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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03548-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03548-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Nelson Mario Mejía Ospina, en calidad de Procurador 30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de junio de 2017, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Rad. No. 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18.860). 31 Aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez. Índice 54 de Samai, expediente 27001-23-31-000-2018-00003-01. 32 Esto, a juicio de la autoridad judicial accionada, se debe a que el Ejército y la Policía Nacional dispusieron de todos los elementos a su alcance para evitar la consumación del desplazamiento forzado. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Procurador 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-03548-00 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03548-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03548-00
Accionante: PROCURADOR 186 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE QUIBDÓ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial — subsidiariedad —
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 2 de julio de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Nelson Mario Mejía Ospina, en calidad de Procurador 186 Judicial
I para Asuntos Administrativos de Quibdó, presentó acción de tutela en contra de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Con la solicitud
de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Hilario de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 11 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la

Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso la vinculación
de: (i) todas las entidades y personas que fueron vinculadas a la acción de grupo con radicado
27001-23-31-000-2018-00003-00/01 (66.027); (ii) el Tribunal Administrativo del Chocó; y (iii) la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.
3 Esto, al subsanar lo advertido en el auto del 16 de junio de 2025, mediante el cual se inadmitió

la tutela de la referencia. Ver índice 5 de Samai.

1
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Accionante: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03548-00

Jesús Caizamo Rojas, Luis Alberto Forastero Rojas, José Yunior Rojas Mecha y
«demás miembros de las comunidades indígenas de Geandó, Vacal y Villa
Eugenia, ubicadas en el área rural del municipio de Alto Baudó, departamento
del Chocó».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia del 18 de mayo de 2025, dictada por la autoridad judicial
accionada. Mediante esta decisión, revocó la providencia de primera instancia
proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Chocó,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar,
negarlas4.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de ILARIO DE JESÚS
CAIZAMO ROJAS, LUIS ALBERTO FORASTERO ROJAS, JOSÉ YUNIOR
ROJAS MECHA y demás miembros de las comunidades indígenas de
Geandó, Vacal y Villa Eugenia, ubicadas en el área rural del municipio de
Alto Baudó, departamento del Chocó.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 18 de noviembre de
2024, notificada el 11 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Martín Bermúdez Muñoz,
dentro del expediente 27001-23-31-000-2018- 00003-01 (66027).

TERCERA. ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado expida una nueva sentencia dentro del expediente 27001-23-31-
000-2018-00003-01 (66027) y realice una debida valoración de los
documentos titulados informe de grave crisis humanitaria de fecha 10 de
marzo de 2017, elaborado por LUZ AIDA POTES MORENO, Defensora
Comunitaria de los Municipios del Baudó; informe trimestral de población
desplazada de octubre, noviembre y diciembre de 2017, elaborado por LUZ
AIDA POTES MORENO, Defensora Comunitaria de los municipios del
Baudó, y LUIS ENRIQUE MURILLO ROBLEDO, Defensor Regional Chocó,
y el informe del proyecto Acción Regionalizada para la Protección y
Restitución de Derechos, Asistencia, Asesoría y Orientación Defensorial a
Población en Riesgo de Desplazamiento Forzado, Cruce de Fronteras y
Desplazada de fecha diciembre de 2017, proyecto ACNUR-Defensoría del
Pueblo, elaborado por LUZ AIDA POTES MORENO, Defensora Comunitaria
de los municipios del Baudó, junto al indicio de ausencia de operativos
en las comunidades indígenas de Geandó, Vacal y Villa Eugenia,
ubicadas en el área rural del municipio de Alto Baudó, departamento
del Chocó, con el fin de estudiar nuevamente el requisito de omisión de
poner en funcionamiento los recursos de que dispone el Estado para el
adecuado cumplimiento del deber legal, atendiendo las circunstancias
particulares del caso durante el año 2017, cuando ocurrió el segundo
desplazamiento forzado referido en la demanda, y resolver si se configuró o
no una falla del servicio de seguridad y protección por omisión, riesgo creado
u otro título de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado
durante el desplazamiento forzado ocurrido en el año 2017, y/o los

4 Ello, al interior del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo identificado

con el número de radicado 27001-23-31-000-2018-00003-00/01.

2
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lineamientos que estime el juez constitucional. (Sic)

1.2. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:

5. El 28 de diciembre de 2017, el grupo conformado por habitantes de ciertos
corregimientos y veredas del municipio Alto Baudó (Chocó)5, y las comunidades
indígenas del rio Apartadó (Chocó), interpusieron demanda en contra de la
Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de obtener
la reparación del presunto daño causado por los desplazamientos forzados que
sufrieron los integrantes del grupo en febrero de 2016 y en marzo de 2017.

6. El medio de control fue repartido al Tribunal Administrativo del Chocó y se
le asignó el número radicado 27001-23-31-000-2018-00003-00. Dicha autoridad
judicial, mediante la sentencia del 13 de diciembre de 2019, declaró la
responsabilidad del Ejército y la Policía Nacional al concluir que no fueron
diligentes al adoptar las medidas necesarias para proteger a la población y evitar
su desplazamiento forzado en función de las circunstancias descritas en la
demanda.

7. Inconforme con la decisión, tanto la parte demandante6 como la
demandada7 presentaron recurso de apelación, el cual, fue resuelto por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio del fallo
del 18 de noviembre de 2024. En la providencia mencionada, se revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda. Esto, teniendo en cuenta que la obligación del Estado de prevenir las
alteraciones del orden público es de medio y no de resultado y, que «el Ejército
y la Policía Nacional pusieron los medios que tenían a su alcance para prevenir
los enfrentamientos de grupos al margen de la ley que ocasionaron el
desplazamiento de los integrantes del grupo demandante».

8. Para llegar a la anterior conclusión, la autoridad judicial accionada realizó
un recuento de las diferentes acciones que llevaron a cabo el Ejército y la Policía
Nacional, durante todo el 2015 hasta febrero de 2016, para fortalecer la presencia
de la fuerza pública y prevenir el desplazamiento forzado de los integrantes del
grupo.

5 Batatal, La Playa, Peña Azul, Amparradó, Las Delicias, Boca de León y Cocalito.
6 En el fallo de primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa por activa de

múltiples accionantes, por ende, allegó el poder de 425 menores de edad (con el respectivo
mandato otorgado por sus padres).
7 Centraron sus argumentos en que: (i) el tribunal referido omitió que la obligación de protección

es de medio y no de resultado, en ese sentido, consideraron que agotaron todos los mecanismos
a su alcance para evitar el daño a partir de las recomendaciones y alertas; (ii) en el caso concreto
se configuró el hecho de un tercero, ya que el desplazamiento fue efectuado por grupos ilegales;
y (iii) la parte actora no probó los hechos y las circunstancias que dieron lugar al desplazamiento,
pues se limitaron a afirmar la existencia de un daño.

3
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1.3. Sustento de la vulneración

9. La parte actora indicó que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente
judicial y fáctico.

10. En primer lugar, adujo que la providencia controvertida desconoció que
cuando se consuma un daño como consecuencia de acciones efectuadas por
grupos al margen de la ley, el Estado es responsable en los casos que el mismo
fuese predecible y resistible, tal como lo establece la sentencia de unificación del
20 de junio de 2017 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado 8.

11. En segundo lugar, sostuvo que la autoridad accionada se limitó a valorar
los informes que muestran las operaciones militares que se llevaron a cabo previo
al primer desplazamiento9, es decir entre 2015 y febrero de 2016, pero omitió
estudiar las actuaciones no ejecutadas por la Policía y el Ejército Nacional
durante el 2017, teniendo en cuenta que el segundo desplazamiento se consumó
en marzo del año mencionado10.

12. En concreto, reprochó que el juez de segunda instancia: (i) no verificó si
el Estado tuvo la debida diligencia con la implementación de medidas o acciones
que evitaran el desplazamiento forzado del 4 de marzo de 2017; y (ii) no valoró
ciertos informes que daban cuenta que el Estado dejó al grupo demandante a
merced de los grupos al margen de la ley11.

1.4. Intervenciones

13. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Consideró que la
solicitud de amparo es improcedente por no superar el presupuesto de la
relevancia constitucional, dado que la parte actora busca convertir este trámite
en una instancia adicional.

14. Recalcó que no desconoció la sentencia de unificación del 20 de junio de
2017, debido a que después de analizar las acciones llevadas a cabo por el
Estado para la prevención del desplazamiento, estimó que no existían
posibilidades reales para prevenir el riesgo, aunado a que el Ejército y la Policía
Nacional hicieron todo a su alcance para evitar el daño.

15. Ministerio de Defensa Nacional. Afirmó que la presente acción de tutela
no cumple con los requisitos de procedibilidad, por ende, debe declararse la

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de junio de 2017, M.P. Ramiro de Jesús

Pazos Guerrero, Rad. No. 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18.860).
9 Febrero de 2016.
10 4 de marzo de 2017.
11 Informes de la Defensoría del Pueblo Regional del Chocó. Ver el escrito de tutela: índice 2 de

Samai.

4
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improcedencia de esta12. Esto, partiendo de que este trámite constitucional no
puede convertirse en una tercera instancia.

16. Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional —
departamento de Policía del Chocó. Solicitó la desvinculación del presente
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Ello, al
estimar que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.

17. Tribunal Administrativo del Chocó. Se limitó a la remisión del
expediente solicitado.

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Riopaila. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los
requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

19. El Consejo de Estado13 y la Corte Constitucional14, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales15 y a la configuración de algún
defecto especial16 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

20. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

12 No hizo referencia puntualmente a ningún presupuesto de procedibilidad.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
15 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
16 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

5
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21. En el caso sub examine, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

22. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

23. La Sala advierte que el señor Nelson Mario Mejía Ospina, en calidad de
Procurador 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó, está
legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela de la
referencia en virtud de sus funciones constitucionales para la protección de los
derechos fundamentales.

24. Al respecto, la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 277 17
de la Constitución Política, ha determinado que «el Procurador o sus agentes
pueden interponer las acciones judiciales que consideren necesarias para
proteger los derechos ajenos o el interés público, no existe razón constitucional
para que no pueda hacerlo a través de la acción de tutela»18. Así las cosas, el
accionante está legitimado para acudir al presente mecanismo constitucional, con
el fin de defender los intereses de los demandantes al interior del medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo19 identificado con el radicado
27001-23-31-000-2018-00003-00/01.

25. Por otro lado, se evidencia que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la
sentencia controvertida dentro del trámite objeto de la litis.

26. Por último, la Policía Nacional solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional al considerar que no ha vulnerado ninguna garantía
fundamental de la parte actora.

17 ARTÍCULO 277. El Procurador General de la Nación, por si o por medio de sus delegados y

agentes, tendrá las siguientes funciones: […]
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del
Pueblo.
[…]
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales.
[…]
Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y
podrá interponer las acciones que considere necesarias.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-293 de 2013.
19 Esto, aunado a que las pretensiones de los habitantes de la zona afectada y las comunidades

indígenas del río Apartadó, estaban encaminadas a la reparación del Estado por los daños
causados por desplazamientos forzados en el marco del conflicto armado.

6
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27. La Sección negará dicha petición, debido a que la entidad referida no fue
vinculada a la acción de tutela en calidad de accionado, sino como tercero con
interés. Ello, al integrar la parte demandada al interior del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo aquí reprochado.

28. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales20: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo21 y eficaz22; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.

29. Para la Sala, respecto del defecto fáctico invocado por el actor, no se
acredita el requisito objeto de análisis. Lo anterior, obedece a que las razones
expuestas en lo que concierne a este cargo se pudieron presentar a través de la
solicitud de adición de la sentencia23 y, además, se enmarcan en una de las
causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, contemplada
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 201124.

30. En particular, la parte actora alegó que la providencia judicial controvertida
omitió analizar la responsabilidad del Ejército y la Policía Nacional respecto del
desplazamiento forzado sufrido el 4 de marzo de 2017. Esto, dado a que la
autoridad judicial se limitó a estudiar el material probatorio relacionado con el
desplazamiento que ocurrió en febrero de 2016 y, en consecuencia, no resolvió
todos los cargos contenidos en la demanda. Así las cosas, se advierte que el
reproche aludido pretende demostrar que la sentencia de segunda instancia
adolece de incongruencia.

31. Ahora bien, el Consejo de Estado25 ha indicado que la vulneración del
principio de congruencia da lugar a la configuración de la causal contemplada en
el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, evento en el cual se ha

20 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
21 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
22 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
23 Esto, de conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, dado que el

accionante reprochó que la autoridad judicial accionada no se pronunció respecto de uno de los
extremos de la litis.
24 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la

Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, M.P.

Ramiro de Jesús Pasos Guerrero, Rad. 05001-23-25- 000-1999-01063-01(32988) y Consejo de
Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, M.P. Enrique Gil Botero, Rad.
05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).

7
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defendido la posibilidad de que se interponga el recurso extraordinario de
revisión, pues uno de los requisitos para que se configure la nulidad originada en
la sentencia como causal de revisión es la existencia de un «vicio grave o
insanable que afecte su validez».

32. En relación con el principio de congruencia, esta corporación ha señalado
que dicho postulado jurídico exige que el contenido y el alcance de las decisiones
judiciales se ajusten de manera estricta a las pretensiones formuladas en la
demanda, así como a los argumentos expuestos por las partes durante el
desarrollo del proceso. Este principio garantiza una coherencia entre los hechos
alegados, las soluciones planteadas y lo resuelto por el juez, en aras de preservar
el debido proceso y la seguridad jurídica26.

33. En ese orden, teniendo en cuenta que, por disposición del artículo 67 de
la Ley 472 de 199827, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias dictadas al interior del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo y, por ende, es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para
la protección de los derechos invocados por el actor28.

34. Del mismo modo, se pone de presente que la parte actora no expuso de
forma siquiera sumaria los motivos por los cuales ese mecanismo extraordinario
no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia
propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales.

35. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional29, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

26 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, Sentencia del 2 de febrero de 2016,

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
27 ARTÍCULO 67.- Recurso Contra la Sentencia.

[…]
Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las Acciones de
Grupo proceden el recurso de revisión y el de casación, según el caso, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes; pero en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá
exceder de noventa (90) días contados a partir de la fecha que se radicó el asunto en la Secretaría
General de la Corporación.
28 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de julio

de 2021, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. 11001-03-26-000-2018-00081-00.
29 Sentencia SU-215 de 2022.

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www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03548-00

36. Ahora bien, esta Sección advierte que, el cargo por desconocimiento la
sentencia de unificación del 20 de junio de 2017 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado30, no supera el requisito de relevancia constitucional. Esto,
debido a que no se cumplió con la carga argumentativa requerida para que
proceda un estudio de fondo por parte del juez de tutela, pues la parte
demandante se limitó a señalar extractos de tal decisión, sin siquiera indicar cuál
fue la regla que presuntamente se desconoció. De hecho, se observa que es una
breve transcripción de la aclaración de voto de la sentencia reprochada31.

37. Por lo anterior, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

38. En ese sentido, para la colegiatura resulta evidente que el cargo por
desconocimiento del precedente judicial refleja una mera inconformidad con el
criterio adoptado por el juez natural de la causa, por concluir que la obligación del
Estado de evitar la consumación de daños a la población civil, a manos de grupos
armados al margen de la ley, es de medio y no de resultado32.

2.2. Conclusión

39. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de subsidiariedad y de relevancia
constitucional, por las razones presentadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Policía
Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por el señor Nelson Mario Mejía Ospina, en calidad de Procurador

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de junio de 2017, M.P. Ramiro de Jesús

Pazos Guerrero, Rad. No. 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18.860).
31 Aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez. Índice 54 de Samai, expediente

27001-23-31-000-2018-00003-01.
32 Esto, a juicio de la autoridad judicial accionada, se debe a que el Ejército y la Policía Nacional

dispusieron de todos los elementos a su alcance para evitar la consumación del desplazamiento
forzado.

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Accionante: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03548-00

186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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