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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05392-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05392-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la providencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que rechazó pro improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Segundo: Negar las pretensiones formuladas por la señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez en la acción de tutela por los motivos expuestos en el presente proveído. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05392-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05392-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se revoca la decisión de declarar la improcedencia de la acción, y
en su lugar se niegan las pretensiones porque no se demostraron
los defectos alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 7 de
noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se rechazó por improcedente la acción de
tutela al considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos
La señora Ana Mercedes Pacheco Ramírez, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó los actos administrativos
contenidos en las Resoluciones SUB 28890 del 30 de enero de 2020, SUB 83387
del 30 de marzo del 2020 y DPE 6549 del 23 de abril del 2020, mediante los
cuales la Administradora Colombiana de Pensiones negó la reliquidación de su
pensión de vejez.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, despacho judicial que, mediante providencia del 9 de febrero de
2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de
la providencia del 19 de junio de 2024, revocó la decisión judicial anterior y en su
lugar negó las pretensiones la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05392-01
Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

2.2. Fundamentos jurídicos
La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en la providencia del 19 de junio de 2024, incurrió en los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo por aplicar erróneamente el Acuerdo 049 de 1990, al
considerar que no es posible acumular cotizaciones realizadas ante
diferentes entidades para obtener la reliquidación de la pensión de vejez.

Asimismo, consideró que se configuró este defecto por el alcance indebido
que otorgó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

• Violación directa de la Constitución por no haber aplicado el artículo 53
de la Constitución Política en lo que al principio de favorabilidad se refiere.

• Desconocimiento del precedente en cuanto desconoció en la
providencia censurada las sentencias SU-769 de 2014 y T-219 de 2021
proferidas por la Corte Constitucional.

2.3. Pretensiones:

La parte accionante solicitó:

«PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental al debido proceso.

SEGUNDO: Que en vista de lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Cali que revoque en su totalidad la sentencia del 19
de junio del 2024, dentro del radicado 76-001- 3333-012-202100026-01.

TERCERO: Que en su lugar conceda cada una de las presentaciones
de la demanda». (sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante auto del 10 de octubre de 2024, a través del cual
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado y
a la Administradora Colombiana de Pensiones como tercero interesado en el
resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1 señaló que la
accionante no logró la reliquidación de la pensión de vejez, pues solo son
computables las semanas efectivamente cotizadas a la actual Administradora
Colombiana de Pensiones. En ese sentido, la señora Mercedes Pacheco solo
cotizó al Instituto de Seguros Sociales una totalidad de ochenta y cinco semanas,
por ende no cumple el requisito mínimo para ser acreedora de los beneficios del
Acuerdo 049 de 1990.

1 Folio 06 del aplicativo SAMAI.

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2.4.2. La Administradora Colombiana de Pensiones2 sostuvo que hay lugar a
negar las pretensiones, toda vez que el juez natural del asunto profirió una
decisión de fondo en virtud de su autonomía e independencia judicial.

2.4. Sentencia impugnada

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia del 7 de noviembre de 2024 afirmó que la acción de tutela no cumple
el requisito de relevancia constitucional, pues no cuenta con el mínimo de carga
argumentativa requerido por la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales.

Asimismo, manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adoptó
su decisión con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado
concluyendo que para el reconocimiento de la prestación no es posible la
acumulación de aportes a otras entidades de previsión social, públicas o
privadas, argumento razonable para la autoridad judicial.

2.5. Impugnación

La parte accionante adujo que la acción de tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional por la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, dado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en el
defecto sustantivo por desconocer el artículo 53 de la Constitución; defecto
fáctico al desconocer el Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100 de
1993; desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional SU - 769 de
2014 y T-219 de 2021.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
al proferir la decisión judicial del 19 de junio de 2024.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

2 Folio 12 del aplicativo SAMAI

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Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

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3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera

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cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»2.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto

La parte accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
aplicó erróneamente el Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pues considera que al acumular los periodos cotizados al Instituto de
Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social se debe acceder a la
reliquidación pensional, aumentando la tasa de reemplazo al 90 %.

Al respecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló en la
providencia del 19 de junio de 2024 lo siguiente:

«34. La sentencia se revoca por cuanto la demandante no acreditó el
cumplimiento del número de semanas exigido por el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y no es posible
sumar los periodos no cotizados al ISS porque la norma en cita, en
concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es clara al establecer
que esos tiempos deben estar efectivamente sufragados a tal entidad de
previsión.»
(…)
«48. Para lograr la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante y
obtener el incremento de la tasa de reemplazo en el régimen del Decreto
758/90, solo son computables las semanas efectivamente cotizadas al ISS o
COLPENSIONES, por lo que deben desestimarse los 9460 días cotizados a
la entidad pública.

49. De lo anterior se extrae con suficiente claridad que la señora Ana
Mercedes Pacheco solo cotizó al ISS hoy Colpensiones una totalidad de 85
semanas, por lo que no cumple el mínimo de semanas de cotización
directamente en la entidad para ser acreedora de los beneficios del Acuerdo
049 de 1990.»

A partir de la anterior transcripción la sala encuentra que la autoridad judicial

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accionada fundamentó su decisión en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de dicha anualidad y en concordancia con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, adaptando la normativa correspondiente a la
situación fáctica puesta de presente por la parte accionante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, esta Sala observa que contrario a las manifestaciones de la
parte accionante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca efectuó un
estricto análisis de las normas cuestionadas, garantizando los derechos
fundamentales de la señora Ana Mercedes, razón por la cual no se encuentra
configurado el defecto sustantivo.

3.6. La violación directa de la Constitución como causal de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición
constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en
una interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite
su declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino
que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades
y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados»3.

3.7. Análisis de la presunta configuración de la violación directa de la
Constitución en el caso concreto

La señora Pacheco Ramírez adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en la violación directa del artículo 53 de la Constitución Política al

3 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:

Alberto Rojas Ríos.
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no aplicar el principio de favorabilidad en el caso concreto.

Pese a lo expuesto, la autoridad judicial accionada demostró que fundamentó su
decisión en la normativa vigente, de acuerdo a la situación concreta de la parte
accionante, por lo que no se vulneró derecho fundamental alguno.

En ese sentido, no se evidencia que en la providencia del 19 de junio de 2024 el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurriera en la violación directa de
la Constitución Política.

3.8. El desconocimiento del precedente como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único
posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial
que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las
exigencias de la igualdad y de la independencia judicial.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.9. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

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La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente de conformidad con las sentencias SU-769 de
20144 y T-219 de 20215 proferidas por la Corte Constitucional, las cuales estudian
prestaciones pensionales para los beneficiarios del régimen de transición.

Al respecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que:

«50. En lo que respecta a la acumulación de las semanas de cotización,
conforme al criterio establecido por la Sección Segunda del Consejo de
Estado y citado en otro aparte de esta providencia, se tiene que aquel fue
validado por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 769 de 2014 pero
únicamente para efectos del reconocimiento de la prestación y no para
reliquidar la que ya fue reconocida, situación que aquí ya ocurrió
mediante resolución nro. GNR 31966 del 12 de febrero de 2015, la cual
quedó en firme y ejecutoriada.»

Habida consideración de lo anterior, se tiene que la autoridad judicial accionada
mencionó que en relación con la sentencia SU-769 de 2014, el caso concreto no
versa sobre el reconocimiento de la pensión de vejez, sino acerca de la
reliquidación de la misma, situación que dista radicalmente del análisis de la
providencia puesta en consideración ante esta Subsección por parte de la
accionante.

Ahora bien, frente a la sentencia T-219 de 2021, conviene recordar que, a pesar
de los elementos fácticos relacionados con el proceso de la señora Ana
Mercedes, lo cierto es que dicha decisión judicial no constituye precedente
judicial con fuerza vinculante semejante a una sentencia de unificación, y que el
efecto de la referida es inter partes.

Por lo anterior, la decisión judicial proferida por la Corte Constitucional, no debe
imponerse a la autoridad judicial accionada, máxime cuando en la providencia
acusada los argumentos esgrimidos se basan en la jurisprudencia aplicada por
esta Corporación en casos en donde se estudian los requisitos para acceder a la
pretensión de la que trata el decreto 758 de 1990.

Por ese motivo, es imperativo enfatizar en que el juez natural goza de autonomía
funcional e independencia, sin perjuicio de la vulneración de derechos
fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

4 Corte Constitucional. Sentencia SU 769 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5 Corte Constitucional. Sentencia T 219 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Accionante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez

FALLA

Primero: Revocar la providencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que rechazó pro
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

Segundo: Negar las pretensiones formuladas por la señora Ana Mercedes
Pacheco Ramírez en la acción de tutela por los motivos expuestos en el presente
proveído.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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