Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04234-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de octubre de 2023
Demandante: Nelson Humberto Romero Jaramillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04234-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04234-01
Demandante: NELSON HUMBERTO ROMERO JARAMILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto de
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 31 de agosto de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera, declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
accionante, por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Nelson Humberto Romero Jaramillo, a través de apoderado, presentó
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales «A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA
JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS».
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la
autoridad judicial en mención que, en providencia de 7 de marzo de 2023,
confirmó la sentencia de 22 de enero de 2019, proferida por el Juzgado Cincuenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró no probada la
excepción de pago de la obligación y ordenó seguir adelante la ejecución y la
práctica de la liquidación del crédito. Lo anterior, en el marco del proceso
ejecutivo2 promovido por la parte actora contra el Distrito Capital - Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que se identificó
con el radicado 11001-33-35-013-2017-00372-00/01.
1 Mediante escrito radicado el 8 de agosto de 2023, en la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
2 Proceso iniciado a continuación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el radicado 11001-33-31-704-2010-00231-00/01, conocido en primera instancia por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y, en segunda,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
Descongestión.
1
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Demandante: Nelson Humberto Romero Jaramillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04234-01
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUNIDAD DE LAS
SENTENCIAS, principios Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital
y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; así como el derecho al acceso a la administración de justicia conforme
al artículo 229 de la Constitución Política.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección “F” de la Sección
Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 7 de marzo
de 2023 y notificada electrónicamente a las partes el día 22 de marzo de 2023,
dentro del expediente 11001-33-35-013-2017-00372 01, Proceso ejecutivo laboral
siendo demandante NELSON HUMBERTO ROMERO JARAMILLO demandado
DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de
adición, aclaración y corrección el 24 de marzo de 2023, la cual fue negada
mediante providencia proferida el 21 de junio de 2023 y notificada el 5 de julio de
2023, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva
sentencia conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042
de 1978, respecto de los porcentajes reales a reconocer por concepto de
reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos
nocturnos del 235% con el factor de 190 horas mensuales (jornada máxima legal
empleados públicos, toda vez que la H. Sala accionada dispuso liquidar los
recargos festivos diurnos con el 100% y los recargos festivos nocturnos con el
135% sobre 190 horas, pero ordena descontar los recargos festivos diurnos del
200% y los recargos festivos nocturnos del 235% liquidados y pagados cobre 240
horas mensuales por la entidad ejecutada, además se niega de plano la
reliquidación de cesantías desconociendo una sentencia del H. Consejo de Estado,
proferida el 2 de junio de 2022, con ponencia del H. Consejero Doctor RAFAEL
FRANCISCO SUAREZ VARGAS, proceso ejecutivo 25000 23 42000 2019 01070 -
01 (4032-2021) demandante CARLOS RAFAEL CABEZAS VARGAS demandado
DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, donde se revocó la negativa de la reliquidación de
las cesantías, con lo cual se está generando un perjuicio irremediable. […]3
1.3. Hechos
La sala encontró demostrados los supuestos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-31-
704-2010-00231-00/01
1.3.1.1. El señor Nelson Humberto Romero Jaramillo laboró como empleado del
Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá. Allí cumplía 15 turnos mensuales de 24 horas, para un total de 360 horas
mensuales en promedio.
3 Trascripción literal del original con posibles errores.
2
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1.3.1.2. El tutelante interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de los
actos administrativos proferidos por la entidad demandada a través de los cuales
negó el reconocimiento y pago de (i) horas extras, (ii) descansos compensatorios,
reliquidación de recargos nocturnos ordinarios y de festivos diurnos y nocturnos, y
(iii) reliquidación de primas de servicios, vacaciones y navidad, cesantías y demás
factores salariales y prestacionales recibidos entre el 20 de octubre de 2006 al 31
de diciembre de 2006.
1.3.1.3. El proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá que, a través de sentencia de 4 de
junio de 2012, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
1.3.1.4. La anterior decisión fue apelada y el trámite de la segunda instancia
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F que, con proveído de 24 de octubre de 2013, confirmó la
providencia de primer grado, pero precisó sobre el restablecimiento del derecho lo
siguiente:
SEGUNDO.- CONDENAR a título de restablecimiento del derecho al Distrito
Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá, a reconocer y pagar al señor NELSON HUMBERTO ROMERO
JARAMILLO identificado con la C.C. No. 79.615.279 de Bogotá, a lo siguiente:
• A pagar al demandante las horas extras diurnas y nocturnas mensuales laboradas
en exceso de la jornada máxima legal para empleados públicos territoriales fijada
en 44 horas semanales por el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, desde el
21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
• A conceder o pagar al demandante el descanso compensatorio por exceso de
horas extras por el tiempo laborado fuera de la jornada máxima legal para
empleados públicos territoriales fijada en 44 horas semanales conforme al artículo
33 del Decreto Ley 1042 de 1978, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de
agosto de 2009. Este concepto se pagará en los términos del literal e) del artículo
36 del Decreto Ley 1042 de 1978, esto es, a razón de un día hábil por cada ocho
horas extras de trabajo que excedan el límite más favorable.
• A conceder o pagar al demandante el descanso compensatorio por trabajo
habitual en dominicales y festivos causado por el tiempo laborado de manera
ordinaria en días dominicales y festivos, en los términos del artículo 39 del Decreto
Ley 1042 de 1978, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
• A reliquidar los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos
pagados al demandante, teniendo en cuenta la jornada máxima legal para
empleados públicos territoriales fijada en 44 horas semanales por el artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978 y pagar las diferencias que resulten de la reliquidación.
En la reliquidación del recargo ordinario nocturno deberá deducir los días de
descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones
administrativas que se le hayan presentado al trabajador.
• A reliquidar las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, las cesantías y
demás factores salariales y prestacionales causados por el demandante, teniendo
en cuenta los mayores valores por concepto de recargos y los nuevos valores por
concepto de horas extras y descansos compensatorios, de conformidad con lo
ordenado por el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, cuya enunciación de
factores salariales no es taxativa. Así mismo, a pagar las diferencias que resulten
de la reliquidación, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
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• En la liquidación deberá deducirse las horas extras diurnas y nocturnas
mensuales que se hubieren cancelado, los días de descanso compensatorio por
exceso de horas extras que se le hubieren cancelado, el descanso compensatorio
por trabajo habitual en dominicales y festivos ya cancelado, el descanso
remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas
que se le hayan presentado al trabajador.
TERCERO: Los valores que resulten de dicha equivalencia deberán ser reajustados
en los términos del artículo 178 del C.C.A., utilizando la siguiente fórmula:
R= Rh Índice final
Índice inicial
En donde valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que
es lo dejado de percibir por el actor, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
hacerse el pago.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente mes a mes comenzando por lo que correspondía devengar al actor
desde el momento en que adquirió el derecho y para los demás emolumentos
teniendo en cuenta que el índice es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.
1.3.2. Del proceso ejecutivo 11001-33-35-013-2017-00372-00/01
1.3.2.1. Mediante Resolución 136 de 18 de febrero de 2014, la entidad
demandada dispuso el cumplimiento de los fallos proferidos en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-31-704-2010-00231-00/01. Sin
embargo, al estar inconforme con las sumas liquidadas en el mencionado acto
administrativo, el accionante inició el correspondiente proceso ejecutivo.
El expediente fue asignado al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, con sentencia de 22 de enero de 2019, declaró no
probada la excepción de pago de la obligación y ordenó seguir adelante la
ejecución y con la práctica de la liquidación del crédito, entre otras cosas, bajo las
siguientes consideraciones:
Por lo anterior, no pueden ser de recibo los argumentos de la entidad hoy
ejecutada, referentes a que el demandante ya percibió los valores que se pretenden
con la demanda y por ello, el acto administrativo de cumplimiento del fallo proferido
dentro del proceso ordinario arrojó una liquidación negativa, es decir, que es el
demandante quien le adeuda a la entidad. Y ello no puede corresponder de ninguna
manera al restablecimiento del derecho ordenado a favor del demandante; pues allí
claramente se indicó que la base de la liquidación es la jornada semanal de 44
horas, así como lo dispuesto para lo correspondiente en el Decreto Ley No. 1042 de
1978 y la correspondiente reliquidación de los factores salariales y prestacionales,
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto Ley No. 1042 de
1978. […]
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que las cumas de dinero pretendidas por el
ejecutante estén blindadas toda vez que, el demandante realiza la liquidación que
soporta la demanda (fls. 104 y 105), consideró que la jornada máxima legal de los
empleados públicos territoriales según lo dispuesto en las sentencias que sirven de
título ejecutivo para la presente controversia, es de 190 horas mensuales; cuando lo
que taxativamente reconoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tal
jornada, son 44 horas semanales, de conformidad con lo establecido en el artículo
33 y s.s. del Decreto Ley No. 1042 de 1978.
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De otra parte, el Despacho evidencia que en la mencionada liquidación aportada
por la ejecutante, no se consignó la reliquidación de las primas de servicios,
vacaciones y de navidad, las cesantías y demás factores salariales y prestacionales
causados; ni la deducción de las horas extras diurnas y nocturnas mensuales; los
días de descanso compensatorio por exceso de horas extras y el descanso
compensatorio por trabajo habitual en dominicales y festivos ya cancelados al
ejecutante. Así como tampoco dedujo el descanso remunerado, las vacaciones,
licencias, permiso y demás situaciones administrativas que se le presentaron al
trabajador, tal como lo dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
sentencia de segunda instancia proferida el 24 de octubre de 2013.
Por lo expuesto, se ordenará seguir adelante con la ejecución de la forma dispuesta
en el mandamiento de pago y con las precisiones aquí manifestadas, que deberán
observar las partes, al practicar la liquidación del crédito, atendiendo únicamente lo
ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de segunda
instancia calendada el 24 de octubre de 2013 (fls. 22 al 85), mediante la cual se
confirmó y se realizó unas precisiones frente al restablecimiento del derecho, de la
sentencia proferida por el extinto Juzgado Cuarto en Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá D. C.
Para efectos de la liquidación del crédito, se tendrá en cuenta el periodo
comprendido del 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009. Las
liquidaciones que aporten las partes deberán estar acompañadas de las
certificaciones legales en donde conste:
-Horas extras diurnas y nocturnas mensuales laboradas en exceso de la jornada
máxima legal para los empleados públicos territoriales, fijada en 44 horas
semanales, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
-Total de días dominicales y festivos laborados por el ejecutante discriminados mes
a mes desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
-Los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos pagados al
ejecutante, teniendo en cuenta la jornada máxima legal para empleados públicos
territoriales fijada en 44 semanas, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de
agosto de 2009.
-Días de descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones
administrativas que se le hayan presentado al ejecutante, desde el 21 de octubre de
2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
-El pago de las primas de servicios, vacaciones y navidad, cesantías y demás
factores salariales y prestacionales causados por el ejecutante, desde el 21 de
octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
-Pago de horas extras diurnas y nocturnas mensuales, días de descanso
compensatorio por exceso de horas extras, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el
30 de agosto de 2009.
-Descanso compensatorio por trabajo habitual en dominicales y festivos, reconocido
y cancelado al ejecutante, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de
2009.
1.3.2.2. Contra la anterior decisión la parte ejecutada interpuso recurso de
apelación, al considerar que, si bien el a quo presentó algunos desacuerdos con la
liquidación del demandante, este debió efectuar el cálculo antes de librar
mandamiento de pago o, en su defecto, en la sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución, para determinar si estaba conforme a derecho o no.
El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F que, con providencia de 7 de marzo de 2023,
resolvió confirmar la sentencia de primer grado.
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Para llegar a esa conclusión, indicó que del material probatorio allegado al
expediente se podía inferir que existían saldos pendientes de pago por parte de la
entidad ejecutada, los cuales debían ser definidos en la etapa de liquidación.
Además, consideró pertinente hacer algunas apreciaciones sobre la forma como
debían liquidarse los emolumentos reconocidos en la sentencia, entre ellos, los
recargos nocturnos, dominicales y festivos, y lo concerniente a las cesantías.
1.3.2.3. Ahora bien, el apoderado del demandante interpuso solicitudes de
aclaración, corrección y adición de la mencionada sentencia, al señalar que los
recargos ordinarios nocturnos del 35%, los recargos festivos diurnos del 200% y
los recargos festivos nocturnos del 235% fueron concedidos en el numeral 2.° de
la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, por lo que así debían ser
reliquidados y no como se dispuso en la providencia de 7 de marzo de 2023, en la
que se ordena reliquidar los recargos con el 100%.
A su juicio ello desconoció el debido proceso y los principios de cosa juzgada e
inmutabilidad de las sentencias, puesto que la liquidación debía efectuarse
tomando la asignación básica mensual, dividirla en 190 horas y multiplicar los
recargos por las horas laboradas por 35%, 200% y 235%, respectivamente.
Finalmente, reprochó que en la sentencia se manifestara que el ejecutante no
solicitó el pago de ninguna cifra por el concepto de cesantías.
Estas peticiones fueron resueltas negativamente a través de la providencia de 21
de junio de 2023, bajo las siguientes consideraciones:
En primer lugar, el ad quem aceptó que en efecto en la providencia de 7 de marzo
de 2023 se efectuó un análisis de fondo respecto de la manera como debían
liquidarse los recargos dominicales y festivos, así como las prestaciones sociales.
Luego, señaló que en la mencionada providencia se ordenó que en la etapa de
liquidación del crédito se efectuara el cálculo para determinar el valor adeudado
por la prestación social de cesantías, es decir que, contrario a lo manifestado por
el demandante, las cesantías sí fueron tenidas en cuenta.
Determinó que allí se resolvieron los argumentos expuestos en el escrito de
apelación, razón por la cual se ordenó la reliquidación de los recargos ordinarios
nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos con fundamento en la jornada máxima
legal para empleados públicos prevista en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
1978, que para en el caso de los recargos dominicales se calcularon en un 100% y
se ordenó el descuento de lo pagado por la entidad por concepto de recargos.
Finalmente, concluyó que «el hecho de que el ejecutante no esté de acuerdo con
la decisión allí adoptada, no implica que se deba modificar, so pretexto de
aclararla, adicionarla o corregirla, pues la sentencia no es revocable ni reformable
por el Juez que la profirió, en virtud de lo contemplado en el artículo 285 del
CGP».
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1.4. Fundamentos de la solicitud
El actor consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F vulneró sus derechos fundamentales «A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS
SENTENCIAS», toda vez que en la sentencia de 7 de marzo de 2023 desconoció
lo ordenado en el proceso ordinario por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión.
Particularmente, precisó que se desconoció la reliquidación de los recargos
ordinarios nocturnos del 35%, los recargos festivos diurnos del 200% y los
recargos nocturnos del 235%, que fueron concedidos «en el numeral segundo de
la sentencia de primera instancia, o sea tomando la asignación básica mensual y
dividiéndola en 190 horas y multiplicar dicho factor por las horas laboradas
respectivamente por 35%, 200% y 235%». Lo anterior, toda vez que en la
sentencia dictada en el proceso ejecutivo se reliquidaron los festivos diurnos y
nocturnos con el 100%, luego de descontar lo pagado sobre el 200%.
Reiteró que con la providencia enjuiciada se desconocieron los principios de la
cosa juzgada y la inmutabilidad de las sentencias. Para fundamentar su
argumento, citó las siguientes sentencias: (i) 30 de noviembre de 2017, dictada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso
25000-23-25-000-2010-01147-01, M.P. William Hernández Gómez, y (ii) 30 de
mayo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, proceso 11001-33-42-056-2016-00500-01, M.P.
Carmen Alicia Rengifo Sanguino.
Por otro lado, reseñó que en la sentencia de 22 de junio de 2023 expedida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la
demanda identificada con el radicado 2500-23-42-000-2018-01477-01, M.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez, se revocó la orden de reliquidar los recargos con el 100% y
135% y se dejó claro que estos debían liquidarse con el 200% y 235%.
Consideró que no es válida la conclusión a la que llegó el fallador de segunda
instancia al establecer que el trabajo en los días dominicales y festivos debe
remunerarse con el 100% del valor de un día de trabajo, pues lo que debe
entenderse es que dicho trabajo se remunera sobre el trabajo realizado, el cual,
por ser en domingos y festivos, equivale al doble del valor de un día de trabajo.
En ese punto, citó la sentencia de 12 de febrero de 2015, dictada por el Consejo
de Estado, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, dentro del
radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01, según la cual «se ordena la
reliquidación de los recargos laborados y pagados al actor, tomando como
parámetro el 200% para los dominicales y festivos diurnos y del 235% para los
recargos de los dominicales y festivos nocturnos y no del 100% y 135% como lo
ordena el H. Tribunal en la sentencia proferida el 7 de marzo de 2023».
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De otro lado, alegó que la autoridad judicial accionada negó la reliquidación de las
cesantías bajo el argumento de que no se solicitó ninguna cifra por dicho
concepto, lo cual también desconoce la sentencia como título ejecutivo, así como
la providencia de 2 de junio de 2022, con ponencia del magistrado Francisco
Suárez Vargas, en el expediente 25000-23-42-000-2019-01070-01.
Exaltó que se encuentra en indefensión ante el desconocimiento de las normas
aplicables al caso (artículos 35 y 39 del Decreto 1042 de 1978), así como lo
ordenado en las sentencias base de recaudo, «toda vez que en segunda instancia
el H. Tribunal dispuso liquidar los recargos con el 35%, 200% y 235% tomando
como base 190 horas y no 240 horas mensuales como fueron liquidados y
pagados por la entidad ejecutada»
Por último, puso de presente que se desconocieron las sentencias de tutela en
casos idénticos, por ejemplo, las dictadas el (i) 10 de junio de 2021, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2021-01379-00, (ii)
14 de octubre de 2010, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, proceso
11001-03-15-000-2010-00795-00, (iii) 16 de septiembre de 2010, Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 11001-03-015-000-2010-
00830-00, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, (iv) 16 de septiembre de
2010, Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente
11001-03-15-000-2010-00897-00, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, (v) 9 de
mayo de 2012, Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-15-000-2012-00538-00, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, y
(vi) el 9 de septiembre de 2021, por la Subsección C de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el proceso 11001-03-15-000-2021-05248-00.
Así las cosas, comoquiera que el actor no enlistó expresamente los defectos de
los que adolece la providencia objeto de cuestionamiento, la sala en uso de las
facultades interpretativas de que goza, enmarca los reproches alegados por él, en
el defecto de desconocimiento del precedente judicial.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 11 de agosto de 2023, el magistrado sustanciador del Consejo de
Estado, Sección Primera admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la
parte actora y a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, como autoridad accionada.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, vinculó como terceros interesados al Distrito Capital de Bogotá – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y al Juzgado Cincuenta
Administrativo del Circuito de Bogotá.
Por último, reconoció personería al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo para
actuar como apoderado judicial del accionante.
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Demandante: Nelson Humberto Romero Jaramillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04234-01
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
La magistrada ponente de la decisión enjuiciada solicitó que se nieguen las
pretensiones de la tutela de la referencia, comoquiera que no se ha desconocido
ninguno de los derechos constitucionales invocados por el accionante, dado que
no se omitió lo dispuesto en las sentencias que constituyen el título ejecutivo en el
proceso 11001-33-31-704-2010-00231-00.
Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones realizadas dentro del trámite de
los procesos ordinario y ejecutivo, explicó que en la sentencia reprochada por el
actor «se citaron los fallos proferidos por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en los cuales ha considerado de manera pacífica y reiterada que el
recargo por trabajo ordinario dominical y festivo “se debe entender que se
remunera con un recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado”».
En cuanto a la negativa de reliquidar las cesantías, explicó que en el acápite
denominado «8.2.2.8. Reliquidación de las prestaciones sociales» de la sentencia
reprochada, se dispuso que solo había lugar a liquidar la prestación social de
cesantías. En consecuencia, precisó que no se ha desconocido lo dispuesto en el
título ejecutivo.
1.6.2. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
El apoderado de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela, por las siguientes razones:
• No se cumplen con los requisitos de procedibilidad contra providencias
judiciales.
• La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estuvo precedida
de un serio debate probatorio con el cual se demostró que no había lugar a
alguna reliquidación adicional en la sentencia.
• La acción de tutela no es idónea para atacar la fórmula aritmética a través
de la cual se calcularon los valores objeto de condena.
• El accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para
impugnar la providencia objeto de la acción de tutela.
• Con la acción constitucional se busca revivir un debate probatorio cerrado.
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Demandante: Nelson Humberto Romero Jaramillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04234-01
• La parte actora no demuestra la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable ni que se encuentre en una situación que permita catalogarlo como
una persona de especial protección constitucional.
1.6.3. Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
La secretaria del juzgado allegó el enlace para consultar el proceso ejecutivo
11001-33-35-013-2017-00372-00/01. Sin embargo, no se pronunció respecto de
los hechos y pretensiones de la demanda.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 31 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.
Para sustentar su decisión, el a quo explicó que el asunto controvertido por el
actor ya fue objeto de estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F por lo que no era posible a través de la acción
constitucional reabrir el debate resuelto por el juez natural de la causa.
Señaló que en el presente asunto se plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un debate estrictamente legal y
económico, por lo que el juez constitucional no puede hacer un pronunciamiento
adicional, dado que se desconocería el principio de autonomía e independencia
judicial y se desnaturalizaría el mecanismo de amparo al convertirlo en una
instancia adicional.
Citó la sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional con el fin de precisar
que la simple enunciación de la vulneración de un derecho fundamental y la
asociación de esta con un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
requisito de la relevancia constitucional.
Puso de presente que con la acción de tutela lo que busca el actor es cuestionar el
criterio de interpretación legal de la autoridad judicial accionada y que los
supuestos de la vulneración enunciados por el actor no se evidencian, puesto que
el proceso ejecutivo se adelantó ante el juez competente, con el respeto de las
formas propias del proceso y de presentar y controvertir las pruebas allegadas.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 20234, el apoderado del actor
impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque para que, en su
lugar, se conceda el amparo constitucional.
4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 7 de septiembre de 2023
y el recurso se interpuso el 8 de septiembre del mismo año.
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En primer lugar, alegó que en la sentencia de primer grado no se realizó un
análisis de la providencia base de recaudo del proceso ejecutivo y que el estudio
que se hizo fue incompleto respecto de la negativa de la reliquidación de los
recargos festivos diurnos con el 200% y los recargos festivos nocturnos del 235%,
así como del reconocimiento de las cesantías. Además, reprochó que no fue
examinado el precedente del Consejo de Estado que se transcribió en el escrito
tutelar en casos similares en los que se ha amparado los derechos de los actores,
lo cual desconoce su derecho a la igualdad.
Reiteró que se violaron sus garantías fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la cosa juzgada y a la inmutabilidad de las sentencias, pues la
accionada modificó el título ejecutivo, tal como se explicó en el escrito de tutela.
Iteró que la autoridad judicial accionada tomó la asignación básica mensual y la
dividió en 240 horas, cuando la jornada máxima legal es de 190 horas mensuales,
lo cual desconoce el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978. Finalmente, transcribió
todas las consideraciones plasmadas inicialmente en el escrito de tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida la Sección Primera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 31 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada
por el accionante.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades del defecto
invocado; y (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
La Sala destaca que el presente asunto es relevante constitucionalmente pues,
conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, este involucra la
presunta lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
ante la posible configuración del defecto de desconocimiento del precedente.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad judicial en
la providencia objeto de reproche al parecer desconoció el precedente de esa
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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corporación que prohíben al juez del ejecutivo abrir debates que ya fueron
zanjados durante el proceso ordinario9.
En ese sentido, la sala evidencia que este asunto trasciende un estudio de lo
meramente legal, comoquiera que el accionante justificó razonadamente la
existencia de una amenaza a sus garantías constitucionales.
Así las cosas, se insiste que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías fundamentales del tutelante, cuya controversia no se
enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la sala superará esta causal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante
fue proferida en el marco del proceso ejecutivo identificado con el radicado
número 11001-33-35-013-2017-00372-00/01, promovido contra el Distrito Bogotá,
D.C. - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida el 7 de marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F, mientras que la acción de
tutela se interpuso el 8 de marzo de 2023, de manera que, sin que sea necesario
determinar la fecha en que cobró fuerza ejecutoria, resulta ser un término que a
juicio de la sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue
interpuesto antes de transcurridos 6 meses.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, la providencia que se cuestiona es
la proferida el 7 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Segunda - Subsección F, por medio de la cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 22 de enero de 2019, por el
Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró no
probada la excepción de pago de la obligación y ordenó seguir adelante la
ejecución y la práctica de la liquidación del crédito. Lo anterior en el marco del
proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-013-2017-00372-
00/01. Por esta razón, contra la providencia controvertida no procede ningún
recurso ordinario, y la mayoría de los cargos alegados no se encuadran en las
causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión ni de
unificación de jurisprudencia.
No obstante, la sala observa que existe un argumento que no supera este
requisito, como pasa a exponerse.
9 Ver antecedentes de esta Sala en los que se superó el requisito de relevancia constitucional:
sentencia de 10 de junio de 2021, ref: 11001-03-15-000-2021-01379-00; sentencia de 23 de marzo
de 2023, ref: 11001-03-15-000-2021-01379-01, y sentencia de 7 de diciembre de 2022, ref: 11001-
03-15-000-2022-05873-00.
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En su escrito de tutela y de impugnación, el actor señaló que, al proferir la
sentencia de 7 de marzo de 2023, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como los principios
de cosa juzgada y de la inmutabilidad de las sentencias, toda vez que en la
sentencia que sirvió de título ejecutivo se dispuso liquidar los recargos con el 35%,
200% y 235% tomando como base 190 horas y no 240 horas mensuales como
fueron liquidados y pagados por la entidad ejecutada.
Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia del proceso
ejecutivo de 22 de enero de 2019, el Juzgado Cincuenta Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá consideró que si bien debía seguirse adelante con la
ejecución, ello no quería decir que las sumas pretendidas por el ejecutante
estuvieran correctas. Lo anterior, puesto que el señor Romero Jaramillo
consideraba que la jornada máxima legal de los empleados públicos era de 190
horas mensuales, cuando en la sentencia de 24 de octubre de 2013 se reconoció
taxativamente que para tal jornada eran 44 horas semanales, de conformidad con
el artículo 33 y siguientes del Decreto 1042 de 1978.
Por lo tanto, si el accionante no se encontraba de acuerdo con esta consideración,
que ahora reprocha a través de la presente acción de tutela, debió haber hecho
uso del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y poner de
presente sus inconformidades relacionadas con la jornada máxima legal de los
empleados públicos, para que el ad quem se pronunciara sobre tal aspecto. En
consecuencia, la sala no se pronunciará sobre este argumento.
Ahora, es importante precisar que si bien se observa que el actor no hizo uso del
recurso de apelación contra la sentencia de 22 de enero de 2019 para debatir lo
relacionado con los porcentajes sobre los cuales debían reliquidarse los recargos
ordinarios nocturnos, así como los festivos diurnos y nocturnos y las cesantías, lo
cierto es que ello ocurrió porque tales apreciaciones solo se hicieron hasta la
providencia de segundo grado que se reprocha en esta acción de tutela, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
Es decir que, al examinarse el proveído de 22 de enero de 2019, no se observa
que el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se haya
pronunciado sobre el porcentaje con el que se debían liquidar los referidos
recargos y las cesantías, sino que tal determinación solo fue dada por la autoridad
judicial accionada en el trámite de la segunda instancia, razón por la cual se dará
por superado el requisito de agotamiento de los mecanismos judiciales,
únicamente de cara a este aspecto, es decir, la reliquidación de los recargos
ordinarios nocturnos, así como los festivos diurnos y nocturnos y las cesantías.
Superadas dichas exigencias, la sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.
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2.5. Generalidades del defecto de desconocimiento del precedente
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
[…]10
Aunado a ello, esta sección en reiterados pronunciamientos11 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a
sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En la presente solicitud de amparo, el accionante alegó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como los principios
de cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias, al proferir la providencia de 7
de marzo de 2023 en el marco del proceso ejecutivo 11001-33-35-013-2017-
00372-00/01, pues desconoció lo ordenado en el trámite del ordinario, más
exactamente en los proveídos de 4 de junio de 2012 y 24 de octubre de 2013,
dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, en Descongestión, respectivamente.
Al respecto, alegó que se desconoció la reliquidación de los recargos ordinarios
nocturnos del 35%, los recargos festivos diurnos del 200% y los recargos
nocturnos del 235%, que fueron concedidos «en el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia, o sea tomando la asignación básica mensual y
dividiéndola en 190 horas y multiplicar dicho factor por las horas laboradas
respectivamente por 35%, 200% y 235%».
Es decir que su reproche se centró en los porcentajes con los cuales se
reliquidaron los recargos ordinarios nocturnos y los recargos de los festivos
diurnos y nocturnos, pues a su juicio no se debió hacer con el 100% del valor de
un día de trabajo.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
11 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
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De otro lado, explicó que la autoridad judicial accionada negó la reliquidación de
las cesantías bajo el argumento de que no se solicitó ninguna cifra por dicho
concepto, lo cual también desconoce la sentencia título ejecutivo.
Ahora bien, en el fallo de 31 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional, al considerar que lo pretendido por la parte
actora era reabrir el debate resuelto por el juez natural de la causa, lo cual
desconocería el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría
el mecanismo de amparo al convertirlo en una instancia adicional.
Inconforme con esta decisión, la parte actora la impugnó y solicitó que se revoqué
para que, en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales y se accedan a
las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, reiteró los argumentos plasmados
en su escrito de tutela.
2.6.2. En consecuencia, la sala procederá a estudiar las consideraciones
realizadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F en la sentencia de 7 de marzo de 2023, para determinar si, en
efecto, se incurrió en los defectos invocados.
Se observa que, en la mencionada providencia, la autoridad judicial accionada
resolvió confirmar la sentencia de primer grado, al señalar que del material
probatorio allegado al expediente se podía inferir que existían saldos pendientes
de pago por parte de la entidad ejecutada.
Igualmente, consideró pertinente hacer algunas apreciaciones sobre la forma
como debían liquidarse los emolumentos reconocidos en la sentencia. Así, sobre
los recargos nocturnos, dominicales y festivos, señaló:
8.2.2.3. Recargos nocturnos
En el título ejecutivo se ordenó a la entidad demandada a “reliquidar los recargos
ordinarios nocturnos (…) pagados al demandante, teniendo en cuenta la jornada
máxima legal para empleados públicos territoriales fijada en 44 horas semanales
por el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978”.
Además, deberán deducirse los días de descanso remunerado, las vacancias,
licencias y permisos y demás situaciones administrativas.
Lo anterior significa que, en una jornada mixta como la del ejecutante, en la que el
trabajo nocturno se desempeña de manera permanente, el recargo nocturno debe
aplicarse a la totalidad del tiempo laborado en dicho horario, por lo que se deben
reconocer y pagar la totalidad de horas de servicio nocturno, con un incremento del
treinta y cinco por ciento (35%), de manera que, en este caso en particular,
atendiendo a que se fijó una jornada de 190 horas mensuales, la fórmula para
dicho reconocimiento es la siguiente:
[…]
Es importante precisar que en el siguiente cuadro se calcula únicamente el valor del
recargo nocturno en un 35%, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del
Decreto 1042 de 1978, de manera que no es posible realizar el cálculo con un
135%, por cuanto el valor de las horas laboradas (el 100%) se paga dentro de la
asignación básica mensual. También se aclara que en el cuadro se incluyen todas
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las horas nocturnas laboradas, inclusive la laboradas en días dominicales o
festivos, en consecuencia, el recargo nocturno sobre dichas horas no se volverá a
incluir en el momento en el que se calculen los recargos por las horas laboradas en
días dominicales y festivos porque se incurriría en un doble pago.
8.2.2.4. Recargos dominicales y festivos.
El artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 establece la remuneración del trabajo
ordinario en días dominicales y festivos, en los siguientes términos:
La Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado de manera pacífica y
reiterada que el recargo por trabajo ordinario dominical y festivo “se debe entender
que se remunera con un recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado”. En
efecto, esta tesis jurisprudencial se ha desarrollado, entre otras, en las siguientes
providencias:
-Sentencia de 17 de mayo de 2007, Consejo Ponente: Jesús María Lemos
Bustamante: […]
Sentencia proferida el 17 de octubre de 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez […]
Sentencia de 7 de octubre de 2019, Consejero Ponente: Gabriel Valbuena
Hernández: […]
Sentencia de 10 de septiembre de 2020, Consejero Ponente: César Palomino
Cortés: […]
De conformidad con la jurisprudencia citada, se tiene que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en las oportunidades en las que se ha pronunciado de fondo
respecto a la remuneración por trabajo ordinario en días dominicales y festivos, ha
considerado que la correcta interpretación el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978,
es que la “remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por
cada dominical o festivo laborado”, se refiere al pago del día laborado, más un
recargo del 100%.
[…]
Con fundamento en lo expuesto y siguiendo la línea jurisprudencial del H. Consejo
de Estado, la Sala concluye que el trabajo realizado ordinariamente en días
domingos y festivos se debe remunerar con el pago del día laborado, más un
recargo de un 100% y el derecho de un día de descanso remunerado.
Se precisa que, cuando la norma dispone “tendrán derecho a una remuneración
equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo
laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio
de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber
laborado el mes completo”, se refiere únicamente a que el trabajador tiene
derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio que le será remunerado.
En ese mismo sentido, la expresión “remuneración equivalente al doble” se refiere a
un 100% que se encuentra inmerso en la asignación básica mensual, más otro
100% que corresponde al respectivo recargo.
En síntesis, se considera que, cuando el trabajo habitual y permanente es
desarrollado en días dominicales y festivos, se genera a favor del empleado los
siguientes beneficios: i) el pago del día o las horas laboradas, ii) un recargo del cien
por ciento (100%) y iii) un día de descanso compensatorio, el cual garantiza que el
funcionario pueda gozar del descanso ordinario a que tiene derecho y que no pudo
disfrutar el día domingo.
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Demandante: Nelson Humberto Romero Jaramillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04234-01
En consecuencia, al prestarse el servicio en dicho dominical o festivo, hay que
pagar otro día de trabajo, para completar el pago doble, pero si se aplica un recargo
del 200% esto implicaría que, además del día de trabajo que se paga
ordinariamente y que se encuentra incluido en la asignación básica, se
reconocerían 2 días de trabajo más, lo cual significaría reconocer el día de salario
que se encuentra inmerso en la asignación básica y un incremento adicional del
200%, para un total de 3 días de salario, con lo cual se excede lo ordenado por la
norma.
Así las cosas, como el 100% del valor normal ya se pagó dentro de la asignación
básica, resulta pertinente calcular únicamente el valor del recargo dominical con
un 100%, aplicando la siguiente fórmula:
[…]
Definida la forma de liquidación de cada uno de los emolumentos ordenados en la
sentencia deberá establecer la Juez de primera instancia los pagos efectuados por
la entidad, pues aunque no liquidó horas extras ni compensatorios, sí canceló
recargos durante todo el tiempo, bajo la denominación de recargos del 35%, 200%
y 235%.
Los anteriores valores deben ser restados a la suma total que debió pagar la
entidad accionada y efectuarse la indexación así: […]
Finalmente, sobre la reliquidación de las prestaciones sociales destacó que «en el
caso solo hay lugar a liquidar la prestación social de cesantías».
Pues bien, realizado el anterior recuento, se tiene que al revisarse la sentencia
base de recaudo de 24 de octubre de 2013, se observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F decidió
confirmar el fallo de 4 de junio de 2012, proferido por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, en lo relacionado
con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, pero hizo precisiones en los
numerales segundo y tercero de la providencia, en lo referente al restablecimiento
del derecho.
Sobre el tema que interesa en esta instancia, esto es, los recargos ordinarios
nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos, así como las cesantías, se evidencia
que la autoridad judicial condenó al Distrito Capital – Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a reconocer y pagar al
demandante lo siguiente:
• A reliquidar los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos
pagados al demandante, teniendo en cuenta la jornada máxima legal para
empleados públicos territoriales fijada en 44 horas semanales por el artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978 y pagar las diferencias que resulten de la reliquidación.
En la reliquidación del recargo ordinario nocturno deberá deducir los días de
descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones
administrativas que se le hayan presentado al trabajador.
• A reliquidar las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, las cesantías y
demás factores salariales y prestacionales causados por el demandante, teniendo
en cuenta los mayores valores por concepto de recargos y los nuevos valores por
concepto de horas extras y descansos compensatorios, de conformidad con lo
ordenado por el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, cuya enunciación de
factores salariales no es taxativa. Así mismo, a pagar las diferencias que resulten
de la reliquidación, desde el 21 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009.
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Por lo tanto, como se advierte de la lectura de la sentencia de 24 de octubre de
2013, contrario a lo alegado por el actor, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F no especificó los porcentajes con
los que se debían liquidar los recargos nocturnos, ni los dominicales y festivos,
pues únicamente determinó que se debía tener en cuenta la jornada máxima legal
para empleados públicos territoriales fijada en 44 horas semanales por el artículo
33 del Decreto Ley 1042 de 1978, pero nada dijo sobre el 35%, 200% y 235%,
como lo alega el tutelante.
Es por esta razón que, en la providencia de 7 de marzo de 2023, no era posible
que se ordenara reliquidar los recargos con los porcentajes pretendidos por la
parte actora. Por el contrario, al no estar establecidos en el título ejecutivo, la
autoridad accionada explicó que resultaba pertinente calcular el valor del recargo
con un 100% y para ello citó algunas sentencias del Consejo de Estado que
apoyan dicha posición. En consecuencia, para la sala no se configura el defecto
alegado por el accionante respecto de este factor, pues en la sentencia base de
recaudo no se dispuso tal determinación.
Ahora bien, en cuanto a las cesantías se evidencia que en la sentencia enjuiciada
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
explicó: «Así las cosas, toda vez que dicha liquidación sirvió de fundamento a la A
quo para librar efectivamente mandamiento de pago y ordenar seguir adelante la
ejecución, en el caso solo hay lugar a liquidar la prestación social de cesantías».
Así las cosas, para esta corporación no se advierte que, tal como lo señaló el
actor, se haya negado la reliquidación de las cesantías, pues este concepto sí fue
incluido en la sentencia de 7 de marzo de 2023, situación que desvirtúa la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, ante la
presunta omisión de incluir este factor en los montos adeudados por la entidad.
Finalmente, en relación con el desconocimiento de los fallos de tutela que el actor
citó en su escrito de impugnación, la Sala advierte que este yerro no tiene
vocación de prosperidad, dado que si bien las sentencias proferidas en trámites de
acciones de tutela constituyen un criterio auxiliar de interpretación, lo cierto es que
no establecen reglas jurisprudenciales vinculantes para las autoridades judiciales,
comoquiera que no fueron proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional,
razón por la cual no se puede predicar un presunto desconocimiento dichos fallos.
En todo caso, la providencia de 10 de junio de 2021, dictada por esta Sección en
el expediente 11001-03-15-000-2021-01379-00, se amparó el derecho
fundamental del actor solo en relación con la liquidación del tiempo compensatorio
por exceso de horas extras, factor que no es el mismo al estudiado en esta
instancia, razón por la cual no se puede configurar la vulneración del derecho a la
igualdad.
En consecuencia, la sala revocará la decisión de 31 de agosto de 2023, dictada
por la cual el Consejo de Estado, Sección primera que declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, negará el amparo constitucional pretendido por la
parte actora, dado que no se advierte la configuración de los defectos invocados.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección primera, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el accionante y, en su lugar, se dispone NEGAR el amparo
constitucional pretendido por Nelson Humberto Romero Jaramillo contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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