Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05665-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05665-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05665-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de febrero de 2026
Demandante: Daniels Marín Varón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05665-01
Demandante: DANIELS MARÍN VARÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión que negó.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 10 de octubre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, negó las pretensiones de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Daniels Marín Varón, a través de apoderado, presentó acción de tutela 1
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
las providencias de 11 de marzo y 25 de junio de 2025 por la autoridad accionada,
con las que profirió sentencia de segunda instancia y resolvió una solicitud de
corrección, aclaración o adición, respectivamente, dentro el proceso ejecutivo
11001-33-42-047-2022-00015-01.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al señor DANIELS
MARÍN VARÓN, la tutela interpuesta, con el fin de proteger sus derechos
Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, y el 3 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-00
Demandante: Daniels Marín Varón derecho al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política.
1
Mediante escrito radicado el 10 de septiembre de 2025, en la ventanilla virtual del Consejo de
Estado.
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Demandante: Daniels Marín Varón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-01
SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor DANIELS
MARÍN VARÓN, los derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA
IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y disponga DEJAR SIN EFECTOS las
decisiones adoptadas por la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F”, DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA., con la expedición de las
providencias proferidas por esta instancia judicial, el 11 de marzo de 2025,
notificada el 2 de abril de 2025, mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación contra la providencia proferida el 30 de enero de 2024, por el Juzgado
Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.”, y la
providencia proferida el 25 de junio de 2025, notificada el 2 de julio de 2025, por
la cual no se accedió a la solicitud de aclaración, corrección y/o adición de la
providencia proferida el 11 de marzo de 2025; solicitadas por la parte ejecutante,
dentro del proceso ejecutivo con Radicación No. 110013342047-2022-00015-01.
TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior,
ordene a la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F”, DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA., que profiera una nueva providencia
mediante la cual se revoquen las providencias proferidas el 11 de marzo de 2025
y 25 de junio de 2025, por el citado Tribunal, y se confirme la providencia
proferida el 30 de enero de 2024, por el Juzgado Cuarenta y Siete (47)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.; en reconocimiento de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, del accionante dentro de la presente demandada de
tutela, ordenando que la reliquidación de los recargos dominicales y festivos
diurnos y nocturnos, se efectúe tomando como porcentajes el 200% y 235%
respectivamente, con base en lo establecido en el artículo 39 del Decreto 1042
de 1978 y los criterios jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, al
respecto.2
1.3. Hechos
El señor Daniels Marín Varón es beneficiario de las sentencias proferidas por el
Juzgado 2. ° Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección F en Descongestión de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca3, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-026-2012-00120-00, que
dirigió contra el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá.
El 22 de octubre de 2015 la mencionada corporación resolvió el litigio en segunda
instancia, modificó la parte resolutiva de lo dispuesto por su a quo e impartió la
siguiente orden a la entidad demandada:
SEGUNDO. - ACLÁRASE la providencia recurrida en el sentido de señalar que a
título de restablecimiento del derecho y de conformidad con el marco normativo
de las consideraciones de esta providencia, CONDÉNASE al DISTRITO
CAPITAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ, a que reconozca y pague al señor DANIELS MARIN
VARÓN, lo siguiente:
a). El valor correspondiente a cincuenta horas (50) extras diurnas al mes, desde
el 25 de mayo de 2008 hasta cuando se dé cumplimiento a la presente
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Esta medida de descongestión posteriormente se tornó permanente lo que dio lugar a la
conformación de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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sentencia, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978,
liquidadas con base en el factor hora que resulte de dividir la asignación básica
mensual sobre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral,
esto es, 190 y no 240.
b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
laborados por el actor desde el 25 de mayo de 2008, hasta cuando se dé
cumplimiento a la presente sentencia, empleando para el cálculo de los mismos
el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria
laboral, y no 240, y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante,
entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse por tales conceptos como
resultado del reajuste.
c). Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas al actor a partir del
25 de mayo de 2008, hasta cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia
con el valor que surja por concepto de las horas extras cuyo reconocimiento se
ordena.
Con base en esta sentencia, el señor Marín Varón inició proceso ejecutivo contra
el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá, proceso que fue repartido al Juzgado 47 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá bajo el consecutivo 11001-33-42-047-2022-00015-01. Esta
autoridad, con providencia de 27 de septiembre de 2023 declaró parcialmente
probada la excepción de pago y ordenó seguir con la ejecución, en el entendido
que existía un valor adeudado por concepto de horas extras, recargos y
liquidación de cesantías.
Inconforme con lo anterior, la ejecutada interpuso recurso de apelación que fue
resuelto el 11 de marzo de 2025 por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual revocó el fallo y, en su lugar,
declaró probada la excepción de pago.
Para ello, distinguió entre lo adeudado antes de la ejecutoria de la sentencia base
de recaudo, y lo debido luego de ello, conceptos a los que denominó capital
anterior y capital posterior. Estas sumas junto con los intereses causados,
arrojaron un total de $43 053 052,82, partiendo de allí, estableció que la entidad
había pagado $75 470 951, motivo por el cual no existía deuda pendiente.
El fallo fue objeto de solicitudes de corrección, aclaración y adición, presentadas
por ambas partes, que se resolvieron de forma negativa con auto de 25 de junio
de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El actor consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F incurrió en un defecto fáctico, por una errónea valoración
de las órdenes dadas en la sentencia base de recaudo, según la cual el
reconocimiento del pago por horas ordinarias laboradas en días dominicales y
festivos debía calcularse con un 200% (para días dominicales) y 235% (para
festivos diurnos y nocturnos), mientras que en la sentencia del ejecutivo se calculó
con un 100% y 135%, respectivamente.
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Del mismo modo, alegó un defecto sustantivo por interpretación errónea del
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
Al respecto, acudió al texto de la norma, que corresponde al siguiente:
ARTÍCULO 39. Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin
perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten
servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la
naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días
dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al
doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado,
más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la
remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado
el mes completo.
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende
involucrado en la asignación mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días
dominicales y festivos.
En su entendimiento, el cálculo de los recargos dominicales y los festivos diurnos
y nocturnos, deben liquidarse en un 200% y 235% del salario, respectivamente.
Por lo que cuestiona que el tribunal los hubiere tasado con 100% y 135%.
Para reforzar su argumento, presentó apartes de providencias de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en los que esa corporación llegó a
la conclusión de que la norma dicta que los porcentajes aludidos deben ser del
200% y 235%.
Puntualmente, se refirió a los procesos 25000-23-42-000-2018-01477-01,
sentencia de 22 de junio de 2023 y 25000-23-42-000-2018-01474-01, sentencia de
10 de julio de 2024.
A su vez, enlistó los siguientes expedientes:
25000-23-42-000-2018-00015-01, sentencia de 14 de noviembre de 2024.
25000-23-42-000-2018-01523-01, sentencia de 14 de noviembre de 2024.
25000-23-42-000-2021-00266-01, sentencia de 20 de febrero de 2025.
25000-23-42-000-2022-00014-01, sentencia de 20 de febrero de 2025.
Finalmente, aseguró que la Sección Segunda unificó el criterio del porcentaje para
el cálculo referido en la providencia dictada el 12 de febrero de 2015 dentro del
proceso 25000-23-25-000-2010-00725-01, donde se efectuó la liquidación con
base en porcentajes del 200% y 235%.
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1.5. Trámite de la acción
Con auto de 12 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, como autoridad accionada.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, vinculó como terceros interesados al Distrito Capital de Bogotá – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y al Juzgado 47
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Por último, reconoció personería al abogado Jorge Eliécer García Molina para
actuar como apoderado judicial del accionante.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El titular del despacho consideró que en este caso no se supera el requisito de la
inmediatez, por cuanto la acción de tutela fue interpuesta 5 meses después de que
se profiera la decisión de segunda instancia que resolvió definitivamente el
proceso ejecutivo.
En ese sentido, solicitó declarar la improcedencia del mecanismo constitucional y,
de su parte, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos
El apoderado de la entidad manifestó que en ese caso no se evidencia la
existencia de un perjuicio irremediable ni una condición especial del accionante
que amerite la procedencia de la acción de amparo, por lo tanto, resaltó que lo que
existe es una mera inconformidad con lo resuelto en la sentencia atacada. En ese
sentido, concluyó que la intención del demandante es acudir a una tercera
instancia.
Aseguró que el señor Marín Varón debe agotar el recurso extraordinario de
revisión, como mecanismo idóneo para controvertir una sentencia ejecutoriada. Y,
finalmente, manifestó que:
La simple inconformidad del accionante con la valoración probatoria realizada
por el juez natural no constituye, bajo ninguna circunstancia, una vulneración al
debido proceso que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.
Permitir lo contrario implicaría convertir la acción de tutela en una instancia
adicional donde se puedan replantear debates probatorios ya resueltos por el
juez competente, desconociendo así los principios de autonomía judicial,
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seguridad jurídica y cosa juzgada que son pilares fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico.
En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 10 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, desestimó las pretensiones de amparo.
Para sustentar su decisión, el a quo citó los cálculos efectuados por la autoridad
accionada y concluyó que:
Como se observa, y a partir de una lectura integral de la sentencia, la Sala
concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no desconoció el título
ejecutivo, sino que, por el contrario, lo analizó de forma integral. Así, reconoció la
existencia de interpretaciones divergentes sobre el artículo 39 del Decreto 1042
de 1978 y explicó las razones por las cuales acogía la tesis según la cual el
trabajo en domingos y festivos se remunera con el pago del día laborado más un
recargo del 100%, por ser la posición más reiterada y respaldada en la
jurisprudencia.
Confirmó que, como lo expresó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, existe
más de un criterio de interpretación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y, en
ese sentido, al fundarse la sentencia en uno de ellos, no se configuraba el defecto
sustantivo y, por el contrario, debía respetarse el criterio jurídico de la autoridad
cuestionada.
En consecuencia, negó el amparo. A su vez, resolvió desfavorablemente la
solicitud de desvinculación planteada por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 20234, el apoderado del actor
impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque para que, en su
lugar, se conceda el amparo constitucional.
Para el efecto, reiteró los defectos que, a su juicio, se presentaron en la sentencia
cuestionada, citando textualmente los argumentos del escrito inicial.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 10 de octubre de 2025, proferida la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
4
La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 18 de noviembre de 2025
y el recurso se interpuso el 21 de noviembre siguiente.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de primera instancia, a través de la cual se negaron las pretensiones
de amparo.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos
invocados; y (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Ahora bien, el presente asunto es relevante constitucionalmente puesto que,
conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, este involucra la
presunta lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
ante la existencia de una presunta decisión de unificación que imponía una
fórmula de liquidación de una acreencia laboral que fue desconocida por la
autoridad accionada.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad judicial en
la providencia objeto de reproche al parecer desconoció la postura pacífica del
Consejo de Estado respecto de la interpretación del artículo 39 del Decreto 1042
de 1978, adicionalmente, se aduce que lo anterior conllevó a que el juez del
ejecutivo reabriera un debate que ya había sido zanjado durante el proceso
declarativo9.
En ese sentido, la Sala evidencia que este asunto trasciende un estudio de lo
meramente legal, comoquiera que el accionante justificó razonadamente la
existencia de una amenaza a sus garantías constitucionales.
Así las cosas, se insiste que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías fundamentales del tutelante, cuya controversia no se
enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la sala superará esta causal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante
fue proferida en el marco del proceso ejecutivo.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 11 de marzo de 2025 y que fue objeto de solicitudes de
9
Ver antecedentes de esta Sala en los que se superó el requisito de relevancia constitucional:
sentencia de 10 de junio de 2021, ref: 11001-03-15-000-2021-01379-00; sentencia de 23 de marzo
de 2023, ref: 11001-03-15-000-2021-01379-01, sentencia de 7 de diciembre de 2022, ref: 11001-
03-15-000-2022-05873-00 y sentencia de 19 de octubre de 2023, ref: 11001-03-15-000-2023-
04234-01.
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corrección, adición y aclaración, las que se resolvieron en providencia de 25 de
junio de 2025.
En ese sentido, incluso sin calcular el término de ejecutoria de la última
providencia, es evidente que la tutela radicada el 10 de septiembre de 2025 es
oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200511, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra la sentencia de
segunda instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo que
se tiene cumplida esta exigencia.
Ahora bien, aunque el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos aseguró que en este caso el accionante debió acudir al
recurso extraordinario de revisión, no se evidencia que los reparos del accionante
se enmarquen en alguna de las causales contempladas en el artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011.
2.5. Generalidades de los defectos alegados
De acuerdo con lo planteado en el escrito inicial, el accionante funda sus
señalamientos en dos censuras, así: (i) defecto sustantivo, por cuanto la autoridad
judicial accionada realizó una interpretación errónea del artículo 39 del Decreto
1042 de 1978, que, a su juicio, desconoce la postura pacífica de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y (ii) defecto fáctico, en el entendido que se
desconocieron las órdenes contenidas en la sentencia base de recaudo.
2.5.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201512 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
12 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
Omisión de relevante para resolver el problema jurídico sometido a
decreto y consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
práctica de facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
pruebas atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
indispensables idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que
para fallar el no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
asunto posibilidad a la configuración del defecto, ya que este
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
Desconocimiento son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
del acervo punto, se requiere que de forma específica, se concrete
probatorio en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
determinante oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
para identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
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Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.
Valoración
irracional o Requiere entonces que:
arbitraria de las
pruebas a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
aportadas fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria del
juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
Dictar sentencia decide el asunto con base en pruebas que no
con fundamento observaron los requisitos legales para su producción o
en pruebas introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
obtenidas con la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
violación del haberla tenido en cuenta para decidir el problema
debido proceso jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba que
desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
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Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
[…]13
Aunado a ello, esta sección en reiterados pronunciamientos 14 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las altas cortes encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a
sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.
2.5.2. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional15, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»16.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente17 o porque ha sido derogada18, es
inexistente19, inexequible20 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador21.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
14
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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b) No se hace una interpretación razonable de la norma 22.
c) La disposición aplicada es regresiva23 o contraria a la Constitución24.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición25.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma 26 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.6. Caso concreto
En esta oportunidad se tiene que, a juicio del accionante, existe una posición
pacífica en el Consejo de Estado relativa a que el pago por horas ordinarias
laboradas en días dominicales y festivos debía calcularse con un 200% (para días
dominicales) y 235% (para festivos diurnos y nocturnos), en aplicación estricta de
lo contemplado en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
Sobre el particular, se tiene que, en sentencia de 11 de marzo de 2025, la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se refirió expresamente sobre el porcentaje con los que liquidaría
las mencionadas prestaciones y los motivos que soportaban dicha determinación.
Para ello, inició con una exposición de las sentencias del Consejo de Estado entre
mayo de 2007 y septiembre de 2020, en donde se mantenía una línea consistente
respecto de la interpretación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
No obstante, resaltó que, a partir de 2023, surgió una disparidad de criterios que
explicó de la siguiente forma:
La jurisprudencia dejó de ser pacífica a partir del año 2023, pues actualmente
el Consejo de Estado sostiene dos tesis que se contraponen, respecto a la
forma en la cual se determina el valor del recargo del trabajo dominical y festivo
del 200% previsto en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 así:
22
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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➢ Primera tesis: El recargo por trabajo en dominicales y festivos diurnos,
asciende al 200% está integrado por el 100 % de la asignación básica y un 100
% del recargo dominical o festivo.
➢ Segunda Tesis: El recargo por trabajo en dominicales y festivos diurnos
asciende al 200% adicional al 100% de la asignación básica.27
Para cada una de esas posturas, citó distintas providencias que las respaldaban 28.
Ante ese panorama, presentó la siguiente consideración:
La controversia surge por el alcance que se debe dar a la norma cuando
establece “sin perjuicio de la remuneración ordinaria”, pues la primera tesis
considera que este aparte de la norma hace referencia sólo al “disfrute del
descanso compensatorio”, mientras que la segunda tesis considera que la
excepción cobija también al “equivalente al doble del valor de un día de
trabajo”, lo que implica que adicional a la asignación básica se debe reconocer
un recargo del 100% por el día laborado.
La Sala acoge a la primera tesis según la cual el trabajo realizado
ordinariamente en días domingos y festivos se debe remunerar con el pago del
día laborado, más un recargo de un 100% por cuanto es la tesis con mayor
número de pronunciamientos y que se ha reiterado a lo largo del tiempo.
Cómo puede observarse, la autoridad judicial atacada justificó, con fundamento en
la divergencia de posturas del órgano de cierre, la tesis que acogería para la
interpretación de la norma en cuestión. Correspondiente a que el pago de los
dominicales se reconocería sobre un 100%, adicional a la asignación básica, y los
festivos diurnos y nocturnos con un 135%.
En ese sentido, no es dable afirmar que se configuró un defecto sustantivo, puesto
que al momento de resolverse el proceso ejecutivo no existía una decisión de
unificación que obligara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a escoger un
27
Subrayado añadido por la Sala
28
De la primera tesis mencionó:
Además de las sentencias citadas en las notas al pie 1 a 4, recientemente se han
proferido las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A; C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia de 24 de
agosto de 2023; radicación: 25000-23-42-000-2022- 00550-01, actor: Carlos Andrés
Gómez Nieto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, C.P.: Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 19 de octubre de 2023, radicación:
11001-03-15-000-2023-04234-01, actor: Nelson Humberto Romero Jaramillo. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.:
Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia de 9 de noviembre de 2023, radicación.:
25000-23-42- 000-2022-00726-01, actor: Jackson Emilio Lesmes Mendieta.
Para la segunda tesis, citó:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A; C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia de 22 de junio de 2023,
radicación: 25000-23-42-000-2018- 01477-01, actor: Andrés Felipe Galán Torres.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Primera instancia: C.P.:
Fredy Ibarra Martínez, sentencia de 25 de septiembre de 2023. Segunda instancia: C.P.
César Palomino Cortés, Sentencia 27 de noviembre de 2023, radicación: 11001-03-15-
000-2023-04299-00/01, actor: Luis Antonio Castellanos Rodríguez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; C.P.: Juan
Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 16 de noviembre de 2023, radicación: 25000-23-
42-000- 2018-01103-01, actor: Neftalí Alberto Marín Varón
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criterio, en su lugar, existían dos posiciones entre las cuales podía escoger, lo cual
se encuentra amparado en la autonomía judicial del que están revestidas estas
decisiones.
Ahora bien, respecto de la sentencia del 12 de febrero de 2015 y que la parte
actora califica como «unificadora», debe decirse que no tiene tal calidad. En
efecto, se trata de una providencia emitida por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, más no se evidencia en sus consideraciones que
tuviera como finalidad unificar algún criterio.
Téngase en cuenta que el objeto de la unificación es que se concrete una posición
sobre un asunto del cual existen distintas interpretaciones judiciales; no obstante,
para la fecha de ese fallo, no existía tal divergencia, en ese sentido, lo
manifestado por los magistrados en aquella oportunidad fue una reiteración de la
postura tradicional.
Sin embargo, y como lo explicó el a quo constitucional, sobre la interpretación del
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, actualmente el órgano de cierre sí maneja
dos tesis, soportadas en distintas providencias de las diferentes subsecciones de
la Sección Segunda.
Lo expuesto, impide que se pueda afirmar que la interpretación normativa del
accionado pugne con el criterio aceptado por el órgano de cierre, puesto que el
antecedente citado por el accionante es anterior a los presupuestos
jurisprudenciales entre los que tuvo que escoger la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por otra parte, no se evidencia que en los fallos del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se haya establecido algún porcentaje para la
liquidación de los recargos nocturnos ni el trabajo en dominicales y festivos.
Nótese que, en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, el
Juzgado 2. ° Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá
expresó:
Así mismo pagar el descanso compensatorio por trabajo habitual en
dominicales y festivos causado por el tiempo laborado de manera ordinaria en
días dominicales y festivos, en los términos del artículo 39 del Decreto Ley
1042 de 1978.
La parte resolutiva de dicho fallo, que tampoco establecía porcentajes, fue
modificada en segunda instancia, donde la entonces Subsección F en
Descongestión de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, así:
Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
laborados por el actor desde el 25 de mayo de 2008 hasta cuando se dé
cumplimiento a la presente sentencia, empleando para el cálculo de los mismos
el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria
laboral, у по 240, y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante,
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entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse por tales conceptos como
resultado del reajuste.
En ese sentido, en las providencias que sirvieron de título no se definieron los
porcentajes de 200% y 235% para dichos factores salariales, por el contrario,
aquellas se limitaron a ordenar el pago del emolumento discutido en los términos
de ley, siendo el porcentaje un asunto que solo se decidió en el proceso ejecutivo,
circunstancia que deja sin sustento la existencia del defecto fáctico.
Por lo tanto, ya que la acción de tutela no es un mecanismo para imponer a los
jueces de instancia un determinado criterio de decisión y que lo resuelto por la
autoridad accionada no se evidencia irracional o arbitrario, esta Sala confirmará la
decisión de primera instancia que negó el amparo pretendido.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre de 2025, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las
pretensiones de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(con salvamento de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
16
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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