RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03260-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03260-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03260-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T- 4.496.402, M.P. Mauricio González Cuervo; 1 de octubre de 2015. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01 Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03260-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: ANA MERCEDES PACHECO RAMÍREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA. CONFIRMA FALLO
IMPUGNADO. Se declara improcedente la acción de tutela porque no se
probó la cosa juzgada fraudulenta.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 19 de junio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23
de enero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-03-15-
000-2024-05392-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Adujo que presentó la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2024-05392-01
contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca para que se protegiera su
derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos la sentencia de 19
de junio de 2024, proferida por la autoridad judicial indicada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con núm. 76-001-3333-012-2021-00026-01.

2.2. Precisó que la acción de tutela mencionada fue repartida en primera instancia a
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

que, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, declaró improcedente la
solicitud de amparo.

2.3. Expuso que impugnó la decisión de primera instancia y que la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de providencia de 23 de enero
de 2025, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó la acción de
tutela.

2.4. Sostuvo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en “[…] desconocimiento abierto de la Constitución y del precedente judicial
de la Corte Constitucional […] las sentencias SU-769 de 2014 y T-219 de 2021 […]”.

2.5. Indicó que “[…] conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, impedir la
acumulación de tiempos públicos (sic) y privados para el Acuerdo 049 de 1990, es
violar directamente el artículo 53 de la Constitución, dado que este artículo
establece el principio de favorabilidad y el operador legal debe aplicar la norma mas
(sic) favorable al pensionado y en mi caso, la norma mas (sic) favorable era el citado
Acuerdo que me permitía (sic) acumular tiempos privados y públicos (sic) y ordenar
la reliquidación de mi mesada pensional. Por lo que entonces el Consejo de Estado
en sus sentencias de tutela y el Tribunal Administrativo del Valle, violan
directamente la Constitución […]”.

2.6. Manifestó que “[…] el Tribunal se equivocó al considerar que el precedente
judicial de la SU - 769 de 2014 no era aplicable a mi caso, porque como bien lo
considero en la sentencia T-219-21, el precedente de la Corte esto es, que se
pueden acumular los tiempos públicos y privados, se aplica independientemente si
se trata del reconocimiento por primera vez de la pensión de vejez o de la
reliquidación de la mesada pensional como es el mi caso […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental al debido proceso.

SEGUNDO: Que en vista de lo anterior, se ordene al Consejo de Estado
revocar los fallos de tutela 11001-03-15-000-2024-05392-00 y el radicado
11001-03-15-000-2024-05392-01.

TERCERO: Que en vista de lo anterior, se ordene al Consejo de Esto que le
ordene al Tribunal Administrativo de Cali que revoque en su totalidad la
sentencia del 19 de junio del 2024, dentro del radicado 76-001-3333-012-
202100026-01. Para que en su lugar conceda cada una de las presentaciones
de la demanda […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de mayo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali y a la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la solicitud de tutela “[…] en razón de la naturaleza
idéntica de los procesos […] la señora Ana Mercedes Pacheco no expuso
situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta que avizoren la vulneración de
los derechos fundamentales invocados […]”.

5.2. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali señaló que “[…] De lo
esbozado en el escrito de tutela, contrastado con lo acontecido en el proceso, no
se advierte vulneración del derecho fundamental que aduce la parte accionante por
parte de este Despacho […]”.

5.3. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto “[…] no puede
constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate […]” y
“[…] el trámite alegado en la presente tutela, ya había sido objeto de estudio por
otro Juez el cual no accedió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo
que la presente acción de tutela debe ser declara improcedente ante la existencia
de la cosa juzgada […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por dirigirse contra una
sentencia de tutela.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:

“[…] En primera medida, el fallo emitido comete un error jurídico, dado que no
se realizó ni siquiera un análisis aproximado de los argumentos presentados
en el escrito de tutela. Esto, porque —contrario a lo señalado en el fallo de
tutela del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)— el fallo
atacado sí constituye un fraude, ya que fue proferido en abierto
desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte Constitucional
en las sentencias SU-273 de 2022, T-219 de 2021 y SU-769 de 2014.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

Dicho desconocimiento configura una violación flagrante del numeral 9 del
artículo 241 de la Constitución Política, el cual establece con claridad que la
Corte Constitucional es el único órgano autorizado para fijar el precedente
judicial en materia de tutela. En consecuencia, el Honorable Consejo de
Estado, en sus distintas Secciones, no está facultado para apartarse ni para
emitir criterios contrarios a los establecidos por la Corte Constitucional […]”.

[…]

“[…] De modo que la Corte Constitucional, en la sentencia referida, deja en
evidencia cómo el Tribunal de Cali —tanto el a quo como el ad quem en el fallo
de tutela del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)— vulneraron
el precedente judicial de la Corte Constitucional, lo cual constituye un fraude,
toda vez que la Corte dejó claro que dicho precedente no se aplica únicamente
en los casos de reconocimiento de la pensión de vejez, sino también en
aquellos en los que se solicita la reliquidación de la mesada pensional, como
es mi caso […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, al configurarse varias de las causales de procedencia
de la tutela contra providencia judicial —como el defecto sustantivo, la violación
directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente judicial—, se
produjo una vulneración al debido proceso […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

b) Determinar si la autoridad accionada vulneró el derecho fundamental
invocado por la parte accionante.

10. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela; (ii) los presupuestos
para que proceda la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal
y abstracto; para posteriormente; y (iii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

18. La señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 23
de enero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-03-15-
000-2024-05392-01.

19. Teniendo en consideración lo anterior, para el abordaje del caso concreto se
estudiará la improcedencia de la acción de tutela por dirigirse contra un fallo
proferido en un proceso de idéntica naturaleza.

VIII.4.1. De la improcedencia de la acción de amparo por dirigirse contra una
sentencia de tutela

20. Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra una sentencia dictada
en otro proceso de tutela, se destaca que la Corte Constitucional, en la sentencia
SU-627 de 2015, unificó criterio y precisó lo siguiente:

“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver
la situación […]”.11. [Negrilla fuera del texto].

21. Esta Sección considera que la presente acción constitucional es improcedente
porque se dirige contra una sentencia de tutela y no se demostró que la decisión
mencionada haya sido expedida con ocasión de un fraude; sino que lo pretendido
por la parte accionante es que se expida una nueva sentencia de tutela favorable a
sus intereses.

22. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela en razón a que se dirige
contra una sentencia dictada en otro proceso de igual naturaleza y no está
acreditado el supuesto previsto en la sentencia SU-627 de 2015.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

11
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T- 4.496.402, M.P. Mauricio González Cuervo; 1 de octubre de 2015.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03260-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.