Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06708-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06708-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06708-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06708-00
Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06708-00
Demandante: ANA JULIA OCHOA DE TÉLLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE, DEFECTO SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN – Se analizan conjuntamente a la luz del desconocimiento del precedente,
dado que hacen referencia a un argumento común; en todo caso, se descarta su
configuración en el asunto bajo examen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ana Julia Ochoa de
Téllez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Administradora Colombiana
de Pensiones, en adelante Colpensiones.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 4 de diciembre de 20241, la señora Ana Julia Ochoa de Téllez, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá y Colpensiones, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social2, con ocasión de la sentencia
proferida el 26 de septiembre de 2024, mediante la cual se modificó la providencia
del 31 de enero de 2022, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
150013333007-2019-00232-01. La aquí actora pretende lo siguiente (transcripción
textual):
PRIMERA. Honorables Consejeros, SÍRVANSE DEJAR sin EFECTOS la
siguiente Providencia Judicial:
1.1. Sentencia proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN No. 2- calendada Veintiséis (26) de
Septiembre de Dos mil Veinticuatro (2024), notificada por Correo Electrónico
1 Se advierte que el 19 de diciembre de 2024 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocidos los principios de favorabilidad, seguridad jurídica, in dubio pro
operario y progresividad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06708-00
Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
el día Tres (3) de Octubre de Dos mil Veinticuatro (2024), Magistrado Ponente
Dr. LUÍS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Radicado No. 150013333007-2019-00232-01,
por medio de la cual REVOCO la sentencia de Primera Instancia calendada
Treinta y Uno (31) de Enero de Dos mil Veintidós (2022) proferida por el
JUZGADO SEPTIMO (7) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
TUNJA -BOYACÁ que había accedido a las suplicas de la Demanda. (…)
SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, Honorables Consejeros,
SÍRVASE ORDENAR al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -
SALA DE DECISIÓN No. 2, para que, profiera una Nueva Sentencia dentro
del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No.
150013333007-2019-00232-01 en el que actuaba como Dte. Ana Julia Ochoa
De Tellez y como Ddo. Colpensiones, y, se CONFIRME el Fallo de Primera
Instancia, que había ordenando a la demandada Reliquidar la Pensión de
Vejez a favor de mi mandante, en aplicación por PRINCIPIO de
FAVORABILIDAD y de forma INTEGRAL del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990, lo cual le permite acogerse a la Tasa de
Reemplazo y/o porcentaje del 81% sobre el IBL.
2. La señora Ochoa de Téllez narró que interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones con el fin de obtener la
reliquidación de su pensión de vejez con el 81% como tasa de reemplazo, toda vez
que, por ser beneficiaria del régimen de transición, la ampara el Decreto 758 de
1990; y, acredita 1.129 semanas cotizadas al ISS (ahora Colpensiones) y a otras
Cajas de Previsión Social.
3. En primera instancia conoció del proceso el Juzgado Séptimo Administrativo del
Tunja, que, en sentencia del 31 de enero de 2022, accedió a las pretensiones, y en
consecuencia ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión de conformidad con lo
establecido en los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 81%
del promedio de los factores cotizados en los 10 últimos años de servicio, con
efectos fiscales a partir del 28 de febrero de 2016.
4. Inconforme con la decisión, Colpensiones la apeló y, en segunda instancia, fue
revocada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 26 de
septiembre de 2024, al considerar que, para efectos de la reliquidación pensional,
no es posible acumular los tiempos cotizados al ISS y a otras Cajas de Previsión
Social, dado que, la jurisprudencia únicamente ha aceptado la suma de esos
aportes para efectos de acceder a la prestación.
5. Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, porque omitió la orientación impartida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 769 de 2014, reiterada en la SU-057 de 2018, la
T-219 de 2021 y la T-398 de 2009, según la cual, es viable la acumulación de
semanas cotizadas al ISS y en otras Cajas de Previsión Social, para efectos de
incrementar la tasa de retorno.
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Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
6. Afirmó que esa tesis fue acogida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
SL 2557 de 8 de julio de 2020, en la que indicó que por favorabilidad se debe aceptar
que, la acumulación de las semanas cotizadas no solo es viable para acceder al
reconocimiento pensional, sino también para la reliquidación que implique el
incremento del monto de la prestación.
7. Igualmente, hizo alusión a las providencias proferidas por esta Corporación que
avalaron la misma posición. Citó las sentencias: i) de la Sección Segunda,
Subsección A, del 29 de octubre de 20203; ii) de la Sección Segunda, Subsección
A, del 26 de agosto de 20214; y iii) de la Sección Segunda, Subsección B, del 10 de
marzo de 20225.
8. Asimismo, afirmó que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado
que inaplicó el Decreto 758 de 1990, el cual, a su juicio, debe acogerse por
favorabilidad, toda vez que sus disposiciones son más benéficas para resolver la
situación de la pensionada, como quiera que, acompasado con la jurisprudencia, en
especial la sentencia SU-273 de 2022, permite acumular las semanas cotizadas al
ISS y a otras Cajas de Previsión Social, para efectos de incrementar la tasa de
retorno.
9. Del mismo modo, reprocha que la providencia cuestionada está viciada por el
defecto de violación directa de la Constitución, habida consideración de que al
negar la reliquidación pretendida con el 81% del IBL, conculcó el derecho a la
igualdad, y los principios de favorabilidad, inescindibilidad, progresividad y
prohibición de la regresividad en materia pensional.
Trámite impartido e intervenciones
10. Mediante auto del 10 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sala de Decisión No. 2 del
Tribunal Administrativo de Boyacá y al presidente de Colpensiones, como parte
demandada.
11. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
12. Colpensiones solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, por cuanto
la acción constitucional no puede ser utilizada para reabrir el debate y obtener la
discusión de la controversia en una tercera instancia.
3 M.P. William Hernández Gómez.
4 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
5 M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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13. Insistió en que el juez de tutela debe respetar la autonomía e independencia del
juzgador ordinario y por ende, no puede modificar las providencias y resolver
cuestiones litigiosas, so pena de atentar contra la inmutabilidad e intangibilidad de
las sentencias, que caracterizan la institución de la cosa juzgada.
14. Pese a ser debidamente notificado, el Tribunal Administrativo de Boyacá no
presentó informe alguno.
15. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
16. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad. Sólo en el evento de
que se reúnan estas exigencias, se analizará si las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
Requisitos generales de procedibilidad
17. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 26 de septiembre de 2024 y la tutela se instauró el 4 de
diciembre de 2024, es decir, dentro de los seis meses previstos por la jurisprudencia
como plazo para cuestionar providencias judiciales por esta vía.
18. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
19. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos
los recursos procedentes en el proceso ordinario.
20. Relevancia constitucional. La Sala encuentra satisfecha esta exigencia, dado
que los cargos se encuentran suficientemente argumentados y la accionante
explicó, con total claridad, las razones por las cuales considera que el Tribunal
Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y a la seguridad social, los cuales son tradicionalmente relevantes en
la institución de la acción de tutela, sin que se advierta la finalidad de convertir este
juicio de amparo constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario.
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21. Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga argumentativa
mínima en relación con los defectos alegados, así:
• Desconocimiento del precedente: expuso con claridad cuáles son las
providencias que conforman el precedente que, a su juicio, el Tribunal accionado
dejó de aplicar en la sentencia censurada, pese a que era vinculante.
-
• Sustantivo y Violación directa de la Constitución: citó con claridad las cláusulas
superiores supuestamente quebrantadas y la disposición legal que, a su juicio, se
dejó de aplicar, y que acompasada con la orientación jurisprudencial permite
acumular las semanas cotizadas al ISS y a otras Cajas de Previsión Social, para
efectos de incrementar la tasa de reemplazo.
Caso concreto y solución del problema jurídico
22. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial censurada, pasa la Sala a
pronunciarse sobre los defectos invocados, en aras de establecer si el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en ellos.
23. Recuérdese que la parte actora reprocha la sentencia cuestionada con base en
un argumento transversal a los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución: que se le negó la
reliquidación de la pensión con un incremento de 81% en la tasa de reemplazo, en
aplicación del Decreto 758 de 1990, por considerar que, para esos efectos, no es
viable la acumulación de semanas cotizadas al ISS y en otras Cajas de Previsión
Social, cuando, a su juicio, existe reiterada jurisprudencia que avala lo contrario. Por
lo anterior, la Sala abordará el estudio de la controversia a la luz del
desconocimiento del precedente.
24. Para determinar si una providencia judicial desconoció el precedente, ya sea
horizontal o vertical, es necesario: i) determinar la existencia de un precedente o
grupo de precedentes aplicable y distinguir las reglas de decisión contenidas en
ellos; ii) constatar que la providencia judicial cuestionada debió tener en cuenta ese
precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un desconocimiento del
principio de igualdad; y iii) verificar si existieron razones fundadas para apartarse
del precedente.
25. En orden a establecer si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento
del precedente, es pertinente traer a colación el análisis realizado por la autoridad
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judicial accionada, de cara al derecho reclamado por la señora Ana Julia Ochoa de
Téllez y la aplicación de las disposiciones normativas y jurisprudencia vigentes en
la materia. Así discurrió el Tribunal en la sentencia del 26 de septiembre de 2024.
Esta Sala, como ya se dejó establecido en precedencia, debe determinar si
se debe reliquidar la pensión de la señora Ana Julia Ochoa, conforme a lo
dispuesto en el decreto 758 de 1990 y la sentencia SU-769 de 2014,
ordenando que se reliquide su pensión con una tasa de reemplazo del 81%
sobre el IBL, o conforme lo alude la entidad demandada en su recurso, la
aplicación del precedente opera solamente cuando de la acumulación de los
tiempos depende el reconocimiento pensional.
Al verificar el contenido de la sentencia SU 769 de 2014, a la que hizo alusión
la demandante como fundamento de su pretensión, encuentra la Sala que
la Corte Constitucional, señaló:
“En consecuencia, las personas que ahora se encuentran afiliadas al
régimen de prima media con prestación definida, que son beneficiarios del
régimen de transición y cuyas cotizaciones fueron efectuadas únicamente a
dicho instituto, tienen derecho a que, para efectos del reconocimiento de la
pensión de vejez, la misma sea estudiada, respecto a la edad, tiempo de
servicio y monto, de conformidad con los requisitos fijados en el Acuerdo
049 de 1990.
No obstante, como algunas personas no contaban con ese número de
semanas de cotización al Seguro Social, con el fin de obtener el total
requerido en la norma, solicitaban que les fuera sumado el tiempo laborado
en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos de previsión. De esa
manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas de
cotización en entidades públicas y privadas. (…)
Con base en ese pronunciamiento, considera la Sala que en este caso le
asiste razón al apoderado de la parte demandante, en el sentido de que la
Corte Constitucional ha aceptado la acumulación de tiempos en el sector
público y en el sector privado, pero para efectos del reconocimiento
pensional; en aquellos eventos en que los trabajadores cobijados por el
régimen de transición, no cumplen requisitos en el sector público para
acceder a la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 ni en el sector privado
para acceder al derecho conforme al Acuerdo 049 de 1990, se permite la
acumulación de tiempos cotizados a Cajas o Fondos del sector público a los
cotizados en el ISS, para efectos de obtener el reconocimiento conforme el
Acuerdo ya mencionado.
En efecto, al estudiar los casos relacionados en la sentencia de la Corte
Constitucional, en todos ellos se evidencia casos de personas con
cotizaciones tanto en el sector público y en el sector privado, que,
contabilizándolas por separado, no le permiten acceder a su derecho
pensional, pero al sumarlas, permiten su reconocimiento, luego en
aplicación del principio de favorabilidad laboral, se sumaron los tiempos y se
ordenó al ISS el reconocimiento de la mesada pensional.
Así lo ha interpretado también el Consejo de Estado y la Corte Suprema de
Justicia, pronunciamiento en el que, previo a enunciar el contenido del
artículo 12 del Decreto 758 de 1990, estableció:
“Ahora bien, vale la pena precisar que la Corte Suprema de Justicia ha
considerado que para acreditar el cumplimiento del número de semanas
exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año, no era posible sumar los períodos no
cotizados al ISS, por cuanto efectivamente la norma citada, en armonía
con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece con suficiente
claridad que esos tiempos tienen que haber sido sufragados
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directamente a tal entidad previsional. Al respecto, esa Corporación ha
indicado lo siguiente:
«“(…) Ahora bien, en lo que respecta al punto sometido a discusión en
ambos ataques, esto es, la posibilidad de sumar los tiempos laborados
en el sector público a las semanas cotizadas al ISS, para efectos de
obtener un monto de pensión equivalente al 90% de IBL, conforme al
parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse la Sala en la sentencia del 23 de agosto
de 2006 (rad. 27651), en donde se señaló, contrario a lo sostenido por
el censor, que si el afiliado era beneficiario del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de
semanas cotizado sería el establecido en el régimen anterior en donde
se encontrare afiliado, esto es, en el presente caso, al previsto en el
Acuerdo 049 de 1990, y a este régimen debía someterse íntegramente,
sin que en él se establezca la posibilidad de sumar cotizaciones
realizadas a entidades diferentes al ISS.
(…)
En consecuencia, de acuerdo con tal jurisprudencia, para la aplicación
del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, se exige
que el número de semanas requeridas en dicho régimen sean cotizadas
de forma exclusiva al ISS hoy Colpensiones, por lo que no es posible la
acumulación con los aportes a otras entidades de previsión social,
públicas o privadas.
28. Cabe señalar que en el marco del régimen pensional del Decreto
758 de 1990, la Corte Constitucional, principalmente a través de la
sentencia SU-769 de 2014, validó el reconocimiento de pensiones de
vejez con la acumulación de semanas cotizadas a Colpensiones y a
otras entidades previsionales.
29. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que el espectro de protección
al que la Corte orientó su interpretación, fueron los derechos
fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida digna, de
quienes alegaron vía de tutela que en virtud de tales condiciones no
habían podido acceder a una pensión de jubilación, restringiendo ésta
opción, es decir computo de cotizaciones al ISS y otros entes
previsionales, a las personas que ya tenían reconocido el derecho y
pudieran en tal virtud lograr una eventual reliquidación; pues a éstos no
se les estaría vulnerando tales prerrogativas.
El caso de la demandante no tiene que ver con la ausencia de
reconocimiento pensional por falta de acumulación de tiempos en el sector
público y en el privado (tema debatido y resuelto en Sentencia SU 769 de
2014), lo que pretende es la reliquidación de su mesada pensional con el
81% conforme a los parámetros de liquidación establecidos en el Decreto
758 de 1990, y para ello, debe acreditar el número de aportes requeridos
para acceder al 81%, es decir, 1100 semanas o más cotizadas
exclusivamente a Colpensiones
Sin embargo, en el presente caso, la Sala solo encuentra acreditadas 947,5
semanas cotizadas exclusivamente a Colpensiones, como puede verse en
las resoluciones refutadas, (afirmación que no es objeto de debate) y
aplicando el Decreto 758 de 1990 que solicita, darían lugar al 72% y no al
75% que la entidad le reconoció. (…)
Así las cosas, el porcentaje pretendido con aplicación al decreto 758 de 1990
es inferior al reconocido por la entidad demandada del 75%, razón por la que
no avizora esta Sala que aquella, resulte más favorable a su caso.
26. Como se observa, el Tribunal accionado efectuó un análisis estricto del marco
normativo aplicable al caso concreto y, respaldado en pronunciamientos de la Corte
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Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, acogió la tesis según la cual la
acumulación de tiempos cotizados en el ISS y otras Cajas de Previsión Social sólo
es viable para efectos del reconocimiento del derecho, pero no para la reliquidación
e incremento de la tasa de retorno.
27. Si bien es cierto esa no es la tesis prohijada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en las providencias que la parte actora invoca como desatendidas por el
Tribunal, también lo es que la jurisprudencia en la materia no ha sido pacífica y, en
consecuencia, el hecho de que la autoridad judicial, con fundamento en su
independencia y autonomía, haya optado por resolver el caso concreto bajo un
criterio distinto al que favorece los intereses del accionante, no necesariamente la
hace incurrir en el vicio alegado.
28. Con mayor razón si justificó de manera clara y precisa la decisión de apartarse
del criterio que la accionante afirma constituye «precedente», e incluso citó
providencias del órgano de cierre que respaldan su posición.
29. Recuérdese que el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es el determinado por el órgano de cierre dentro de su respectiva
jurisdicción; y los fallos de tutela tienen fuerza vinculante solo para las partes
involucradas en el proceso.
30. En cuanto a la sentencia SU-769 de 2014 (reiterada en la SU-057 de 2018),
cuyo desconocimiento se reprochó por la parte actora, hay que decir que, en esa
oportunidad, la Corte Constitucional se refirió a la posibilidad de acumular tiempos
cotizados al ISS y a otras Cajas de Previsión Social, con el fin único de acceder al
derecho pensional y no para efectos de reliquidar la mesada (incremento de la tasa
de retorno), lo que da cuenta de una disanalogía con el caso analizado en el proceso
de origen, considerando que la señora Ochoa de Téllez lo que pretende es el
aumento de la tasa de remplazo.
31. Por otra parte, aunque los supuestos fácticos analizados por la Corte en las
sentencias T-219 de 2021 y T-398 de 2009, se relacionan con la reliquidación de la
pensión y el aumento de la tasa de retorno, bajo el amparo del decreto 758 de 1990,
lo cierto es que tales decisiones no resultaban vinculantes para la autoridad judicial
accionada, dado que se trata de fallos de tutela cuyos efectos, como se indicó, son
inter partes.
32. De hecho, así lo entendió la Sección Segunda, Subsección A, de esta
Corporación, en providencia reciente, en la que estudió en sede de tutela una
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controversia con algunas similitudes fácticas a la aquí analizada y revocó la decisión
de declarar improcedente la acción6 y, en su lugar, negó el amparo, tras desestimar
el desconocimiento del precedente cimentado en la inaplicación de las sentencias
SU-769 de 2014 y T-219 de 20217.
33. Sumado a lo anterior, para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad
accionada son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional, el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez
de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por
el juez natural de la causa con suficiente motivación.
34. Finalmente, conviene decir que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona de manera razonable
y fundamentada contiene una justificación fáctica y jurídica del sentido de la
decisión.
35. Por todo lo anterior, la Sala negará la acción de tutela.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por la señora Ana Julia Ochoa
de Téllez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Administradora
Colombiana de Pensiones, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
6 Decisión que fue adoptada por esta Subsección, mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024
(exp. 11001-03-15-000-2024-05392-00, demandante: Ana Mercedes Pacheco Ramírez). Conviene
precisar que en aquella oportunidad no se realizó un examen de fondo de la acción de tutela, por
considerar que carecía de la carga argumentativa mínima exigida por la jurisprudencia constitucional
para su procedencia.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2025,
expediente No. 11001-03-15-000-2024-05392-01, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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