Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05392-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05392-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05392-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05392-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de noviembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: ANA MERCEDES PACHECO RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple con la carga argumentativa mínima exigida para
cuestionar providencias judiciales y, además, se pretende utilizar la tutela como instancia
adicional del trámite disciplinario.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ana Mercedes
Pacheco Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 7 de octubre de 20241, la señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de
la sentencia proferida el 19 de junio de 2024, mediante la cual se revocó la
providencia del 9 de febrero de 2023, emitida por el Juzgado 12 Administrativo de
Cali, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76-001-
3333-012-202100026-01; en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. La
aquí actora pretende lo siguiente (transcripción textual):
PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental al debido proceso.
SEGUNDO: Que en vista de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo
de Cali que revoque en su totalidad la sentencia del 19 de junio del 2024,
dentro del radicado 76-001- 3333-012-202100026-01.
1 Se advierte que, el 23 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
TERCERO: Que en su lugar conceda cada una de las presentaciones de la
demanda
2. La señora Pacheco Ramírez narró que es beneficiaria del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haber cotizado al extinto
Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) desde el 10 de marzo de 1980,
como empleada de la empresa DIATECNIAS LTDA.
3. En virtud de lo anterior, mediante Resolución GNR 31966 del 12 de febrero de
2015, COLPENSIONES le reconoció la pensión de vejez con fundamento en el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985.
4. En el año 2017, la señora Pacheco Ramírez solicitó la reliquidación de su
pensión, para que le fuera aplicado el régimen anterior, previsto en el Acuerdo 049
de 1990, por considerar que es más favorable a sus intereses, toda vez que le
permite acceder a una tasa de reemplazo del 90%, en razón al número de
semanas cotizado. COLPENSIONES negó la petición a través de Resolución SUB
273341 del 28 de noviembre de 2017.
5. El 19 de diciembre de 2019, la accionante nuevamente solicitó la reliquidación
de su pensión de vejez, con fundamento en el régimen establecido en el Acuerdo
049 de 1990. La solicitud se negó por medio de Resolución SUB 28890 del 30
enero de 2020, contra la que se interpusieron los recursos de reposición y
apelación, que se resolvieron desfavorablemente con las Resoluciones SUB
83387 del 30 de marzo y DPE 6549 del 23 de abril, ambas de 2020.
6. La accionante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento contra
los anteriores actos administrativos, del cual conoció en primera instancia el
Juzgado 12 Administrativo de Cali, que accedió a las pretensiones de la demanda
con sentencia del 9 de febrero de 2023.
7. Apelada la decisión por las dos partes, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones, bajo el argumento de que
para lograr la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante y obtener el
incremento de la tasa de reemplazo con el régimen del Decreto 758 de 1990,
únicamente son computables las semanas efectivamente cotizadas al ISS o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
COLPENSIONES, pero la afiliada sólo cotizó al ISS, hoy Colpensiones, una
totalidad de 85 semanas.
8. Sostuvo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los
siguientes defectos:
9. Sustantivo. La providencia censurada desconoció lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-273 de 2022, toda vez que dio al Acuerdo 049
de 1990 y al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 un alcance que no tienen, al
argumentar que, para acceder a la pensión de vejez, en los términos allí previstos,
solamente se pueden computar las semanas de cotización realizadas al ISS, es
decir, que no se pueden acumular tiempos cotizados a otras cajas o entidades de
previsión.
10. Desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Que, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-273 de 2022,
la providencia censurada desconoció el artículo 53 Superior, al inaplicar el
principio de favorabilidad e impedir la acumulación de tiempos públicos y privados.
11. Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada denegó las pretensiones
con flagrante desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional
establecido en las sentencias SU-769 de 2014 y T-219 de 2021, dado que en esas
providencias la Corporación dejó claro que «(…) su precedente no se aplica
solamente para casos en los que se discute el reconocimiento de la pensión de
vejez, sino también en el caso de la reliquidación de la mesada pensional (…). Es
por ello, que el Tribunal se equivocó al considerar que el precedente judicial de la
SU - 769 de 2014 no era aplicable a mi caso, porque como bien lo consideró en la
sentencia T-219-21, el precedente de la Corte esto es, que se pueden acumular
los tiempos públicos y privados se aplica independientemente si se trata del
reconocimiento por primera vez de la pensión de vejez o de la reliquidación de la
mesada pensional como es el mi caso (...)».
Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 10 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, como parte demandada, y, como tercero con interés, se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
vinculó al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES, toda vez que la entidad que representa intervino en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-3333-012-2021-
00026-01.
13. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
14. El magistrado ponente de la providencia censurada señaló que la
sentencia censurada no desconoció las disposiciones constitucionales ni el
precedente judicial invocado por la parte actora, habida consideración de que en
la providencia se determinó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado,
para acceder a la pensión de vejez conforme a lo previsto en el Decreto 758 de
1990 (Acuerdo 049 de 1990), se deben cumplir los siguientes requisitos:
i) Que las semanas hayan sido cotizadas efectivamente al ISS;
ii) Que se acredite un mínimo de 500 semanas de cotización durante los
últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; o
iii) Haber acreditado 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo.
15. Informó que, en el proceso de origen, la accionante acreditó que únicamente
cotizó al ISS un total de 85 semanas, razón por la cual se negaron las
pretensiones.
16. Puntualizó que en la providencia se acogió precisamente la tesis aplicada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, con lo cual, en su sentir, se desvirtúa
el reproche del desconocimiento del precedente.
17. Finalmente, destacó que no se advierte vulneración a derecho fundamental
alguno y que se garantizó el debido proceso en todo momento, dado que las
etapas se surtieron a cabalidad conforme lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011
y 1564 de 2012.
18. Pese a ser debidamente notificada, COLPENSIONES no presentó informe
alguno.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
19. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tampoco intervino en
esta oportunidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
20. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende,
vulneró el derecho fundamental invocado por la señora Ana Mercedes Pacheco
Ramírez.
Análisis de la Sala
De la relevancia constitucional
21. En sentencia del 5 de agosto de 2014 (exp. 2012-02201-01 [IJ], M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez), la Sala Plena de esta Corporación señaló que este
requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de
amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos
elementos.
22. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
23. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
24. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
25. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente2 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
Caso concreto y solución del problema jurídico
26. De entrada, la Sala anticipa que, la presente tutela deviene improcedente
porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Se trata, pues, de una
solicitud de amparo sin la suficiente carga argumentativa exigida por la
jurisprudencia constitucional para cuestionar providencias judiciales.
27. En efecto, aunque la parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de
segunda instancia proferida el 19 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, lo cierto es que, no explicó con claridad suficiente en qué
consiste la vulneración a los derechos fundamentales invocados.
28. Pese a que señaló los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución como causales específicas de procedencia, en
las que supuestamente incurrió la providencia objeto de reproche, se limitó a
transcribir apartes jurisprudenciales, sin descender el análisis al caso concreto de
cara a las sentencias invocadas, sin identificar la coincidencia de los supuestos
fácticos y sin puntualizar en qué consiste la violación alegada.
29. No basta, pues, con que la parte demandante aduzca que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello es necesario sustentar amplia y
2 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.
30. En este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión
tomada en la providencia cuestionada, inconformidad a la que la accionante
intenta darle el cariz de vicio o defecto, simplemente porque no fue favorable a sus
intereses.
31. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela el
actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente,
que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso
concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que
ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo
y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales3.
32. Amén de lo anterior, a juicio de la Sala, la accionante pretende reabrir el
debate zanjado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de
origen. Tanto así que en la providencia censurada la Corporación hizo alusión a la
Sentencia SU-769 de 2019, e incluso se refirió a la pertinencia de aceptar las
cotizaciones realizadas por empleadores públicos y privados, así como a la
posibilidad de acumular cotizaciones efectuadas al ISS y a otras cajas de
previsión, siempre que ello se requiera para efectos del reconocimiento de la
prestación, y no para su reliquidación.
33. Además, la autoridad judicial demandada cimentó su análisis en la
jurisprudencia del Consejo de Estado4, órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, a fin de señalar que la aplicación del Decreto 758 de
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
4 Citó, entre otras sentencias, la proferida por la Sección Segunda, Subsección A, el 13 de febrero
de 2014, con radicado 25000-23-25-000-2012-01566-01(1676-13) y ponencia del magistrado
Alfonso Vargas Rincón; la emitida por la Sección Segunda, Subsección B, el 12 de diciembre de
2017, dentro del expediente radicado 4332-16, y ponencia del magistrado César Palomino Cortés;
y las del 15 de agosto de 2019 y 13 de febrero de 2020, con ponencia de la magistrada Sandra
Lisset Ibarra Vélez, esta última en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2016-05249-01(4669-
18).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
1990 (aprobó el Acuerdo 049 de 1990) depende de que el número de semanas
requeridas hayan sido cotizadas exclusivamente al ISS, hoy Colpensiones, por lo
que para el reconocimiento de la prestación no es posible la acumulación de
aportes a otras entidades de previsión social, públicas o privadas.
34. Así, pues, en lo que respecta al régimen pensional previsto en el Acuerdo 049
de 1990, en la sentencia del 19 de junio de 2024, objeto de reproche, la autoridad
accionada señaló (transcripción literal):
38. Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 existían diferentes normas
que regulaban la prestación pensional dentro del nuestro ordenamiento
jurídico.
39. El artículo 12 del Decreto 758 de 1990 “Por el cual se aprueba el
Acuerdo número 049 de febrero 1 de 19904 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios” estableció para los afiliados del Seguro
Social lo siguiente: (…)
40. La Corte Suprema de Justicia3 consideró que para cumplir con el
requisito de del número de semanas de que trata el artículo 12 ídem, no era
posible sumar los períodos cotizados a otras entidades diferente al antiguo
ISS. (…)
42. La Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el tema concluyó
que:
28. Cabe señalar que en el marco del régimen pensional del Decreto 758 de
1990, la Corte Constitucional, principalmente a través de la sentencia SU-
769 de 2014, validó el reconocimiento de pensiones de vejez con la
acumulación de semanas cotizadas a Colpensiones y a otras entidades
previsionales. 29. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que el espectro de
protección al que la Corte orientó su interpretación, fueron los derechos
fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida digna, de
quienes alegaron vía de tutela que en virtud de tales condiciones no habían
podido acceder a una pensión de jubilación, restringiendo ésta opción, es
decir computo de cotizaciones al ISS y otros entes previsionales, a las
personas que ya tenían reconocido el derecho y pudieran en tal virtud lograr
una eventual reliquidación; pues a éstos no se les estaría vulnerando tales
prerrogativas.
30. Vale la pena precisar, que la sección segunda del Consejo de Estado
coincide con el criterio de la Corte Suprema de Justicia, en tanto sostiene
que el Decreto 758 de 1990, en su artículo 12 previó como requisitos para
acceder a la pensión de vejez tener 60 años de edad si es varón y 55 sin es
mujer y haber cotizado un mínimo de 500 semanas pagadas durante los
últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o haber
acreditado un total de 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier
tiempo, al anterior Instituto de Seguros Sociales, actualmente Colpensiones.
35. Bajo esa lógica, el Tribunal demandado abordó el análisis del caso concreto y
concluyó:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
48. Para lograr la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante y
obtener el incremento de la tasa de reemplazo en el régimen del Decreto
758/90, solo son computables las semanas efectivamente cotizadas al ISS o
COLPENSIONES, por lo que deben desestimarse los 9460 días cotizados a
la entidad pública.
49. De lo anterior se extrae con suficiente claridad que la señora Ana
Mercedes Pacheco solo cotizó al ISS hoy Colpensiones una totalidad de 85
semanas, por lo que no cumple el mínimo de semanas de cotización
directamente en la entidad para ser acreedora de los beneficios del Acuerdo
049 de 1990.
50. En lo que respecta a la acumulación de las semanas de cotización,
conforme al criterio establecido por la Sección Segunda del Consejo de
Estado y citado en otro aparte de esta providencia, se tiene que aquel fue
validado por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 769 de 2014 pero
únicamente para efectos del reconocimiento de la prestación y no para
reliquidar la que ya fue reconocida, situación que aquí ya ocurrió mediante
resolución nro. GNR 31966 del 12 de febrero de 2015, la cual quedó en
firme y ejecutoriada.
51. Por lo anterior y en atención a que no le asiste el derecho a la
demandante a obtener la reliquidación de su pensión según el Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se impone revocar la
sentencia de primera instancia y negar las pretensiones.
36. Vistas así las cosas, para la Sala es claro que los argumentos alegados en la
tutela fueron invocados para continuar con un debate jurídico que ya fue decidido
por la autoridad judicial accionada, consistente en que, desde la óptica particular
de la parte accionante, se debió ordenar la reliquidación de la pensión con una
tasa de reemplazo del 90%, conforme a lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990,
toda vez que, en su sentir, se encuentra amparada por dicho régimen, en virtud de
la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, independientemente
de que tan sólo haya cotizado 85 semanas al ISS, pues considera suficientes las
cotizaciones efectuadas a CAJANAL, que suman 9460 días.
37. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión censurada resultan razonables, estuvieron soportadas en la
jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado en la materia y no merecen
reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte
demandante no las comparta, no significa que por ese motivo la autoridad judicial
accionada hubiera incurrido en los vicios alegados, ni habilita al juez constitucional
para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.
38. Corolario de lo anterior, la Subsección concluye que la presente solicitud de
amparo deviene en improcedente, porque no satisface el requisito general de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05392-00
Demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
relevancia constitucional, en la medida en que carece de la carga argumentativa
mínima exigida para cuestionar providencias judiciales y porque busca revivir la
discusión planteada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-3333-012-2021-00026-01.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.