoración del
acervo probatorio (defecto fáctico), así como el desconocimiento del precedente
judicial en el que se manifiesta que no opera el fenómeno jurídico de la caducidad.
Explicó que su reclamación administrativa fue realizada el 9 de junio de 2016,
respecto de la cual obtuvo una respuesta el 1º de julio de 2016, por lo que, si la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 16 de junio de
2017, es evidente que no había operado el término de los 3 años con los que
contaba para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Consideró que no se puede declarar la improcedencia de la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional e identificación razonable de los hechos que
generan la vulneración alegada, dado que esto se encuentra expuesto en el
escrito de tutela que da cuenta de la violación de sus derechos fundamentales.

Particularmente, insistió en lo siguiente:

Que más evidencia o argumentación se puede exigir de la existencia palmaria de
una violación a unos derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de
igualdad, cuando el despacho accionado est[á] manifestando que una providencia
que en el contrato realidad opera la caducidad de la acción y la Sección Segunda –
Subsección A del Honorable Consejo de Estado, en varios precedentes
jurisprudenciales dice no opera dicho fenómeno, sino el de la prescripción, que las
personas vinculadas mediante contrato realidad tienen tres (3) años para acudir
ante la jurisdicción para acreditar la existencia de los elementos propios del contrato
realidad.

Citó el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que
establece que las acciones prescribirán en tres años contados desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo escrito del
trabajador sobre un derecho o prestación que haya sido recibido por el empleador,
interrumpe la prescripción. En ese sentido, explicó que si en contrato realidad se
exige acreditar los elementos propios del contrato de trabajo es lógico y coherente
que el término para la reclamación sea de tres años.

6 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591

de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 13 de septiembre de
2022, y el recurso se interpuso el 15 de septiembre de 2022.
7 Sentencias de 28 de abril de 2022, expediente 66001-23-33-000-2014-00384-01 (2728-2021) y

de 10 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2013-00439-01 (5187-2016).

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1.8.2. Mediante auto de 2 de marzo de 2023, el magistrado (E) concedió la
impugnación presentada por la parte actora. Esta providencia fue notificada el 7 de
marzo del mismo año y el expediente fue remitido al despacho del magistrado
sustanciador de segunda instancia el 16 de marzo de 2023.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 26 de agosto de 2022, proferido el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de
1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 26 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por la señora Magnolia García Murillo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los
defectos invocados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

2.4.1.1. Precisado lo anterior, en el caso concreto, respecto de los argumentos
sobre el defecto por desconocimiento del precedente, la Sala destaca que cumple
con el requisito de relevancia constitucional.

Ello porque, de una parte, involucra la presunta lesión de los derechos
fundamentales «al Debido Proceso, Derecho a la Igualdad, Confianza legítima,
Derecho a la reparación integral» ante la posible configuración del mencionado
yerro; y, por otra, se cimentó en sentencias dictadas por el órgano de cierre sobre
la figura de la caducidad, fenómeno procesal que de ser computado de manera
errónea, indefectiblemente conlleva a la abierta vulneración del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.

En resumen, ante la alegada vulneración la Sala advierte que lo narrado, en
efecto, podría constituir una limitación de la posibilidad de acceder a la justicia en
la medida que al ser declarado el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad se
cercena una resolución de fondo sobre el asunto por el cual la persona acudió a la
jurisdicción.

De acuerdo con lo expuesto, en lo que concierne al defecto por desconocimiento
del precedente, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de
la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad judicial presuntamente
incurrió en este yerro, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo
meramente legal.

Así las cosas, respecto de este reproche se insiste que se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado
el requisito de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de
una posible trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante, cuya
controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico,
sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la
decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal
referente al yerro en mención.

2.4.1.2. No obstante, la Sala advierte que, como quedó reseñado en líneas
previas, la actora también invocó la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, sin embargo, la parte demandante no cumplió con la carga
argumentativa comoquiera que, respecto del primero, no precisó las pruebas que
dejaron de ser valoradas por la autoridad judicial demandada y, en cuanto al
segundo, no indicó la norma que presuntamente se aplicó indebidamente o se
dejó de emplear en el asunto objeto de estudio.

Estos elementos son de vital importancia toda vez que un sencillo desacuerdo en
relación con las conclusiones a las que arribaron los jueces de instancia no puede
ser razón para que el juez constitucional intervenga en la protección de los
derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la
competencia del juez natural.

En ese sentido, la Sala considera que en lo relacionado con los defectos fáctico y
sustantivo lo que pretende la parte actora es convertir este mecanismo
constitucional en una tercera instancia, ya que sus argumentos no trascienden de
una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales»,
sino que se limitan a reabrir un debate probatorio ya zanjado por la autoridad
judicial demandada.

Por lo tanto, al no cumplirse con la carga argumentativa mínima respecto de los
defectos fáctico y sustantivo, esta Sección confirmará la declaratoria de la
improcedencia por falta de relevancia constitucional, comoquiera que lo que existe
es un simple desacuerdo del actor con las conclusiones a las que arribo el juez de
instancia.

2.4.1.3. En síntesis, en cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, la
Sala reitera que encuentra acreditado el requisito de la relevancia constitucional,
motivo por el cual, de hallarse superados los demás presupuestos de
procedibilidad adjetiva, se procederá a su estudio de fondo.

2.4.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
66001-33-33-005-2017-00198-00/01.

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Demandante: Magnolia García Murillo
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la decisión de
segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 10 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 1º de agosto de 2022, de manera que, sin que se revise la fecha de
ejecutoria de la sentencia enjuiciada, se observa que su interposición se hizo en
un término que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de
transcurridos seis (6) meses desde que se dictó.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 12, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión
de providencias judiciales.

2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, la sentencia que se cuestiona es la proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 10 de junio de 2022, mediante la cual se
confirmó la decisión del Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta
por la actora, por lo que contra la providencia controvertida no procede ningún
recurso ordinario, y los cargos alegados no se encuadran en las causales de
procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de
jurisprudencia.

Ahora, la actora en sus escritos de impugnación y de tutela indicó lo siguiente:

Se encuentra debidamente acreditado en el proceso, que la señora MAGNOLIA
GARCIA MURILLO, prestó sus servicios personales, bajo una continuada
dependencia y subordinación en favor del municipio de Pereira, desde el 21 de
mayo de 2002 hasta el 27 de noviembre de 2015, incluso se afirma que fue hasta el
13 de febrero de 2016, se efectuó reclamación mediante petición el 9 de junio de
2016, obtenido respuesta el 01 de julio de 2016, independientemente de que se
incurriera en error por parte de quien apoderaba a la hoy accionante, agotando
nuevamente vía gubernativa en el 2017, la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, se presentó el día 16 de junio de 2017, es evidente que no había
operado el termino de tres (3) años que ten[í]a la demandante para acudir ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, según lo disponen los precedentes
jurisprudenciales.

Es importante precisar que este argumento no fue esbozado en el recurso de
apelación14 interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 22 de octubre de

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
14 Como quedará precisado más adelante, la accionante fundó su escrito de impugnación en dos

aspectos, a saber: (i) que en relación con el fenómeno de la caducidad de la acción, el Tribunal
Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado en auto de 11 de abril de 2018, con el cual
revocó la decisión de rechazar la demanda, y (ii) que no era procedente aplicar el precedente
jurisprudencial previsto en la sentencia de 25 de agosto de 2016, radicado No. 23001-23-33-000-

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2021, proferida por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira, razón por la cual esta Sala considera que, respecto de este reproche no
se acredita el cumplimiento del requisito de agotamiento de los mecanismos
judiciales.

Esto, comoquiera que la accionante contaba con la posibilidad de invocar esta
inconformidad en el recurso de apelación; sin embargo, no lo hizo y ahora
pretende ponerla de presente a través de la acción de tutela, cuando esta no es la
instancia para ello. Por lo tanto, no se pronunciará respecto de tal fundamento,
pues resulta improcedente.

Precisado lo anterior, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.

2.5. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

Sobre este defecto resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el
concepto de precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos:

[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
[…]15

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos16 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así
como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.6. Caso concreto

2.6.1. La tutelante consideró que el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró
sus derechos fundamentales con ocasión de la decisión adoptada el 10 de junio
de 2022, consistente en confirmar la providencia de 22 de octubre de 2021,
dictada por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la actora
contra el municipio de Pereira (Risaralda).

2013-00260- 01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, dado que no se
encontraba vigente al momento de radicación del medio de control.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
16 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

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En sentencia de primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la tutelante,
al considerar que no se cumplió con los requisitos de la relevancia constitucional y
de identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración alegada,
pues a su juicio únicamente se reiteraron los fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso
de apelación.

Inconforme con esta decisión, la tutelante la impugnó, al considerar que no se
puede declarar la improcedencia dado que claramente la relevancia constitucional
y la identificación razonable de los hechos que generan la vulneración se
encuentran expuestos en el escrito de tutela, los cuales dan cuenta de la violación
de sus derechos constitucionales fundamentales.

Ahora, descendiendo al defecto objeto de estudio, desconocimiento del
precedente, reiteró que con la sentencia de 10 de julio del de 2022, se contradicen
los precedentes proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, particularmente las sentencias
de 28 de abril de 2022, expediente 66001-23-33-000-2014-00384-01 (2728-2021)
y de 10 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2013-00439-01 (5187-
2016).

Asimismo, citó el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, que establece que las acciones prescriben dentro de los tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2.6.2. Pues bien, para resolver el cargo, es necesario revisar la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para determinar si, en efecto, incurrió
en el defecto invocado por la señora Magnolia García Murillo.

Al respecto, se observa que la accionante presentó una demanda con el fin que se
declarara el reconocimiento de una relación laboral entre ella y el municipio de
Pereira (Risaralda), así como para que se ordenara el pago de las prestaciones
derivadas de tal relación.

El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Quinto (5º) Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira, autoridad judicial que, en sentencia de 22 de octubre
de 2021, accedió parcialmente las pretensiones invocadas por la parte
demandante y dispuso lo siguiente:

Primero. DECLARAR probada la excepción de caducidad, excepto lo relacionado
con las pretensiones relacionadas con la declaratoria de existencia de la relación
laboral y el consecuente pago de los aportes pensionales adeudados, conforme a lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.

Segundo. DECLARAR no probadas las excepciones de “prescripción”, “legalidad
del acto administrativo demandado” y “cobro de lo no debido e inexistencia de la
obligación”, formuladas por la entidad territorial demandada.

Tercero. DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 25922
calendado julio 01 de 2016, suscrito por el Secretario de Educación Municipal y la
Directora Administrativa de Prestación del Servicio y Administración de Plazas
Docentes del municipio de Pereira, por medio del cual dan respuesta negativa a la
petición elevada por la señora Magnolia García Murillo, en cuanto al reconocimiento

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de prestaciones sociales derivadas de una relación laboral, así como de la
resolución 3410 de julio 27 de 2016, suscrita por el Secretario de Educación y la
Directora Administrativa de Prestación del Servicio y Administración de Plazas
Docentes del municipio de Pereira, por medio del cual se dispone confirmar oficio
25922 de julio 01 de 2016.

Cuarto. DECLARAR que entre la señora Magnolia García Murillo y el municipio de
Pereira existió una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 21 de
mayo de 2002 y el 12 de febrero de 2016, únicamente en los plazos en que se
ejecutaron los contratos de prestación de servicios y el tiempo durante el cual la
demandante estuvo vinculada con la empresa Servitemporales.

Quinto. DECLARAR que el tiempo laborado por la demandante bajo la modalidad
de contratos de prestación de servicios, por los períodos en que estuvo vinculada
con el municipio de Pereira bajo contratos de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.
Sexto. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al municipio de
Pereira a consignar al fondo de pensiones como aportes pensionales en favor de la
demandante, el valor de la diferencia que exista entre lo cotizado por la señora
Magnolia García Murillo como contratista y la suma que se debió cotizar por este
concepto, mes a mes, tomando como ingreso base de cotización los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, por los periodos que más
adelante se relacionan, pero sólo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para tal efecto, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duró su vinculación por contratos de prestación de servicios, y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, deberá la demandante
cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajadora. (…)
Séptimo. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Esta decisión fue apelada por las partes. Sobre el particular, la demandante
comentó que, en relación con el fenómeno de la caducidad de la acción, el
Tribunal Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado en auto de 11 de
abril de 2018, con el cual revocó la decisión de rechazar la demanda. Además,
alegó que no era procedente aplicar el precedente jurisprudencial previsto en la
sentencia de 25 de agosto de 2016, radicado No. 23001-23-33-000-2013-00260-
01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, dado que no se
encontraba vigente al momento de radicación del medio de control.

El trámite de la segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de
Risaralda que, en providencia de 22 de julio de 2022, confirmó el fallo proferido en
primer grado.

Para fundamentar su decisión, indicó que abordaría el estudio de (i) la caducidad
del medio de control ejercido y sus efectos; y en caso de mantenerse tal
declaratoria, (ii) la regulación del contrato realidad; (iii) la configuración de la
relación laboral en el sub examine, y (iv) el pago de aportes por cotizaciones en
pensión ordenados directamente al demandante.

Destacó que de acuerdo con lo previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho está sujeto a un término de caducidad de 4 meses para su interposición,
con excepción de los actos que reconozcan o nieguen, total o parcialmente,
prestaciones periódicas, los cuales pueden demandarse en cualquier tiempo.

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Citó la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, proferida por el Consejo
de Estado que, en tratándose del contrato realidad, exceptúa del alcance de la
caducidad lo concerniente a los aportes para pensión.

Ahora, para resolver los reproches puntuales del escrito de apelación, indicó lo
siguiente:

En virtud de lo anterior, no le asiste razón a la parte actora en cuanto a que la
decisión de primer grado sea adversa a una decisión del superior, por el contrario,
la línea argumentativa de esta corporación judicial al momento de conocer sobre el
rechazo parcial de la demanda, no fue nada distinto a determinar que por haberse
elevado dentro de las pretensiones de la demanda, lo correspondiente al
reconocimiento de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social, dado su carácter de imprescriptibles y que adquieren por tanto la
calidad de una prestación periódica, es una cuestión que no puede ser afectada por
el fenómeno jurídico de la caducidad y por tanto debía examinarse de manera
completa la demanda al momento de proferirse la sentencia, mas no que se
hubieredeterminado que en el presente caso hubiese operado o no el mismo en
estricto sentido, ni mucho menos que no aplicara para casos en que se discute la
existencia de un contrato realidad, esa figura de la caducidad del medio de control y
solo sea viable predicar el fenómeno prescriptivo de derechos como pretende
hacerlo entender el demandante en su alzada.

También se cae por su propio peso la teoría en la que funda su argumento y que
atañe a que no resulta lógico ni razonable que se dé aplicación en forma
prospectiva a un precedente jurisprudencial que data del 24 de enero de 2019 -
citado en el fallo de primer grado para comprender configurada la caducidad-, por
no ser el vigente al momento de la presentación de la demanda y presuntamente
partiendo también del contenido de la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, radicado No. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16,
C.P., Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, que indica, solo refiere al tema de
prescripción mas no de caducidad en asuntos como el que ocupa la atención de la
Sala, pues ha quedado demostrado a través de ese mismo pronunciamiento
jurisprudencial en cita, que contrario a lo afirmado por la parte demandante, la
interpretación correcta es que aquella si hace referencia de modo preciso al tema
de la caducidad en esta clase de procesos, pues expresamente deja a salvo
únicamente lo que atañe a las cotizaciones en pensión, cuando señala, se itera,
que “Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA)” (Subraya la Sala); esto es, para este cuerpo colegiado es claro y no
admite discusión alguna, que los actos administrativos que contienen la
manifestación de la voluntad de la administración, que nieguen el reconocimiento
de una verdadera relación laboral entre ésta y el peticionario, están sujetos a la
regla general del término de caducidad de los cuatro (4) meses ya explicado en
líneas anteriores, exceptuando de dicho lapso de tiempo lo que se invoque en el
petitum únicamente con carácter de imprescriptible y/o prestación periódica como lo
es en efecto, el asunto de cotizaciones al sistema de seguridad social en
pensiones, sobre lo cual recaerá el análisis que corresponda más adelante dentro
de estas consideraciones.

En ese sentido, el tribunal concluyó que no había lugar a inobservar la sentencia
de unificación indicada por el actor debido a que esta constituye precedente y por
ello adquiere fuerza vinculante.

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Ahora bien, en ese punto, precisó que comoquiera que el reparo frente a la
declaratoria de caducidad del medio de control no se dirigía sobre la configuración
de este fenómeno, es decir, que este no hubiera ocurrido o que se hubiere
efectuado en forma errónea el cómputo del término, no haría ningún análisis de
fondo al respecto, pese a que compartía las consideraciones plasmadas sobre el
tema en particular por el a quo. Esto, en virtud del principio de congruencia
establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso y el artículo 328
ibídem, según los cuales el límite de competencia al cual está sujeto el superior se
encuentra determinado por el recurso de apelación y el principio de la non
reformatio in pejus.

Seguidamente, la autoridad judicial procedió a examinar si en el asunto se
configuraban los elementos de la relación laboral, frente a lo cual encontró que
estos estaban acreditados, por lo cual concluyó que no le asistía razón al ente
accionado en sus argumentos de apelación y que, en consecuencia, se debía
confirmar la sentencia recurrida.

2.6.3. Pues bien, como se mencionó en líneas previas, la tutelante alegó la
configuración de un defecto por desconocimiento del precedente al considerar que
la decisión de 10 de julio del de 2022, es contraria a las providencias proferidas
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, esto es, las sentencias de 28 de abril de 2022, expediente
66001-23-33-000-2014-00384-01 (2728-2021) y de 10 de marzo de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2013-00439-01 (5187-2016).

Sin embargo, revisado el contenido de estos proveídos, la Sala no advierte alguna
regla diferente a las establecidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

En este punto es importante transcribir las reglas unificadas por esta corporación
en la referida sentencia, relacionadas con la prescripción y la caducidad en las
controversias referentes al contrato realidad:

3.5 Síntesis de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado,
respecto de las (sic) controversia relacionas con el contrato realidad, en particular
en lo que concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin· embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos· laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

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iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación ·con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter
de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de
la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1,
letra c, del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de· nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que· a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la .relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).

vii) El juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador.

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente
reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega
la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales
proceden a título de restablecimiento del derecho, y (ii) el ingreso sobre el cual han
de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el maestro-contratista
corresponderá a. los honorarios pactados. (Resalta la Sala)

Particularmente, el alto tribunal de lo contencioso administrativo determinó que:

[…] las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles
y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción
extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo
164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede
sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien
ha servido al Estado mediante una relación de trabajo. (Se resalta).

Se destaca de los apartes trascritos que en los eventos en los cuales se determine
que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se ejerció por
fuera del término de caducidad, se debe realizar el estudio de la existencia de la
relación laboral pero únicamente en lo referente con los aportes a la seguridad
social.

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Así mismo, se determinó que quien pretenda el reconocimiento de una relación
laboral con el Estado, debe reclamar a la administración dentro del término de 3
años contados a partir de la terminación del vínculo, so pena de aplicarse la figura
de la prescripción del derecho.

En el caso concreto, la accionante señaló que en la providencia enjuiciada existe
un desconocimiento del precedente judicial, pues contaba con 3 años para acudir
a la jurisdicción contencioso-administrativa para demandar los actos
administrativos, para lo cual citó el artículo 15117 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social.

En este punto, para la Sala es acertado resaltar que la actora está confundiendo
los conceptos de caducidad y prescripción.

La caducidad es una institución consagrada en la ley procesal, que determina el
tiempo dentro del cual es ejercitable el derecho de acción, como derecho público
subjetivo que tienen los individuos de acudir a los órganos jurisdiccionales del
Estado para que le tutelen un interés o derecho reconocido en la Constitución y la
ley o la preservación del orden jurídico.

Por su parte, la prescripción es un fenómeno jurídico a través del cual, el ejercicio
de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de
acuerdo con las condiciones descritas en las normas que para cada situación se
dicten en materia adquisitiva o extintiva.

En efecto, en la sentencia de unificación se determinó que quien pretenda el
reconocimiento de una relación laboral con el Estado, debe reclamar a la
administración dentro del término de 3 años contados a partir de la terminación del
vínculo, so pena de aplicarse la figura de la prescripción del derecho. Así mismo,
en ella se estableció que las reclamaciones sobre los aportes pensionales
derivados del contrato realidad están exceptuadas tanto del fenómeno prescriptivo
como el de la caducidad del medio de control.

Por lo tanto, contrario a lo considerado por la tutelante, para la Sala el Tribunal
Administrativo de Risaralda realizó una debida aplicación del precedente judicial,
particularmente de la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, como
pasa a explicarse.

En primer lugar, al encontrarse que la actora no tenía un vínculo laboral vigente
con el municipio demandado, lo correcto era estudiar la caducidad del medio de
control, para determinar si se hizo uso de este dentro de los 4 meses siguientes a
la notificación del acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación
laboral y de los derechos derivados, emitido por el municipio de Pereira
(Risaralda), como lo dispone el literal d) del numeral 2° del artículo 164 del
CPACA.

17 ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán

en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

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Demandante: Magnolia García Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

En consecuencia, como la demandante excedió dicho término, era acertado
declarar la caducidad del medio de control, salvo en lo relacionado con los aportes
pensionales que presuntamente se adeuden al Sistema de Seguridad Social, tal
como se estableció en la mencionada jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado del 25 de agosto de 2016.

Ahora bien, no es posible, como lo solicitó la tutelante, que se le aplique el término
de 3 años para determinar la caducidad del medio de control, dado que aquel está
previsto para efectos de contabilizar la prescripción del derecho, lo cual debe ser
estudiado una vez se establezca si la actora tiene o no derecho al reconocimiento
pretendido. Por consiguiente, al obtener el pronunciamiento del municipio, la
demandante contaba con 4 meses para demandar el acto, circunstancia que fue
expuesta por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la providencia enjuiciada.

Además de todo lo expuesto en relación con la caducidad y la prescripción, es
pertinente precisar que no le asiste razón a la actora al solicitar que se aplique la
legislación ordinaria laboral (artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social) teniendo en cuenta que la vinculación que pretende le sea
reconocida deviene de una relación con el Estado, por lo que la normativa y
jurisprudencia aplicable a su caso es la contenciosa administrativa.

Finalmente, contrario a lo manifestado por la señora Magnolia García Murillo, era
procedente que el Tribunal Administrativo de Risaralda aplicara la pluricitada
sentencia de unificación, dado que estas reglas eran las vigentes para el momento
en que se profirió la providencia que ahora se cuestiona (10 de junio de 2022).

Así, para la Sala no se encuentra configurado el defecto por desconocimiento del
precedente sobre el cual versa la presunta vulneración invocada, comoquiera que
en la providencia de 10 de junio 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda
aplicó de manera correcta las reglas sentadas en la sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016, según las cuales en las reclamaciones relacionadas con los
aportes a la seguridad social que se deriven de un contrato realidad, no se deben
usar las figuras de la caducidad ni la prescripción.

De igual manera, no le asiste razón a la señora Magnolia García Murillo cuando
afirma que tenía 3 años para demandar ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, pues se reitera, tal plazo obedece al término de prescripción de su
derecho a reclamar al municipio de Pereira (Risaralda) que reconociera la
presunta relación laboral que existió entre ellos, por lo que no le era dable al
operador judicial aplicar un término diferente al establecido en la norma procesal
para efectos de contabilizar la caducidad del medio de control.

En conclusión, la Sala considera razonable y conforme a la norma procesal de
orden público que consagra la oportunidad para presentar las demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho y a la sentencia de unificación de 25 de
agosto de 2016, que en la providencia de 10 de junio de 2022 el tribunal
accionado haya confirmado la declaratoria de caducidad del medio de control,
dictada por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Pereira,
salvo en lo referente con los aportes a pensiones, pues así lo dispone la sentencia
de unificación citada en precedencia.

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Demandante: Magnolia García Murillo
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04156-01

Por lo tanto, esta Sala de Decisión modificará el numeral primero de la sentencia
de 26 de agosto de 2022, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
y, en su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela frente a los defectos
fáctico y sustantivo, por no acreditarse el requisito de la relevancia constitucional,
y respecto de los argumentos sobre el cómputo del término de caducidad, por no
superar el requisito de agotamiento de los medios judiciales. Así mismo, se negará
el amparo de los derechos fundamentales invocados, en lo relacionado con el
defecto de desconocimiento del precedente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de 26 de agosto de
2022, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora, el cual
quedará así:

DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a los defectos fáctico y
sustantivo, por no acreditarse los requisitos de la relevancia constitucional y
de agotamiento de los medios judiciales; y NEGAR el amparo de los
derechos fundamentales invocados por la señora Magnolia García Murillo,
en lo relacionado con el defecto por desconocimiento del precedente.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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