Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2018-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2018-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2018-00003-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
18 de noviembre de 2024
Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de grupo
Radicación: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
Ejército Nacional y Armada Nacional
Tema: Desplazamiento forzado. Se revoca la decisión de condenar al
Ejército y a la Policía Nacional y, en su lugar, se niegan las
pretensiones. El daño no es imputable a las entidades demandadas
porque la obligación de prevenir alteraciones del orden público es
de medio y no de resultado, y se acreditó que el Ejército y la Policía
Nacional dispusieron los medios disponibles para prevenir los
enfrentamientos de grupos al margen de la ley que ocasionaron el
desplazamiento de los integrantes del grupo demandante.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, la Policía
Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado contra la sentencia dictada el 13 de diciembre de
2019 por el Tribunal Administrativo del Chocó que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En su parte resolutiva dispuso:
<<PRIMERO: Declárese no probadas las excepciones de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, HECHO DE UN TERCERO Y
FALTA DE IMPUTACIÓN, propuestas por las entidades demandadas, de
conformidad con los argumentos arriba expuestos.
SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, respecto de las siguientes
personas (…) conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL, de los daños y perjuicios materiales y morales, sufridos por los
accionantes que se vieron desplazados en forma forzosa de las comunidades,
corregimientos y veredas Batatal, La Playa, Peña Azul, Amparradó, Las Delicias,
Boca de León, Cocalito y comunidad indígena del rio Apartadó, municipio de Alto
Baudó, los días 2 de febrero de 2016 y 4 de marzo de 2017, por la falla en el
servicio de seguridad, por sus conductas omisivas y la falta de protección
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
brindada a esas comunidades, conforme lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
CUARTO: Condénese en consecuencia a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar a título de
indemnización, como reparación del daño ocasionado, la suma global ponderada
de SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA (77.050) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, equivalente en pesos a la fecha a
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($63.806.337.800.oo) M/CTE,
para las personas integrantes del grupo, que se hayan constituido como parte en
el proceso y los que lo hagan con posterioridad a la presente sentencia,
distribuida de la siguiente manera:
Por concepto de perjuicios morales, lo equivalente a cincuenta (50) SMLMV para
cada una de las 1178 personas víctimas del desplazamiento acaecido en las
comunidades y en las fechas antes mencionadas.
Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante lo
equivalente a veinticinco (25) SMLMV y en su modalidad de daño emergente lo
equivalente a veinticinco (25) SMLMV, para cada una de las 363 personas
accionantes relacionadas y enlistadas en el cuadro del ítem 6.5.3. de esta
providencia.
QUINTO: Ordénese a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL realizar las siguientes medidas de justicia
restaurativa: a) adelantar dentro del término de seis (6) meses, contados desde
la ejecutoria de la presente providencia, un estudio pormenorizado de seguridad,
a fin de que como resultado del mismo se tomen acciones o medidas de carácter
estructural y permanente para que cese en forma definitiva la crisis humanitaria
y el estado de zozobra e incertidumbre de los habitantes de la región del Baudó,
bien sea el aumento del pie de fuerza o la instalación de un batallón o unidad de
fuerza pública permanente en la zona mencionada; b) publicar en un diario de
amplia circulación nacional, por una sola vez, y en el sitio web oficial, al menos
por un (1) año, la parte resolutiva de la presente sentencia; c) disponer lo
necesario para diagnosticar y prestarle a las víctimas el tratamiento integral y
adecuado psicosocial que estos requieran, por el hecho del desplazamiento,
previa manifestación de su consentimiento; así como d) adelantar y coordinar con
las entidades competentes el retorno de las víctimas a sus respectivos
corregimientos, como medidas de rehabilitación y reparación no pecuniaria.
SEXTO: La suma de dinero señalada en esta providencia deberá ser entregada
por las entidades condenadas al Fondo para la Defensa de los Derechos e
intereses colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, la que será administrada por el DEFENSOR DEL PUEBLO.
SÉPTIMO: Para la ejecución de esta sentencia el Administrador del Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, TENDRÁ EN CUENTA: todas
aquellas personas que se crean con derecho a adherirse al grupo, y por ende a
lo resuelto en esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 55
de la Ley 472 de 1998, deberán acreditar su condición de desplazados(a) de las
comunidades, corregimientos y veredas Batatal, La Playa, Peña Azul,
Amparradó, Las Delicias, Boca de León, Cocalito y comunidad indígena del rio
Apartadó, municipio de Alto Baudó, en las condiciones precisadas en la parte
motiva de la presente providencia.
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Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
El Defensor del Pueblo, como administrador de dicho Fondo, deberá cancelar las
indemnizaciones correspondientes a quienes se presenten dentro de los veinte
(20) días siguientes a la publicación de la sentencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
Las entidades demandadas harán las provisiones de rigor para garantizar el pago
de las indemnizaciones individuales y colectivas a que haya lugar de conformidad
con los lineamientos trazados en esta providencia.
Las sumas no reclamadas serán devueltas a las entidades accionadas.
OCTAVO: Condénese en costas a la parte vencida en el proceso, de conformidad
con el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y el Acuerdo 1887 de 2003. Tásese por
Secretaría, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del
extracto de la sentencia.
NOVENO: Fíjese y liquídense los honorarios a favor del abogado que representó
al grupo, en una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la indemnización
que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido
representados judicialmente.
DÉCIMO: Ordénese la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un
diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o
a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el
superior con la prevención de que trata el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472
de 1998>>.
La sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia de
acuerdo con el artículo 150 del CPACA. El Tribunal Administrativo del Chocó
conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía estimada en la
demanda, según el numeral 15 del artículo 152 del mismo código1.
Los recursos de apelación se admitieron mediante auto del 13 de noviembre de
2020. En auto del 19 de octubre de 2021 se corrió traslado para alegar de
conclusión. La parte demandante, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado presentaron alegatos. El Ejército Nacional y la
Armada Nacional guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar la
decisión de condenar al Ejército Nacional y a la Policía Nacional. Sin embargo,
pidió revocar la condena por concepto de perjuicios materiales ordenada por el
tribunal.
El 16 de septiembre de 2024 el magistrado Alberto Montaña Plata ordenó remitir
el proceso de la referencia al presente despacho porque el proyecto presentado
para la discusión fue derrotado en la sala del 11 de septiembre de 2024.
1 La parte actora estimó la cuantía en 176.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 28 de diciembre de
2017 por el grupo integrado por los habitantes de los corregimientos y veredas
de Batatal, La Playa, Peña Azul, Amparradó, Las Delicias, Boca de León, Cocalito
y las comunidades indígenas del río Apartadó del municipio de Alto Baudó en el
departamento del Chocó. Se dirigió contra el Ejército Nacional, la Armada
Nacional y la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado por
los desplazamientos forzados que sufrieron los integrantes del grupo <<el 2 de
febrero de 2016 y en marzo de 2017>>.
2.- En la demanda se formuló la siguiente pretensión principal:
<<Declarar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada
Nacional, Policía Nacional, administrativa y patrimonialmente responsables por
los daños antijurídicos producidos con ocasión de la omisión de las entidades
mencionadas para impedir la crisis humanitaria padecida por los habitantes de
los corregimientos y veredas de Batatal, La Playa, Peña Azul, Amparradó, Las
Delicias, Boca de León, Cocalito y comunidad indígena del Río Apartadó del
municipio de Alto Baudó, y que culminaron con el desplazamiento masivo y
forzado desde sus comunidades hasta la cabecera municipal de Pie de Pató y
otros municipios aledaños, hecho que tuvo lugar el 2 de febrero del año 2016 y
en marzo de 2017>>.
3.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Los integrantes del grupo son habitantes de los corregimientos y veredas de
Batatal, la Playa, Peña Azul, Amparradó, Las Delicias, Boca de León, Cocalito y
las comunidades indígenas del río Apartadó del municipio de Alto Baudó en el
departamento del Chocó, zona que <<ha sido golpeada por la violencia generada
por el conflicto armado>>2.
3.2.- Los habitantes denunciaron la situación de violencia generada por la
presencia de grupos al margen de la ley en la zona, lo que llevó a que las
autoridades emitieran distintas alertas tempranas.
3.3.- El 2 de febrero de 2016 tuvo lugar un enfrentamiento entre bandas
criminales, las autodefensas y el ELN que ocasionó el desplazamiento forzado
del grupo demandante. El enfrentamiento se prolongó durante cinco días. Luego
del enfrentamiento, algunos integrantes del grupo retornaron a sus hogares.
Otros, decidieron no regresar.
3.4.- En el mes de marzo de 2017 se presentó una nueva alteración del orden
público que dio lugar a un nuevo desplazamiento forzado.
2 Hecho primero de la demanda.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
4.- El grupo demandante considera que el daño causado por los desplazamientos
forzados ocurridos el 2 de febrero de 2016 y en el mes de marzo de 2017 es
imputable a las demandadas porque incurrieron en una falla del servicio. Lo
anterior, porque <<no obstante las alertas tempranas emanadas de la Defensoría
del Pueblo y las solicitudes reiteradas de protección emanadas de la primera
autoridad administrativa del municipio de Alto Baudó, el estado colombiano en
cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional, omitieron cumplir
fielmente sus funciones, deberes y obligaciones consagradas en la Constitución
y la Ley, y con dicha conducta omisiva permitieron que fuerzas subversivas
atacaran a la población civil, dejando un saldo de centenares de desplazados,
destrucción de la localidad, luto y pánico en los moradores>>.
B. Posición de las entidades demandadas
5.- La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso que: (i) no se demostró que el desplazamiento
del grupo fue causado por la Policía Nacional, ni que esta entidad hubiera recibido
denuncias por parte de los demandantes en las que se informara la existencia de
amenazas o peligros. Por lo tanto, no se acreditó la existencia de una falla del
servicio; (ii) por el contrario, la Policía Nacional agotó todos los mecanismos a su
alcance para evitar el daño y cumplió las recomendaciones formuladas en las
alertas tempranas; (iii) la obligación de protección es de medio y no de resultado;
(iv) se configuró el hecho de un tercero porque el desplazamiento fue causado
por la acción de grupos al margen de la ley; (v) no está acreditada la calidad de
desplazados de los integrantes del grupo, ni su arraigo al lugar donde ocurrieron
los hechos; (vi) por tratarse de una zona rural, el lugar de donde fueron
desplazados los demandantes era de jurisdicción del Ejército Nacional.
6.- El Ejército y la Armada Nacional contestaron conjuntamente la demanda. Su
oposición se centró en señalar que: (i) no existió una omisión por parte de estas
entidades; (ii) por el contrario, desde que se emitieron las alertas tempranas, la
Brigada 15 del Ejército Nacional adelantó operaciones en la zona para ubicar,
neutralizar y desarticular las estructuras al margen de la ley que operaban en ese
lugar;3 (iii) la parte actora no identificó adecuadamente a los integrantes del grupo
que sufrieron el desplazamiento forzado; y (iv) se configuró el hecho de un
tercero porque el desplazamiento forzado que sufrieron los integrantes del grupo
es atribuible a grupos al margen de la ley.
C. Sentencia recurrida
7.- En la sentencia del 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo del
Chocó decidió:
3 En la contestación de la demanda se hizo referencia puntual a cada una de las operaciones realizadas en
la zona entre 2014 y 2018, a raíz de las alertas tempranas.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
7.1.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
de 138 personas que fueron identificadas en la demanda como demandantes,
pero que no otorgaron poder.
7.2.- Condenar a la Policía Nacional y al Ejército Nacional porque encontró
probado que incurrieron en una falla del servicio que ocasionó los
desplazamientos forzados de los integrantes del grupo por los hechos ocurridos
el 2 de febrero de 2016 y en marzo de 2017. Al respecto, señaló que:
a.- Con las certificaciones expedida por el Consejo Comunitario Mayor de Pie de
Pató, el Consejo Comunitario General del río Baudó y sus Afluentes, la
Personería Municipal de Alto Baudó, la Defensoría del Pueblo y la UARIV, se
acreditó que 1.178 personas que habitaban los corregimientos y veredas de
Batatal, La Playa, Peña Azul, Amparradó, Las Delicias, Boca de León y Cocalito,
del municipio del Alto Baudó, fueron víctimas de desplazamiento forzado a raíz
de los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
ocurridos en esa zona entre febrero de 2016 y marzo de 2017.
b.- Con las certificaciones y alertas tempranas proferidas por la Defensoría del
Pueblo y los informes de riesgos expedidos por Acnur, se acreditó que la Policía
Nacional y el Ejército Nacional habían sido advertidos de tales enfrentamientos y
del riesgo de desplazamiento forzado que se había generado para los habitantes
de la zona. Por lo tanto, <<[l]as autoridades conocían y sabían que las referidas
comunidades estaban siendo amenazadas, por los grupos al margen de la ley y
fueron negligentes e inoperantes para actuar conforme al deber legal, dejando
desamparadas a estas personas a su suerte, de allí que, ellas en un acto tan
natural de supervivencia deciden desplazarse a la cabecera municipal Pie de
Pató del municipio de Alto Baudó>>.
c.- <<De las pruebas que aportó el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
Policía Nacional tendientes a demostrar acciones por ellos acometidas
respondiendo a las notas de seguimiento N° 008-14 y 013-15 Cuarta y Quinta al
informe de riesgo N° 011-09 A.l. en procura de mitigar los riesgos en relación con
dichas notas de seguimiento para proteger a los habitantes de los corregimientos
conocidos, se puede apreciar que las acciones por ellos acometidas fueron
ejecutadas únicamente en las cabeceras municipales, es decir en los municipios
de Pie de Pató (Alto Baudó), Puerto Meluk (Medio Baudó), Pizarro (Bajo Baudó),
como área asignada, para realizar operaciones de control del territorio, en el
referido oficio ninguna especificidad se da en torno a control y seguridad ofrecida
o dispensada en la comunidad de los corregimientos y veredas de Batatal, la
Playa, Peña Azul, Amparradó, las Delicias, Boca de León, Cocalito y
Comunidades indígenas del río Apartadó donde los habitantes tenían su fincado
sustento diario y donde se presentaron los desplazamientos>>.
d.- La obligación de protección a cargo de las demandadas no es una obligación
de medio sino de resultado debido a la posición de garante del Estado:
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Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
<<Tampoco es de recibo el argumento de defensa exceptivo propuesto por las
accionadas, según el cual, la actividad de la fuerza pública es de medio y no de
resultado, y que por lo tanto no les es imputable los daños padecidos por los
accionantes.
Para la Sala como se anotó no es de recibo el anterior argumento, por cuanto,
desde la perspectiva constitucional y convencional, es claro que la obligación
positiva que asume el Estado de garantizar a todas las personas residentes en
Colombia la preservación de sus derechos a la vida, a la integridad física y a la
propiedad, lleva a concebir que las autoridades públicas están llamadas a
establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o
amenaza de los citados derechos constitucional y convencionalmente
reconocidos.
Los mismos mandatos contenidos en los artículos 2° y 216 y s.s. de la
Constitución Política denotan la legitimidad de la intervención que la fuerza
pública en cabeza de la Policía y el Ejército deben realizar para controlar
situaciones que seriamente pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de
las personas en el territorio, aún en los corregimientos y veredas ya conocidos,
lugar que, de conformidad con lo previsto en la misma Constitución, hace parte
del territorio colombiano y por tanto, debió controlar con el único objetivo de
proteger en debida forma la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades,
individuales de la comunidad que se encontraba en riesgo.
El deber jurídico de proteger se enmarca dentro de la posición de garante
institucional, previniendo los riesgos en los que se ven comprometidos los
derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado;
protección, prevención y cuidado que como se ha dicho a lo largo de esta
providencia, no fue el debido, ni adecuado, ni oportuno, en tanto, se omitió fue el
acatamiento fiel al deber de salvaguardar a las comunidades víctimas de los
hechos que generaron el desplazamiento, y que conforme el recuento probatorio
visto, le son imputables, a título de falla del servicio por omisión en el
cumplimiento del deber, sin que tenga cabida la eximente de responsabilidad
alegada, consistente en hecho de un tercero. Pues sabido es que, Cuando el
Estado tiene la posición de garante, es éste y no otro, quien debe acometer los
actos y diligencias necesarias tales como proveer, precaver y prevenir la
amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos con
ocasión de la acción de terceros.
Por lo que no existe duda que la omisión de la entidad demandada afectó, el
derecho que la Constitución y la ley les garantizan a las comunidades
accionantes la vida, honra, bienes, tranquilidad, paz, trabajo, seguridad y a no
ser desterrados y desplazados de sus territorios>>.
7.3.- En relación con los perjuicios, el tribunal destacó la inexistencia de un
parámetro técnico para determinar el monto de los perjuicios <<con arreglo a
criterios de productividad>>. Por lo tanto, <<en aplicación del principio de
equidad>> y <<conforme a las pruebas analizadas, certificaciones allegadas por
la Personería Municipal y Consejo Comunitario ACABA y la UARIV, que dan
cuenta de las distintas actividades, oficios u ocupaciones a las que se dedicaban
los pobladores de las comunidades afectadas por lo cual decidió tasar los
perjuicios en equidad>>, decidió:
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
a.- Reconocer a favor de cada uno de los 363 demandantes que otorgaron poder
(subgrupo 1): (i) 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de daño emergente; (ii) 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de lucro cesante; y (iii) 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes
por concepto de perjuicios morales.
b.- Reconocer 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de
perjuicios morales a favor de cada uno de los demás integrantes del grupo que
no comparecieron al proceso (subgrupo 2 conformado por 815 personas).
7.4.- Por último, el tribunal ordenó las medidas no pecuniarias transcritas al
principio de esta providencia.
D. Recursos de apelación
8.- La parte demandante solicita modificar el fallo de primera instancia para que
se incluyan dentro del subgrupo 1 (demandantes que otorgaron poder) a 425
menores de edad cuyo poder fue otorgado por sus padres.
9.- La Policía Nacional solicita que se revoque la condena dictada en su contra
por las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda, esto es: (i)
no se demostró que incurrió en una falla del servicio porque la obligación de
protección es de medio, y no de resultado, y esa entidad agotó todos los
mecanismos a su alcance para evitar el daño y cumplió las recomendaciones
formuladas en las alertas tempranas; (ii) se configuró el hecho de un tercero
porque el desplazamiento forzado de los integrantes del grupo fue causado por
el actuar de grupos ilegales; (iii) el daño es imputable al Ejército Nacional porque
el desplazamiento ocurrió en zona rural, la cual es de jurisdicción de esa entidad.
10.- El Ejército Nacional solicita que se revoque la condena dictada en su contra
porque:
10.1.- No se acreditó que el daño hubiera sido causado por una omisión del
Ejército Nacional, frente a lo cual señaló que:
a.- El tribunal no valoró adecuadamente las pruebas que allegó con la
contestación de la demanda que acreditan que esa entidad, desde el 2009 y a
raíz de las alertas tempranas, realizó más de un centenar de operaciones para
brindar protección a la población frente a las incursiones de grupos armados al
margen de la ley. Dichas operaciones fueron realizadas por la Séptima División,
la Fuerza de Tarea Conjunta TITÁN, la Décimo Quinta Brigada, el Batallón de
Ingenieros 15, el BACOT 101, la móvil 38, y actualmente el BATOT 26 y 25.
b.- En particular, con los documentos allegados con la contestación de la
demanda, y contrariamente a lo sostenido por el tribunal, se demostró que: (i) el
Ejército Nacional sí realizó operaciones para proteger a la comunidad de los
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
corregimientos y veredas de Batatal, La Playa, Azul, Amparradó, Las Delicias,
Boca de León, Cocalito y a las comunidades indígenas del río Apartadó; y (ii) a
raíz de esas alertas tempranas, el Ejército Nacional creó la Brigada Móvil 38
compuesta por más de dos mil hombres, divididos en cuatro batallones para
realizar patrullas continuas en la zona del Baudó.
10.2.- No se acreditaron los perjuicios materiales reconocidos en el fallo de
primera instancia.
11.- El Ministerio Público solicita que se revoque el fallo de primera instancia y,
en su lugar, se nieguen las pretensiones porque: (i) la parte actora no acreditó el
daño individual ni los perjuicios sufridos por los integrantes del grupo y tampoco
identificó de forma concreta a las personas víctimas del desplazamiento. En ese
sentido, destaca que <<la carga probatoria del grupo demandante no se
encuentra limitada a la acreditación de la vulneración de la ocurrencia de un
desplazamiento o de un daño en abstracto, sino que necesariamente se extiende
a la prueba del daño y de esos perjuicios propios y particulares>>; y (ii) tampoco
se acreditó el nexo causal entre el desplazamiento y las omisiones imputadas a
las entidades demandadas. Al respecto, señala que el tribunal no valoró las
pruebas allegadas por el Ejército Nacional que dan cuenta de las distintas
operaciones realizadas por esta entidad y el hecho de que haya creado un
batallón móvil con ocasión de las alertas tempranas proferidas a raíz de la
situación del orden público de la zona.
12.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicita que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones
porque:
12.1.- El tribunal no identificó de forma concreta la causa común del daño. En ese
sentido, destaca que no era posible cumplir ese requisito de la acción de grupo a
partir de la sola afirmación de que las víctimas sufrieron un desplazamiento
forzado que se originó a raíz del conflicto armado. Por el contrario, los
demandantes debían acreditar de forma particular y concreta los hechos que
dieron lugar al desplazamiento, lo cual no sucedió.
12.2.- El tribunal no motivó adecuadamente el estudio de la imputación del daño
a las entidades condenadas porque: (i) contrariamente a lo sostenido por la
jurisprudencia, consideró que la obligación de protección es de resultado y no de
medio; y (ii) no valoró los medios de prueba allegados por las demandadas para
acreditar las acciones que realizaron para evitar el daño.
12.3.- El tribunal tampoco motivó adecuadamente el reconocimiento de los
perjuicios porque: (i) no estudió la prohibición de doble reparación establecida en
el artículo 20 de la Ley 1148 de 2011 frente a las víctimas del desplazamiento
forzado que recibieron una reparación administrativa por parte de la UARIV; y (ii)
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
no tuvo en cuenta que muchos demandantes, como se afirma en la demanda,
retornaron a sus hogares luego de su desplazamiento inicial.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
13.- La sala se pronunciará de fondo4 porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 164 del CPACA: (i) los hechos dañosos ocurrieron en
febrero de 2016 y marzo de 2017; y (ii) la demanda se presentó el 28 de
diciembre de 2017.
14.- Se confirma la decisión de absolver a la Armada Nacional porque no fue
apelada.
F. Decisión
15.- La sala revocará la decisión de condenar al Ejército y a la Policía Nacional
y, en su lugar, negará las pretensiones. El daño no es imputable a las entidades
demandadas porque la obligación de prevenir alteraciones del orden público es
de medio y no de resultado, y se acreditó que el Ejército y la Policía Nacional
pusieron los medios que tenían a su alcance para prevenir los enfrentamientos
de grupos al margen de la ley que ocasionaron el desplazamiento de los
integrantes del grupo demandante.
16.- En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad
patrimonial del Estado de reparar integralmente los perjuicios por un hecho
dañoso solo puede declararse cuando está acreditado que este le es imputable
por haber sido causado por la acción o la omisión de sus agentes.
17.- El daño debe considerarse causado por la acción de las autoridades
estatales cuando un ataque perpetrado por grupos armados al margen de la ley
es facilitado o ejecutado con la participación de agentes estatales, y por omisión
cuando estos no tomaron las medidas que podrían haberlo evitado.
4 El ponente se aparta de la decisión mayoritaria respecto de la procedencia de la acción de grupo. Se reitera
la posición señalada en la aclaración de voto del expediente 63655 de conformidad con la cual, para la
procedencia de la acción de grupo es necesario determinar las condiciones del grupo demandante con el
objeto de que en la sentencia sea posible establecer el monto del perjuicio al que tendrán derecho los
miembros que hayan participado en el proceso. La uniformidad es esencial para lograr lo anterior y dicha
condición hace que el esfuerzo probatorio deba dirigirse a establecer las condiciones uniformes respecto de
una misma causa que originó perjuicios individuales para los miembros del grupo, los cuales deben quedar
cuantificados, tanto para quienes participan en el proceso, como para quienes no lo hacen. En este sentido,
cuando lo que reclaman los demandantes son daños individuales particulares y precisos, como en el
presente caso, la cuantía de los perjuicios debe establecerse teniendo en cuenta las condiciones de cada
uno. Por lo tanto, lo procedente, en este caso, a juicio del ponente, era impetrar una acción de reparación
directa en la que cada uno de ellos concurriera personalmente, sin perjuicio de que en una misma demanda
pudieran acumularse las pretensiones de todos.
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Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
18.- En materia de daños causados por alteraciones de orden público causados
por grupos al margen de la ley debe tenerse en cuenta que, las obligaciones de
protección a cargo del Estado son de medio y no de resultado. Llegar a la
conclusión contraria impondría al Estado una responsabilidad absoluta frente a
tales daños, que materialmente son producto de la actuación de terceros.
19.- Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido lo
siguiente:
<<Es verdad que a la luz de lo dispuesto en la Constitución la fuerza pública, está
instituida para salvaguardar las condiciones necesarias del ejercicio de libertades
públicas y para asegurar la convivencia pacífica de los colombianos. Sin
embargo, este deber constitucional no reviste un carácter absoluto, porque si bien
es incuestionable que la Policía Nacional debe velar por la seguridad de los
ciudadanos, esta obligación debe cumplirse de acuerdo a los medios a su
alcance, ya que resultaría prácticamente imposible de que dispusiera de un
policía para cada ciudadano colombiano.>>5
<<(…) el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º. inc. 2º., de que
las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades…, “ debe entenderse dentro de lo que normalmente
se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o
dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o
intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal,
medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la
prestación del servicio que en un momento dado se requiera.”
Es que las obligaciones que son de cargo del Estado (…) han de mirarse en
concreto, frente al caso particular que se juzga, tomando en cuenta las
circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o
menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para
contrarrestarlo.
Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que esta
provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el
daño se produce por su incuria en el empleo de dichos medios, surgirá su
obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar
comprometida su responsabilidad. (…)>>6
20.- Por tal razón, la jurisprudencia ha señalado que los daños ocasionados a la
población por el actuar de los grupos al margen de la ley únicamente son
imputables al Estado por omisión cuando se acredite que las autoridades
hubieran podido prevenir o resistir el hecho generador del daño y no lo hicieron.
21.- En este caso, no es posible imputar el daño a las entidades demandadas. Si
bien se acreditó que tenían conocimiento de las alteraciones de orden público
causadas por el conflicto armado existente en la zona entre el ELN y las
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de
noviembre de 1997. Expediente 12942. Sentencia del 18 de diciembre de 1997.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de
2000. Expediente 14787. M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
Autodefensas Gaitanistas, también se demostró que dispusieron los medios que
tenían a su alcance para impedir el daño y, a pesar de ello, no fue posible evitar
el desplazamiento de los integrantes del grupo.
22.- En efecto, con los informes de la Defensoría del Pueblo se acreditó que esa
entidad, desde 2009 hasta 2015, expidió anualmente alertas tempranas en las
que advirtió a las autoridades sobre el riesgo de desplazamiento forzado
existente en el municipio de Alto Baudó (zona urbana, zona rural y territorio
étnico) con ocasión del enfrentamiento armado entre el ELN y las Autodefensas
Gaitanistas. De manera especial se destaca la alerta temprana contenida en la
nota de seguimiento 013-15 del 14 agosto de 2015, última proferida antes del
desplazamiento ocurrido en febrero de 2016, en la que se reseñaron los distintos
desplazamientos forzados ocurridos en la zona desde 2009 con ocasión de ese
conflicto y se recapitularon las distintas alertas tempranas anuales proferidas por
esa entidad a raíz de esa situación7.
23.- Con los oficios y comunicaciones intrainstitucionales también se evidencia
que el Ejército conoció de los desplazamientos ocurridos en la zona, de la
situación de violencia presentada en el Alto Baudó, y del llamado a adoptar
medidas de protección en favor de la población. En tal sentido obran los oficios
del 7, 13, 14 y 16 de mayo de 2014, los informes del 27 y 29 de mayo de 2014,
los oficios del 18 y 24 de junio de 2014, el oficio del 5 de octubre de 2015 y el
oficio del 12 de mayo de 2016.8
24.- Sin embargo, las entidades demandadas también acreditaron haber
ejecutado distintas acciones para controlar el territorio y prevenir las
7 Cuaderno 10, fls. 3056 a 3060.
8 Oficio de 7 de mayo de 2014 emitido por el comandante de la Décimo Quinta Brigada del Ejército y dirigido
al comandante de “la Fuerza Tarea Conjunta Titán”, en el que informa que “el día 7 de mayo siendo
aproximadamente las 15.00 horas (…) este comando conoció de unos hechos que al parecer se han
presentado en el sector de Alto Baudó, en inmediaciones de las comunidades del río Dubasa, Catru y Santa
Catalina, las cuales al parecer han sido sitiadas por grupos ilegales denominados Urabeños (…)”, (folio 1894
del cuaderno No. 6). Asimismo, oficio de 13 de mayo de 2014 emitido por el Ejército en el que ordena
“adelantar las acciones operacionales y de inteligencia tendiente a neutralizar el actuar delictivo de las
organizaciones al margen de la ley”, con ocasión de los desplazamientos presentados en Alto Baudó, (folio
1960 del cuaderno No. 6). También oficios de 14 y 16 de mayo de 2014 e informes de 27 y 29 de mayo de
2014, en los que el Ejército da cuenta de su conocimiento de la presencia de grupos criminales en la zona
del Alto Baudó, (folios 1962 al 1984 del cuaderno No. 6). Oficio de 18 de junio de 2014 en el que el
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta informa al comandante de la Décima Quinta Brigada “un
análisis de la situación de los municipios de Nuquí y Alto Baudó” y sobre la presencia del grupo Frente
Resistencia Cimarrón del ELN y bandas criminales del Clan Úsuga (folios 1985 al 1989 del cuaderno NO.
6). Oficio de 24 de junio de 2014, por medio del cual el departamento de Policía de Chocó solicitó al
Comandante de la Décima Quinta Brigada se adoptaran medidas para prevenir violaciones masivas a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitaria en las comunidades de Puerto
Misael, Batatal, Las Delicias, Puerto Indio, La Esperanza, San Francisco de Cucucho, Rio Baudó, Bellavista,
Dubaza, Peña Azul, Boca de León, Rio Dubaza y en el norte del municipio del Bajo Baudó, (folio 2138 del
cuaderno No. 7). También oficio de 5 de octubre de 2015, en el que el Oficial de Operaciones de la Décimo
Quinta Brigada solicita al Comandante del Batallón de Ingenieros No. 15 que “ordene a quien corresponda
efectuar las coordinaciones necesarias con las alcaldías, Policía Nacional y Fiscalía Nacional, y así
garantizar la seguridad de la población civil del Alto, Medio y Bajo Baudó, esto en cumplimiento a la nota de
seguimiento No. 013-2015 efectuada el 21 de agosto de 2015”, (folio 2913 del cuaderno No. 10). También
oficio de 12 de mayo de 2016 emitido por el oficial de operaciones del Batallón de Ingenieros No. 15 y dirigido
al Secretario del Interior de la Gobernación de Chocó (folios 3055 del cuaderno No. 10).
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Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
consecuencias del conflicto armado existente entre los grupos armados ilegales
que operaban en esa zona.
25.- El Ejército Nacional ejecutó las siguientes acciones para fortalecer la
presencia de la fuerza pública en la zona afectada por el conflicto armado entre
el ELN y las Autodefensas Gaitanistas y, de esa manera, prevenir el
desplazamiento de los integrantes del grupo:
25.1.- El 20 de abril de 2015, a través de la Resolución 0005, el Ejército Nacional
creó la Brigada Móvil 389. Según el informe de operaciones elaborado por el
teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García, comandante del Batallón de
Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018, esta
brigada fue la encargada de realizar la mayor parte de las operaciones de control
territorial llevadas a cabo por el Ejército Nacional con ocasión de las alertas
tempranas proferidas por la Defensoría del Pueblo10.
25.2.- Entre 2015 y febrero de 2016, es decir, durante el año anterior al primer
desplazamiento forzado referido en la demanda, el Ejército Nacional realizó, por
lo menos, veintitrés operaciones en la zona urbana y rural del municipio de Alto
Baudó. Y en las órdenes de operaciones correspondientes se dejó expresa
constancia que estas tenía como propósito evitar la ocurrencia de hechos que
pudieran generar el desplazamiento forzado de la población civil con ocasión del
conflicto armado ente las organizaciones criminales y el frente Cimarrón del ELN
y de que su ejecución obedecía a las alertas tempranas proferidas por la
Defensoría del Pueblo. En concreto, se destacan las siguientes operaciones:
Nombre de la operación y fecha Zona
Marte (marzo 2015)11 Pie de Pató12
Antártida (marzo 2015)13 Pie de Pató14
Arquero (abril 2015)15 Pie de Pató16
Marruecos (abril 2015)17 Pie de Pató18
Junias (mayo 2015)19 Pie de Pató20
Jorim (mayo 2015)21 Pie de Pató22
9
Ver la Resolución 0005 de 20 de abril de 2015. Cuaderno 8, fls. 2369 a 2378.
10 Ver el informe de operaciones elaborado por el Teniente Coronel Fredy Leonardo Galindo García,
Comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
11 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2582 a 2590.
12 Ibídem.
13 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2591 a 2600.
14 Ibídem.
15 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2601 a 2612.
16 Ibídem.
17 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2613 a 2626.
18 Ibídem.
19 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2627 a 2636.
20 Ibídem.
21 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2637 a 2646.
22 Ibídem.
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Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
Nombre de la operación y fecha Zona
Puerto Echeverry, Pueblito,
Bellavista, Santa Catalina de Catrú,
Jaca (junio 2015)23 Villa María, La Loma, Apartadó,
Jiguadó, Bacal, Amparradó, Guineal,
Cocalito24
Jineta (julio 2015)25 Pie de Pató26
Afro (agosto 2015)27 Pie de Pató28
Puerto Echeverry, Pueblito,
Bellavista, Santa Catalina de Catrú,
Austria (agosto 2015)29 Villa María, La Loma, Apartadó,
Jiguadó, Bacal, Amparradó, Guineal,
Cocalito, Guimalito30
Sigma (septiembre de 2015)31 Pie de Pató32
Puerto Luis, Peña Azul, Bella Vista,
Selva (septiembre 2015)33
Cocalito, Guimalito34
Puerto Luis, Peña Azul, Bella Vista,
Sócrates (septiembre 2015)35
Cocalito, Guimalito36
Puerto Luis, Peña Azul, Bella Vista,
Cocalito, Guimalito, Las Delicias,
Samurái (septiembre 2015)37
Puerto Echeverry, La Victoria,
Apartadó38
23 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2654 a 2668.
24 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
25 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2647 a 2653.
26 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
27 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2669 a 2678.
28 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
29 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2679 a 2689.
30 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
31
Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2690 a 2699.
32 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
33 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2700 a 2710.
34 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
35 Ver orden de operación. Cuaderno 10, fls. 2836 a 2856.
36 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
37 Ver orden de operación. Cuaderno 10, fls. 3062 a 3075.
38 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
Nombre de la operación y fecha Zona
Océano (octubre 2015)39 Victoria40
Némesis (octubre 2015)41 Victoria42
Puerto Luis, Peña Azul, Cocalito,
Normandía (octubre 2015)43 Guimalito, Las Delicias, Ocaña, La
Loma44
Puerto Luis, Peña Azul, Cocalito,
Osiris (octubre 2015)45 Guimalito, Las Delicias, Puerto
Echeverry, La Victoria, Apartadó46
Puerto Luis, Peña Azul, Bella Vista,
Osaka (octubre 2015)47 Cocalito, Guimalito, El Afirmado, La
Victoria48
Nigeria (noviembre 2015)49 Alto Baudó50
Puerto Luís, Peña Azul, Cocalito,
Diamante (noviembre 2015)51 Guimalito, Las Delicias, Ocaña, La
Loma52
Puerto Luis, Peña Azul, Bella Vista,
Damasco (diciembre 2015)53 Cocalito, Guimalito, El Afirmado, La
Victoria54
Puerto Luis, Peña Azul, Bella Vista,
Épico (enero 2016)55 Cocalito, Guimalito, El Afirmado, La
Victoria56
26.- Por su parte, la Policía Nacional también ejecutó numerosas acciones para
evitar el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas urbana y rural del
39 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2711 a 2721.
40 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
41 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2722 a 2732.
42 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
43 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2711 a 2721.
43 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2733 a 2732 (sic).
44 Ibídem.
45 Ibídem.
46 Ibídem.
47
Ibídem.
48 Ibídem.
49 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2733 a 2742.
50 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
51 Ver orden de operación. Cuaderno 9, fls. 2743 a 2758.
52 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
53 Ibídem.
54 Ibídem.
55 Ver orden de operación. Cuaderno 10, fls. 3081 a 3094.
56 Ver el informe de operaciones elaborado por el teniente coronel Fredy Leonardo Galindo García,
comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con fecha del 17 de octubre de 2018. Cuaderno
12, fls. 3635 a 3649.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
municipio de Alto Baudó ocasionado por el conflicto armado entre el ELN y las
Autodefensas Gaitanistas. En concreto, realizó actividades de control, disuasión
y prevención mediante puestos de control fluviales, requisas a personas,
registros a vehículos, patrullajes en la zona, entre otras, con el fin de minimizar
el riesgo de que esta población vulnerable fuera afectada por parte de grupos al
margen de la ley dentro del casco urbano de Pie de Pató. También adelantó
medidas tendientes a identificar y desarticular grupos criminales57 y, ese año,
aumentó un 30% el personal de Policía en la Estación de Pie de Pató58. Así
mismo, algunos de los reportes rendidos por la Policía refieren medidas
humanitarias para atender la emergencia derivada del desplazamiento ocurrido
en el mes de junio de 201459.
G. Costas
27.- La sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante porque
no se cumplen los requisitos señalados para ello en la Ley 472 de 199860.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
57 Oficio del 18 de mayo de 2014 emitido por el comandante del Departamento de Policía de Chocó y dirigido
al director de Seguridad Ciudadana, en respuesta al correo del 17 mayo de 2014 de “DISEC-AINPO-
ALERTAS”, folio 1410 del cuaderno No. 5. En sentido similar, informe del 5 de junio emitido por la Policía
Nacional, en el que consta que en los municipios de Pie de Pató (Alto Baudó), Puerto Meluk (Medio Baudó)
y Pizarro (Bajo Baudó) se realizaron controles en los muelles y embarcaciones, también se adelantaron
actividades de registro y control en establecimientos públicos y patrullajes en casco urbano, folios 1428 al
1431 del cuaderno No. 5; oficio del 18 de octubre de 2014 que refiere controles permanentes en muelles,
actividades de registro y control en establecimientos públicos, patrullajes en casco urbano, folios 1475 al
1481 del cuaderno No. 5; informe del 10 de noviembre de 2014, folios 1487 al 1491 del cuaderno No. 5;
informe del 18 de marzo de 2015, folios 1510 al 1516 del cuaderno No. 5; oficio del 21 de agosto de 2015,
folios 1531 al 1533 del cuaderno No. 5; informe del 21 de septiembre de 2015, folios 1538 al 1540 del
cuaderno No. 1.
58 Evaluación al informe de riesgo No. 11-09 en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó realizada el 21
de mayo de 2014, en el que se informa que “para el año 2014 se realizó un incremento del 30% del personal
profesional de Policía” en la estación de Pie de Pató, folios 1411 al 1426 del cuaderno No. 5. También el
informe de seguimiento del 30 de abril de 2016 del informe de riesgo No. 11-09 del 29 de abril de 2009 se
advierte sobre los esfuerzos realizados para “ampliar el pie de fuerza en la estación de Pie de Pató” y el
refuerzo de los esquemas de seguridad en el área urbana; informa que el Ejército se ha comprometido a
“ingresar más personal al área afectada para el restablecimiento del orden público”. Folio 1542 al 1545 del
cuaderno No. 5.
59 En efecto, en oficio del 16 de octubre de 2014, la Policía informó sobre los desplazamientos ocurridos los
días 12, 16 y 25 de junio de 2014 en la zona del Alto Baudó; además, sobre las medidas de atención
inmediata adoptadas por la institución, las reuniones realizadas con las autoridades de la zona y las
operaciones militares de control del territorio, folio 1466 al 1471 del cuaderno No. 5. En sentido similar
informe del 10 de noviembre de 2014 emitido por la Policía Nacional, en el que consta que en los meses de
septiembre y octubre se coordinaron entregas de ayuda humanitarias y se realizaron reuniones, mesas de
trabajo, consejos de seguridad con distintas entidades, con el fin de buscar soluciones a la problemática de
la región, folios 2400 al 2415 del cuaderno No. 8.
60 En relación con los requisitos para condenar en las acciones de grupo, ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de junio de 2024, expediente
68712. M.P. Alberto Montaña Plata.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)
Demandantes: Abelino Mosquera Reyes y otros
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Chocó y, en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Salva voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
17
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