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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01193-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01193-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con la parte motiva del fallo. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y nacionalidad invocados por la señora Dana Cecilia Brito Chiquillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01193-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01193-001
Accionante : Dana Cecilia Brito Chiquillo
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Vinculados : Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil y Juzgado Treinta y
Uno (31) Administrativo de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por cancelación
de cédula de ciudadanía
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada

por Dana Cecilia Brito Chiquillo en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la dignidad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad,
debido proceso y nacionalidad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante

frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La señora Dana Cecilia Brito Chiquillo, quien actúa por medio de apoderado judicial,

interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la

1
Expediente digital disponible en SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01193-00
Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

personalidad, debido proceso y nacionalidad, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

4. Por consiguiente, la actora solicitó:

[…] 12.1.1.- Que se amparen los derechos fundamentales de LA ACCIONANTE vulnerados
por LA SEGUNDA SENTENCIA tales como: i) a la dignidad humana (art. 1 Constitución
Política); ii) a la personalidad jurídica (art.14 Constitución Política); iii) al libre desarrollo de la
personalidad (art.16 Constitución Política); iv) al debido proceso (art. 29 Constitución Política);
v) a la nacionalidad (art. 96 Constitución Política.
12.1.2.- Que se deje sin efecto LA SEGUNDA SENTENCIA, por haber incurrido en defectos
protuberantes que vulneran derechos fundamentales;
12.1.3.- Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitir una nueva decisión
ajustada a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia nacional e
internacional, así como a la jurisprudencia reiterada de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida en los casos ya citados en el presente
memorial o que en su defecto, disienta de dichos precedentes, apartándose de los mismos
pero cumpliendo las cargas de transparencia y argumentación exigidas por la Corte
Constitucional;
12.1.4.- Finalmente, que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicar en su
nueva decisión los criterios de motivación suficiente y valoración probatoria integral,
garantizando así el derecho de LA ACCIONANTE a una decisión judicial fundada en derecho.

Hechos2

5. La señora Dana Cecilia Brito Chiquillo nació en la República Bolivariana de
Venezuela, pero adquirió la nacionalidad colombiana por filiación materna, al ser su
madre nacional de Colombia.

6. Mediante la Resolución núm. 7300 de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil

(RNEC) estableció el procedimiento conjunto de anulación de registros civiles de
nacimiento por las causales formales del artículo 104 del Decreto 1260 de 1970 y la
consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad. Con
fundamento en dicho procedimiento, la RNEC, a través de la Resolución núm. 14642
del 25 de noviembre de 2021, anuló el registro civil de nacimiento y, por tanto, canceló
la cédula de ciudadanía de la señora Brito Chiquillo por falsa identidad (así como los de
otras personas). Dicho acto administrativo quedó en firme el 4 de enero de 2022.

7. Frente a estas circunstancias, la actora presentó una acción de tutela que llevó a la

RNEC a revocar3 parcialmente su propio acto administrativo, mediante la Resolución
núm. 25836 del 20 de septiembre de 2022 4, en la que reconoció que la resolución
derogada contrariaba la Constitución o la Ley y causó un agravio injustificado, en tanto,

2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
3
Por las causales de revocatoria previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.
4
“Por medio de la cual se revoca parcialmente la Resolución No. 14642 de 25 de noviembre de 2021 que ordenó anular el Registro
Civil de Nacimiento serial No. 54531667 y cancelar por falsa identidad la cédula de ciudadanía No. 1047498769”.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01193-00
Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

la señora Brito Chiquillo acreditó ser hija de una nacional colombiana.

8. A raíz de esta situación, la actora presentó demanda en ejercicio del medio de control

de reparación directa mediante la que solicitó que se declarara la responsabilidad
administrativa y patrimonial de la RNEC, por los daños y perjuicios causados con
ocasión de la expedición de la Resolución núm. 14632. La accionante aseguró que,
mientras la cédula de ciudadanía perdió vigencia, estuvo expuesta a que la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia ordenara su expulsión, por encontrarse en
situación migratoria irregular en el país, así como al riesgo de no poder acceder a
atención a salud y a trabajo formal.

9. Esa demanda fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Treinta y Uno (31)

Administrativo de Bogotá (proceso con radicado núm. 11001-33-36-031-2023-00103-00),
que, en sentencia del 5 de agosto de 2024, negó lo pretendido, por cuanto «no se acreditó
por la parte demandante que el daño fuera personal y cierto, puesto que si bien, la Resolución No. 14642
del 25 de noviembre de 2021, cobró ejecutoria el 4 de enero de 2022, no lo es menos que no se demostró
que la misma hubiese producido efectos jurídicos, entre el 4 de enero y el 19 de septiembre de 2022, hasta
la expedición de la mentada Resolución No. 25836 del 20 de septiembre de 2022».

10. En desacuerdo con la decisión, el 6 de agosto de 2024, la demandante interpuso

recurso de apelación en el que expuso que la revocatoria de la Resolución núm. 14642
basta para acreditar la existencia de un daño moral subjetivo directo, porque, en virtud
de las máximas de la experiencia, la anulación de la resolución implica la pérdida
automática de la nacionalidad, la imposibilidad de ejercer derechos políticos, restricciones
al acceso a salud, educación y trabajo, y el riesgo de deportación o sanciones por
permanecer de forma irregular en el territorio.

11. Agregó, frente a las afectaciones no probadas por la demandante, que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no deben probarse, en tanto «toda
persona sometida a agresiones y vejámenes experimenta un sufrimiento moral», regla que ha de

respetarse en virtud del control de convencionalidad. Y expuso que, con base en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, la vulneración del buen nombre puede probarse
con un artículo de prensa.

12. El recurso fue resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en providencia del 3 de diciembre de 2025, en la que
confirmó la sentencia del a quo, al considerar:
3

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Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

[…] la sola expedición de la Resolución 25836 de 2022, mediante la cual se revocó el acto
que había anulado el registro civil y cancelado la cédula de ciudadanía de la demandante,
no constituye por sí misma un elemento suficiente para acreditar la existencia del daño
alegado» y «el expediente carece de testimonios, certificaciones, constancias o documentos
que muestren que la demandante intentó acceder a un servicio de salud y le fue negado;
que pretendió realizar una operación financiera o laboral y encontró un obstáculo; que
adelantó trámites migratorios y fue requerida o sancionada; o que fue objeto de
investigaciones penales o administrativas por falsa identidad. Tampoco se allegó prueba de
dificultades académicas o afectaciones a su vida familiar o laboral atribuibles al acto
administrativo.

De igual manera, no existe acreditación mínima de afectaciones subjetivas o emocionales
derivadas de la privación de su identidad jurídica.

13. La accionante expuso que la decisión acusada adolece de los defectos fáctico,
sustantivo, de desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de la
Constitución. Primero, el Tribunal consideró que la Resolución núm. 25836 de 2022 no
resulta suficiente para acreditar la existencia del daño alegado, pese a que se afectó
directamente la personalidad jurídica de la actora, y así lo reconoció la RNEC en su acto.
Además, erró al exigir una prueba del miedo o angustia generada con la cancelación de
la cédula.

14. De otro lado, la autoridad judicial habría desconocido, injustificadamente, el precedente

judicial contenido en (i) diferentes sentencias por medio de las que el Consejo de Estado
habría establecido que el daño moral se presume en casos de violaciones graves de
derechos fundamentales, en atención a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y (iii) decisiones de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca5, la Sección Tercera del Consejo de Estado6 y los
Juzgados 65 y 66 Administrativos de Bogotá7 en los que concluyeron que la Resolución
que cancela la cédula de ciudadanía sí es prueba suficiente del daño moral.

15. Finalmente, manifestó que la violación directa de la Constitución se da porque el
Tribunal negó la existencia de un daño resarcible y desconoció la protección reforzada
que la Constitución y la jurisprudencia le otorgan a esos derechos. En su criterio, la sola
expedición y eficacia de la resolución lesiva prueba la configuración del daño antijurídico.

II. TRÁMITE PROCESAL

16. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 18 de

5
Radicados No. 11001-33-36-031-2023-00093-01, 11001-33-36-031-2023-00123-01, 11001-33-36-033-2024-00001-01, 11001-33-
43-059-2023-00291-01, 11001-33-43-062-2023-00180-01, 11001-33-43-059-2023-00099-01, 11001-33-43-062-2023-00186-01,
11001-33-43-066-2023-00197-01, 11001-33-43-062-2023-00292-01, 11001-33-43-059-2023-00099-01 y 11001-33-43-066-2023-
00197-01.
6
Radicados No. 11001-03-15-000-2025-02573-01, 11001-03-15-000-2025-02803-01, 11001-03-15-000-2025-02571-01 y 11001-03-
15-000-2025-02799-01.
7
Radicados No. 11001-33-43-065-2023-00243-00 y 11001-33-43-066-2023-00197-00.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01193-00
Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

febrero de 20268 admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
tanto entidad accionada; y (ii) dispuso vincular a la Nación - Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo de Bogotá, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestación de la acción

17. 2.1.1 El Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo de Bogotá 9 allegó copia del

expediente ordinario, sin pronunciarse al respecto.

18. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección

C10 señaló que, la acción resulta improcedente para controvertir una decisión judicial que
fue adoptada con pleno respeto de las garantías procesales, y no se advierte ninguno de
los defectos alegados.

19. 2.1.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil11 manifestó no estar legitimada en

la causa por pasiva, pues no tuvo injerencia en la decisión atacada. En consecuencia,
solicitó ser desvinculada del presente proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2. Sobre la solicitud de desvinculación

21. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela «[…] se dirigirá

contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional12 ha considerado que, «[…] [l]a
legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se
dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho

8
Expediente digital en SAMAI, índice 5.
9
Expediente digital en SAMAI, índices 11 y 13, archivo 9.
10
Expediente digital en SAMAI, índice 14, archivo 19.
11
Expediente digital en SAMAI, índice 17, archivo 20.
12
Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.
5

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fundamental […]».

22. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación por no haber

participado en la decisión aquí atacada. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación
en el presente asunto fue en calidad de tercera con interés, por haber sido la parte
demandada dentro del proceso contencioso en cuestión. De manera que, en aras de
garantizar su derecho a la defensa y contradicción, se negará la solicitud.

3.3. La acción

23. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.4. Problema jurídico

24. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia del 3
de diciembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se confirmó la sentencia de
primera instancia en el sentido de negar todas las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida por la tutelante contra la Nación - Registraduría Nacional
del Estado Civil (expediente 110013336-031-2023-00103-00/01); y, en caso afirmativo, si
se vulneraron las garantías superiores a la dignidad, personalidad jurídica, libre desarrollo
de la personalidad, debido proceso y nacionalidad invocadas en la solicitud de amparo.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

25. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte

6

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permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

26. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de

todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

27. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se

determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

28. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

29. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción

de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar
cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia
constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de
actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

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30. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

31. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

32. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión

que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no

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se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

33. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del

Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales13, pero rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.

3.5. Caso concreto

34. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad,
debido proceso y nacionalidad de la actora, con ocasión de una indebida valoración
probatoria y el desconocimiento injustificado del precedente judicial; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una sentencia de segunda
instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, en la medida en que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 21 de
enero de 202616 y la solicitud de amparo se radicó el 16 de febrero de 2026, es decir,
dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
Visible en el expediente electrónico del proceso 110013336-031-2023-00103-01 en SAMAI, índice 15, según el cual se notificó
electrónicamente el 14 de enero de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada después de los dos (2) días siguientes,
esto es, el 19 de enero de 2026, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01193-00
Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

35. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará los defectos

fáctico, sustantivo, de violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial, bajo el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, en tanto su desacuerdo con la decisión atacada radica en que el Tribunal
concluyó que la Resolución 25836 de 2022 no constituye un elemento suficiente para
reconocer la existencia del daño moral, en contravía con el precedente horizontal y
vertical sentado por el Consejo de Estado y otra Subsección de la misma Sección del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.5.1. Defecto sustantivo

36. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los

jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

37. La jurisprudencia constitucional17 ha estimado que la providencia judicial proferida con

desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales18.

38. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal

autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su

17
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
18
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10

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Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
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jurisprudencia19, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se
aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo20 en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe21.

39. En el sub lite, la accionante expuso que:

5.1.- EL TRIBUNAL, incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial al negar
con LA SEGUNDA SENTENCIA, tanto la responsabilidad del Estado como el daño moral
en el caso de LA ACCIONANTE, puesto que dicho vicio se configura cuando una autoridad
judicial se aparta de decisiones previas obligatorias sin justificarlo adecuadamente y
adicionalmente restringiendo los derechos fundamentales reconocidos con anterioridad,
vulnerando el principio de igualdad y la seguridad jurídica. […]

5.5.- En el caso concreto, EL TRIBUNAL al expedir en los términos en que lo hizo LA
SEGUNDA SENTENCIA, desconoció precedentes aplicables a la causa decidida, siendo
esto una causa autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y la misma se origina cuando el juez se aparta de decisiones previas sin ofrecer
una justificación suficiente, clara y razonada, lo que se evidencia de la circunstancia que en
LA SEGUNDA SENTENCIA se consideró no probada la responsabilidad del Estado a pesar
de que este, con la expedición de LA NUEVA RESOLUCIÓN la había reconocido.
Adicionalmente a ello, se consideró que no había sido probado el daño moral, a pesar de
que:

5.5.1.- Mediante Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 proferida en el Exp.
31170, el Consejo de Estado estableció que el daño moral en violaciones graves de
derechos fundamentales se presume, sin necesidad de prueba específica de sentimientos
individuales

5.5.2.- Por su parte, en la sentencia del Consejo de Estado de fecha 24 de enero de 2011
Radicado Nro. 25000-23-26-000-1998-00656-01(18190), se estableció que, cuando se trata
de daño moral derivado de la responsabilidad del Estado, el mismo se presume,
denominándola “presunción de hombre”. […]

5.5.4.- Igualmente, en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de
agosto de 2014 (Exp. 31170), se estableció que, cuando existe violación de derechos
humanos fundamentales, tales como lesiones personales, privación injusta de la libertad y
desaparición forzada, el daño moral se presume puesto que se estaban afectando derechos
humanos fundamentales y la nacionalidad es, en palabras de la Corte Constitucional
contenidas en la sentencia T 375 de 2021, “el derecho de los derechos”, por lo que es un
derecho fundamental.

5.5.5.- Por su parte, en la sentencia del 29 de enero de 2021, distinguida con el RADICADO
Nº 05001-23 31-000-2004-00445-02 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, estableció que, cuando se trata de un daño moral subjetivo directo, tal como el
reclamado por mi mandante en la causa de reparación directa que motivó LA SEGUNDA
SENTENCIA, aquél, por máximas de experiencia, causó los sentimientos descritos en dicha
decisión, a saber “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación,
congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de

19
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha
señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
20
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
21
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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un daño antijurídico, individual o colectivo”

5.5.6.- Finalmente, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al considerar en apelación, unas situaciones idénticas a las que motivaron
la demanda de Reparación Directa presentada por LA ACCIONANTE, ha emitido desde el
29 de noviembre de 2024 y hasta la fecha (14) catorce sentencias en las cuales ha
establecido que, con ocasión de la anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación
de cédulas de ciudadanía, el Estado es responsable, así como que se presume el daño
moral demandado derivado de la actuación registral, siendo las decisiones en cuestión las
distinguidas con los siguientes RADICADOS 11001333603120230009301,
11001333603120230012301, así como también las identificadas con los RADICADOS
11001333603320240000101, 11001334305920230029101, 11001334306220230018001,
al igual que las identificadas con RADICADOS 11001334306620230019701, Nros.
11001334305920230009901, adicionalmente las distinguidas 11001334306220230018601
con los los y RADICADOS 11001334306220230029201, 11001334305920230009901 y
11001334306620230019701 y finalmente las identificadas con los RADICADOS
11001334306520230024300 y 11001334306620230019700.

5.5.7.- Por su parte; las tres subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
desestimaron cuatro (4) acciones de tutela que LA REGISTRADURÍA presentó contra igual
número de decisiones proferidas en su contra por la citada subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en causas de reparación Directa
idénticas a las que motivan la presente tutela, quedando ratificadas las sentencias proferidas
en las demandas de Reparación Directa respectivas, decisiones de tutela éstas expedidas
por dicha Alta Corporación identificadas con los siguientes RADICADOS:
11001031500020250257301, 11001031500020250280301, 11001031500020250257101.

40. Al respecto, el Tribunal hizo el siguiente análisis probatorio para concluir que la
demandante no acreditó el daño moral:

[…] el expediente carece de testimonios, certificaciones, constancias o documentos que
muestren que la demandante intentó acceder a un servicio de salud y le fue negado; que
pretendió realizar una operación financiera o laboral y encontró un obstáculo; que adelantó
trámites migratorios y fue requerida o sancionada; o que fue objeto de investigaciones
penales o administrativas por falsa identidad. Tampoco se allegó prueba de dificultades
académicas o afectaciones a su vida familiar o laboral atribuibles al acto administrativo.

De igual manera, no existe acreditación mínima de afectaciones subjetivas o emocionales
derivadas de la privación de su identidad jurídica. La jurisprudencia de la Sección Tercera
ha insistido en que el daño debe ser cierto, personal y demostrado. Ninguno de estos
elementos se satisface en el presente asunto.

Ahora bien, el apoderado de la parte actora allegó al expediente la sentencia de reemplazo
proferida el 11 de julio de 2025 por la Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en un caso con hechos similares. En ella se declaró la responsabilidad
estatal y se concedieron perjuicios morales, bajo la consideración de que el acto
administrativo que canceló el registro civil y la cédula de la demandante en dicho asunto,
eran suficientes para acreditar el daño.

Sin embargo, dicha decisión no constituye precedente vinculante para esta Sala, pues no
corresponde a una sentencia de unificación ni fija una regla jurisprudencial obligatoria. Se
trata de un fallo de otra subsección que, pese a concernir a un asunto similar, no se torna
en vinculante para esta Sala, no tiene carácter de precedente horizontal, y corresponde a
una decisión de una sala o juez plural diverso que, en ejercicio de su autonomía e
independencia, estimó procedente acceder parcialmente a las pretensiones, decisión de la
que, no sobra reiterar, se aparta este estrado.

Aunado a ello, la Sala advierte que la propia sentencia de tutela del Consejo de Estado —
radicado 11001-03-15-000-2025-02811-00— examinó un caso resuelto por la misma
Subsección B y concluyó que allí se incurrió en defecto fáctico por reconocer perjuicios sin
valorar la prueba, sin acreditar la existencia, intensidad o consecuencias del daño moral, y
desconociendo los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada.
12

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Accionante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
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Esa advertencia del máximo órgano de la jurisdicción Contencioso Administrativo refuerza
la necesidad de que en este asunto la decisión se adopte exclusivamente sobre la base del
material probatorio obrante en el expediente y conforme a los criterios jurisprudenciales
vigentes, evitando incurrir en el mismo defecto fáctico advertido por el Consejo de Estado.

En consecuencia, la Sala concluye que no se encuentra acreditado el daño antijurídico
alegado, razón por la cual no es posible imputar responsabilidad patrimonial a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, siendo procedente confirmar la decisión de primera
instancia y, en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda.

41. Las sentencias evocadas por la actora como precedente pueden clasificarse en cuatro

grupos: (i) decisiones del Consejo de Estado como juez natural, (ii) decisiones del
Consejo de Estado como juez de tutela, (iii) decisiones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y (iv) decisiones de los Juzgados 65 y 66
Administrativos de Bogotá.

42. A partir de una interpretación armónica y sistemática de la Constitución Política,
particularmente el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, la Corte
Constitucional22 ha entendido que el juez está atado a sus decisiones -precedente
horizontal- y, en específico, a las de sus superiores jerárquicos -precedente vertical- para
fallar casos similares.

43. Esta Corporación ha reconocido que el concepto de precedente no puede confundirse

con el de doctrina probable, que se fundamenta en un número plural de decisiones que
ratifican una línea jurisprudencial, pues basta una sola providencia en la que se
especifique una regla o subregla de derecho respecto de un asunto determinado que
guarda una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos23. No obstante, ha precisado
que «el precedente, como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, es la ratio -regla o subregla de
derecho- empleada en un caso para fallar unos determinados supuestos de hecho y/o de derecho puestos
a su conocimiento. La ratio es el principio, la regla o razón general que constituyen la base de la decisión
judicial y que proyecta sus efectos en la parte resolutiva» 24.

44. El precedente puede clasificarse en dos categorías: (i) el precedente vertical, el cual

hace referencia a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad
encargada de unificar la jurisprudencia; y (ii) el precedente horizontal, que se refiere a las
decisiones proferidas por el mismo tribunal o, incluso, por el mismo funcionario.

45. Por un lado, esta Corporación ha señalado, sobre el precedente vertical, que:

22
Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23
Consejo de Estado, sentencia del 5 de febrero de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2014-01312-01, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; sentencia del 11 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03358-00, C.P. Rocío Araujo Oñate.
24
Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03358-00, C.P. Rocío Araujo Oñate.
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[…] ha de entenderse que la capacidad para crear normas adscritas o subreglas, en razón
de nuestra tradición y el carácter jerarquizado del sistema de administración judicial solo
puede provenir, como se ha dicho, de los órganos de cierre en las distintas jurisdicciones
como una consecuencia de las funciones a ellos asignada por la Constitución […].

En ese sentido, si bien los jueces de inferior jerarquía al ejercer su función deben hacer
interpretaciones que hagan compatible su decisión con los valores, principios y derechos que
consagra la Constitución, en razón del carácter normativo y vinculante, ello no significa que
éstos, como sí sucede con los Altos Tribunales, tengan la facultad para crear interpretaciones
vinculantes que tengan la vocación de integrar el orden jurídico junto a la ley - en sentido
formal -, es decir, normas en sentido material que, por tanto, generen el deber de garantizar
su aplicación uniforme a efectos de preservar el principio de igualdad, garantizar la certeza
• fin del derecho - y la seguridad jurídica, que permitan, por demás, mantener la coherencia
en el ordenamiento.

46. Esto lleva a la Sala a concluir que los jueces están atados al precedente que surge de

las decisiones de sus superiores jerárquicos o las autoridades que unifican la
jurisprudencia, cuando ellos han fijado una subregla o norma de adscripción, porque
generan reglas que pasan a hacer parte del orden jurídico, es decir, que en sentido
material resultan obligatorias en otros casos con supuestos de hecho similares. Por lo
tanto, en el sub lite, es necesario descartar, de entrada, cualquier pretensión de respeto
de un supuesto precedente que ate al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a lo
decidido por los jueces administrativos de Bogotá25, los cuales son inferiores funcionales
frente al tribunal, y en nada lo obligan a seguir las reglas de derecho fijadas en sus
decisiones.

47. En el primero de los grupos de decisiones antes descritos, están las sentencias del 28

de agosto de 2014 (Rad. 31172) y el 24 de enero de 2011 (Rad. 18190). Al respecto,
tales fallos difieren evidentemente de los supuestos de hecho planteados en este caso,
pues, se refieren, respectivamente, a los perjuicios morales derivados de lesiones
personales sufridas por soldados voluntarios, y a los padecidos por personas privadas
injustamente de su libertad. En consecuencia, no es posible extender las reglas
probatorias ahí expuestas a un caso disímil de cancelación de cédula de ciudadanía como
el estudiado en la sentencia del 3 de diciembre de 2025, para el cual el Consejo de Estado
no ha fijado reglas específicas que liberen al demandante de la carga de probar el daño
alegado, como lo exige el artículo 167 del Código General del Proceso.

48. En segundo lugar, las sentencias del Consejo de Estado proferidas en el marco de

25
En los procesos con radicado 11001-33-43-059-2023-00387-00, 11001-33-43-062-2023-00396-00, 11001-33-36-034-2023-00383-
00, 25000-23-36-000-2024-00388-00, 11001-33-36-037-2023-0039-00, 11001-33-43-058-2023-00375-00, 11001-33-43-060-2023-
00380-00, 11001-33-43-060-2023-00383-00, 11001-33-43-060-2023-00385-00, 25000-23-36-000-2024-00216-00, 11001-33-36-038-
2023-00392-00, 11001-33-43-066-2023-00374-00, 25000-23-36-000-2024-00121-00, 11001-33-36-035-2023-00391-00, 11001-33-
36-034-2023-00379-00, 11001-33-36-037-2023-00384-00, 11001-33-36-036-2023-00380-00, 11001-33-43-061-2023-00385-00,
11001-33-43-058-2023-00371-00, 11001-33-43-058-2023-00372-00, 11001-33-36-036-2023-00381-00, 11001-33-36-034-2023-
00380-00, 11001-33-43-061-2023-00382-00.
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acciones de tutela tampoco constituyen un precedente vinculante, pues las reglas ahí
fijadas tienen efectos inter partes, es decir, no resultan extensibles a sujetos distintos a
las partes del proceso en el que se profirió la providencia.

49. Finalmente, vale la pena aclarar que todas las decisiones del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca invocadas por la parte actora provienen de la Subsección B de la
Sección Tercera, y no de la Subsección C, autoridad que profirió la decisión atacada. En
consecuencia, no es cierto que pueda predicarse un precedente horizontal, pues, como
lo ha aclarado el Consejo de Estado, «la Sala de decisión no estuvo conformada por los mismos
Magistrados, por ende, no se puede predicar vulneración al derecho fundamental a la igualdad» 26. Es

decir que, la posibilidad de que diferentes subsecciones tengan una postura distinta en
una misma materia se predica de la independencia judicial de que gozan los jueces, y
ello no constituye un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente o una
vulneración del derecho a la igualdad.

50. En ese orden, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se

apartó injustificadamente del precedente judicial invocado por la accionante, sino que
expuso las siguientes razones: «no constituye precedente vinculante para esta Sala», por cuanto,
«no corresponde a una sentencia de unificación ni fija una regla jurisprudencial obligatoria», y, además,

se trata de «un fallo de otra subsección» que «no tiene carácter de precedente horizontal». En
consecuencia, concluyó que la decisión debía adoptarse «exclusivamente sobre la base del
material probatorio obrante en el expediente y conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes» por lo

que, «no se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado». Por ello, a la luz de lo expuesto en
esta providencia, la explicación ofrecida por el tribunal resulta razonable y suficiente, de
manera que no se configura el defecto sustantivo alegado.

51. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa

el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

III. DECISIÓN

52. Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción de

tutela de la referencia, la actora no demostró que la providencia del 3 de diciembre de
2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2028, Rad. 11001-03-15-000-2017-02747-01.
15

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Cundinamarca, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, es menester negar el amparo solicitado.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, de acuerdo con la parte motiva del fallo.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad,
personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y nacionalidad
invocados por la señora Dana Cecilia Brito Chiquillo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

16

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