Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02811-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02811-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02811-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02811-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa.
Reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales y violación a
bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 12 de mayo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil, por
intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, solicitó
dejar sin efectos la Sentencia proferida el 28 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de
control de reparación directa No. 11001-33-36-031-2023-00123-01.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la autoridad
accionante afirmó que Michelle Elena Lepage Manrique instauró demanda de
reparación directa en contra suya, para que se le declarara responsable por los
perjuicios morales, «daño al buen nombre», por la expedición de la Resolución núm.
14615 del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual se anuló su registro civil
de nacimiento y se canceló la cédula de ciudadanía. Agregó que el anterior acto
administrativo fue revocado el 16 de marzo de 2022, a través de la Resolución núm.
7036.
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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4. El 13 de noviembre de 2024, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la demandante no logró probar que
los hechos que sustentaron la demanda hubiesen producidos efectos jurídicos que
demostraran la certeza del daño, ya que no se allegó prueba del cumplimiento de
las comunicaciones de la resolución, ni de que hubiese sido expulsado del territorio
o negado la prestación de servicios de salud y, en general, las vulneraciones
indicadas en la demanda.
5. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, luego de explicar el concepto de daño antijurídico y de daño moral, indicó
que el juez de primera instancia omitió valorar las pruebas contenidas en el
expediente. Además, señaló que desconoció precedentes jurisprudenciales
vinculantes sobre la violación de derechos humanos; concretamente, hizo
referencia a la Sentencia del 28 de agosto de 2014.
6. El 28 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada. En
consecuencia, la condenó a pagar 2 sumas de 20 SMLMV a la demandante, una
por concepto de daño moral y, la otra, por la afectación a bienes y derechos
constitucional y convencionalmente protegidos.
7. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, frente al reconocimiento y liquidación del perjuicio
moral, incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia:
8. Defecto fáctico, al no valorar ningún elemento probatorio ni realizar un análisis
riguroso sobre la gravedad del daño alegado ni comparar el caso con situaciones
similares que permitieran hacer un análisis razonable para la cuantificación del
perjuicio. Al respecto, explicó que la decisión de primera instancia fue desfavorable,
al concluir que no existía prueba alguna que acreditara el daño ni los perjuicios
morales; sin embargo, en la sentencia de segunda instancia, la autoridad judicial
omitió completamente esto, pues no solo reconoció la existencia de un supuesto
daño, sino que, además, procedió a liquidar los perjuicios sin brindar ninguna
fundamentación probatoria que justificara esa decisión.
9. Desconocimiento del precedente judicial, puesto que, según la jurisprudencia
constitucional2 es deber de la autoridad judicial exponer los fundamentos
probatorios que sustentan la decisión; En ese sentido, el Consejo de Estado3
estableció criterios generales que deben tenerse en cuenta para la liquidación de
los perjuicios morales, entre ellos, por ejemplo, la gravedad del daño o casos
similares que permitan sustentar las razones de la decisión y por supuesto, en los
medios probatorios existentes en el expediente.
10. Sostuvo que la autoridad accionada se limitó a invocar el arbitrio judicial y los
principios de reparación integral y equidad para establecer el monto de los perjuicios
2
Corte Constitucional. Sentencias T-212 de 2012 y T-147 de 2020.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de abril de 2005, Exp. 15247.
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morales señalados, lo cual desconoce los pasos o criterios que se han fijado para
el reconocimiento y liquidación de este.
11. Adicionalmente, en relación con el reconocimiento de perjuicios derivados de
las vulneraciones a bienes o derechos constitucional y convencionalmente
protegidos, señaló que la corporación accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, puesto que si bien es cierto el Consejo de Estado ha aceptado
la existencia de estos perjuicios, también lo es que estableció unos criterios para
analizar la procedencia de estos, con el fin de evitar una doble reparación, los cuales
son: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho
constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse
una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios
materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean
correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado4.
12. Al respecto, indicó que el tribunal, en la sentencia cuestionada, afirmó que la
indemnización en ese tipo de daños opera de forma oficiosa cuando está
debidamente demostrada; sin embargo, no explicó cómo estos se demostraron en
el caso bajo estudio. Adicionalmente, manifestó que aquella autoridad no realizó un
análisis que justificara las razones por las cuales, a su juicio, el daño a los bienes
constitucional y convencionalmente protegidos no se encontraba subsumido o
comprendido en los perjuicios morales ya reconocidos.
Intervenciones5
13. Michelle Elena Lepage Manrique sostuvo que la posición de la parte
accionante, según la cual no operaría la presunción del daño moral por la
inexistencia de un pronunciamiento previo del Consejo de Estado en ese caso
particular, desconoce el principio de convencionalidad, el cual Colombia está
obligada a respetar en contextos de violaciones de derechos humanos, conforme lo
ha señalado expresamente dicha corporación en la Sentencia de Unificación del 28
de agosto de 2014.
14. Afirmó el daño moral reconocido en la sentencia no requería prueba adicional,
dado que se derivó directamente del hecho de haber sido degradada de ciudadana
a migrante irregular. Esta situación generó consecuencias graves, como la pérdida
de acceso a sus propiedades, el riesgo de ser detenida y la vulneración de su
derecho fundamental a la nacionalidad, considerado por la Corte Constitucional
como el «derecho de los derechos». Por ello, concluyó que la autoridad judicial
accionada actuó conforme a los parámetros establecidos en precedentes judiciales
vinculantes.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, proceso de reparación directa con radicado
05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988).
5
El 15 de mayo de 2025, el despacho sustanciador de la presente decisión admitió la acción de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó a Michelle Elena Lepage Manrique
y al Juzgado 31 Administrativo de Bogotá.
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15. Adicionalmente, afirmó que existe certeza sobre la existencia del daño, no solo
porque la propia entidad demandada lo reconoció al expedir una nueva resolución
en favor de la afectada, sino también porque fue expresamente reconocido en la
sentencia objeto de controversia, y previamente establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-183 de 2023, en la que se examinó un caso similar.
16. Finalmente, frente a los cuestionamientos sobre el posible impacto fiscal
derivado de múltiples decisiones similares, destacó que la Registraduría Nacional
del Estado Civil se negó sistemáticamente a conciliar con las personas afectadas,
incluso luego de pronunciamientos claros de la Corte Constitucional. Esto obligó a
los ciudadanos a acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa como única
vía para obtener la reparación correspondiente.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, como juez de
segunda instancia, al expedir la Sentencia del 28 de abril de 2025, incurrió en
defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, con respecto al
reconocimiento y liquidación de los perjuicios, en la modalidad de daño moral y
violación de bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
18. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión del derecho
fundamental al debido proceso, se argumentaron con suficiencia los reparos
alegados, los cuales no son asuntos de mera legalidad o carácter eminentemente
económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto
que la Registraduría Nacional del Estado Civil es la titular de la garantía
constitucional que se invoca como vulnerada, y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito
de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora
procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se
presentó el 12 de mayo de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia del 28 de abril de 20256; (5) propiamente, no se
cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse el estudio sin un
adecuado análisis probatorio y jurisprudencial; (6) se identificaron razonablemente
los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.
6
La providencia fue notificada el 6 de mayo de 2025.
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Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
19. La Sala accederá al amparo solicitado por la entidad accionante, por las
razones que a continuación se exponen:
20. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
Sentencia del 28 de abril de 2025, comoquiera que aquella autoridad, al reconocer
y liquidar los perjuicios morales, procedió a fijar una indemnización sin brindar
motivación probatoria alguna y sin realizar un análisis riguroso sobre la gravedad
del daño alegado, ni comparar casos similares que permitieran establecer un criterio
razonable para su cuantificación.
21. Pues bien, para resolver la anterior inconformidad y la relativa al
desconocimiento del precedente judicial, la Sala estima pertinente analizar los
argumentos en que se cimentó el tribunal accionado para revocar la sentencia de
primera instancia y acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. Así, se
observa que la autoridad judicial, en la Sentencia del 28 de abril de 2025, luego de
encontrar satisfechos los elementos de responsabilidad del Estado, pasó a estudiar
lo relacionado con la indemnización por los perjuicios causados, para lo cual expuso
lo siguiente:
«[…] En este caso la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios inmateriales
en la modalidad de daño moral en la suma de 70 SMLMV y la implementación de
medidas de satisfacción en atención a la vulneración al buen nombre y honra de este.
Al efecto, cómo quiera que no se probó el daño al bueno nombre y/o la honra del
demandante, no habrá lugar a indemnización de estos bajo ninguna medida, y se
procederá a estudiar la causación y tasación del perjuicio moral deprecado.
4.3.1. DAÑO MORAL
De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño moral alude al “el
plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos
a consecuencia de la lesión a un bien”. Este daño tiene existencia autónoma y se
configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular,
determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien
jurídicamente tutelado”.
En cuanto a la prueba de la existencia de este perjuicio, se ha considerado que los
perjuicios morales se presumen tanto en la víctima directa como en los parientes de
esta, cuando se logra acreditar el parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad y primero civil, es decir, respecto de los padres, hermanos, abuelos e
hijos del afectado y de su cónyuge o compañero(a) permanente.
Como quiera (sic) que para los hechos materia de estudio en esta litis no existen
parámetros unificados que guíen la cuantificación de los perjuicios morales. La Sala
atendiendo a lo señalado por el Consejo de Estado, acudirá a la valoración judicial de
los hechos y pruebas del expediente (arbitrio juris), así como a los principios de
reparación integral y equidad para reparar y cuantificar el perjuicio, a la luz de las
condiciones propias del caso concreto y las demás pruebas obrantes al plenario.
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Sobre la equidad y su uso en la reparación del daño inmaterial la profesora María
Cecilia M´clausend7 Sánchez indicó:
“I) Como se ha explicado en la primera parte de este trabajo, la equidad es un criterio
auxiliar de la actividad judicial para la resolución de los casos concretos. Supone el
recurso al arbitrio del juez, a su prudente juicio, para decidir las situaciones
particulares que conoce y debe evaluar de manera directa, atendiendo sus
singularidades, sus condiciones y circunstancias menudas, cuando ello sea
necesario para garantizar, en tales situaciones, la igualdad material y en ese
sentido, evitar un resultado contrario a la justicia.
Cuando se trata de la reparación del daño inmaterial, su uso se justifica hoy, en el
sistema jurídico colombiano, en la autorización expresa del legislador, conforme el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998. La intervención de la equidad permite a los jueces,
en estos eventos, evitar la injusticia que resultaría la falta de reparación de un daño
cuya existencia está demostrada, pero cuyas particularidades impiden siempre la
realización de una tasación fundada en criterios de mercado u otros similares.”
Así las cosas, si bien en el plenario se probó únicamente la privación arbitraria de la
nacionalidad colombiana del demandante, lo cierto es que, de conformidad con los
parámetros internacionales y jurisprudenciales previamente citados, este solo hecho
conlleva la privación de la existencia jurídica de la demandante, así como el disfrute de
sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, entre otras ya
reseñadas.
En consecuencia, ante la privación arbitraria de la nacionalidad sufrida entre el 4 de
enero de 2022 y el 16 de marzo de la misma anualidad, daño que le genero la pérdida
de su vínculo jurídico con el Estado Colombiano y la congoja y sufrimiento que esto
puede acarrear para cualquier persona, la Sala considera pertinente indemnizar el
perjuicio sufrido por daño moral a la señora Michelle Elena Lepage Manrique como
víctima directa en la cuantía de 20 SLMLMV al momento de la ejecutoría de esta
providencia […]».
22. Del análisis de la providencia judicial objeto de controversia, esta Sala
constata, en el mismo sentido que la parte actora, que la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de reconocer la
existencia de una responsabilidad estatal por «la privación arbitraria de la
nacionalidad» procede a fijar una indemnización por concepto de perjuicios morales
a favor de la señora Michelle Elena Lepage Manrique, en cuantía de 20 SMLMV. No
obstante, dicho reconocimiento se efectuó sin que la autoridad accionada hubiese
analizado algún medio probatorio que acreditara la existencia, intensidad o
consecuencias concretas del daño moral alegado.
23. En efecto, si bien se alude a la presunción del daño moral en determinados
casos, la propia sentencia descarta la existencia de pruebas sobre afectación al
buen nombre y honra; sin embargo, concluye que, por el solo hecho de la privación
de la nacionalidad durante un periodo determinado, se configura un daño que
justifica la reparación económica, para lo cual reitera conceptos generales sobre el
daño moral y criterios de equidad y arbitrio judicial para su tasación, sin realizar un
ejercicio de valoración probatoria individualizada de las pruebas obrantes en el
expediente ni exponer algún elemento que permita colegir la procedencia y
cuantificación del perjuicio reconocido8.
7
M´CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad Judicial y Responsabilidad Extracontractual, Bogotá, Universidad
Externado De Colombia. 2019, págs. 479 a 480.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de agosto de 2022. Expediente 68001-23-31-000-2011-00836-01
(51879).
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24. Por lo expuesto, la Sala considera que, en el presente asunto, se configuró
un defecto fáctico, pues se omitió la valoración de las pruebas como presupuesto
necesario para el reconocimiento de perjuicios, lo que constituye una trasgresión al
artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual se hace procedente el
amparo solicitado, con el fin de que se emita una nueva decisión debidamente
motivada, en la que se realice una valoración completa, objetiva y razonada de las
pruebas para el reconocimiento de los perjuicios morales.
25. Ahora bien, en relación con el reconocimiento de perjuicios derivados de las
vulneraciones a bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidos,
la accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, puesto que no tuvo en cuenta la Sentencia
de Unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de
agosto de 2014 en el proceso de reparación directa con radicado 68001-23-31-000-
2011-00836-01 (51.879).
26. Al respecto, se advierte que la corporación accionada, en la providencia del
28 de abril de 2025, frente a este daño expuso lo siguiente:
«VIOLACIÓN DE BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE
PROTEGIDOS.
En este punto, precisa la Sala que, si bien no se realizaron pretensiones de medidas
de reparación de este tipo de daños, lo cierto es que no se puede desconocer que la
actuación de la entidad demandada causó una violación a derechos constitucional y
convencionalmente protegidos como lo son el derecho a la personalidad jurídica y a la
nacionalidad, con las consecuencias que ello acarrea.
Al respecto, recuerda la Sala que, en sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014, Expediente 32.988, se precisó sobre la reparación del daño a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados lo siguiente:
(…)
15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:
i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el
ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar
plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera
individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la
lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y
fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares
condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que
en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y
convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad
sustancial.
ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo
de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando
aparezca acreditada su existencia.
iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión
como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente
y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la
civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las
relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.
iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no
pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias;
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sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del
juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una
indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento
de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la
indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la
naturaleza del bien o derecho afectado.
v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa
declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes
constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y
especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal
manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral
operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo
con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes
violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad,
justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.
vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad
extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que
las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan
directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose
de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y
convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras
medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.
15.4.3. En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que
se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional
o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que, en caso de ordenarse una
indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e
inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas,
oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.
Así las cosas, como quiera que la indemnización de este tipo de daños también opera
de forma oficiosa cuando se encuentren acreditados como en el caso concreto,
considera pertinente la Sala, reconocer en favor de la señora Michelle Elena Lepage
Manrique por la afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos,
como sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y la nacionalidad, el valor
de 20 SMLMV».
27. Así las cosas, se repara en que en el referido pronunciamiento de unificación
mencionado, esta corporación estableció unos criterios estrictos para el
reconocimiento de ese tipo de daño, a saber: (i) que se trate de una afectación
relevante de un bien o un derecho constitucional o convencional; (ii) que dicha
afectación sea antijurídica; (iii) que la indemnización excepcional no se encuentre
comprendida dentro de los perjuicios materiales o inmateriales previamente
reconocidos, y (iv) que las medidas de reparación ordenadas sean correlativas,
pertinentes, oportunas y adecuadas al daño causado
28. En el caso bajo análisis, se observa que el tribunal reconoció una
indemnización por daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos en
favor de la señora Lepage Manrique, sin que se hubiere acreditado adecuadamente
el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el precedente unificado;
particularmente, la justificación sobre por qué dicha indemnización no se subsume
en los perjuicios morales ya reconocidos.
29. Adicionalmente, si bien el precedente admite que la reparación de ese tipo
de daño puede operar de oficio, ello no exime al juez de la obligación de
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fundamentar de manera suficiente y razonada su decisión. En esos términos, la falta
de análisis y de justificación específica implica un apartamiento del proveído de
unificación mencionado.
30. Por tanto, se concluye que la autoridad accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al adoptar la decisión, sin analizar cada
uno de los presupuestos establecidos en el pronunciamiento de unificación para el
reconocimiento de dicho daño de cara al caso en concreto.
31. En consecuencia, al haberse estructurado el defecto fáctico frente al
reconocimiento de los perjuicios morales y el desconocimiento del precedente
judicial en relación con el reconocimiento de perjuicios derivados de las violaciones
a bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidos, la Sala dejará
sin efectos la Sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, en el término de 10 días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión, de
conformidad con los lineamientos aquí planteados. Es preciso aclarar que la
decisión que aquí se toma no implica de manera alguna que deban negarse de
forma automática las pretensiones de la demanda, sino que deberá ser el juez de la
responsabilidad, quien en el marco de sus competencias y en atención a las
consideraciones aquí consignadas, resuelva el caso como en derecho corresponda.
32. Finalmente, se aclara que no se estudiará el defecto de desconocimiento del
precedente judicial, alegado con respecto al reconocimiento de los perjuicios
morales, comoquiera que los anteriores argumentos son suficientes para acceder a
la protección deprecada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS
la Sentencia proferida el 28 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, que, en el término de los 10 días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, dicte una decisión de remplazo, de conformidad con los
lineamientos aquí planteados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02811-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.
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