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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02803-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02803-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02803-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-02803-01
Accionante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente el mecanismo de amparo
por no cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y de
relevancia constitucional. La parte accionante cuenta con otro medio de
defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
19 de junio de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 27 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
medio de control de reparación directa identificado con número de radicación
11001-33-36-033-2024-00001-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relatóque el señor Richard Alberto Puche Medina interpuso demanda de
reparación directa con número de radicación 11001-33-36-033-2024-00001-00/01
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que fuera condenada al pago
de perjuicios morales y daño al buen nombre como consecuencia de haber
expedido la Resolución núm. 14517 de 25 de noviembre de 2021, mediante la cual
anuló su registro civil de nacimiento y canceló su cédula de ciudadanía.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02803-01
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

2.2. Precisó que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que,
mediante providencia de 16 de octubre de 2024 resolvió, entre otros, negar las
pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que el demandante de la reparación directa interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión frente a lo cual la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de providencia de 27 de febrero
de 2025, revocó lo resuelto en primera instancia y, en su lugar, declaró responsable
a la Registraduría Nacional del Estado Civil por el daño antijurídico causado al
demandante.

2.4. Señaló que el Tribunal vulneró su derecho fundamental al debido proceso al
incurrir en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

2.5. Frenteal defecto fáctico sostuvo que se configuró una indebida valoración
probatoria al desconocer la sana crítica, no realizar una interpretación objetiva,
fundamentar la decisión en pruebas que no son demostrativas de los hechos,
presentar incongruencias entre lo probado y lo resuelto, así como que se admitieron
pruebas ilícitas.

2.6. Manifestó que “[…] el Tribunal de Cundinamarca reconoció una violación de
bienes constitucional y convencionalmente protegidos, a pesar de que estos no
fueron alegados dentro de las pretensiones de la demanda. De esta manera, se
concedió un valor adicional de 20 SMLMV por la afectación a bienes constitucional
y convencionalmente protegidos […]”.

2.7. Adicionalmente, indicó que en la providencia cuestionada hubo un
desconocimiento del precedente por cuanto el Tribunal presumió el daño moral de
forma arbitraria, contrariando a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
determinado la necesidad de aportar elementos probatorios que permitan acreditar el
perjuicio moral que se alega.

2.8. Adujo que con la presente acción constitucional busca que “[…] se fije una
posición unificada de la interpretación probatoria frente a los perjuicios morales que
alguien pueda sufrir ante una decisión de la autoridad en materia de Registro Civil
e identificación […] el presente caso pone en discusión constitucional la línea
jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado frente a perjuicios morales y su
amplitud a diferentes circunstancias […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Se AMPARE el derecho fundamental AL DEBIDO
PROCESO de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02803-01
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia del día 27 de febrero
de 2025 proferida TRIBUNAL (sic) ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B – en el
marco del proceso de reparación directa dentro del expediente 11001-
33-36-033-2024-00001-01 […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de mayo de 2025, el magistrado de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés
directo en el resultado del proceso al Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá y al señor Richard Alberto Puche Medina.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegó el siguiente informe:

5.1. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá hizo una
relación de las actuaciones procesales que había adelantado y señaló que no ha
incurrido en ninguno de los defectos mencionados en la solicitud de amparo
surtiendo las etapas establecidas en la ley en observancia del derecho de defensa
y contradicción, con la salvedad de que la acción de tutela no puede ser tomada
como una tercera instancia cuando ya se han agotado las dos instancias que
corresponden.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de junio de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional ni con el requisito de
subsidiariedad. Como fundamento de la decisión indicó lo siguiente:

“[…] 4.6.- Resulta claro, entonces, que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional,
pues, como se vio, los aspectos atinentes a la acreditación de los perjuicios por
la afectación tanto moral como a los bienes constitucional y convencionalmente
amparados fueron analizados por el juez natural de la causa, por lo cual resulta
diáfano que las quejas elevadas por la parte convocante buscan reabrir el
debate resuelto en el proceso No. 11001333603320240000100/01, con el fin
de imponer su interpretación sobre aquella adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Ahora bien, se debe destacar que la autoridad accionada reconoció que no se
acreditaron de forma concreta los perjuicios alegados por el demandante. No
obstante, precisó que, ante la inexistencia de una línea jurisprudencial sobre la
presunción del daño moral en supuestos como el que se analizaba, se debía
acudir al arbitrio iuris para determinar su existencia. Para ello, valoró las
pruebas obrantes en el expediente y atendió las circunstancias especiales del

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

caso, y concluyó que la actuación ilegítima de la Registraduría Nacional del
Estado Civil generó una afectación sustancial al goce de los derechos
fundamentales, con lo cual dedujo el sufrimiento y congoja propios del daño
moral.

[…]

Adicionalmente, el Consejo de Estado1 ha señalado que, en las sentencias en
las cuales la motivación es insuficiente o que incurren en una incoherencia
sustancial, así como en aquellas en que se trasgrede el derecho al debido
proceso, se configura una nulidad.

En consecuencia, se advierte, en gracia de discusión, que si la peticionaria
considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una sentencia
que carecía de la suficiente motivación, pudo acudir al recurso extraordinario
de revisión por tratarse de una nulidad derivada de la sentencia; mecanismo
que, al verificar el acervo probatorio allegado a este proceso, no se observa
que hubiese sido propuesto […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó su revocatoria con
fundamento en que, contrario a lo indicado en la sentencia de primera instancia, el
recurso extraordinario de revisión no es procedente en este caso debido a que la
irregularidad advertida no versa sobre un vicio procesal sino sobre una indebida
aplicación del derecho y aquel no es el mecanismo idóneo para la protección de
derechos fundamentales.

8. Agregó que en la sentencia controvertida se desconoció la prohibición de
presunciones judiciales sobre el daño moral que puede ocurrir en contadas
ocasiones como cuando hay fallecimiento por hechos imputables al Estado o
víctimas de lesiones personales o privación injusta de la libertad o víctimas de
desaparición forzada. Asimismo, se omitió tanto la exigencia de valorar los criterios
de gravedad e intensidad del daño para la tasación de los perjuicios como la
necesidad de distinguir los perjuicios moralmente indemnizables frente aquellos
que se concedan bajo la figura de vulneración de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos.

9. Indicó que hubo arbitrariedad por parte de la autoridad judicial cuando no motivó
las razones por las que no se acogió el precedente judicial y desconoció los criterios
del Consejo de Estado que exige la realización de un análisis para asegurarse de
que la indemnización excepcional de los bienes constitucionalmente protegidos no
configure una doble reparación. Al respecto destacó la sentencia proferida por el
Consejo de Estado2, de un caso similar, en la cual se reconoció la vulneración de
los derechos fundamentales en la providencia de una reparación directa en la cual
no se acreditaron los presupuestos exigidos para una indemnización por perjuicios
morales.

1
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 1° de noviembre de 2016, rad. No. 11001031500020120023000.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 12 de junio de
2025. Radicación núm. 11001-03-15-000-2025-02811-00.

5

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y del Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron el derecho
fundamental invocado por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
judicial.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

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judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.

18. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 27 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
medio de control de reparación directa identificado con número de radicación
11001-33-36-033-2024-00001-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su

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naturaleza14), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

25. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”15.

26. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”16.

27. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

28. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

14
Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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29. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que
la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental citado supra por,
presuntamente, haber reconocido “[…] una violación de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, a pesar de que estos no fueron alegados dentro de
las pretensiones de la demanda. De esta manera, se concedió un valor adicional
de 20 SMLMV por la afectación a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos […]”.

30. Encriterio de la Sala, el argumento citado busca cuestionar un presunto
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia
del proceso ordinario, porque la autoridad judicial presuntamente se habría
pronunciado sobre aspectos que no fueron expuestos en el escrito de la demanda.

31. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de 16
de febrero de 202317:

“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que la
sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la garantía
constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los
planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.

39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.

40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y
al examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión
de la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con
el 281, ambos del CGP [...].

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp.
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02803-01
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto].

32. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento objeto de estudio es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable18.

VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

33. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental19 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones20.

34. En las acciones de tutela contra providencias judiciales21 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces22.

35. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
18
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
19
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
21
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
22
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
23
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

36. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

37. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202325.

38. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales26.

39. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso por incurrir en un defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial.

40. Frente al defecto fáctico sostuvo que se configuró una indebida valoración
probatoria al desconocer la sana crítica, no realizar una interpretación objetiva,
fundamentar la decisión en pruebas que no son demostrativas de los hechos,
presentar incongruencias entre lo probado y lo resuelto, así como que se admitieron
pruebas ilícitas.

41. Adicionalmente, indicó que en la providencia cuestionada hubo un desconocimiento
del precedente por cuanto el Tribunal presumió el daño moral de forma arbitraria,
contrariando a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha determinado la
necesidad de aportar elementos probatorios que permitan acreditar el perjuicio moral
que se alega.

25
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

42. Adujo que con la presente acción constitucional busca que “[…] se fije una
posición unificada de la interpretación probatoria frente a los perjuicios morales que
alguien pueda sufrir ante una decisión de la autoridad en materia de Registro Civil
e identificación […] el presente caso pone en discusión constitucional la línea
jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado frente a perjuicios morales y su
amplitud a diferentes circunstancias […]”.

43. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto y, iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido
económico.

44. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

45. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia de 27 de febrero de 2025 cuestionada:

“[…] Así las cosas, considera la Sala, que con la expedición de la Resolución
No. 14517 del 25 de noviembre de 2021, se le causó una lesión cierta al
derecho fundamental a la nacionalidad del demandante, el cual no estaba en
el deber jurídico de soportarlo de conformidad con lo dispuesto tanto en los
instrumentos internacionales, como en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

Lo anterior toda vez que, al anularse el registro civil de nacimiento del
demandante, y cancelar su documento de identificación, se le privó de su
nacionalidad colombiana, privación que se tornó arbitraría con la revocatoria de
dicha anulación, mediante Resolución No. 22782 del 18 de agosto de 2022, la
cual se fundamentó principalmente en un fallo de tutela que amparó los
derechos fundamentales vulnerados por la entidad al hoy demandante.

De otro lado si bien es cierto que, con la demanda, no se acreditaron
concretamente los perjuicios indicados como la desatención de servicios en
salud, imposibilidad de trabajar en el país o la privación de derechos políticos
entre otros indicados por el demandante, como lo advirtió el A Quo, no es
menos cierto que el solo hecho de privar de la nacionalidad a una persona,
genera que se pierda la existencia jurídica del individuo, ya que se recuerda la
nacionalidad como derecho fundamental implica el vínculo legal de la persona
con el Estado.

Vinculo (sic) que per se, significa la existencia jurídica del individuo y el disfrute
de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, así como

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

la delimitación de las responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto
del Estado como de la persona.

En consecuencia, se tiene probado el daño antijurídico consistente en la
privación arbitraria de la nacionalidad del señor Richard Alberto Puche Medina,
entre el 4 de enero de 2022 y el 18 de agosto de la misma anualidad, daño que
le generó la pérdida de su vínculo jurídico con el Estado Colombiano, lo cual
no constituye cosa diferente a una violación a los derechos fundamentales del
demandante.

[…]

Así las cosas, la Sala encuentra probada la imputación jurídica en contra de la
entidad demandada, ya que, con la anulación del registro civil de nacimiento
del demandante, la cual fue opuesta a la Constitución, se vieron lesionados los
derechos fundamentales a la personalidad jurídica y nacionalidad del señor
Richard Alberto Puche Medina, violando así el mandato obligacional dispuesto
por la Constitución Política, de preservar los derechos y libertades de las
personas.

En consecuencia, satisfechos los elementos de la responsabilidad del Estado,
la Sala revocará la sentencia de primera instancia, resolverá declarar la
responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por el daño
antijurídico sufrido por Richard Alberto Puche Medina y por consiguiente,
pasará a revisar lo relacionado con la indemnización de perjuicios causados.

[…]

Así las cosas, si bien en el plenario se probó únicamente la privación arbitraria
de la nacionalidad colombiana del demandante, lo cierto es que de conformidad
con los parámetros internacionales y jurisprudenciales previamente citados,
este solo hecho conlleva la privación de la existencia jurídica del demandante
así como el disfrute de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y
culturales, entre otras ya reseñadas.

En consecuencia, ante la privación arbitraria de la nacionalidad sufrida por el
demandante entre el 4 de enero de 2022 y el 18 de agosto de la misma
anualidad, daño que le genero (sic) la pérdida de su vínculo jurídico con el
Estado Colombiano y la congoja y sufrimiento que esto puede acarrear para
cualquier persona, la Sala considera pertinente indemnizar el perjuicio sufrido
por daño moral al señor Richard Alberto Puche Medina como víctima directa en
la cuantía de 20 SLMLMV al momento de la ejecutoría (sic) de esta providencia
[…]”.

46. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que las decisiones proferidas hubiesen sido arbitrarias o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

47. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”27.

27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02803-01
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

48. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”28. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”29.

49. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

28
Ibid.
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021, Exp. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero
de 2021.

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Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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