Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02571-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02571-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02571-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02571-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
privación arbitraria de la nacionalidad / Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Revocar la decisión del a quo, y negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Registraduría Nacional del Estado
Civil, en contra de la sentencia proferida el 16 de junio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de
amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. La Registraduría Nacional del Estado Civil promovió solicitud de tutela con el
fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró
vulnerado con ocasión de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001- 33-43-062-
2023-00180-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. Estefany Paola Cervantes en ejercicio del medio de control de reparación
directa presentó demanda en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con la finalidad de que se le declarara responsable por los perjuicios causados con
ocasión de la expedición de la Resolución 14455 del 25 de noviembre de 2021, por
1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada
«1_DemandaWeb_Demanda_020525Tutelacontrafa(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
la cual se anuló su registro civil de nacimiento y se le canceló su cédula de
ciudadanía.
2.2. El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá, en sentencia del 7 de
junio de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó
el daño alegado, ante la ausencia de soporte probatorio que lo acreditara. En contra
de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
en sentencia del 29 de noviembre de 2024 revocó la decisión del a quo al considerar
que se acreditó el daño antijurídico sufrido por la demandante, pues, si bien no se
probaron específicamente los perjuicios alegados, como la falta de acceso a salud,
la imposibilidad de trabajar o la pérdida de sus derechos políticos, el hecho de privar
a una persona de la nacionalidad implica la desaparición de su existencia jurídica,
pues la nacionalidad, como derecho fundamental, representa el vínculo legal entre el
individuo y el Estado.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico, ante la ausencia de respaldo probatorio al momento de
realizar liquidación de perjuicios morales.
2.4.1. En desconocimiento del precedente judicial al extender sin justificación la
presunción de perjuicios morales a situaciones no previstas por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la cual solo se ha establecido para casos tales como el
fallecimiento por hechos imputables al Estado y para víctimas de lesiones personales,
privación injusta de la libertad y desaparición forzada.
2.4.2. Así, como el relacionado con el reconocimiento de perjuicios por vulneraciones
a bienes o derechos constitucional o convencionalmente protegidos, comoquiera que
la jurisprudencia ha establecido los criterios que el juez debía tener en cuenta al
analizarlos, con el propósito de evitar una doble reparación, tales como, que la
afectación fuera antijurídica y que, en caso de ordenarse una indemnización
excepcional, no se encontrara comprendida dentro de los perjuicios materiales o
inmateriales ya reconocidos.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. Se AMPARE el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia del 29 de noviembre de 2024 proferida
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B – en el marco del proceso de reparación directa dentro del expediente
110013343062- 2023-00180-01 […]». (sic)
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1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá2
si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de
amparo.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y Estefany Paola Cervantes Morales guardaron silencio.
1.3 . Sentencia de primera instancia3
6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia 16 de
junio de 2025 declaró improcedente el amparo solicitado al no satisfacer el requisito
general de la relevancia constitucional por falta de carga argumentativa, pues la
verdadera intención fue convertir el amparo en una instancia adicional.
6.1. En cuanto al defecto fáctico, consideró que la verdadera inconformidad radicó
en la aplicación de la presunción de perjuicios morales, frente a lo cual, la
jurisprudencia la ha definido como una inferencia lógica basada en hechos probados,
que permite tener por cierto uno sin necesidad de probarlo directamente, lo cual se
evidenció en la decisión acusada.
6.2. Frente al desconocimiento del precedente judicial no se identificó una decisión
aplicable, comoquiera que se limitó a señalar que el Consejo de Estado había
reconocido la presunción de perjuicios morales solo en ciertas circunstancias, para
lo cual citó como eje una sentencia del 28 de agosto de 2014, sin justificar la analogía
con el caso concreto. Igual situación, respecto del argumento relacionado con que la
indemnización excepcional reconocida no puede estar comprendida en los perjuicios
morales reconocidos.
6.3. Así, la decisión del tribunal demandado fue razonable, la cual se basó en las
reglas establecidas en la sentencia del 14 de septiembre de 2011, reiteradas en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, en las que se reconoció una
tercera categoría de daños inmateriales autónomos por afectaciones a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos.
1.4. El escrito de impugnación4
7. La Registraduría Nacional del Estado Civil impugnó la sentencia de primera
instancia al insistir en la relevancia constitucional del asunto, al incurrirse defecto
2 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «11RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_1552025zi(.zip)
NroActua 9».
3 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «14Sentencia_20250257100REGISTRAD(.pdf)
NroActua 13».
4 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «16_MemorialWeb_Recurso-Impugnaciontutela(.pdf)
NroActua 17».
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fáctico y en desconocimiento del precedente judicial sobre la regla de la presunción
de los perjuicios morales, toda vez que:
7.1. El Consejo de Estado en jurisprudencia unificada reconoció que la presunción
del daño moral solo se aplica en ciertos casos, tales como el fallecimiento atribuible
al Estado, lesiones personales, privación injusta de la libertad y desaparición forzada,
tal como lo reconoció en sentencia de tutela del 26 de septiembre de 20125.
7.2. Aunque el precedente citado no surgió de un caso relacionado con la
cancelación de una cédula de ciudadanía, sí resolvió acerca de la improcedencia de
reconocer perjuicios morales bajo presunción en escenarios no contemplados
previamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
7.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca intentó extender dicha presunción
a una situación no reconocida por el Consejo de Estado; es decir, más allá de si el
hecho dañoso se originó por la cancelación de un documento o por la exigencia de
un examen académico, el aspecto relevante radicaba en la indebida aplicación de
una presunción no autorizada jurisprudencialmente.
7.4. En sentencia del 22 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera
sostuvo que la cancelación de un documento de identidad no se encontraba dentro
de las excepciones jurisprudenciales que admiten la presunción. Se concluyó que
dicha situación no generaba, por sí sola, una afectación moral presumible, por lo que
correspondía al demandante acreditar con pruebas la existencia de un daño
susceptible de reparación, por lo que se negó el reconocimiento de perjuicios
morales.
7.5. Esta línea jurisprudencial se fundamentó en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, en la cual la Sección Tercera de la corporación estableció criterios
para la tasación de perjuicios morales. Posteriormente, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-671 de 2017 reafirmó que, conforme a la jurisprudencia contencioso-
administrativa, el juez debía determinar estos perjuicios con base en su arbitrium
judicis, ya que la indemnización se otorgaba a título de compensación y no de
restitución o reparación. Por ello, la tasación se sustentó en el principio de equidad,
de acuerdo con las pruebas contenidas en el expediente.
7.6. Se desconoció la regla relacionada con el reconocimiento de vulneraciones a
bienes o derechos constitucional o convencionalmente protegidos, contenida en la
sentencia de unificación proferida el 14 de septiembre de 2011 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, en la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones debe
ser reconocida como una tercera categoría, pues, estos daños inmateriales son
autónomos y diferenciados de los perjuicios morales, cuyo reconocimiento implica la
aplicación de reglas específicas para evitar una doble reparación.
5 Radicado 11001-03-15-000-2012-01461-00.
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7.7. Se omitió una valoración probatoria, la cual se reemplazó por afirmaciones o
presunciones. Por lo que la falta de pruebas que sustentaran elementos claves del
fallo, como la responsabilidad o la cuantificación de perjuicios, rompió los mínimos
estándares de razonabilidad e imparcialidad judicial.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales13.
15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
16. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil con ocasión
de la sentencia del 29 de noviembre de 2024, a través de la cual, en segunda
instancia, accedió a las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de la
anulación del registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de Estefany Paola
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Cervantes y le reconoció perjuicios morales motivados en un presunción, con la que
incurrió, al parecer, en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
17. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
18. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
19. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional14, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
20. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»15, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»16. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»17.
21. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
22. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
16 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
17 Sentencia T-538 de 1994.
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normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
24. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
25. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
26. La Registraduría Nacional del Estado Civil acude al juez de tutela con el fin de
que se amparara su derecho fundamental al debido proceso, y en consecuencia, se
dejara sin efectos la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual,
en segunda instancia, accedió a las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de la anulación del registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de
Estefany Paola Cervantes.
27. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre las reglas de: i) la presunción de los perjuicios morales; ii)
la necesidad de elementos probatorios que permitan tazar su monto; y iii) el
reconocimiento de vulneraciones a bienes o derechos constitucional o
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convencionalmente protegidos. Así como en defecto fáctico, ante la ausencia de
elementos de prueba que respaldaran el reconocimiento de los daños morales.
28. Al respecto, para la Sala es importante aclarar que los mencionados defectos
van a ser estudiados en conjunto, ya que ambos se dirigen a controvertir el análisis
probatorio y jurisprudencial efectuado por la autoridad judicial demandada al
momento de reconocer los perjuicios morales.
29. Para mayor claridad de asunto, la Sala recuerda que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en encontró acreditado el daño
ocasionado a Estefany Paola Cervantes Morales con ocasión de la privación arbitraria
de su nacionalidad, lo cual no fue objetado. Ahora, en cuanto el reconocimiento de
los perjuicios morales y por violación de bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, consideró:
«[…] 4.3. Perjuicios en el caso concreto
En este caso la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios inmateriales en la
modalidad de daño moral en la suma de 70 SMLMV y la implementación de medidas de
satisfacción en atención a la vulneración al buen nombre y honra de este.
Al efecto, cómo quiera que no se probó el daño al bueno nombre y/o la honra de la
demandante, no habrá lugar a indemnización de estos bajo ninguna medida, y se
procederá a estudiar la causación y tasación del perjuicio moral deprecado.
4.3.1. DAÑO MORAL
De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño moral alude al “el
plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a
consecuencia de la lesión a un bien”. Este daño tiene existencia autónoma y se configura
una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o
determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente
tutelado”18
En cuanto a la prueba de la existencia de este perjuicio, se ha considerado que los
perjuicios morales se presumen tanto en la víctima directa como en los parientes de esta,
cuando se logra acreditar el parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad19 y
primero civil, es decir, respecto de los padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y
de su cónyuge o compañero(a) permanente.
Como quiera que para los hechos materia de estudio en esta litis no existen parámetros
unificados que guíen la cuantificación de los perjuicios morales. La Sala atendiendo a lo
señalado por el Consejo de Estado20, acudirá a la valoración judicial de los hechos y
pruebas del expediente (arbitrio juris), así como a los principios de reparación integral y
18 Sentencia del 30 de junio de 2011, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, expediente 19001-23-31-000-1997-04001-01(19836), C.P. Danilo Rojas Betancourth
19 Sentencia del Consejo de Estado del 30 de junio de 2011, Consejero Ponente Danilo Rojas
Betancourth. “Cuando (sic) ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales
en los parientes del afectado, esta Corporación ha considerado que el hecho de que esté
acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad8 y primero civil, esto es, respecto de los
padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente”
(Negrilla fuera de texto).
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de agosto de 2023, exp No. 51.428 acumulado al 51.406
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equidad para reparar y cuantificar el perjuicio, a la luz de las condiciones propias del caso
concreto y las demás pruebas obrantes al plenario. […]
Así las cosas, si bien en el plenario se probó únicamente la privación arbitraria de la
nacionalidad colombiana de la demandante, lo cierto es que de conformidad con los
parámetros internacionales y jurisprudenciales previamente citados, este solo hecho
conlleva la privación de la existencia jurídica del demandante así como el disfrute de sus
derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, entre otras ya reseñadas.
En consecuencia, ante la privación arbitraria de la nacionalidad sufrida por la demandante
entre el 4 de enero de 2022 y el 9 de junio de la misma anualidad, daño que le genero la
pérdida de su vínculo jurídico con el Estado Colombiano y la congoja y sufrimiento que
esto puede acarrear para cualquier persona, la Sala considera pertinente indemnizar el
perjuicio sufrido por daño moral a la señora Estefany Paola Cervantes Morales como
víctima directa en la cuantía de 20 SLMLMV al momento de la ejecutoría de esta
providencia.
VIOLACIÓN DE BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE
PROTEGIDOS.
En este punto, precisa la Sala que, si bien no se realizaron pretensiones de medidas de
reparación de este tipo de daños, lo cierto es que no se puede desconocer que la
actuación de la entidad demandada, causó una violación a derechos constitucional y
convencionalmente protegidos como lo son el derecho a la personalidad jurídica y a la
nacionalidad, con las consecuencias que ello acarrea.
Al respecto, recuerda la Sala que, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
Expediente 32.988, se precisó sobre la reparación del daño a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados lo siguiente:
[…]15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos: i) El objetivo
de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus
derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los
bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b)
lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que
la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar
de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que
ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes
o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar […]
vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual
como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones
que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en
los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones
relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la
necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las
víctimas.
Así las cosas, como quiera que la indemnización de este tipo de daños también opera de
forma oficiosa cuando se encuentren acreditados como en el caso concreto, considera
pertinente la Sala, reconocer en favor de la señora Estefany Paola Cervantes Morales por
la afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como sus derechos
fundamentales a la personalidad jurídica y la nacionalidad, el valor de 20 SMLMV […]».
(sic)
30. A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde con las circunstancias que rodearon la privación arbitraria de la
ciudadanía de Estefany Paola Cervantes Morales, así, una vez acudió a una
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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
«valoración judicial de los hechos y pruebas del expediente (arbitrio juris), así como a los
principios de reparación integral y equidad para reparar y cuantificar el perjuicio con la
jurisprudencia aplicable en caso de liquidación de perjuicios morales, así como por violación
de bienes constitucional y convencionalmente protegidos», concluyó que en el caso bajo
estudio era procedente una indemnización en los términos concedidos.
31. Por otra parte, si bien es cierto la jurisprudencia solo se ha pronunciado en
casos particulares respecto de la presunción del daño moral, no por ello, se puede
desconocer el análisis efectuado por el tribunal demandado de cara a las
particularidades propias del asunto cuestionado, en el ejercicio de la autonomía
judicial que le asiste, y más, cuando se encontró acreditada la responsabilidad de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en el daño antijurídico alegado, pues ello
implicaría desconocer lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual
es claro en establecer:
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento
de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél
deberá repetir contra éste.
32. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial ni en defecto fáctico, debido a que fue
proferida de conformidad con las normas y jurisprudencia que consideró aplicable al
caso y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, del
cual se acreditó el daño antijurídico alegado endilgable al Estado, lo cual conllevó al
reconocimiento de perjuicios morales y aquellos originados, adicionalmente, por la
violación de bienes constitucional y convencionalmente protegidos como lo son el
derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Conclusión esta última, que no
puede depender solo de lo que ha definido la jurisprudencia, sino en concordancia
con el análisis que el juez natural del asunto pueda hacer de cara a las
particularidades del caso en concreto, el cual debe estar debidamente motivado.
33. En esas condiciones, en razón a que lo que existe es una inconformidad con
el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía
tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad
judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada,
se impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
32. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
3. Conclusión
33. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la sentencia
del a quo para, en su lugar, negar el amparo del derecho fundamental al debido
proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 16 de junio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo del derecho
fundamental al debido proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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