Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01193-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Ausencia de los defectos de decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución Política.
Decisión: Confirma negativa de amparo
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 24 de marzo de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda de
esta corporación, mediante la cual negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 17 de febrero de 2026, Dana Cecilia Brito Chiquillo, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, personalidad jurídica, libre
desarrollo de la personalidad, debido proceso y nacionalidad.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 3 de diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con
radicado 11001-33-36-031-2023-00103-01, para, en su lugar, emitir una nueva
decisión que se ajuste a la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad y la
jurisprudencia nacional e internacional; y, en caso de no estar de acuerdo con
dichos pronunciamientos, cumplir las cargas de transparencia y argumentación
exigidas por la Corte Constitucional. Además, se realice una valoración probatoria
integral, garantizando así su derecho a una decisión judicial fundada en derecho.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante
afirmó que nació en la República Bolivariana de Venezuela, pero adquirió la
nacionalidad colombiana por filiación materna, al ser su madre nacional de
Colombia.
4. La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), a través de la
Resolución No. 7300 de 2021, estableció el procedimiento conjunto de anulación de
registros civiles de nacimiento por las causales formales del artículo 104 del Decreto
1260 de 1970 y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa
identidad. Con base en dicho procedimiento, la entidad mencionada, por medio de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
la Resolución núm. 14642 del 25 de noviembre de 2021, anuló el registro civil de
nacimiento y, por tanto, canceló la cédula de ciudadanía de la señora Brito Chiquillo
por falsa identidad (así como los de otras personas).
5. La parte accionante presentó una acción de tutela que llevó a que la
Registraduría revocara, por las causales previstas en los numerales 1 y 3 del
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, parcialmente su propio acto administrativo,
mediante la Resolución núm. 25836 del 20 de septiembre de 2022, en la que
reconoció que la resolución derogada contrariaba la Constitución o la ley y causó
un agravio injustificado, en tanto que la señora Brito Chiquillo acreditó ser hija de
una nacional colombiana.
6. Por la anterior situación, la actora instauró demanda de reparación directa
en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) para que se le
declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios
causados con ocasión de la expedición de la Resolución No. 14642 del 25 de
noviembre de 2021. Para soportar su demanda, la demandante manifestó que,
mientras la cédula de ciudadanía perdió vigencia, estuvo expuesta a que la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia ordenara su expulsión, por encontrarse
en situación migratoria irregular en el país, así como al riesgo de no poder acceder
a atención a salud y a trabajo formal.
7. El 5 de agosto de 2024, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó que el daño fuera
personal y cierto, puesto que si bien el acto administrativo mencionado adquirió
ejecutoria el 4 de enero de 2022, no lo es menos que no se demostró que la misma
hubiese producido efectos jurídicos entre el 4 de enero y el 19 de septiembre de
2022, hasta la expedición de la Resolución No. 25836 del 20 de septiembre de 2022.
8. En desacuerdo con la anterior decisión, el extremo activo interpuso recurso
de apelación, en el que indicó que la revocatoria de la Resolución No. 14642 basta
para acreditar la existencia de un daño moral subjetivo directo, toda vez que, en
virtud de las máximas de la experiencia, la anulación de la resolución implica la
pérdida automática de la nacionalidad, la imposibilidad de ejercer derechos
políticos, restricciones al acceso a salud, educación y trabajo, y el riesgo de
deportación o sanciones por permanecer de forma irregular en el territorio.
9. El 3 de diciembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera
instancia, al no encontrar acreditado que la Resolución 25836 de 2022, mediante la
cual se revocó el acto que había anulado el registro civil y cancelado la cédula de
ciudadanía de la demandante, constituía por sí misma un elemento suficiente para
acreditar la existencia del daño alegado.
10. Además, sostuvo que en el expediente no existen testimonios
certificaciones, constancias o documentos que demuestren que la demandante
intentó acceder a un servicio de salud y le fue negado, que pretendió realizar una
operación financiera o laboral y encontró un obstáculo, que adelantó trámites
migratorios y fue requerida o sancionada, o que fue objeto de investigaciones
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
penales o administrativas por falsa identidad, de manera que no se acreditó una
afectación subjetiva o emocional derivada de la privación de su identidad jurídica.
11. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la
sentencia dictada el 3 de diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto fáctico, al
desconocer el alcance decisivo de una prueba determinante, como lo es la
Resolución No. 25836 de 2022, mediante la cual la Registraduría Nacional del
Estado Civil reconoció la ilegalidad del acto inicial (Resolución No. 14642 de 2021)
y la afectación concreta de derechos y, en esa medida, esta implicaba el
reconocimiento de la responsabilidad del Estado, pues «conlleva el reconocimiento
del agravio injustificado, [lo cual constituye] la admisión expresa de un daño».
12. Adicionalmente, aseguró que la sentencia cuestionada impuso la exigencia
de acreditar «sentimientos individuales como el miedo o la angustia, constituyendo
una carga probatoria innecesaria», pues el Tribunal, conforme a lo dispuesto en la
providencia censurada, ya había reconocido tales afectaciones como consecuencia
directa de la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula
de ciudadanía. Agregó que la anterior conclusión se refuerza con la jurisprudencia,
que ha establecido la presunción del daño moral en casos de vulneración de
derechos, así como cuando se admite la responsabilidad del Estado.
13. De otro lado, expresó que se configuró la causal de defecto sustantivo,
comoquiera que existe una «evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión», pues la decisión no guarda coherencia con lo argumentado por el
Tribunal, cuando indicó que la accionante, con la expedición de la Resolución No.
14642 del 25 de noviembre de 2021, se vio expuesta a una situación jurídica
irregular derivada de la anulación de su registro civil y de la cédula de ciudadanía,
sin embargo, concluyó que no se demostró una afectación real, concreta y
comprobable. Agregó que dicha contradicción revela la ausencia de motivación, que
ha sido reconocida por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-380 de 2021, al
sostener que la motivación de las providencias judiciales debe ser clara, completa
y congruente, pues de lo contrario se vulnera el derecho al debido proceso.
14. Asimismo, manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó
«injustificadamente» del precedente judicial contenido en (i) las sentencias del
Consejo de Estado, por medio de las cuales se habría establecido que el daño moral
se presume en casos de violaciones graves de derechos fundamentales, en
atención a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y (iii)
decisiones de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1, la Sección Tercera del Consejo de Estado2 y los Juzgados 65 y 66
Administrativos de Bogotá3 en los que concluyeron que la Resolución que cancela
la cédula de ciudadanía sí es prueba suficiente del daño moral.
1 Radicados No. 11001-33-36-031-2023-00093-01, 11001-33-36-031-2023-00123-01, 11001-33-36-033-2024-
00001-01, 11001-33-43-059-2023-00291-01, 11001-33-43-062-2023-00180-01, 11001-33-43-059-2023-00099-
01, 11001-33-43-062-2023-00186-01, 11001-33-43-066-2023-00197-01, 11001-33-43-062-2023-00292-01,
11001-33-43-059-2023-00099-01 y 11001-33-43-066-2023-00197-01.
2
Radicados No. 11001-03-15-000-2025-02573-01, 11001-03-15-000-2025-02803-01, 11001-03-15-000-2025-
02571-01 y 11001-03-15-000-2025-02799-01.
3 Radicados No. 11001-33-43-065-2023-00243-00 y 11001-33-43-066-2023-00197-00.
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
15. Asimismo, indicó que la autoridad accionada desconoció «de manera
flagrante» las Sentencias T-183 de 2023 y T-419 de 2023, en las cuales la Corte
Constitucional estableció la responsabilidad del Estado como consecuencia de la
anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de ciudadanía,
y reconoció la afectación de derechos similares a los que hoy alega vulnerados.
16. Por último, manifestó que se configuró la causal de violación directa de la
Constitución Política, debido a que el Tribunal negó la existencia de un daño
resarcible y desconoció la protección reforzada que la Constitución y la
jurisprudencia le otorgan a esos derechos, ya que, en su criterio, la sola expedición
y eficacia de la resolución lesiva prueba la configuración del daño antijurídico.
Intervenciones4
17. El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá solo remitió copia digital del
expediente reparación directa, en cumplimiento de lo ordenado en el auto admisorio
de la acción de la referencia; sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento frente
a los hechos expuestos en el escrito de tutela.
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca afirmó que la acción de tutela no puede emplearse como un
mecanismo para controvertir una decisión judicial que fue adoptada con pleno
respeto de las garantías procesales, tales como el debido proceso y, además, la
parte demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y
contradicción en ambas instancias.
19. Adicionalmente, resaltó que la solicitud de amparo tiene un carácter
excepcional y restrictivo, por lo que no puede utilizarse como una tercera instancia
para reabrir debates jurídicos ya resueltos, salvo que se acredite de manera clara y
específica la configuración de una causal de procedencia, como lo es el defecto
sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental; las cuales no se configuran en el
presente asunto, dado que la providencia cuestionada se fundamentó en una
interpretación razonable del ordenamiento jurídico, en la valoración adecuada del
material probatorio y en la aplicación coherente de los precedentes
jurisprudenciales pertinentes. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia.
20. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que en el contexto de sus
competencias y funciones constitucionales y legales no tiene injerencia en
decisiones que tomen en derecho los jueces y magistrados de la República. Por
tanto, solicitó su desvinculación ante la ausencia de legitimación en la causa por
pasiva.
4 El 18 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Juzgado 31
Administrativo de Bogotá.
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Sentencia impugnada
21. El 24 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado, para lo cual, en primer lugar, explicó
que el desconocimiento del precedente tiene 2 modalidades (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional; y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial. Así, frente al caso concreto, explicó que los jueces solo están
obligados a seguir las decisiones de sus superiores jerárquicos o de órganos de
unificación, por lo que la autoridad accionada no debía acatar providencias de
jueces administrativos de Bogotá por ser inferiores funcionales
22. Adicionalmente, en relación con las sentencias del 28 de agosto de 2014
(Rad. 31172) y el 24 de enero de 2011 (Rad. 18190), precisó que estos fallos difieren
evidentemente de los supuestos de hecho planteados en este caso, pues, se
refieren, respectivamente, a los perjuicios morales derivados de lesiones personales
sufridas por soldados voluntarios, y a los padecidos por personas privadas
injustamente de su libertad, por lo que no era posible extender los lineamientos allí
trazados para un caso de cancelación de cédula de ciudadanía como el estudiado
en la sentencia del 3 de diciembre de 2025, para el cual el Consejo de Estado no
fijó reglas específicas que liberen al demandante de la carga de probar el daño
alegado, como lo exige el artículo 167 del Código General del Proceso.
23. Asimismo, indicó que los fallos de tutela tampoco constituyen un precedente
vinculante, pues las reglas ahí fijadas tienen efectos inter partes, es decir, no
resultan extensibles a sujetos distintos a las partes del proceso en el que se profirió
la providencia. Finalmente, en cuanto a las decisiones del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca invocadas, advirtió que estas no constituyen precedente
horizontal, pues la Sala de decisión no estuvo conformada por los mismos
Magistrados; por ende, la posibilidad de que diferentes subsecciones tengan una
postura distinta en una misma materia se predica de la independencia judicial de
que gozan los jueces, y ello no constituye un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente o una vulneración del derecho a la igualdad. En
ese orden de ideas, concluyó que la autoridad accionada no se apartó
injustificadamente del precedente judicial invocado por la accionante.
24. De otra parte, se observa que el fallador de primer grado negó la solicitud
de desvinculación formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
estimar que le asistía interés en la causa, toda vez que actuó como parte
demandada en el proceso de reparación directa, cuya providencia hoy se discute.
Impugnación
25. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
sostuvo, en primer lugar, que esta incurrió en defecto sustantivo al avalar la decisión
del Tribunal de negar la responsabilidad patrimonial bajo el argumento de que la
sola vigencia de la resolución que anuló su registro civil y canceló su cédula de
ciudadanía no era suficiente para acreditar el daño antijurídico.
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
26. Indicó que la providencia exigió la demostración de consecuencias externas
concretas, tales como negativas en la prestación de servicios de salud, obstáculos
laborales, requerimientos migratorios, investigaciones administrativas o
afectaciones emocionales debidamente documentadas, para reconocer la
existencia del perjuicio. A su juicio, ello condujo a la aplicación de una regla jurídica
inexistente en el ordenamiento constitucional, consistente en que la afectación
derivada de la anulación del registro civil y la cancelación de la cédula solo adquiere
relevancia jurídica cuando se acreditan consecuencias adicionales y específicas,
desconociendo que tales medidas afectan por sí mismas derechos fundamentales
vinculados con la identidad y la personalidad jurídica.
27. Adicionalmente, manifestó que, aunque el juez de tutela realizó una
diferenciación entre las decisiones del Consejo de Estado dictadas en sede
ordinaria o de tutela y las sentencias de los juzgados administrativos de Bogotá,
omitió reconocer que el precedente verdaderamente relevante era el constitucional.
Al respecto, señaló que la Corte Constitucional en las Sentencias T-421 de 2017, T-
155 de 2021, T-183 de 2023 y T-419 de 2023, indicó que el registro civil constituye
un instrumento esencial para el reconocimiento de la personalidad jurídica, y que la
ausencia de certeza o de documentación que permita acreditar los derechos de una
persona la sitúa en una condición de grave indeterminación jurídica. Asimismo,
precisó que dicha jurisprudencia ha reconocido que los procedimientos de anulación
del registro civil y cancelación de la cédula producen repercusiones significativas
sobre la vida jurídica y material de los afectados, al comprometer su posibilidad de
acreditarse como nacionales y como titulares de derechos frente al Estado.
28. Igualmente, sostuvo que se configuró la causal de violación directa de la
Constitución Política, al considerar que la sentencia cuestionada validó una
interpretación que minimiza el alcance de los derechos fundamentales consagrados
en los artículos 1, 14, 16, 29 y 96 superiores, al sostener que la anulación del registro
civil y cancelación de la cédula no constituyen daño si no se prueba, por ejemplo, la
negativa de acceso a servicios, la pérdida de oportunidades concretas o la
demostración independiente de afectaciones emocionales, de manera que tratar
esa afectación como si no existiera mientras no se prueben equivale a vaciar el
contenido material de los mencionados.
29. Finalmente, afirmó que la sentencia no fue motivada de forma suficiente,
por cuanto no abordó de manera adecuada su argumento central, consistente en
que la anulación del registro civil y la cancelación de la cédula constituyen una
afectación directa e inmediata de la personalidad jurídica, susceptible de generar
por sí misma incertidumbre, zozobra y angustia. Alegó que la providencia confundió
la existencia del daño con la acreditación de algunas de sus manifestaciones,
omitiendo explicar por qué la privación del soporte jurídico y documental de la
identidad no constituye, en sí misma, un daño constitucionalmente relevante, por lo
que no bastaba con indicar la ausencia de testimonios o constancias sobre efectos
externos, sino que era necesario justificar por qué la lesión alegada carecía de
entidad jurídica autónoma, aspecto que, según afirmó, no fue desarrollado en la
decisión impugnada.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
31. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que si bien es cierto que la accionante invocó en el escrito de impugnación las
causales de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, también
lo es que introdujo nuevos planteamientos para sustentar tales cargos, ya que,
frente al primero, formuló una crítica distinta al sostener la supuesta aplicación de
una regla jurídica inexistente; y, frente al segundo, citó algunas providencias que no
fueron traídas a colación en el escrito inicial, esto es, las Sentencias T-421 de 2017
y T-155 de 2021.
32. La anterior situación le impide a la Sala emitir un pronunciamiento de fondo
sobre tales cuestionamientos, en tanto que la impugnación no constituye una
oportunidad para reformular la causa petendi ni para introducir cargos novedosos
que no fueron objeto de controversia en primera instancia. Admitir lo contrario
implicaría transformar la segunda instancia en una nueva oportunidad para plantear
una tutela distinta, desconociendo la estructura procesal propia de este mecanismo
constitucional y desdibujando los límites del debate judicial.
33. Adicionalmente, se repara en que un pronunciamiento sobre estos nuevos
argumentos supondría una afectación directa de los derechos de defensa y
contradicción de la parte accionada, pues aquella no tuvo la oportunidad de
pronunciarse de manera adecuada frente a tales reproches, ya que su intervención
se estructuró en los cargos inicialmente formulados. Máxime si se trata de una tutela
contra providencia judicial, la cual está sujeta al cumplimiento de carga
argumentativa adecuada, con el objeto de no desconocer los principios y valores
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, así como la garantía
procesal de cosa juzgada.
Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia de
primera instancia. En ese sentido, procederá a resolverse, una vez verificados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, si la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos de decisión sin motivación,
violación directa de la Constitución Política, desconocimiento del precedente
judicial, respecto de las sentencias T-183 de 2023 y T- 419 de 2023.
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
35. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, personalidad jurídica, libre desarrollo de la
personalidad, debido proceso y nacionalidad; se argumentaron adecuadamente los
reparos alegados, los cuales fueron encuadrados en los defectos de decisión sin
motivación, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial; y no se trata de un asunto de mera legalidad o carácter
eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa
como pasiva, puesto que la accionante es la titular de las garantías constitucionales
que se invocan como vulneradas, y la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad judicial que profirió la
decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 17 de febrero de 2026, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia del 3 de
diciembre de 20255; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.
36. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos antes mencionados,
en el mismo sentido que lo determinó el juez de primera instancia, la Subsección
procederá a realizar un análisis de fondo frente a los cargos formulados por la parte
actora en el escrito de impugnación y que fueron delimitados en precedencia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
37. La Sala negará el amparo solicitado por la parte actora, al no haberse
estructurado las causales específicas de procedibilidad invocadas, de acuerdo con
los argumentos que a continuación se exponen:
38. La accionante, hoy recurrente, en el escrito de impugnación, afirmó que la
sentencia dictada el 3 de diciembre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca carece de motivación
suficiente, pues no analizó adecuadamente el argumento central según el cual la
anulación de los documentos de identidad constituye por sí misma un daño, al
confundir la existencia del mismo con la prueba de sus manifestaciones y omitir
justificar por qué dicha afectación no tendría entidad jurídica propia. Asimismo,
manifestó que se incurrió en violación directa de la Constitución Política, al darle un
alcance restrictivo a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16,
29 y 96 superiores.
39. Pues bien, se observa que en la providencia reprochada, la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
decisión adoptada por el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá, que negó las
5 La providencia fue notificada por mensaje de datos el 14 de enero de 2026.
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
pretensiones de la demanda. Para fundamentar su decisión, se pronunció frente al
procedimiento de anulación de registros civiles y las consecuencias de esta
anulación, donde sostuvo que «la Corte Constitucional ha insistido en que los
ciudadanos no pueden soportar las cargas derivadas de actuaciones irregulares o
deficientes de la administración, siendo la Registraduría la llamada a prevenir y
corregir las situaciones que ella misma provoca».
40. Así, explicó que la señora Brito Chiquillo instauró acción de reparación
directa contra la Registraduría Nacional del Estado Civil porque, mediante la
Resolución 14642 del 25 de noviembre de 2021, anuló su registro civil de nacimiento
y canceló la cédula de ciudadanía. Igualmente, puso de presente que la entidad
demandada, en su contestación, afirmó que actuó conforme a la normativa vigente
y que los perjuicios alegados no se encontraban probados.
41. Analizado lo anterior, de cara al material probatorio aportado, consideró que
no se encontraba demostrado un daño cierto, personal y real, pues si bien estaba
acreditado la expedición de las Resoluciones No.14642 de 2021 y 25836 de 2022,
en el plenario no existía un elemento de juicio que permitiera establecer que, entre
el 4 de enero y el 20 de septiembre de 2022, la actora sufrió alguna afectación
derivada del acto que fue revocado.
42. Al respecto, explicó que el «expediente carece de testimonios,
certificaciones, constancias o documentos que muestren que la demandante intentó
acceder a un servicio de salud y le fue negado; que pretendió realizar una operación
financiera o laboral y encontró un obstáculo; que adelantó trámites migratorios y fue
requerida o sancionada; o que fue objeto de investigaciones penales o
administrativas por falsa identidad. Tampoco se allegó prueba de dificultades
académicas o afectaciones a su vida familiar o laboral atribuibles al acto
administrativo».
43. Sumado a lo expuesto, indicó que tampoco existe acreditación mínima de
afectaciones subjetivas o emocionales derivadas de la privación de su identidad
jurídica, frente a lo cual la jurisprudencia de la Sección Tercera ha insistido en que
el daño debe ser cierto, personal y demostrado, cuyos elementos no se encontraban
satisfechos en el presente asunto.
44. Finalmente, aclaró que la sentencia invocada por la parte actora proferida
el 11 de julio de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera de ese Tribunal no
constituye precedente vinculante, pues no corresponde a una sentencia de
unificación ni fija una regla jurisprudencial obligatoria. En consecuencia, concluyó
que no se encontraba acreditado el daño antijurídico alegado, por lo que no era
posible imputar responsabilidad patrimonial al Estado.
45. En ese orden de ideas, se concluye que la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso de manera detallada
las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión de confirmar la negativa
de las pretensiones de la demanda. Al respecto, se observa que aquella autoridad
judicial analizó el procedimiento administrativo adelantado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, las consecuencias jurídicas que puede generar la
anulación de un registro civil de nacimiento y la cancelación de una cédula de
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
ciudadanía, los hechos acreditados en el proceso y los argumentos expuestos por
las partes tanto en la demanda como en el recurso de apelación.
46. Adicionalmente, se resalta que la Subsección accionada expresamente
expuso las razones por las cuales consideró que no se encontraba acreditado el
daño alegado por la demandante, pues explicó que a pesar de estar demostrada la
expedición de los actos administrativos cuestionados y su posterior revocatoria, no
obraban en el expediente testimonios, certificaciones, constancias o documentos
que evidenciaran la negativa de acceso a servicios, restricciones laborales,
académicas, financieras o migratorias, investigaciones por falsa identidad o
cualquier otra consecuencia concreta derivada de la actuación administrativa.
47. Por tanto, el hecho de que la demandante considere que la afectación a la
personalidad jurídica y a la identidad debía reputarse suficiente para presumir el
daño constituye una discrepancia con el criterio jurídico adoptado por la Sala, pero
no evidencia ausencia de motivación ni omisión de pronunciamiento sobre los
argumentos planteados.
48. Por tanto, se concluye que la decisión cuestionada permite comprender las
razones por las cuales la autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda,
circunstancia que descarta la configuración de la causal de decisión sin motivación.
49. Ahora, en cuanto a la presunta violación directa de la Constitución, se
observa que la Subsección accionada no dejó de aplicar una norma constitucional
pertinente al caso, ni desconoció valores, principios o reglas superiores que
gobernaran la controversia, sino que todo lo contrario en la providencia se reconoció
expresamente la relevancia constitucional de los derechos a la personalidad
jurídica, la nacionalidad y la identidad, y se realizó un análisis detallado sobre las
consecuencias que puede generar la anulación de un registro civil de nacimiento y
la cancelación de una cédula de ciudadanía, destacando que tales actuaciones
tienen la potencialidad de afectar de manera significativa el ejercicio de diversos
derechos fundamentales.
50. Sin embargo, fue a partir de las circunstancias propias del caso, que la
corporación judicial concluyó que, a pesar de que la demandante estuvo sometida
temporalmente a los efectos de la Resolución 14642 de 2021, no se acreditó dentro
del proceso la existencia de un daño cierto, personal y real que permitiera
estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado. En esos términos, contrario a
lo afirmado por la parte actora, se repara en que la decisión no se fundamentó en
una decisión que limitara el alcance de los derechos fundamentales, sino en la
insuficiencia probatoria para demostrar que, durante la vigencia del acto
administrativo, la accionante hubiera sufrido afectaciones concretas derivadas de la
anulación de su registro civil y de la cancelación de su documento de identidad.
51. En suma, la decisión cuestionada no resulta contraria al texto superior, sino
que responde a la valoración probatoria realizada encaminada a verificar la
acreditación de los elementos estructurales de la responsabilidad estatal,
particularmente la existencia del daño antijurídico, concluyendo que este no se
encontraba demostrado en el caso bajo estudio.
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01193-01
Demandante: Dana Cecilia Brito Chiquillo
52. En ese orden de ideas, al no haberse estructurado ninguno de los defectos
aquí analizados, la Sala confirmará la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual negó al amparo solicitado por Dana Cecilia Brito Chiquillo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual negó
el amparo solicitado por Dana Cecilia Brito Chiquillo, a través de la acción de tutela
instaurada en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.