CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01593-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO.
RESPECTO DE LA PROVIDENCIA DE 30 DE JULIO DE 2019, POR
MEDIO DE LA CUAL EL TRIBUNAL ADECUÓ AL PROCESO EJECUTIVO,
NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA INMEDIATEZ Y EN
CUANTO A LOS AUTOS DE 8 DE MARZO Y 11 DE AGOSTO DE 2021,
NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL POR TRATARSE DE UN ASUNTO MERAMENTE
ECONÓMICO.
DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE SANTA MARTA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA2.
1
En adelante el Juzgado.
2 En adelante el Tribunal.
2
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Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de su derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia, el cual, a su juicio, le fue vulnerado, de una parte, por el
Tribunal al proferir la providencia de 30 de julio de 2019, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00111-00 y, de
otra, por el Juzgado y el Tribunal al proferir las providencias de 8 de
marzo y 11 de agosto de 2021, dentro del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 2020-00261-01.
I.2. Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de
la Nación, a fin de que se declarara la ilegalidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la sanción
moratoria por la demora en el pago de las cesantías reconocidas
mediante sentencia de 19 de marzo de 2014, proferida por el
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Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA
Tribunal.
Relató que a dicho proceso le fue asignado el número único de
radicación 2019-00111-00 y le correspondió al Tribunal que,
mediante auto de 30 de julio de 2019, ordenó adecuar el medio de
control al trámite del proceso ejecutivo, por lo que declaró su falta
de competencia y remitió el asunto al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Santa Marta, el cual que se declaró
impedido para conocer de la demanda.
Adujo que a la demanda ejecutiva le fue asignado el número único
de radicación 2020-00261-00 y correspondió al Juzgado que, en
proveído de 8 de marzo de 2021, denegó el mandamiento de pago
solicitado al estimar que la sentencia de 19 de marzo de 2014, no
ordenó pago de sanción moratoria alguna, además, ya cursaba en
ese Despacho judicial un proceso ejecutivo por el cobro de ese título
judicial.
Señaló que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, en providencia
de 11 de agosto de 2021, confirmó la decisión del a quo al considerar
que la obligación solicitada no era clara, expresa y exigible para
proceder con la solicitud de la sanción moratoria, además, dicho
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Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA
título judicial ya estaba siendo ejecutado en otro proceso ejecutivo.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
vulneraron su derecho de acceso a la administración de justicia, en
la medida que, en un inicio, la demanda se encaminó bajo la
presentación del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues el motivo de inconformidad radicó en la ilegalidad del
acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no cancelación de las cesantías reconocidas,
mientras que el Tribunal la adecuó al proceso ejecutivo.
Adujo que los motivos que llevaron a que se denegara el
mandamiento de pago, contradicen lo dispuesto por el Tribunal al
momento de adecuar la demanda, lo que resulta vulnerador de sus
derechos y desconoce lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 1437
de 2011, comoquiera que se le está negando su acceso a la
administración de justicia con ocasión a un desacuerdo entre dos
autoridades judiciales, esto es, que el Tribunal no da curso a la
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho y tampoco el
Juzgado da trámite al proceso ejecutivo.
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Arguyó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
violación directa de la Constitución, en la medida que pasaron por
alto lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política, pues
el acceso a la administración de justicia es un principio básico del
Estado Social de Derecho.
Finalmente, puso de presente que no cuenta con una vía judicial para
refutar la legalidad del acto administrativo que le negó el pago de la
sanción moratoria por la no cancelación de las cesantías reconocidas,
toda vez que lo que se pretende en el proceso ejecutivo que ya está
en curso, es totalmente diferente a lo pretendido con esta demanda.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se ampare su derecho fundamental invocado
como vulnerado y, en consecuencia:
“[…] ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta
y al Tribunal Administrativo del Magdalena conocer de fondo el
asunto planteado por el señor CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ
MENDOZA bien sea por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho o por el medio de control ejecutivo
[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal, luego de hacer un recuento del trámite surtido
dentro del proceso objeto de tutela, sostuvo que no se vislumbra la
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vulneración de los derechos fundamentales del actor, toda vez que
no ha llevado a cabo ninguna actuación que pueda ser censurada,
sino que, por el contrario, lo que se advierte es que lo pretendido con
esta solicitud de amparo es revivir términos ya precluidos, razón por
la que deben ser despachadas desfavorablemente las súplicas de la
acción de tutela de la referencia.
Señaló que la sentencia que se pretende ejecutar en ninguna parte
ordenó la sanción moratoria que alude el actor, pues simplemente
dispuso el reintegro del mismo al cargo que venía desempeñando al
momento del retiro del servicio y el pago de los salarios y
prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo
desvinculado, por lo que el aspecto que debió agotarse en la
contención, como lo es el reconocimiento de la sanción moratoria, no
puede ser resuelto en el trámite ejecutivo.
Relató que la obligación reclamada no cumplía con los requisitos
establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso,
máxime cuando la sentencia de 19 de marzo de 2014, está siendo
actualmente ejecutada dentro del proceso con radicado 2018-00152-
00.
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Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA
Indicó que la presente solicitud de amparo adolece, entre otros, del
requisito de relevancia constitucional, por lo que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción o, en su defecto, se deniegue
el amparo solicitado.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo de la referencia,
comoquiera que carece del requisito de subsidiaridad en la medida
que se encuentra en curso el proceso ejecutivo con radicado 2018-
00152-00, mecanismo judicial idóneo para ejecutar la providencia
dictada el 19 de marzo de 2014, sin que se evidencia la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional.
Relató que el actor se limitó a señalar que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, sin aducir en qué defecto presuntamente
incurrieron las providencias acusadas.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable .
[5]
De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
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de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso
de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
sala respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
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que se dejen sin efecto las providencias de 30 de julio de 2019,
proferida por el Tribunal, que adecuó el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho al proceso ejecutivo dentro del
expediente identificado con el número único de radicación 2019-
00111-00 y, 8 de marzo y 11 de agosto de 2021, proferidas por
el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, por medio de las cuales
se abstuvo de librar mandamiento de pago, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación 2020-
00261-00.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, habida cuenta
que, a juicio de la parte actora, el Tribunal ordenó adecuar el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho al proceso
ejecutivo, para luego denegar el mandamiento de pago, a sabiendas
que lo que se pretendía era el reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago de las cesantías reconocidas en la sentencia de 19 de
marzo de 2014, desconociendo lo dispuesto en el artículo 171 de la
Ley 1437 de 2011.
El actor sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en violación directa de la Constitución, en la medida que pasaron por
alto lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política, pues
el acceso a la administración de justicia es un principio básico del
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Estado Social de Derecho.
En este punto, es del caso destacar que aun cuando el actor no
enmarcó la inconformidad relacionada con el desconocimiento del
artículo 171 de la Ley 1437 de 2011 en defecto alguno, la Sala
advierte que dicho argumento está encaminado a demostrar la
ocurrencia de un defecto sustantivo.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, en primer lugar, frente a la providencia
de 30 de julio de 2019 y, seguidamente, respecto de los proveídos
de 8 de marzo y 11 de agosto de 2021 y, de ser así, ii) determinar si
las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia al proferir las
providencias cuestionadas.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, cuyo estudio se realizará por
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separado, esto es, de una parte, respecto de la providencia de 30 de
julio de 2019 proferida por el Tribunal y, seguidamente, frente a los
proveídos de 8 de marzo y 11 de agosto de 2021, proferidos por el
Juzgado y el Tribunal, respectivamente.
Providencia de 30 de julio 2019
El actor pretende que se deje sin efecto el proveído de 30 de julio
de 2019, mediante el cual el Tribunal, al momento de admitir la
demanda promovida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación,
la adecuó al proceso ejecutivo.
En este punto, conviene a la Sala advertir que no se cumple con el
requisito de la inmediatez, toda vez que dicha providencia fue
notificada el 22 de agosto de 2019, mientras que la acción de tutela
objeto de examen se presentó el 10 de marzo de 2022, esto es,
transcurridos 2 años, 6 meses y 16 días, plazo que supera los 6
meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una
decisión judicial, sin que se justifique de manera alguna la tardanza
en la solicitud de amparo.
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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”3.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se
ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un
examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros,
cuya situación podría verse injustamente afectada por el
3 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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otorgamiento tardío de la protección constitucional4.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo5:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
4 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, op. cit.
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grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras6;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado7;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión8;
6 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
8 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González
Cuervo.
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(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales9;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta10.
Así pues, no se encuentran razones válidas para la inactividad del
accionante o que justifiquen la tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo ante la existencia de un perjuicio irremediable,
pues como quedó visto, el señor CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ
MENDOZA hizo uso del presente mecanismo constitucional solo
hasta el 10 de marzo de 2022, esto es, transcurrido 2 años, 6 meses
y 13 días después.
Providencias de 8 de marzo y 11 de agosto de 2021
El actor solicita que se dejen sin efecto los proveídos de 8 de marzo
y 11 de agosto de 2021, proferidos por el Juzgado y el Tribunal,
respectivamente, por medio de los cuales se abstuvo de librar
mandamiento de pago, al estimar que de ninguna manera la
sentencia de 19 de marzo de 2014, ordenó el pago de sanción
9 Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
10 Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente:
doctor Humberto Antonio Sierra Porto.
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moratoria por las cesantías reconocidas.
En este punto, la Sala advierte que la finalidad del actor con la
solicitud de amparo de la referencia es que se acceda a la sanción
moratoria solicitada en principio, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y luego dentro del proceso
ejecutivo.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
27 de noviembre de 201911, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
11
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que
no corresponda a la finalidad misma de las cesantías,
sino a una penalidad para el empleador que no las
consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no vulneran derechos fundamentales, sino que
corresponden a inconformidades de mera legalidad, que versan sobre
un reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del
juez de tutela.
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Dicha posición fue reiterada por esta Sala mediante sentencia de 15
de julio de 202112, que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional,
en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas
providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una
sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 13, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».14
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
13
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación15, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [17].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [18].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ MENDOZA
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [19].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [22]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
invocado por el actor.
En efecto, se advierte que lo pretendido por el accionante con la
presente solicitud es controvertir las decisiones judiciales por medio
de las cuales se abstuvo de librar mandamiento de pago de la sanción
moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo
cual conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional
y reiterado por esta Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el
requisito de relevancia constitucional por tratarse de un asunto
meramente económico, sobre el cual versan inconformidades de
mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de tutela.
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En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por el actor, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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