Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03411-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03411-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03411-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de septiembre de 2025
Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03411-01
Demandantes: JOSÉ IVÁN MURILLO SÁNCHEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de
primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante,
contra la sentencia del 11 de julio de 2025, en virtud de la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente el amparo
solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
1
Índice 2 Samai cuaderno de primera instancia
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
Por escrito presentado el 4 de junio de 2025, el señor José Iván Murillo Sánchez y
otros2, por conducto de apoderado judicial3, presentaron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la que pretenden el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad.
2
José Iván Murillo Sánchez en nombre propio y en representación de su hijo James Murillo
Mosquera, Samira Palacios Mosquera en nombre propio y en representación de su hija menor
Yiseth Córdoba Palacios, Manuel Zoilo Mosquera Marmolejo, Daisy Sánchez Palacios, Selenny
Mosquera Palacios, Alberto Isarama Forastero, Aladino Isarama Tunay, Merlín Mosquera Rivas,
Rocio Mosquera Hinestroza, Martha Lucia Palacios Marmolejo, Manuel Amaranto Marmolejo
Asprilla, Alex Vicente Palacios Lozano, Pelegrina Palacio Ramírez en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Kelvin Darío Mosquera Palacios y Nilfa Mosquera Palacios,
Nimia Patricia Marmolejo Sánchez en nombre propio y en representación de sus hijos Dairon
Cossio Marmolejo, Liceth Cossio Marmolejo y Estiven Cossio Marmolejo, María Yerleci Rivas
Palacios, María Everildis Mosquera Ríos, María Emérita Rivas Granados en nombre propio y en
representación de su hijo David Asprilla Rivas, Gentil Sánchez García en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Deiner David Sánchez Palacios, Yeimar Sánchez Palacios y
Jaminson Sánchez Palacios, María Ángela Sánchez García en nombre propio y en representación
de sus hijos menores Yonier Marmolejo Sánchez, Vanesa Marmolejo Sánchez y Aura Nelly
Marmolejo Sánchez; José Alberto Forastero Rojas en nombre propio y en representación de sus
hijos menores Jhon Estivenson Forastero, Jhojan Forastero y Marisela Forastero;
Bonifacia
Isarama Forastero en nombre propio y en representación de sus hijos menores Joselizar Forastero
Isarama y Gilberto Forastero Isarama, Luz Cela Forastero Nunay, Rumilia Isarama Caizamo,
Yaseni Murillo Sánchez, Magdalena Martínez Bonilla en nombre propio y en representación de su
hija menor Ingrid Rivas Martinez, Luz Mari Manyoma Limón, María Yesica Forastero Pedroza,
Yobanny Forastero Rojas, Moises Rojas Isarama, Carmelina Forastero Mecha, Moisés Rojas
Isarama, Yonnavy Forastero Rojas, María Yesica Forastero Pedroza, Hisnel Forastero Tunay,
Rosnery Rivas Palacios, Cruz Edilia Palacios Sánchez en nombre propio y en representación de
sus hijos Dawer Asprilla Palacios, Deivy Mosquera Castro, Carmelina Sánchez García en nombre
propio y en representación de sus menores hijos Deiner Valencia Sánchez y Freiber Samuel
Mosquera, Erenia Sánchez Murillo en nombre propio y en representación de su hija menor
Katherine Murillo Mosquera, Martina Cabrera Palacios, Degner Cabrera Palacios en nombre propio
y representación de su menor hijo Degner Cabrera Murillo, Maribeth Hinestroza Cabrera en nombre
propio y en representación de su menor hijo Emerson Murillo Hisnestroza, María Emith Rivas
Mosquera, Libia Palacios Marmolejo en nombre propio y en representación de sus hijos menores
Jenner David Asprilla Palacios, Yuranny Yiseth Asprilla Palacios y Yenny Palacios, Diana Mileidy
Orejuela, Porfilio Forastero Chamorro, José Nel Forastero Hachito, Alirio Hachito Isarama, José
Elivio Isarama Tuany, Basilia Forastero Mecha, Wilber Orejuela Palacios, Luis Alberto Forastero,
Valentín Palacios Palacios, Lisandro Palacios Palacios, Dionel Rojas Isarama, Amalfio Forastero
Isarama, Ornelio Forastero Rojas, Yolima Forastero Tunay, Yasmina Córdoba, María Ilericia Mecha
Tunay, Amparo Forastero Forastero, Isabelia Hierrito Forastero, Enrique Forastero Rojas, Libardo
Forastero Rojas, Jaramillo Forastero Rojas, Alirio Tunay Rojas, Silvio Rojas Rojas, María Udalina
Hachito Isarama, Luz Marina Forastero Tunay, Sunilda Birry Rojas, Rosa Orlanda Isarama Tunay,
Berta María Isarama Tunay, Aurelina Rojas Forastero, Esildo Forastero Rojas, en nombre propio y
en representación de su hijo mejor Leyvu Forastero Rojas, José Héctor Moreno Mosquera, Rosila
Mosquera Largacha, Luz Edilma Sánchez Mosquera, Yesenia Rivas Cañola, María de los Ángeles
Palacios Mosquera, María Helena Forastero Tunay, Ramiro Forastero Isarama, Asael Tunay Rojas,
José Eulicer Valencia Tapu, Diyi Balmari Rivas Mosquera, Luis Jeraldo Forastero Isarama, Jholis
Forastero Hachito, Luz María Palacios Mosquera, María Nellis Ubaldo Palacios, Floralba Palacios
Londoño, María los Ángeles Palacios Murillo, en nombre propio y en representación de su hijo
menor Jhoner Andrés Valencia Palacios, María Rocíela Forastero Forastero, Elizabeth Valencia
Reyes, Gustavo Valencia Jave, Jeiver Valderrama Hinestroza, Idelisa Moreno Palacios, María
Maribel Mosquera, Magdonio Palacios Sanclemente, María Ramos Palacios, Rosa Mosquera
Palacios, Dilia Forastero Tunay, en nombre propio y en representación de su hijo menor Mario
Isarama Forastero, Yancy Maribeth Palacios Moreno, Yajaira Lozano Rengifo, Luz Melina Forastero
Forastero, Livia Forastero Rojas, Eyvin Jair Roa Mosquera, Gloria Rivas Mosquera y Carolina
Izarama Chamorro. 3
Poder debidamente autenticado aportado junto con el escrito de tutela obrante en índice 2 de
Samai.
2
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 18 de noviembre de 2024 proferida al
interior del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo4 radicado
27001-23-31-000-2018-00003-01, por medio de la cual se revocó la decisión de
primera instancia para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…]
2. Como consecuencia de lo anterior, se revoque la sentencia sin número del 18 de
noviembre de 2024, notificada el 11 de diciembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corporación.
3. ORDENAR a la Sección Tercera – Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia en la cual
valore de manera integral y conforme a los mandatos constitucionales y legales, la
jurisprudencia relevante, el acervo probatorio, en especial las alertas tempranas y
los informes de riesgo, y determine la responsabilidad de las entidades demandadas
teniendo en cuenta la real dimensión de la obligación de protección del Estado de
frente al desplazamiento forzado y los argumentos expuestos en el salvamento de
voto.
4.- Se ordena la inclusión, de los menores omitidos en la demanda original, conforme
al interés superior del niño (Artículo 44 Constitución), de conformidad con lo
solicitado en el recurso de apelación contra la sentencia No. 0322 del 13 de
diciembre de 2019, presentado por el apoderado de los demandantes.5
1.3. Hechos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
Los accionantes conformando el grupo integrado por los habitantes de los
corregimientos y veredas de Batatal, La Playa, Peña Azul, Amparradó, Las
Delicias, Boca de León, Cocalito y las comunidades indígenas del río Apartadó del
municipio de Alto Baudó en el departamento del Chocó, presentaron acción de
grupo en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
Armada Nacional y Policía Nacional para obtener la reparación del presunto daño
causado por los desplazamientos forzados sufridos entre el 2 de febrero de 2016
y marzo de 2017.
La anterior acción correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Chocó bajo el radicado 27001-23-31-000-2018-00003-00, que en providencia del
13 de diciembre de 2019 dispuso declarar no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, hecho de un tercero y falta de imputación, y
declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de
4
Artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5
Transcripción original del texto con posibles errores.
3
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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Defensa Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional por los perjuicios
ocasionados al grupo.
Todas las partes interpusieron recurso de apelación por encontrarse inconformes
con la decisión adoptada. La alzada correspondió al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que, en providencia del 18 de noviembre de 2024, dispuso
revocar la decisión de primera instancia para en su lugar negar las pretensiones
de la demanda.
Para llegar a la anterior decisión consideró:
[…]
21.- En este caso, no es posible imputar el daño a las entidades
demandadas. Si bien se acreditó que tenían conocimiento de las
alteraciones de orden público causadas por el conflicto armado existente en
la zona entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, también se demostró
que dispusieron los medios que tenían a su alcance para impedir el daño y,
a pesar de ello, no fue posible evitar el desplazamiento de los integrantes
del grupo.
La anterior decisión fue notificada personalmente a las partes el 11 de diciembre
de 2024.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
Luego de hacer un recuento de los requisitos generales de procedencia de la
acción constitucional, los accionantes consideraron que la providencia cuestionada
incurrió en tres reparos puntuales:
• La autoridad judicial no formuló un problema jurídico claro al resolver el
recurso de alzada.
• No se motivó adecuadamente la sentencia.
• No se valoró la totalidad de las pruebas allegadas al plenario dejando de
lado alertas tempranas, notas e informes de seguimiento, así como
publicaciones de prensa entre otras.
A su vez manifestaron que se incurrió en un defecto sustantivo al desconocer lo
establecido en los artículos 2, 29, 217 y 218 de la Constitución Política ya que se
alejó de la jurisprudencia respecto de la obligación del Estado de prevenir las
alteraciones de orden público, entendiéndola como una obligación de medio y no
de resultado.
Señaló que dicha providencia violó directamente la Constitución al no motivar de
manera adecuada la decisión pues acogió la tesis de los demandados sin hacer
un análisis integral en conjunto de las pruebas obrantes en el proceso. Resaltó
además que se desconoció la línea jurisprudencial decantada en el Consejo de
Estado, trayendo apartes de la sentencia 25000-23-26-000-2001-00213-01 y el
4
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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artículo 2 2.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe el
desplazamiento forzado.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 9 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A avocó el conocimiento del asunto y se ordenó notificar al Consejo
de Estado, sección Tercera, Subsección B6 como autoridad judicial accionada.
Asimismo, ordenó vincular al Tribunal Administrativo del Chocó, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado7, a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional8, a la Policía Nacional9, al Ejército Nacional10, a la Armada Nacional 11y a
la Defensoría del Pueblo de Chocó12 como terceros con interés en las resultas del
proceso.
A su vez, vinculó a todos los demandantes e intervinientes en el proceso de
reparación de perjuicios causados al grupo con radicado 27001-23-31-2018-
00003-00/01 para lo cual comisionó al Tribunal Administrativo del Chocó13 para
que notificara a los interesados la providencia y publicara en la página web de la
entidad la admisión de la solicitud de amparo.
Finalmente, ordenó al Tribunal Administrativo del Chocó remitir copia del proceso
de reparación de perjuicios causados al grupo con radicado 27001-23-31-2018-
00003-00/01.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó14
Por oficio del 12 de junio de 2025 remitió enlace de acceso a expediente 27001-
23-31-2018-00003-00/01.
6
Notificado al correo electrónico notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co;
sjaimesv@consejodeestado.gov.co; ihernandezb@consejodeestado.gov.co;
dcogolloj@consejodeestado.gov.co; nperezp@consejodeestado.gov.co;
7
Notificada al correo electrónico agencia@defensajuridica.gov.co;
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co;
8
Notificado al correo electrónico usuarios@mindefensa.gov.co;
procesosordinarios@mindefensa.gov.co; notificaciones.bogotoa@mindefensa.gov.co;
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
9
Notificada al correo electrónico segen.consejo@policia.gov.co;
notificación.tutelas@policia.gov.co;
10
Notificado al correo electrónico ceoju@ejercito.mil.co; sac@ejercito.mil.co;
11
Notificada al correo electrónico transparencia.arc@armada.mil.co; ciudadano@armada.mil.co;
oficinajuridica@armada.mil.co; dasleg@armada.mil.co;
12
Notificada al correo electrónico lumurillo@defensoria.gov.co; personuqui2@hotmail.com;
personeria@nuqui-choco.gov.co;
13
Notificado al correo electrónico sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co; des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co;
14
Índice 10 en Samai.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional.15
Por oficio del 13 de junio de 2025 reiteró las acciones desplegadas para evitar los
perjuicios ocasionados. A su vez indicó que la valoración del material probatorio
obrante en el expediente cumplió con los presupuestos legales y jurisprudenciales,
por lo que consideró que los argumentos de la acción constitucional van en
contravía fáctica y normativa con el proceso.
Finalmente, recalcó que la solicitud de amparo omite señalar con claridad los
defectos en los que incurrió la autoridad judicial y trae a colación discusiones
probatorias que ya fueron resueltas en la esfera ordinaria. Por lo que solicitó que
se nieguen las pretensiones de los accionantes al tornarse improcedentes.
1.6.3 José Iván Murillo Sánchez y Otros16
Por oficio del 8 de julio de 2025, a través de su apoderado judicial, la parte
accionante solicitó acumulación de la presente acción con la acción que se
adelantaba bajo radicado 11001-03-15-000-2025-03548-00 que cursaba en el
Despacho del doctor Pedro Pablo Vanegas Gil presentada en contra del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A profirió sentencia el 11 de
julio de 2025 en la que declaró la improcedencia de la acción dada su falta de
relevancia constitucional.
En ese sentido, acotó que «el escrito de tutela no promueve un verdadero debate
constitucional que evidencie una contradicción ostensible entre la decisión
censurada y el ordenamiento superior. Los tutelantes formulan alegaciones
genéricas e imprecisas sobre hipotéticos vicios de validez de la sentencia de
segundo grado y plantean objeciones propias de una tercera instancia al discrepar
de la valoración probatoria realizada por el órgano judicial accionado».
Concluyó que los cargos expuestos carecen de la fuerza persuasiva necesaria
para demostrar que la decisión enjuiciada se configura como una actuación
manifiestamente arbitraria o contraria a los derechos fundamentales de los
accionantes, por el contrario, son argumentos generales y difusos sobre
diferencias de criterio con la decisión atacada.
Igualmente resolvió negar la petición de acumulación de la acción de tutela
promovida por el apoderado de la parte actora.
1.8. Impugnación
15
Índice 11 de Samai.
16
Índice 22 de Samai.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
La parte actora reprochó las conclusiones a las que llegó el a quo, alegó que se
desconoció la vulneración de los derechos fundamentales y el cumplimiento de
todos los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
Insistió en que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con la
sentencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y factico al revocar la
condena y negar las pretensiones de la demanda. Resaltó que la distinción entre
obligación de medio y resultado es fundamental respecto de la responsabilidad,
pero tratándose de derechos fundamentales y situaciones de conflicto armado la
disposición de medios disponibles no es suficiente si los medios dispuestos no son
los adecuados.
Reiteró que hubo una deficiente valoración del material probatorio «no otorgó el
peso probatorio adecuado a las alertas tempranas y a los informes de riesgo
elaborados por la Defensoría del Pueblo y ACNUR que detallaban con precisión la
situación de riesgo inminente de desplazamiento en la región», por lo que la
indebida valoración probatoria llevó a una conclusión errada sobre la ausencia de
responsabilidad estatal.
Resaltó que la autoridad judicial accionada no rindió informe en el trámite de la
acción constitucional de la referencia a pesar de haber sido debidamente
notificada, por lo que se debió aplicar la presunción de veracidad respecto de los
hechos expuestos en el escrito de tutela.
En relación con la relevancia constitucional señaló que esta se encuentra superada
pues hubo una afectación directa y grave de los derechos fundamentales de una
población y «la acción de tutela presentada no busca la intromisión del juez
constitucional en un debate ordinario, sino la protección de derechos
fundamentales que han sido gravemente conculcados por una providencia judicial
que adolece de defectos manifiestos. La vulnerabilidad de los accionantes, la
naturaleza de los derechos afectados, el debate sobre la responsabilidad estatal
en el conflicto y las implicaciones sistémicas del fallo, le otorgan a este caso una
relevancia constitucional que hace imperativa la procedencia del amparo».
Además, solicitó la vinculación de la Defensoría del Pueblo regional Chocó por
estar asentada en el territorio y contar con conocimiento directo de las afectaciones
sufridas por los actores.
Finalmente presentó las siguientes peticiones:
[…]
Con base en lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa solicito a los
Honorables Magistrados:
1. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el once (11)
de julio de dos mil veinticinco (2025) por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado,
dentro del radicado 11001-03- 15 000-2025-03411-00.
7
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Demandantes: José Iván Murillo Sánchez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
2. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de los
señores JOSÉ IVÁN MURILLO SÁNCHEZ Y OTROS.
3. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia sin número del 18 de noviembre de 2024, proferida por la Sección
Tercera - Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado No. 27001-23-31-000-
2018-00003- 01 (66027).
4. ORDENAR a la Sección Tercera - Subsección B de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en un término
razonable y perentorio, profiera una nueva sentencia que se ajuste a los
postulados constitucionales y jurisprudenciales, realice una valoración integral
y ponderada del material probatorio (incluyendo las alertas tempranas y la
distinción de contextos geográficos), y reconozca la responsabilidad del
Estado frente al desplazamiento forzado de mis poderdantes, garantizando
así su derecho a la reparación integral y a la no repetición.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora en los términos del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por el señor
Murillo Sánchez y otros, el material probatorio recaudado, las intervenciones
presentadas y el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si
confirma, modifica o revoca la sentencia del 11 de julio de 2025, en virtud de la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Por lo que se debe
resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante, al proferir la sentencia del
18 de noviembre de 2024, mediante la cual revocó la decisión de primera
instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la reparación de
perjuicios causados a un grupo 27001-23-31-000-2018-00003-01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; ii) el criterio de relevancia constitucional y iii) el caso en concreto.
8
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4 Relevancia constitucional
La Sala anticipa que confirmará la decisión del a quo, dado que la controversia
propuesta por el señor José Iván Murillo y otros no tiene relevancia constitucional,
puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 202220.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
20
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03411-01
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de
la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
21
Sentencia SU-573 de 2019.
22
Sentencia SU-103 de 2022.
23
Sentencia SU-103 de 2022.
10
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[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal27. (Resaltado
de la Sala)
2.5. Caso concreto
En el presente caso, la parte accionante fundamenta la solicitud de amparo
constitucional en la configuración de un defecto fáctico en la sentencia del 18 de
noviembre de 2024, argumentando que la autoridad judicial demandada incurrió
en una errónea valoración del material probatorio, lo que condujo a la revocatoria
de la decisión de primera instancia y como consecuencia, la negativa de las
pretensiones de la reparación de perjuicios causados a un grupo.
Además, señaló que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la
Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto
de la prohibición de desplazamiento forzado y las medidas a adoptar. Igualmente
se alegó la configuración de un defecto sustantivo pues no se dio debida aplicación
de los artículos 217 y 218 de la Constitución Nacional de cara a la valoración de la
responsabilidad del Estado frente a las medidas adoptadas por las demandadas
en el proceso ordinario.
La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en la providencia
cuestionada expuso dentro de sus consideraciones, lo siguiente:
[…]
En este caso, no es posible imputar el daño a las entidades demandadas. Si
bien se acreditó que tenían conocimiento de las alteraciones de orden
público causadas por el conflicto armado existente en la zona entre el ELN
y las Autodefensas Gaitanistas, también se demostró que dispusieron los
24
Sentencia SU-103 de 2022.
25
Sentencia SU-128 de 2021.
26
Sentencia SU-573 de 2019.
27
Ibid.
11
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medios que tenían a su alcance para impedir el daño y, a pesar de ello, no
fue posible evitar el desplazamiento de los integrantes del grupo.
22.- En efecto, con los informes de la Defensoría del Pueblo se acreditó que
esa entidad, desde 2009 hasta 2015, expidió anualmente alertas tempranas
en las que advirtió a las autoridades sobre el riesgo de desplazamiento
forzado existente en el municipio de Alto Baudó (zona urbana, zona rural y
territorio étnico) con ocasión del enfrentamiento armado entre el ELN y las
Autodefensas Gaitanistas. De manera especial se destaca la alerta
temprana contenida en la nota de seguimiento 013-15 del 14 agosto de
2015, última proferida antes del desplazamiento ocurrido en febrero de 2016,
en la que se reseñaron los distintos desplazamientos forzados ocurridos en
la zona desde 2009 con ocasión de ese conflicto y se recapitularon las
distintas alertas tempranas anuales proferidas por esa entidad a raíz de esa
situación.
23.- Con los oficios y comunicaciones intrainstitucionales también se
evidencia que el Ejército conoció de los desplazamientos ocurridos en la
zona, de la situación de violencia presentada en el Alto Baudó, y del llamado
a adoptar medidas de protección en favor de la población. En tal sentido
obran los oficios del 7, 13, 14 y 16 de mayo de 2014, los informes del 27 y
29 de mayo de 2014, los oficios del 18 y 24 de junio de 2014, el oficio del 5
de octubre de 2015 y el oficio del 12 de mayo de 2016.
[…]
De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala no avizora un argumento sólido
que demuestre, prima facie, la transgresión de las garantías constitucionales de
los tutelantes que permita superar el requisito de relevancia constitucional
tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello, comoquiera que los
reparos expuestos denotan una mera inconformidad con las conclusiones
arribadas en la providencia cuestionada.
En este sentido, es evidente que la controversia planteada por la parte accionante
no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales y probatorios, y lo que busca es imponer su criterio,
el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un
desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte
que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de
autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía tutela.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, exige con mayor énfasis que la parte accionante ejecute una exposición
que sin lugar a dudas demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial. Sin embargo, los accionantes se limitaron a cuestionar la
valoración probatoria realizada por el alto tribunal manifestando una evidente
inconformidad con las conclusiones allegadas por este, sin que lo anterior se
configure en una transgresión de sus derechos fundamentales.
Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de
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los procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
esta acción constitucional y la desarticulación de la organización judicial.
En conclusión, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia dada la
improcedencia de la acción constitucional al no superar el requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de julio de 2025, en virtud de la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527
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