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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03104-01

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03104-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de junio de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la parte actora. 19 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras. Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01 Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 5 de diciembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 73001-33-33-004-2024-00115-00/01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03104-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

15 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso
– configuración del defecto fáctico.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 26 de junio de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 22 de mayo de 2025, el señor Jhon Jairo Herrán Zúñiga presentó acción de

tutela en busca de que se dejaran sin efectos los autos del 30 de agosto y 5 de
diciembre de 20241, proferidos respectivamente por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, en
el marco del proceso2 que promovió en contra del municipio de Ibagué y otros, con
el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa por los perjuicios
derivados de las condiciones de hacinamiento que padeció durante el tiempo en el
que estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué.

2. En proveído del 5 de diciembre de 2024, el Tribunal confirmó la decisión del A quo

que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control. La
autoridad judicial consideró que el actor conoció el hecho generador del daño desde
el momento en que inició su reclusión (17 de septiembre de 2021), por tanto al
presentar la solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de marzo de 2024, el término
de dos años para presentar la acción se encontraba ampliamente superado.

1 Notificadas el 2 de septiembre y 11 de diciembre de 2024, respectivamente.
2 Con radicado número 73001-33-33-004-2024-00115-00/01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que las autoridades

enjuiciadas vulneraron sus derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad, por cuanto desconocieron el precedente judicial.

4. Al respecto, esgrimió que, en sentencia del 6 de diciembre 20223, la Subsección C

de la Sección Tercera de esta Corporación, al abordar el estudio de un caso similar,
indicó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe
contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo.

5. A su vez, plasmó las consideraciones esbozadas en la sentencia del 3 de octubre

de 2019 dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado 4 e
indicó que, de acuerdo con esa providencia, cuando se alega un daño asociado a
condiciones derivadas de hacinamiento carcelario, el término de caducidad se
computa desde el momento en que aquél cesa, por tratarse de una afectación de
carácter continuado.

6. Asimismo, trajo a colación otras catorce providencias, nueve de ellas adoptadas

por esta Corporación, cinco por la Corte Constitucional y una por la Corte Suprema
de Justicia. En particular, se destaca la sentencia del 5 de mayo de 2025, adoptada
por esta Subsección, en el marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2025-01176-00, en la que se estudió un asunto de similares características y se
concedió el amparo.

7. En lo que respecta al precedente horizontal, hizo referencia a otros tres fallos
proferidos, en su orden, por los Tribunales Administrativos de Antioquia, Tolima y
Quindío el 29 de enero5, 5 de septiembre6 y 8 de noviembre de 20247,
respectivamente, en los que también se analizaron supuestos fácticos similares.

8. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que en su caso el término de caducidad

empezó a transcurrir a partir del día siguiente de aquel en que salió del centro
carcelario, esto es, el 17 de junio de 2022, por tratarse de un daño continuado. Se
interrumpió el 6 de marzo de 2024 (cuando se radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial) y se reanudó el 10 de mayo siguiente, fecha en la que se expidió el acta
de constancia del trámite de conciliación. Por consiguiente, el plazo para acudir a la
jurisdicción fenecía el 23 de agosto posterior, mientras que la demanda fue
presentada el 22 de mayo de ese mismo año.

9. Señaló que, en todo caso, aun cuando se acogiera el criterio según el cual el

término de caducidad debía empezar a contarse a partir del momento en que el
demandante se enteró del estado de hacinamiento, tampoco había lugar a declarar

3 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.
4 Exp. 70001-23-33-000-2014-00186-01.
5 Exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01.
6 Exp. 73001-33-33-001-2024-00124-01.
7 Exp. 63001-3333-005-2024-00227-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

la caducidad, toda vez que este solo tuvo conocimiento del daño hasta el 19 de enero
de 2023, fecha en la que la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante oficio GS-
2023-003124-METIB/COSECDISPO-29.25, le informó que las instalaciones de ese
lugar estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 personas y las antiguas
instalaciones de espacio público para 20 y que para los años 2021 y 2022
presentaban un porcentaje de hacinamiento del 514 y 561%, respectivamente.

10. Aseveró que los juzgadores interpretaron de forma restrictiva y formalista las
normas sobre la caducidad del medio de control, sin realizar un análisis acerca de la
naturaleza continuada del daño y su impacto en la víctima, pasando por alto que
tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han determinado que en los
casos en los que se debate la responsabilidad del Estado en contextos de privación
de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso efectivo
a la justicia y la reparación integral del daño. Ello, en aplicación a los principios pro
damnato y pro homine.

B. Sentencia de primera instancia

11.
Mediante sentencia de 26 de junio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela. Estimó que no se satisfizo el
requisito de relevancia constitucional. Se pretende continuar el debate jurídico y
probatorio que fue zanjado en ambas instancias sobre la caducidad de la acción,
pues la solicitud de amparo se sustentó en los mismos argumentos que motivaron la
apelación presentada contra el auto de primera instancia dentro del proceso de
reparación directa que rechazó la demanda. Alegatos que fueron resueltos en forma
razonable por el Tribunal accionado.

C. Impugnación

12.
La parte actora precisó que no se busca surtir una instancia adicional al proceso
ordinario, sino evidenciar que los jueces ordinarios efectuaron el conteo del término
de caducidad en virtud de una interpretación jurídica restrictiva, que desconoce que
el hacinamiento carcelario produce un daño continuado, lo que torna procedente
contar el plazo para interponer la demanda de reparación directa desde que cesa la
privación de la libertad.

13.
Reglas que tienen sustento en lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias
T-288 de 2013 y SU-122 de 2022 sobre que las personas privadas de la libertad son
sujetos de especial protección a los cuales se les vulnera su derecho a la información
por la circunstancia misma de la reclusión, y que los centros de detención transitoria
no están diseñados para custodiar a un ser humano por más de 36 horas, por lo que,
al exponer a un reo a pasar meses o años en dichas instalaciones, se denota que el
Estado no le garantizó los mínimos de subsistencia digna, con lo cual, se entiende

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que el hacinamiento perdura hasta que recobra la libertad.

14.
Con todo, reiteró que esta corporación en sede de tutela ha concedido el amparo
en casos similares8, e incluso en procesos ordinarios ha flexibilizado el conteo del
término de caducidad, cuando se encuentra acreditado que la no comparecencia
ante la administración se encuentra justificada por razones materiales 9 , a fin de
garantizar el debido acceso a la administración de justicia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199110.

E. Análisis del caso concreto

16. La Sala anticipa que revocará la decisión de declarar improcedente la solicitud de

amparo y, en su lugar, concederá el amparo deprecado, al considerar que en el
presente asunto están satisfechos los requisitos generales para habilitar la
procedencia excepcional del mecanismo de amparo.

17. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al

haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la decisión acusada, la cuestión que se debate en esta oportunidad
trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia constitucional, en la
medida en que se persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y debido proceso.

18. Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su

alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos11; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido en un plazo
razonable (22 de mayo de 2025), pues transcurrieron menos de 6 meses desde la
notificación de la providencia (11 de diciembre de 2024)12; y (iii) no se trata de una
tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la misma

8 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de tutela del 19 de mayo de 2025. Rad. 11001-

03-15-000-2025-02071- 00. M.P. Fernando Alexei Pardo.
9 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsecciones A y C. Sentencias del 29 de enero de 2020 y 6 de diciembre

de 2022. Rads. 85001-33-33-002-2014-00144-01 y 05001-23-31-000-2002-04829-01. M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico y Guillermo Sánchez Luque.
10 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11 Contra el auto por medio del cual se dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa se interpuso

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima.
12 Ese término ha sido considerado por esta Corporación como razonable para acudir al juez de tutela cuando se

pretende censurar una providencia judicial.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

naturaleza o de aquellas respecto a las cuales la jurisprudencia ha limitado su
ejercicio.

19. Respecto a la configuración de la causal específica de procedibilidad atribuida en

el caso bajo estudio, si bien el accionante alegó un desconocimiento del precedente
y refirió varias providencias que estima desatendidas, los argumentos que sustentan
la ocurrencia de dicho vicio se enmarcan en una deficiencia de tipo fáctico, pues
giran en torno a una discusión probatoria.

20. En otras palabras, aunque la parte actora sostiene que el yerro del Tribunal radicó

en desatender la línea jurisprudencial respecto a la forma en que opera la caducidad
cuando se está ante un evento en el que el daño es continuado, para abordar la
discusión sobre la regla legal o jurisprudencial aplicable, primero debían definirse
claramente las circunstancias fácticas del caso, para tener certeza sobre aspectos
como las fechas en que inició y concluyó el daño, si el mismo se puede catalogar
como continuado, y si esto último implicaba consideraciones adicionales respecto a
la posibilidad de conocer aquél o acceder a la jurisdicción, que influyeran en el conteo
de la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que se reclama es una
reparación por hacinamiento, que comporta la concurrencia de elementos fácticos
adicionales a la privación de la libertad.

21. En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional 13 ha

indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia.

22. El actor reprochó que la autoridad demandada haya empezado a contabilizar el

referido término desde el momento en que ingresó al centro de reclusión, sin tener
en cuenta que el daño alegado era de carácter continuado y, sobre la base fáctica
de que conoció de tal afectación a partir de ese momento, sin que ello encuentre
respaldo en el material probatorio. A su juicio, el término de caducidad debía
computarse desde que abandonó tal centro de reclusión. Ese mismo argumento fue
planteado en el recurso de apelación que interpuso ante el juzgado accionado, contra
el auto de rechazo.

23. Al desatar la alzada, el Tribunal Administrativo del Tolima señaló lo siguiente:

<<De conformidad con lo dispuesto por el Máximo Órgano de Cierre De La Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, se tiene que en los casos de hacimiento (sic), como el sub
judice, la caducidad se debe contabilizar a partir de que se tenga la certeza del
conocimiento del daño, y en ese entendido, de acuerdo con las pruebas aportadas al
cartulario por la parte actora, entre ellas, el oficio GS-2024-014515 del 27 de febrero
de 2024, expedido por el Capitán de la Policía Metropolitana, se evidencia que, el señor
JHON JAIRO HERRÁN ZUÑIGA, conoció las condiciones de hacinamiento en las que

13 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

se encontraba recluido a partir de su detención, precisándose que esto acaeció desde
el 16 de septiembre de 2021 (…) En tal sentido, el término de caducidad empezó a
correr a partir del día siguiente de su detención, esto es el 17 de septiembre de 2021,
contando los accionantes hasta el 17 de septiembre de 2023, para interponer la
demanda, o en su defecto radicar la solicitud de conciliación e interrumpir el fenómeno
de la caducidad.>>

24. Aun obviando elementos del análisis que resultan relevantes como la alegada

continuidad del daño y la tesis defendida por el accionante, que la autoridad judicial
no comparte, sustentándose en una providencia de la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación14 relativa al conocimiento del daño; la revisión en
conjunto de los elementos probatorios obrantes en el expediente contencioso-
administrativo, permite advertir a esta Sala que la autoridad accionada incurrió en un
error en el juicio valorativo, que incidió de forma directa en la decisión cuestionada,
pues dio por probado, aun cuando no estaba plenamente acreditado, que para la
fecha en que el actor ingresó a la Permanente Central de la Policía de Ibagué tuvo
conocimiento del daño alegado.

25. La Sala llama la atención sobre el extracto jurisprudencial que cita el Tribunal

pues, corresponde a la misma sentencia del 6 de diciembre de 2022 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que el accionante señala
como precedente desconocido. Ello es relevante porque según el señor Herrán
Zúñiga, la autoridad judicial desatendió la regla jurisprudencial fijada en esa decisión,
en cuya virtud el término de caducidad del medio de control de reparación directa
debe contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo. La lectura
de la decisión censurada, deja en evidencia que el yerro del Tribunal no estuvo en
desatender esa regla sino en pretender aplicarla sin contar con un soporte probatorio
para ello.

26. Nótese que al mencionar dicho referente jurisprudencial, el Tribunal accionado

puso en evidencia que en aquel caso, la Subsección C indicó lo siguiente: “(…)
aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de
caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde
la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño”. Decisión judicial contra
la cual se interpuso acción de tutela que fue negada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de tutela del 5 de octubre de 202315.

27. La autoridad judicial accionada acertó en concluir que en dichas providencias se

determinó que el término de caducidad en casos de falla en el servicio por
hacinamiento carcelario, empieza a correr una vez se pruebe que el accionante pudo
tener conocimiento certero de dicha circunstancia, esto, en razón a que en ese caso
particular, se acreditó que el interesado había enviado una petición a la Defensoría
del Pueblo, de la cual se podía inferir que sabía las condiciones en las cuales se

14 Sentencia del 6 de diciembre de 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
15 Rad. 11001-03-15-000-2023-02769-01. M.P. César Palomino Cortés.

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Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
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encontraba en reclusión. Es decir, que a partir de un documento obrante en el
plenario, la Sala de decisión -en aquel asunto- pudo advertir una manifestación clara
de la víctima sobre las condiciones de reclusión, que daba cuenta del conocimiento
que tenía del hacinamiento desde la fecha en que elaboró el documento.

28. Un análisis de ese tipo es el que se extraña en la providencia cuestionada, pues

el Tribunal Administrativo del Tolima asumió que desde el momento en que inició la
reclusión, el señor Herrán Zúñiga conoció el daño, pero esa afirmación no encuentra
respaldo en ninguna prueba, o por lo menos la decisión judicial no hace explícito ese
sustento. De ahí, que le asista la razón al accionante al censurar que la autoridad
judicial hiciera un conteo “automático” de la caducidad desde el inicio de la reclusión,
sin presentar razones para ello, y prescindiendo de un análisis serio del reproche
planteado en la apelación.

29. En tal sentido, la autoridad judicial, no dio cuenta de la existencia y el análisis de

elementos probatorios que le permitieran arribar a la conclusión de que el
demandante conoció el daño desde la misma fecha de su ocurrencia, es decir, al
momento de su ingreso al lugar de reclusión y, menos aún, que lo habilitaran a
descartar la alegada continuidad del daño.

30.Por otro lado, el Tribunal ni siquiera hizo mención, y mucho menos analizó los

documentos aportados por el actor en la demanda de reparación directa, traídos a
colación también en la tutela, para señalar que conoció del daño en fecha posterior
al inicio de la reclusión.

31. En cualquier caso, la Sala observa que los mismos no permiten determinar que

desde el mismo momento de su llegada a dicho lugar hubiera podido advertir las
situaciones de hacinamiento que dieron origen al daño alegado.

32. Ejemplo de ello, es el oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-292.5
expedido el 19 de enero de 202316 por la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante
el cual se dio respuesta a un derecho de petición incoado por la parte demandante
el 17 de enero de esa misma anualidad, en el que la entidad estatal se pronunció
sobre el hacinamiento para la época en que estuvo recluido el accionante, pero en
términos generales.

33. La Sala considera pertinente traer a colación el contenido del referido oficio, en

particular los puntos 1, 3 y 4:

16 Archivo pdf “001Constancia secr_ACTA DEMAN_EXPEDIENTEDIGITAL”, fl. 86 a 97. Índice 9, SAMAI.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

34.
Según se desprende del documento, este únicamente certifica que para el año
2021, en la Permanente Central de la Policía de Ibagué se encontraban recluidos
624 sindicados y 182 condenados y que las instalaciones presentaban un porcentaje
de hacinamiento del 514%. Sin embargo, no especifica a detalle una relación mes a
mes de la cantidad de personas detenidas, ni del porcentaje de hacinamiento, que
permita evidenciar que, efectivamente, para el momento mismo en que el
demandante arribó al lugar de reclusión existía una cantidad específica de personas

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

allí recluidas, la capacidad real del establecimiento y el porcentaje exacto de
hacinamiento que se presentaba, de forma que se pudiera concluir que le era posible
al accionante conocer de la situación de hacinamiento en esa fecha por ser evidente.

35. Por otro lado, el operador judicial también se abstuvo de razonar sobre la
posibilidad de que el daño derivado de las condiciones de hacinamiento solo pudiera
ser conocido en un momento posterior a su causación, o sobre la existencia de
circunstancias en las que -aun conociendo el daño- resultara materialmente
imposible ejercer el derecho de acción dentro del término establecido por el
legislador para acudir a la jurisdicción17. Aspectos de cardinal importancia, de cara
al recurso de apelación en el que se alegó que el daño era continuado, respecto de
lo cual no se realizó ningún tipo de análisis probatorio, ni estudio jurídico sobre las
consecuencias que de ello derivaban.

36. El fallador se limitó a señalar que, de conformidad con el artículo 164 del CPACA,

para efectos del cómputo del término de caducidad era factible entender que el
demandante tuvo conocimiento del daño desde que fue retenido, sin efectuar un
análisis orientado a determinar si la afectación alegada persistió en el tiempo o no, y
poder a partir de ello entrar a dilucidar el argumento expuesto por el accionante
relativo a que se trataba de un daño continuado que merecía una valoración especial,
por los efectos que ello podía implicar en la posibilidad de acudir a la jurisdicción.

37. Lo anterior, cobra aún más relevancia, si se tiene en cuenta la sentencia del 3 de

octubre de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, referenciada por el actor en el escrito de tutela. Dicho pronunciamiento se
emitió en el marco de una acción de grupo en la que también se pretendía la
declaratoria de responsabilidad del Estado por hacinamiento carcelario y, al abordar
el estudio de caducidad del medio de control, se concluyó que este fue ejercido
oportunamente, en tanto se acreditó que los hechos omisivos objeto de debate
provenían de un daño de carácter continuado, el cual no deja de causarse mientras
persiste.

38. Por lo tanto, dada la existencia de ese pronunciamiento judicial previo, no solo

resultaba indispensable establecer con certeza el momento en que se produjo el
conocimiento del daño, sino también si este tenía o no un carácter continuado, pues
tales elementos incidían directamente en el estudio de la caducidad del medio de
control. Y ello no podía ser el resultado de una apreciación ligera del asunto, que

17 En sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en relación

con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pretenda la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado. Allí, se fijaron las siguientes reglas: (i) el término previsto por el legislador para acudir a la jurisdicción
es aplicable en todos los casos; (ii) salvo en casos de desaparición forzada, dicho plazo se debe contabilizar
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial y; (iii) el término no se aplica cuando
se presentaron situaciones que impidieron materialmente el ejercicio del derecho de acción. Una vez superadas,
empieza a correr el plazo legal.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

considerara sólo la fecha de ingreso del centro de reclusión y se asumiera que la
víctima conoció del daño en ese mismo momento, sin contar con elementos
probatorios suficientes para arribar a esa conclusión.

39. Ahora, lo anterior no puede ser entendido como un reproche al accionante por no

aportar con la demanda elementos probatorios que permitieran definir tales
elementos, pues el acápite de pruebas de la demanda de reparación directa y los
anexos aportados dan cuenta de que, previo a iniciar el proceso, procuró acudir ante
las autoridades accionadas y recopilar la información que estimó pertinente. No
obstante, ante la dificultad de obtener datos claros, requirió al juez oficiar a las
mismas, a efectos de que pudiera ser allegada al proceso la información necesaria
para desatar el litigio.

40. Ejemplo de ello es que, como ya se mostró con las imágenes de los extractos

pertinentes, a través del oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-292.5
expedido el 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué le entregó al
demandante información histórica sobre la cantidad de personas detenidas y el
porcentaje de hacinamiento de las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué
durante los años en que estuvo recluido en ese lugar, pero no especificó dicho dato
mes a mes, pese a que así fue requerido por el peticionario. De ahí que, junto a la
demanda, se solicitara como prueba oficiar a varias autoridades sobre información
más detallada, relativa al asunto en cuestión.

41. Lo anterior evidencia una dificultad probatoria que no puede ser soslayada, y

respecto a la cual el ordenamiento jurídico plantea alternativas que privilegian el
acceso a la administración de justicia. En tal sentido, si eventualmente la autoridad
judicial considera que en la etapa de admisión no se cuenta con elementos
probatorios que permitan establecer con certeza el momento en que se tuvo
conocimiento del daño, si este era de carácter instantáneo o continuado o, incluso,
si existían circunstancias que hubieran impedido materialmente el ejercicio oportuno
del derecho de acción, en aplicación del principio pro actione, puede posponer dicho
estudio para una etapa posterior, ya sea en la audiencia inicial o en la sentencia y
no, de entrada, cercenar el acceso a la administración de justicia, menos aún
tratándose de personas que se encuentran sometidas a una relación especial de
sujeción con el Estado por la privación de la libertad.

42. En reiteradas oportunidades, esta Corporación18 ha puntualizado que en aras de

hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir el análisis de la
caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando en la etapa inicial no sea
posible determinar con claridad el momento en que debe empezar a contabilizarse,
pues en una fase posterior del proceso se contará con mayores elementos

18 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, CP. Ramiro

Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, CP. Nicolás Yepes Corrales;
auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, CP. María Adriana Marín.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

probatorios para establecer con certeza si operó o no la caducidad. Ello puede
resultar pertinente en un caso como este, en el que el demandante solicitó la práctica
de otras pruebas, para complementar la información incompleta que le suministraron
las autoridades demandadas.

43. La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe resolver

el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas que no sacrifican
el acceso a la administración de justicia, incluso en situaciones en las que el acervo
probatorio aportado con la demanda no permite definir lo relativo a la caducidad. De
tal manera que, corresponde al juez natural evaluar la información con que cuenta y
adoptar una decisión, que encuentre sustento en el material probatorio. Lo que no
es admisible es que declare la caducidad sin tener certeza de la totalidad de los
elementos fácticos que deben ser evaluados, pues ello pone en evidencia la
configuración del defecto fáctico.

44. Según la jurisprudencia constitucional19, dicha causal específica de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencias judiciales emerge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal en el que fundamenta la
decisión.

45. Uno de los supuestos en los que se puede presentar la configuración de dicho

yerro, es cuando el operador judicial da por acreditadas ciertas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde la decisión que adopta, como ocurrió en
el caso bajo estudio respecto a la fecha de conocimiento del daño y el momento en
que concurrieron las condiciones materiales que permitían acudir a la jurisdicción.

46. Por lo expuesto, la Sala dispondrá la protección de los derechos fundamentales

de acceso a la administración de justicia y debido proceso del accionante, vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Tolima al haber incurrido en un defecto fáctico. En
consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 5 de diciembre de 2024, con el fin de
que la autoridad judicial profiera una decisión de reemplazo, que privilegie el principio
pro actione, en garantía del acceso a la administración de justicia.

47. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de junio de 2025, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la parte actora.

19 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03104-01
Demandante: Jhon Jairo Herrán Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 5 de diciembre
de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de
reparación directa con radicado número 73001-33-33-004-2024-00115-00/01, para
que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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