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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03632-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03632-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, de la petición radicada el 16 de mayo de 2025 de junio de 2025 respecto al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR las pretensiones de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, respecto de la CAMARA DE REPRESENTANTES – COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03632-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03632-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE 16 DE MAYO DE 2025 PRESENTADO ANTE
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SE DENIEGA LA SOLICITUD
DE QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ACUSACIÓN DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y ACCESO
A LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la CAMARA DE
REPRESENTANTES – COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La sociedad CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA, actuando a través
de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante Consejo Superior
2
En adelante Comisión de Investigación.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03632-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR y la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN al no haberle dado
respuesta de fondo, clara y concreta a la petición elevada el 16 de mayo de
2025 y el debido trámite a la queja presentada el 23 de noviembre de 2023,
respectivamente, en las que solicitó entre otros las medidas correctivas
para subsanar la congestión judicial que se presenta en la Sección Tercera
de la Subsección C del Consejo de Estado para dictar sentencia dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 2016-00096-00.

I.2. Hechos

Manifestó que presentó petición el 16 de mayo de 2025 ante el CONSEJO
SUPERIOR en la que solicitó:

“[…] PRIMERA: Solicito a usted señores honorables Magistrados del
Consejo Superior de La Judicatura se protejan nuestros derechos al
debido proceso y al acceso real a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 209, 228 y 229 de la Constitución
Política Nacional de Colombia en el Consejo de Estado Sección tercera
Subsección C.

SEGUNDA: Se tomen las medidas necesarias para lograr la
descongestión judicial en el Consejo de Estado evitando que se sigan
vulnerando los derechos fundamentales de las personas que acudimos a
estas instancias judicial en busca de un acceso real a la administración
de justicia siendo este un derecho fundamental, así como el derecho
fundamental al debido proceso por no respetar los términos establecidos
de la ley 1437 de 2011 CPACA en sus artículos 181 y 182 para dictar
sentencia en el Consejo de Estado Sección tercera Subsección C.

TERCERA: Se tomen las acciones, medidas, decisiones necesarias,
legales y constitucionales para que al Consejo de Estado Sección tercera
Subsección C. Dicte Sentencia en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derechos con radicado No 11001-03-26-000-2016-
00096-00 (57376), demandante Canteras de Florencia Ltda., Demandado
Agencia Nacional de Minería para subsanar el incumplimiento de los
términos de los artículos 181 y 182 de la ley 1437 de 2011 CPACA y de

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todas las demandas que nos preceden en el turno para dictar sentencia
las cuales comparten nuestra misma situación como lo es la dificultad en
el acceso real a la administración de justicia y la violación al debido
proceso por no respetarse los términos para dictar la sentencia […]”.

Señaló que asimismo, radicó el 23 de noviembre de 2023 denuncia ante la
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN por demora en el trámite, violación al
debido proceso, prevaricato por acción u omisión y a los términos judiciales
del CPACA, del CGP y otros en especial al momento de dictar sentencia lo
cual genera dificultades en el acceso a la administración de justicia en las
altas cortes del país.

Indicó que el 27 de agosto de 2024 la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN a
través de su presidente le informó que la denuncia que había presentado
le correspondió el número interno 5933 y el radicado de expediente núm.
6350, asimismo le informó que mediante Resolución de reparto núm. 366
de 7 de febrero de 2024 se le asignó el conocimiento de la investigación al
representante Hernán Darío Cadavid Márquez, encontrándose en etapa de
investigación previa, aclarándole que la investigación contra los aforados
no se encuentra reglada por las normas del C.G.P., o del CPACA, de
manera que los términos aplicables a la investigación serán los establecido
en la Ley 600 de 2000.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Aseguró que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela de la
referencia no ha recibido respuesta a la petición elevada ante el CONSEJO
SUPERIOR ni tampoco por parte de la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
se le ha dado trámite a la denuncia instaurada, violando los términos
estipulados en la ley.

Afirmó que con la omisión del CONSEJO SUPERIOR a dar respuesta a su
solicitud presentada el 16 de mayo de 2025 y con la mora en dar trámite a

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la queja interpuesta ante la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN se le han
vulnerado sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

I.4. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Solicito a usted señor(a) Juez se protejan mis derechos
fundamentales al derecho de petición, al debido proceso y al acceso real
a la administración de justicia consagrados en la constitución nacional
artículo 23, 29 y 229.

SEGUNDA: Se declare que El accionado o accionados vulneraron mis
derechos fundamentales al derecho de petición, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

TERCERA: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura otorgar
respuesta a lo solicitado en el derecho de petición y darle tramite a la
queja presentada para subsanar la alta congestión judicial que se tiene
en el Consejo de Estado Sección tercera Subsección C para dictar
Sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento de derechos en el
consejo de estado con radicado No 2016-00096-00, demandante
Canteras de Florencia Ltda., Demandado Agencia Nacional de Minería
para subsanar el incumplimiento de los términos de los artículos 181 y
182 de la ley 1437 de 2011 CPACA.

CUARTO: Se le ordene a la comisión de acusaciones de la cámara de
representante dar trámite a la denuncia presentada el pasado 23 de
noviembre de 2023, de la cual hasta el día de hoy no conozco de sus
avances solo conozco Numero de radicación o expediente No 6350,
Honorable representante Investigador Dr. Hernán Darío Cadavid
Márquez, Numero de Resolución Reparto No 366 de febrero 7 de 2024,
Numero interno 5933 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR indicó que la solicitud de 16 de mayo de
2025, fue atendida de forma clara, precisa y congruente mediante oficio
UDAEO25-2367 de 25 de junio de 2025 y enviada a la parte actora al correo

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electrónico angeloucros@gmail.com, en el que, como respuesta se le
informó que:
“[…]

[…]”.

Por todo lo anterior, y considerando que esa entidad respondió de forma
clara, precisa y congruente solicitó que declare la carencia actual del objeto
por hecho superado y se niegue la acción de tutela formulada.

Finalmente solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por
falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no vulneró ningún
derecho fundamental de la parte actora.

I.5.2.- La COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN a través del Representante a la
Cámara Hernán Darío Cadavid Márquez, en su calidad de investigador
designado por el entonces presidente de esa Comisión mediante
Resolución Reparto núm. 366 de 7 de febrero de 2024 y número de
radicado interno 6350, señaló que se encuentra en etapa de investigación

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previa, la cual, conforme a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 y la
jurisprudencia aplicable, ha sido definida como:

“[…] Una etapa anterior a la apertura formal de la instrucción, destinada
a esclarecer los vacíos probatorios que impidan determinar con claridad
la existencia del hecho, la identidad del autor o partícipe, o la viabilidad
del ejercicio de la acción penal.” […]”.

Adujo que la Comisión actualmente enfrenta un alto volumen de
expedientes en trámite, lo cual, sumado al cumplimiento de otras funciones
legislativas propias del cargo, incide en los tiempos de análisis y respuesta
frente a cada uno de los procesos asignados.

Finalmente señaló que esa autoridad ha actuado conforme a los términos
legales establecidos, aplicando la Ley 600 de 2000 como régimen procesal,
y teniendo en cuenta las particularidades fácticas y jurídicas de cada caso
que se somete a su conocimiento.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C” – DEL CONSEJO DE
ESTADO solicitó se declare la improcedencia de la presente acción de
tutela por cuanto no se acredita una vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora ni se satisface el requisito de
subsidiariedad, dado que los asuntos cuestionados se encuentran en
proceso judicial ordinario en curso.

Afirmó que no se reúnen los presupuestos que permitirían justificar una
prelación en el turno de fallo, ni se observa una demora injustificada que
habilite la intervención del juez constitucional dado que el expediente ha
sido impulsado de manera continua y actualmente se encuentra en el turno
ordinario para fallo.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en
virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los
extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho
en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR, solicitó su desvinculación
en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva toda vez que no vulneró ningún derecho fundamental de la parte
actora.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de
30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa
por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición

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por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que
le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un
instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la
brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer
los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto
la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según
aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y,
en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que
provoque la violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se
deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia,
concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción
de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el CONSEJO SUPERIOR fue vinculado como
accionado al presente trámite constitucional, por cuanto la parte actora
radicó presuntamente ante esa Corporación la petición de 16 de mayo de
2025, la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos
previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir,
que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras
a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales invocados, los cuales estima vulnerados por el
CONSEJO SUPERIOR y la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, al no
haberle dado respuesta de fondo, clara y concreta a la petición elevada el
16 de mayo de 2025 y trámite a la queja presentada el 23 de noviembre de
2023, respectivamente, en las que solicitó entre otros las medidas
correctivas para subsanar la congestión judicial que se presenta en la
Sección Tercera de la Subsección C del Consejo de Estado para dictar
sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 2016-00096-00.

Conforme a lo anterior, corresponde determinar si las autoridades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al presuntamente no dar
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud formulada por la parte
actora el 16 de mayo de 2025 y a la presunta mora presentada en el trámite

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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de la queja radicada el 23 de noviembre de 2023.

Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala hará
mención del marco legal del derecho fundamental de petición, para en
seguida abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de la
Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular,
la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que
conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación
y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T-466
de 2004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la
referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha
reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia impedía
al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

4
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de
características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo
esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene
como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista
presentación de una solicitud por parte del accionante. En este
sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien
por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar
su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado
una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004,
T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-325
de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de petición
en su contenido comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad
cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante
las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan
de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es
decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de
la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas,
respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una
pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además,
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como el
de información, participación política y libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de
dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de
lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser oportuna;

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debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado; ser puesta en conocimiento del peticionario. Si la misma no
cumple con estos parámetros se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 5 se ocupó de
regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se refirió
así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición
ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este
código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias
de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin
necesidad de representación a través de abogado, o de persona
mayor cuando se trate de menores en relación con las entidades
dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755
estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto
cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas
a las autoridades en relación con las materias a su cargo, cuyo plazo es

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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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de diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. En todo caso, si no es
posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe
informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que
se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

La vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental de petición es
objeto de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, la
jurisprudencia ha precisado que el sentido de la respuesta no hace parte
del referido núcleo esencial de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha
precisado que la respuesta negativa en ningún caso constituye una
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “[…] existe una
diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido
[…]”6.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin
perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del
peticionario, pues se considera efectiva si la respuesta soluciona el caso
que se plantea y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y
lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido.

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el expediente se observa que la parte actora,
presentó petición, vía electrónica, ante el CONSEJO SUPERIOR el 16 de
mayo de 2025, solicitando lo siguiente:

6
Ibidem.

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Consejo Superior de La Judicatura se protejan nuestros derechos al
debido proceso y al acceso real a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 209, 228 y 229 de la Constitución
Política Nacional de Colombia en el Consejo de Estado Sección tercera
Subsección C.

SEGUNDA: Se tomen las medidas necesarias para lograr la
descongestión judicial en el Consejo de Estado evitando que se sigan
vulnerando los derechos fundamentales de las personas que acudimos a
estas instancias judicial en busca de un acceso real a la administración
de justicia siendo este un derecho fundamental, así como el derecho
fundamental al debido proceso por no respetar los términos establecidos
de la ley 1437 de 2011 CPACA en sus artículos 181 y 182 para dictar
sentencia en el Consejo de Estado Sección tercera Subsección C.

TERCERA: Se tomen las acciones, medidas, decisiones necesarias,
legales y constitucionales para que al Consejo de Estado Sección tercera
Subsección C. Dicte Sentencia en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derechos con radicado No 11001-03-26-000-2016-
00096-00 (57376), demandante Canteras de Florencia Ltda., Demandado
Agencia Nacional de Minería para subsanar el incumplimiento de los
términos de los artículos 181 y 182 de la ley 1437 de 2011 CPACA y de
todas las demandas que nos preceden en el turno para dictar sentencia
las cuales comparten nuestra misma situación como lo es la dificultad en
el acceso real a la administración de justicia y la violación al debido
proceso por no respetarse los términos para dictar la sentencia […]”.

De las pruebas obrantes en el expediente se observa que, el CONSEJO
SUPERIOR en su respuesta a la presente acción de tutela señaló que la
petición en referencia fue atendida de forma clara, precisa y congruente
mediante oficio UDAEO25-2367 de 25 de junio de 2025 en el que, como
respuesta se le informó que:

“[…]

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03632-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA

[…]”.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el CONSEJO SUPERIOR dio
respuesta el día 25 de junio de 2025 a la petición de 16 de mayo de 2025,
es decir después de la presentación de esta acción constitucional, y

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Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA

remitida al correo electrónico de la parte actora angeloucros@gmail.com,
tal como se observa a continuación:

En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la
referencia fue radicada el 12 de junio de 2025, vía electrónica, y la solicitud
del actor fue contestada por el CONSEJO SUPERIOR el 25 de junio de
2025 debidamente comunicada al actor en esa misma fecha, la Sala
declarará la carencia actual de objeto del amparo solicitado, puesto la
petición fue resuelta el 25 de junio de 2025 y comunicada debidamente a
la parte actora como quedó demostrado anteriormente.

Por último, al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por la parte
actora respecto de la demora en dar trámite a la queja radicada por la parte
actora ante la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN el 23 de noviembre de
2023, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los términos
por parte de dicha autoridad no implica automáticamente la vulneración de
los derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad
acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es
que existen circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.

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En este orden de ideas resulta necesario abordar el análisis del informe que
rindió el representante investigador asignado de la COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN Hernán Darío Cadavid Márquez, el cual expresó lo
siguiente:
“[…] Mediante Resolución de Reparto No. 366 del 7 de febrero de 2024,
el entonces Presidente de esta Comisión asignó al suscrito el
conocimiento de la investigación identificada con el radicado interno No.
6350, que contiene la denuncia formulada por Canteras de Florencia
Ltda.

El expediente en cuestión se encuentra actualmente en etapa de
investigación previa, la cual, conforme a lo dispuesto en la Ley 600 de
2000 y la jurisprudencia aplicable, ha sido definida como:

“Una etapa anterior a la apertura formal de la instrucción, destinada a
esclarecer los vacíos probatorios que impidan determinar con claridad la
existencia del hecho, la identidad del autor o partícipe, o la viabilidad del
ejercicio de la acción penal.”

Es importante precisar que, en todos los procesos tramitados por esta
Corporación, resulta indispensable que los Representantes
Investigadores asignados adelanten las diligencias pertinentes de
manera rigurosa y sustentada, dado que su función se encuentra
enmarcada en la naturaleza penal y disciplinaria de los procedimientos
que se rigen por un trámite especial, conforme a la normatividad vigente.

En ese sentido, como Representante Investigador designado en el
presente expediente he venido desarrollando las actuaciones a cargo con
la mayor celeridad y eficiencia posible, sin perjuicio del respeto a los
derechos y garantías procesales de los sujetos involucrados. Es preciso
resaltar que el objetivo de estas actuaciones es la búsqueda de la verdad
material, y no simplemente el agotamiento formal de los actos procesales
dentro de los plazos legales.

Asimismo, es pertinente señalar que esta Comisión actualmente enfrenta
un alto volumen de expedientes en trámite, lo cual, sumado al
cumplimiento de otras funciones legislativas propias del cargo, incide en
los tiempos de análisis y respuesta frente a cada uno de los procesos
asignados.

En conclusión, esta autoridad ha venido actuando conforme a los
términos legales establecidos, aplicando la Ley 600 de 2000 como
régimen procesal, y teniendo en cuenta las particularidades fácticas y
jurídicas de cada caso que se somete a su conocimiento […]”.

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De conformidad con lo expuesto supra, la Sala encuentra que, no es posible
concluir que la referida tardanza sea atribuible a la falta de diligencia de la
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, toda vez que, se advierte que, han
concurrido situaciones como es actualmente el alto volumen de
expedientes en trámite, sumado al cumplimiento de otras funciones
legislativas propias al cargo que han impedido que a la fecha la COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN haya definido si dicta resolución de apertura de
instrucción o resolución inhibitoria, que sería la etapa que viene a lugar, de
conformidad a lo dispuesta en el artículo 325 de la ley 600 de 2000.
Artículo 325. Duración de la investigación previa y derecho de
defensa. La investigación previa se realizará en el término máximo de
seis (6) meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de
instrucción o resolución inhibitoria.

En este orden de ideas es evidente que la COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN no ha sido negligente en el trámite del proceso objeto de
estudio y que el retardo que la parte actora reprocha con la presente acción
de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la demora en el trámite; es decir, cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la Ley.

En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por la actora en la
presente acción de tutela, en razón a que no se advierte que la tardanza de
la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN para dar cumplimiento a la etapa que
viene a lugar la cual es dictar resolución de apertura de instrucción o
resolución inhibitoria, fuese desproporcionada, irracional o injustificable,
toda vez que la situación por la cual no se ha resuelto corresponde a las
dificultades que se han presentado con ocasión al alto volumen de
expedientes en trámite, sumado al cumplimiento de otras funciones
legislativas propias al cargo.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, de la petición radicada el 16 de mayo de 2025 de
junio de 2025 respecto al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR las pretensiones de amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de la parte actora, respecto de la CAMARA DE REPRESENTANTES –
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en
firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁNEDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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