RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03260-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03260-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03260-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional, por las razones señaladas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03260-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de junio de 2025

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-00
Demandante: ANA MERCEDES PACHECO RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra tutela – declara improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende la protección de su derecho
fundamental al debido proceso.

2. La anterior garantía la estimó vulnerada con ocasión de la sentencia del
23 de enero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Mediante esta decisión, se revocó la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar
el requisito de relevancia constitucional para, en su lugar, negar las pretensiones
de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-05392-00/01.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental al debido proceso.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

SEGUNDO: Que en vista de lo anterior, se ordene al Consejo de Estado revocar
los fallos de tutela 11001-03-15-000-2024-05392-00 y el radicado 11001-03-15-
000-2024-05392-01.

TERCERO: Que en vista de lo anterior, se ordene al Consejo de Estado que le
ordene al Tribunal Administrativo de Cali que revoque en su totalidad la sentencia
del 19 de junio de 2024, dentro del radicado 76-001-3333-012-202100026-01. Para
que en su lugar conceda cada una de las pretensiones de la demanda. [Sic a toda
la cita].

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. La accionante interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, por haber negado la solicitud de reliquidar su
pensión para que le fuera aplicado el régimen previsto en el Acuerdo 049 de
1990, por considerar que le es más favorable. El Juzgado 12 Administrativo de
Cali, mediante sentencia del 9 de febrero de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones. Las partes apelaron la decisión, mecanismo que fue resulto por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en providencia del 19 de junio de
2024, a través de la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar
negó las pretensiones de la demanda.

6. Por lo anterior, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso con ocasión de la sentencia proferida el 19 de junio de 2024.

7. Al proceso se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2024-05392-00, y le
fue repartido al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Esa
autoridad judicial, en sentencia del 7 de noviembre de 2024, declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia
constitucional, debido a que la señora Pacheco Ramírez pretendía reabrir el
debate zanjado por los jueces de instancia.

8. La accionante impugnó la anterior decisión, recurso que fue resuelto en
providencia del 23 de enero de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, quien revocó la decisión de primer grado y, en su lugar,
negó la acción de tutela. Como sustento de su decisión, indicó que el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca no incurrió en un defecto sustantivo, dado que
su decisión estuvo fundamentada de conformidad con los parámetros
establecidos por el Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

9. Asimismo, sostuvo que no fue desconocida la sentencia SU-769 de 2014
proferida por la Corte Constitucional, en razón a que el asunto no versa sobre el
reconocimiento de la pensión de vejez, sino acerca de su reliquidación, situación

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

que dista del análisis efectuado en dicha providencia. Frente a la sentencia T-219
de 2021, proferida también por el máximo órgano constitucional, señaló que dicha
decisión judicial no constituye un precedente con fuerza vinculante, máxime
cuando se trata de un asunto en el que se estudiaron los requisitos para acceder
a la pensión regulada en el Decreto 758 de 1990.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada «desconoce
el precedente constitucional que ha dictado en las sentencias SU-769 de 2014 y
T-219 de 2021. Argumentando falsamente que [en] la sentencia SU-769 de 2014
la Corte se refirió fue al reconocimiento de la pensión de vejez y no a la
reliquidación; sin embargo, el Consejo de Estado distorsiona los alcances del
precedente y las pretensiones de la demanda».

11. Indicó que «no entiende como en la segunda instancia de la tutela, el
honorable Consejo de Estado dice que revoca el fallo, pero al igual niega la
demanda, es decir hay un error de concordancia entre el fallo y la motivación».

12. Finalmente, señaló que el asunto goza de relevancia constitucional, puesto
que se discute la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
Además, expresó que en la providencia reprochada se incurrió en un defecto
sustantivo porque se desconocieron sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, lo cual impidió que se aplicara a su caso el Acuerdo 049 de 1990.

1.5. Trámite de primera instancia

13. Por auto del 30 de mayo de 2024, el despacho ponente admitió la solicitud
de amparo. En consecuencia, notificó como autoridad judicial accionada a la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y vinculó como terceros
con interés a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, al Juzgado 12 Administrativo de Cali
y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). De igual forma,
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

14. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, luego de
hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior en la acción
de tutela cuya providencia se reprocha mediante esta vía, indicó que la presente
solicitud es improcedente por pretender controvertir asuntos de la misma
naturaleza. Además, aseguró que los argumentos esbozados por la accionante
son una mera inconformidad con la decisión judicial, dado que no expuso
situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta que permitan realizar un estudio
de fondo.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

15. El Juzgado 12 Administrativo de Cali señaló que no advierte la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pero que se estará a lo
resuelto en el presente asunto.

16. Colpensiones refirió que la autoridad judicial accionada no materializó
ningún vicio en el proceso ni incurrió en ningún defecto que haya generado la
vulneración de las garantías fundamentales de la accionante, motivo por el cual
la solicitud de amparo es improcedente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

19. La Sala advierte que la señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez está
legitimada en la causa por activa, por haber conformado el extremo activo del
proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la providencia cuestionada.

20. Por otro lado, se evidencia que la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber
dictado la sentencia del del 23 de enero de 2025, reprochada mediante la
presente acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

21. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

22. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la sentencia proferida el
23 de enero de 2025?

23. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos de procedencia de cara a la sentencia debatida, y de
superarse dicho análisis, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20122. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema3. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales4.

25. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20145. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia6 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

26. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

27. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

28. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

29. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Improcedencia de la acción en el caso concreto por cuanto se cuestiona
una decisión de tutela

30. La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en
el marco de otro mecanismo similar, por cuanto «la resolución del conflicto se
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del
goce efectivo de los derechos fundamentales».

31. Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una
nueva solicitud de amparo, se instituiría un recurso adicional para la insistencia
en la revisión de un asunto ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a
las normas que reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite
procesal correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

32. Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional determinó
que, excepcionalmente la acción de tutela procede contra providencias proferidas
en ejercicio de una acción de la misma naturaleza, bajo los siguientes
parámetros:

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto
para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia,
la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional. (…)7 [Negrillas fuera de texto].

33. Como se advierte el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera
excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una
providencia de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente
que la sentencia acusada fue producto de un fraude.

34. Así, además de cumplirse con los demás requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario, para que proceda
contra un fallo de la misma naturaleza, que el accionante demuestre la

7 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio ordinario o
extraordinario para resolver esa situación.

35. Así las cosas, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito objeto
de estudio, como se explicará a continuación:

36. Primero, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esa Corporación [Corte Constitucional],
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la Sala respectiva, se tornan definitivas»8.

37. En el sub examine, la señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez busca que
a través de la presente acción constitucional que se examine el contenido del
fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación el 23
de enero de 2025. La mencionada providencia fue proferida en el marco de una
tutela adelantada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

38. En el referido pronunciamiento, la autoridad judicial accionada revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó la solicitud de amparo al
considerar que el tribunal no incurrió en el defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial alegado por la parte actora. Esto, por cuanto su decisión
estuvo fundamentada de conformidad con los parámetros establecidos por el
Acuerdo 049 de 1990 y en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, señaló
que no le eran aplicables las sentencias SU-769 de 2014 y T-219 de 2021
proferidas por la Corte Constitucional, debido a que no versaban sobre asuntos
similares al suyo.

39. Inconforme con la decisión, la actora presentó una nueva solicitud de
amparo. Como sustento de su solicitud, reiteró que las providencias señaladas
en el numeral anterior le resultaban aplicables y, en consecuencia, indicó que
debe ordenarse la reliquidación de su pensión de vejez, de conformidad con el
Acuerdo 049 de 1990.

40. Salta a la vista que de su solicitud de amparo no es posible extraer algún
defecto adjudicado en contra de la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de la corporación, y mucho menos se deriva de ello la posible
configuración de la cosa juzgada fraudulenta.

41. Así las cosas, dado que la accionante no demostró que la decisión del juez
del amparo haya surgido de un análisis contrario al ordenamiento jurídico que
pueda ser calificado como una acción fraudulenta, en los términos de la sentencia
SU-627 de 2015 dictada por la Corte Constitucional, la Sala declarará la

8 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03260-00

improcedencia de la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional,
por las razones señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.