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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03118-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03118-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional por no superar el requisito de relevancia constitucional frente a los cargos por defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, y NEGAR el cargo por desconocimiento del precedente judicial. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03118-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de julio de 2025

Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03118-00
Demandante: JHON JAIRO DIMATE VACCA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente la
acción por no superar el requisito de relevancia constitucional
y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Jhon Jairo Dimate Vacca, actuando por medio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y
el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Con la solicitud de amparo
pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión del auto del 5 de diciembre de 2024 proferido por el tribunal accionado.
Mediante esta decisión confirmó el auto del 4 de septiembre de 2024, dictado por
el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, que rechazó la demanda del medio
de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-009-2024-00228-
00/01, por haber operado el fenómeno de la caducidad.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandante: Jhon Jairo Dimate Vacca
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03118-00

PRIMERO: Declarar vulnerados los derechos fundamentales señalados por el
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 4 de
septiembre de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 5 de diciembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JHON
JAIRO DIMATE VACCA con radicado No. 73001-33-33-009-2024-00228-00/01,
así como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado
9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin
de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.
(Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:

5. El señor Jhon Jairo Dimate Vacca permaneció detenido en las
instalaciones de la Inspección Permanente Central de Ibagué desde el 18 de julio
de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022.

6. El 17 de enero de 2023, el actor presentó una petición ante la Policía
Metropolitana de Ibagué en la que solicitó que le informara si en dichas
instalaciones existía hacinamiento carcelario. Mediante la resolución GS-2023-
003124-METIB, expedida el 19 del mismo mes y año, la institución señaló que la
Inspección Permanente Central de Ibagué tenía un hacinamiento del 514%.

7. Por lo anterior, el señor Dimate Vacca presentó demanda de reparación
directa contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Fiscalía General de la Nación, el departamento del Tolima, el municipio de
Ibagué, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales
padecidos debido a las condiciones de hacinamiento que soportó mientras se
encontraba recluido.

8. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-009-2024-00228-00/01 y
le fue repartido al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Esa autoridad
judicial, por medio del auto del 4 de septiembre de 2024, rechazó la demanda por
haber operado el fenómeno de la caducidad.

9. Sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
el término para interponer la demanda se debe contabilizar desde el momento en
que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento. En ese orden,
consideró que, desde el primer día de reclusión, el señor Dimate Vacca tuvo

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conocimiento de dicha circunstancia, razón por la cual la demanda debió ser
radicada hasta el 19 de julio de 2023.

10. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación. Indicó
que se trató de un daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde
su captura hasta que cesó la detención, padeció los perjuicios que le ocasionó el
hacinamiento carcelario. Al respecto, puso de presente diversas sentencias
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se estableció
que, hasta el último día de detención, cesa el perjuicio por causa del
hacinamiento.

11. El Tribunal Administrativo del Tolima, por auto del 5 de diciembre de 2024,
confirmó el rechazo de la demanda al concluir que, de conformidad con la
jurisprudencia que ha fijado el Consejo de Estado, en estos casos, aunque los
efectos del perjuicio perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad
para interponer la acción de reparación directa inicia desde que se produjo el
daño o se tuvo conocimiento de este.

12. Al respecto, precisó que, desde el primer día de reclusión, es decir, desde
el 18 de julio de 2021, el actor tuvo conocimiento del daño, razón por la cual hasta
el 19 de julio de 2023 podía interponer la demanda. No obstante, hasta el 28 de
febrero de 2024 presentó la solicitud de conciliación prejudicial, razón por la cual
no se suspendieron los términos para interponer la demanda y operó el fenómeno
de la caducidad de la acción.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo, violación directa de la constitución y
desconocimiento del precedente judicial, debido a que fueron desconocidas
diversas sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y
de los Tribunales Administrativos del Tolima, Antioquia y Quindío, entre ellas:

− Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de
octubre del 2019, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.
− Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-201.
− Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia del 5 de septiembre de 2024,
radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01.
− Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia
del 29 de enero de 2024, radicado 63001-33-33-029-2019-00033-01.
− Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, radicado 63001-33-33-005-2024-00227-01.

14. Al respecto, citó diversos extractos de las providencias en las que se
estableció que la caducidad del medio de control de reparación directa comienza
a contarse a partir del momento en que la víctima se percata del daño.

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15. Insistió en que el término de caducidad debía contarse desde el 2 de marzo
de 2022 por ser un daño de carácter continuado y sucesivo. Además, sostuvo
que, de ser procedente el análisis de que el término para interponer la demanda
debe contarse desde que se tiene conocimiento del daño, tampoco habría
caducado la acción.

16. Lo anterior, debido a que solo tuvo conocimiento de la situación de
hacinamiento que padeció, tras la respuesta emitida por la Policía Metropolitana
de Ibagué el 19 de enero de 2023, en la que le informó que la Inspección
Permanente Central de la ciudad tenía un hacinamiento del 514%.

1.5. Trámite de la tutela

17. Por medio del auto del 26 de mayo de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué. Además, vinculó como tercero con interés a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.

18. Posteriormente, mediante auto del 16 de junio de 2025, fueron vinculadas
las señoras Clara Inés Vacca Novoa y Leidy Johana Dimate Vacca, por haber
conformado el extremo activo de la demanda de reparación directa en el que se
dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

19. Asimismo, se precisó que, al interior del proceso ordinario, el señor Jhon
Jairo Dimate Vacca indicó que actuaba en nombre y representación de su hija
menor de edad. Verificado el expediente del proceso ordinario, se constató que
su hija sigue siendo menor de edad, motivo por el cual se dispuso que también
se tendrá como accionante dentro del trámite de la referencia, bajo el entendido
de que el señor Dimate Vacca actúa como su representante.

1.6. Intervención

1.6.1. Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué

20. El titular del despacho refirió que la solicitud de amparo es improcedente
por no haberse acreditado la vulneración a los derechos fundamentales del actor,
debido a que dio cumplimiento no solo a lo previsto en el numeral 1 del artículo
169 de la Ley 1437 de 2011, sino también a la postura asumida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Esto, debido a que, en diversas sentencias, el
máximo órgano de lo contencioso administrativo ha determinado que, en asuntos
similares, el término de caducidad se debe contar desde el día siguiente al
ingreso en el establecimiento carcelario.

21. Por otra parte, señaló que el actor pretende, mediante la presente acción

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de tutela, constituir una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de que
se modifiquen las decisiones judiciales que le fueron desfavorables.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Tolima
y el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

23. La Sala advierte que el demandante adjudica tanto al Tribunal
Administrativo del Tolima, como al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, la
vulneración de sus garantías constitucionales con ocasión de los autos proferidos
el 5 de septiembre y 4 de diciembre de 2024, respectivamente.

24. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia
proferida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
comoquiera que fue la que puso fin al medio de control con radicado 73001-33-
33-009-2024-00228-00/01.

2.3. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que el señor Jhon Jairo Dimate Vacca está legitimado en
la causa por activa, porque fue la parte demandante dentro del medio de control
en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

27. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada
mediante el presente mecanismo constitucional.

2.4. Problema jurídico

28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver
el siguiente problema jurídico:

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• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

29. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

30. ¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad con
ocasión del auto proferido el 5 de diciembre de 2024?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20122. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema3. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales4.

33. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20145. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia6 y ocho defectos

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

34. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

35. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

36. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

37. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,

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se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

38. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional7.

39. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.

40. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

41. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

42. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

43. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

44. El accionante formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto de
estudio: i) defecto sustantivo, ii) violación directa de la constitución, y iii)
desconocimiento del precedente.

45. Sobre el particular, la Sala precisa que los cargos por defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución no superan el requisito de relevancia
constitucional, debido a que el actor no desarrolló ni identificó cuáles fueron las
normas que se aplicaron de forma indebida o irracional, ni precisó cuál es la
incidencia que tienen respecto de la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

46. En ese orden, resulta evidente que los dos cargos que aduce no cuentan
con la carga argumentativa mínima para ser estudiada de fondo. Por ende, la
Sala declarará la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

47. No obstante, frente al cargo por el presunto desconocimiento del
precedente, para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado, por cuanto la parte actora explicó que se le vulneraron los derechos al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, debido
a que la providencia reprochada desconoció el precedente fijado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y de diferentes Tribunales Administrativos, al
rechazar la demanda reparación directa interpuesta por el señor Jara Carrillo,
debido a la situación de hacinamiento que padeció en el establecimiento
carcelario en el que estuvo recluido.

48. Se destaca que la providencia que declaró la caducidad del medio de
control se profirió antes de que se trabara la litis, aspecto que, sin lugar a duda,
encuentra una mayor relevancia para realizar un estudio de fondo, ya que se trata
de una duda legítima sobre la presunta vulneración de principios constitucionales

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como el de acceso de acceso a la administración de justicia, que ampara el
derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia para solicitar
a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la Ley.

49. Por lo anterior, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible transgresión de las garantías constitucionales del tutelante, cuya
controversia no se enfocó en un debato de orden legal, sino que se justificó en
una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial objeto de
reproche.

2.6.2. Tutela contra tutela

50. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de posibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia reprochada fue proferida al interior del
trámite del medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-009-
2024-00228-00/01.

2.6.3. Subsidiariedad

51. La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
Esto, debido a que, por tratarse de un auto que confirma en rechazo de la
demanda, no es susceptible de recurso alguno.

2.6.4. Inmediatez

52. También se acredita el requisito de inmediatez, pues, sin que sea
necesario constatar la fecha de notificación, el auto que se reprocha fue proferido
por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2024. Es decir, el
actor promovió la acción de tutela dentro de los seis meses que estableció la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable para
ejercer la acción constitucional.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos.

53. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.

54. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una

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vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió en
un defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución.

55. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes ante la presunta
configuración de los cargos formulados.

2.7. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

56. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente8.

57. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos9 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

58. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Caso en concreto

59. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora reprocha el auto proferido el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Mediante dicha providencia se confirmó la decisión del
4 de septiembre de 2024 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de
Ibagué, que rechazó la demanda del medio de control de reparación directa, por
haber operado el fenómeno de la caducidad.

60. A juicio del actor, el tribunal accionado desconoció el precedente judicial
al no aplicar las decisiones del Consejo de Estado y de diferentes Tribunales
Administrativos en las que se han establecido que, en casos de reparación directa

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
9 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

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por hacinamiento carcelario, el daño debe contarse desde el momento en que la
víctima conoce del daño.

61. Alegó que, tratándose de un daño continuado, este debía contarse desde
el 19 de febrero de 2023, fecha en la que, mediante la resolución GS-2023-
003124-METIB expedida por la Policía Metropolitana de Ibagué, conoció la
situación de hacinamiento carcelario que padeció en la Inspección Permanente
Central de Ibagué.

62. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima,
realizó un análisis normativo y procedimental mediante el cual puso de presente
que el daño padecido por el actor es de ejecución instantánea,
independientemente de que el mismo genere efectos en el tiempo, de
conformidad con la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

63. Al respecto, hizo referencia a las siguientes providencias: (i) Sentencia del
6 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, (ii) Sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, y, (iii) Sentencia del 5 de octubre de
2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

64. Señaló que, en dichas providencias, el máximo órgano de lo contencioso
administrativo ha indicado que respecto de la caducidad del medio de control en
asuntos de hacinamiento carcelario «aunque los efectos perduren en el tiempo,
el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo
la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento
del daño».

65. Por lo anterior, se considera que el Tribunal Administrativo del Tolima no
incurrió en un desconocimiento del precedente, ya que, tal y como se puede
colegir de los antecedentes narrados por el accionante, no existe una posición
unificada en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa
cuando se alega el daño antijurídico por hacinamiento carcelario y no le
corresponde a esta Sección, en sede de tutela, definir el criterio imperante.

66. En efecto, se advierte que una de las sentencias alegadas por el
accionante acoge la tesis de que en asuntos de hacinamiento carcelario la
caducidad opera en los términos del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es
decir, cuando la víctima tiene conocimiento del daño, criterio diametralmente
opuesto al de la Subsección A en la sentencia de 6 de octubre de 2019 con
radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01, en la que se expuso que el daño en
estos eventos es continuado.

67. En ese orden ideas, luego de estudiar la decisión controvertida, esta
Sección considera que el Tribunal Administrativo del Tolima, a partir de un
análisis integral de las pruebas aportadas, de las cuales se destaca la

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constatación del porcentaje de hacinamiento que se estableció en el 514% en la
Inspección Permanente Central de Ibagué para la fecha de los hechos, no incurrió
en un desconocimiento del precedente, comoquiera que no existe tesis unificada
frente a la caducidad en casos de hacinamiento carcelario.

68. Sumado a lo anterior, se tiene que el tribunal sustentó su decisión en uno
de los criterios adoptados por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa, y
respaldó su decisión en una determinación que se encuentra acorde con el
material probatorio aportado, del cual concluyó que el accionante tuvo
conocimiento del daño desde el primer día que estuvo recluido en el centro
carcelario.

69. La anterior conclusión, que si bien se podría compartir o no, no resulta
arbitraria o caprichosa, ya que deviene de un ejercicio intelectual del juez natural
de la causa, el cual se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su
labor de interpretación a un caso en específico, por ello, no le corresponde a la
autoridad judicial constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la
«correcta» o aquella que más conviene en un caso en concreto, pues se
vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que
conoce el trámite ordinario.

70. Ahora bien, el actor alegó un desconocimiento del «precedente horizontal»
de las siguientes sentencias del Tribunal Administrativo del Tolima: i) sentencia
del 8 de noviembre de 202410, proferida por la Sala Quinta de Decisión11 y, ii)
sentencia del 5 de septiembre de 202412, dictada por la Sala de Oralidad13. A su
vez, sostuvo que se desconoció el precedente de la sentencia del 29 de enero
de 202414, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión.

71. Al respecto, esta Sección considera que los argumentos no tienen
vocación de prosperidad, dado que pertenecen a salas de decisión que no
corresponden a la autoridad judicial accionada en el presente litigio, en la medida
en que están conformadas por distintos magistrados.15 Aunado a lo anterior, la
sentencia del 29 de enero de 2024 fue proferida por otro tribunal administrativo,
cuyas decisiones no vinculan al cuerpo colegiado demandado en esta ocasión.

72. De igual forma, al no existir una postura unificada en la Sección Tercera
del Consejo de Estado como órgano de cierre en la materia objeto de esta acción
constitucional, en virtud del principio de la autonomía judicial, las salas de

10 Expediente 63001-3333-005-2024-00227-01.

11 Conformada por los magistrados Luis Javier Rosero Villota, Luis Carlos Álzate Ríos y Juan

Carlos Botina Gómez.
12 Expediente 73001-3333-001-2024-00124-01

13 Conformada por los magistrados Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, José Andrés Rojas Villa y

Luis Eduardo Collazos Olaya.
14 Expediente 05001-3333-029-2019-00033-01

15 La Sala de Decisión demandada en el presente asunto estuvo conformada por los magistrados

John Libardo Andrade Flórez, Belisario Beltrán Bastidas y José Aleth Ruíz Castro.

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decisión de los distintos tribunales administrativos pueden optar por una u otra
postura que han adoptado las distintas subsecciones de la Sección Tercera,
como sucede en el presente asunto. En tal medida, no es competencia del juez
constitucional decidir cuál es la postura que debe ser adoptada en cada caso en
concreto, pues ello implicaría transgredir dicho principio que rige a la
administración de justicia.

2.9. Conclusión

73. Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela frente a los
cargos por defecto sustantivo y violación directa de la constitución y se negará
los demás, al no encontrarse acreditado el defecto por desconocimiento del
precedente alegado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de relevancia constitucional frente a los cargos por
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, y NEGAR el cargo por
desconocimiento del precedente judicial.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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