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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06674-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06674-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el fallo de 21 de enero de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06674-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Departamento del Atlántico.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06674-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
21 de enero de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Weiner Santiago Peréz en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Departamento del Atlántico -
Secretaría de Educación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento y pago de la indemnización por
mora en el pago de las cesantías parciales.

1.2. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
mediante providencia de 25 de marzo de 2025, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y reconoció el pago de la indemnización de la

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06674-01

sanción moratoria.

1.3. Inconforme con la decisión anterior la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el FOMAG presentaron recurso de apelación.

1.4. La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
decisión de 25 de julio de 2025, modificó la sentencia de primera instancia,
al considerar que el responsable del pago ordenado en la condena es el
Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación dado que “[…] el
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(FONPREMAG), realizó dicho pago dentro del término legal de los 45 días;
motivos por los cuales, la demandada NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, en el caso concreto, no es la obligada al
pago de la condena […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, al considerar que incurrió en defecto
sustantivo “[…] al calcular de forma errónea el término legal de 70 días hábiles
para el pago de las cesantías. El error se consumó al no descontar el periodo
de suspensión de términos (16 de marzo al 30 de junio de 2020) decretado por
el Decreto Legislativo 564 de 2020 y las órdenes regionales, a pesar de que
esta normativa era de obligatoria observancia […]”.

Asimismo, indicó que “[…] el Tribunal desconoce que en ese momento los
términos administrativos y judiciales estaban suspendidos en virtud del marco
normativo expedido para la emergencia sanitaria, especialmente el Decreto
Legislativo 564 de 2020, y replicado por la Gobernación del Atlántico mediante
la Circular N° 013 del 20 de marzo de 2020 […]”.

Sostuvo que el tribunal accionado incurrió en desconocimiento del precedente,
al considerar que el Consejo de Estado “[…] en un caso similar (Radicado

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11001-03-15-000-2023-00239-01), confirmó el amparo al debido proceso al
considerar que el Tribunal de origen incurrió en un defecto sustantivo por no
haber tenido en cuenta que lo términos suspendidos “entre el 16 de marzo de
2020 y el 30 de junio de ese año" para el conteo de los plazos […]”.

Afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico por efectuar una
“[…] valoración probatoria arbitraria e irrazonable […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. TUTELAR el Derecho fundamental al Debido Proceso del
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vulnerado por la Sala de Decisión
“C” del Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS
la Sentencia proferida el veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección "C", en el
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicado 08001-
33-33-015-2024-00066-00.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección "C", que,
en un término perentorio, profiera una nueva sentencia de reemplazo
que revoque la condena impuesta al Departamento del Atlántico, para lo
cual deberá:

3.1. Corregir el Cómputo de Términos: Realizar el correcto cálculo del
término legal de 70 días hábiles para el pago de las cesantías,
excluyendo obligatoriamente el periodo de suspensión de términos que
rigió desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.

3.2. Aplicar el Precedente: Tener en cuenta que el Juzgado incurrió en un
Defecto Sustantivo al ignorar el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de
2020, norma de orden público y de "obligatoria observancia para los
operadores judiciales".

3.3. Declarar la Inexistencia de la Mora: Constatar que, al descontar el
periodo de suspensión, el pago realizado el 14 de julio de 2020 se efectuó
dentro del término legalmente ampliado y, por consiguiente, declarar la
inexistencia de la mora y la ausencia de responsabilidad del
Departamento del Atlántico […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 28 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico y se
vinculó al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al señor Weiner Santiago
Pérez, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 21 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia negando las pretensiones de
amparo.

3. Mediante auto de 12 de febrero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que los argumentos expuestos
por el accionante ya fueron objeto de estudio en el recurso de apelación, por
ende, no puede debatirse nuevamente y convertir la acción de amparo en una
tercera instancia.

Frente al defecto sustantivo alegado, advirtió que el accionante interpretó de
manera errónea el artículo 1 del Decreto 564 de 2020 “[…] al extender la
suspensión de términos a las disposiciones señaladas por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a efectos de
notificar los actos administrativos, pues dicho decreto, refiere a la suspensión
de términos de “prescripción y de caducidad”, más no hace mención de los
términos con que cuenta la administración para la notificación en sus propios
actos, lo cual responde a lo sugerido por el actor en el proceso de marras […]”.

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Respecto del responsable en pagar la sanción moratoria, afirmó que le “[…]
correspondía al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por su tardanza en el
envío del acto administrativo a la sociedad administradora del FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, dado que la
misma, habiendo expedido el acto de reconocimiento el 16 de marzo de 2020,
no hizo el respectivo envío, sino hasta el 11 de mayo de 2020, motivos por los
cuales, se afectó el cumplimiento del término de 70 días hábiles para el pago
del auxilio de cesantías al actor […]”.

2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción
de tutela al no encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional
porque las inconformidades del accionante giran en torno a una controversia
de naturaleza estrictamente económica, situación que excede la competencia
del juez de tutela. Igualmente, pidió su desvinculación de la presente acción
de tutela por falta de legitimación por pasiva.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 21 de enero de 2026, negó las pretensiones de amparo y se
pronunció frente a la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional.

Respecto del defecto sustantivo alegado por el accionante, consistente en la
supuesta omisión del tribunal accionado de observar lo dispuesto en el artículo
1 del Decreto 564 de 2020, señaló que “[…] para la Sala es evidente que el
referido Decreto no resultaba aplicable al caso del accionante, pues en este
no se hizo mención a trámites administrativos ni a la configuración de derechos
o auxilios de carácter legal, como lo es el relacionado con la mora en el pago
de las cesantías […]”.

Asimismo, indicó que “[…] la Circular 013 del 20 de marzo de 2020 estableció
la “SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, más no la configuración
de derechos, ni mucho menos su extinción, aspecto este último que fue

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materia del Decreto Legislativo 564 de 2020, el cual, como ya se explicó, no
resulta aplicable a la situación que analizó el Tribunal Administrativo del
Atlántico en la sentencia que se cuestiona en el sub examine […]”.

Frente al desconocimiento del precedente, precisó que “[…] esa demanda de
tutela es sustancialmente distinta a la aquí estudiada, por cuanto se declaró la
caducidad en el medio de control de reparación directa, por lo que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado encontró que se
desconoció la suspensión de términos dispuesta en el Decreto 564 de 2020
[…]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que en
cuanto a la aplicación del Decreto 564 de 2020 “[…] la única jurisdicción sobre
la cual no tuvo aplicación el mencionado decreto al interior del ordenamiento
jurídico fue la penal, razón por la cual el mismo por vía jurisprudencial es
aplicable a las actuaciones administrativas […]”.

Asimismo, mencionó que “[…] el fallador de instancia debió realizar un
abordaje integral del marco normativo del Departamento del Atlántico frente a
la época de Covid-19 como garantía de un efectivo acceso a la justicia y
garantía del Derecho al debido proceso, y como complemento de la Circular
013/2020 la gobernadora de turno expidió el Decreto 000149/2020 teniendo
en cuenta el artículo 01 del Decreto 491/2020 […]”.

Aseguró que “[…] el fallador de instancia solo realiza un pequeño enunciado
acerca del fallo de tutela referenciado, sin embargo, no ahonda en el marco
normativo departamental relacionado con la época de Covid-19, lo cual es
necesario para tomar una decisión de fondo y que represente unas garantías
a los derechos fundamentales […]”.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró el derecho
fundamental invocado por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.

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de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se

4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración del derecho fundamental
en que incurrió la autoridad accionada no devela que el presente asunto gire
en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a
la mera inconformidad con la decisión adoptada en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 08001-33-33-
015-2024-00066-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está

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asociada a que la autoridad accionada omitió aplicar el Decreto 564 de 2020
que suspendió los términos desde el 16 de marzo de 2020 al 30 de junio de
2020 para realizar el pago de las cesantías, circunstancia que se traduce en
la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual
el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a
la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Adicionalmente, también se observa que las pretensiones de la parte actora
resultan tener una connotación estrictamente económica, en la medida en que
pretende eximirse del deber de asumir el pago de la indemnización moratoria
por retardo en el pago de las cesantías parciales, circunstancia que escapa de
la competencia del juez de tutela.

Lo anterior encuentra respaldo en el criterio pacífico que ha sostenido esta
Sección7 consistente en que los conflictos en materia de tutela relacionados
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a
controversias de índole meramente legal y económica, por lo que no cumplen
con el requisito general de la relevancia constitucional.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo deprecado por la parte accionante y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia.

7 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-

03-15-000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-
2021-02676-01; de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 21 de enero de 2026 proferido por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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