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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04527-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04527-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 6 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001- 03-15-000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000- 2021-02676-01; de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04527-00 TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04527-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Nidia Stella Clavijo Núñez.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04527-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Nidia Stella Clavijo Núñez en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el Municipio de San
José de Cúcuta, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento y pago de la indemnización
por mora en el pago de las cesantías parciales.

1.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante
sentencia de 4 de junio de 2024 declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y reconoció el pago de la indemnización de la sanción
moratoria.

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1.3. Inconforme con la decisión anterior el Municipio de San José de
Cúcuta presentó recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
sentencia de 4 de diciembre de 2025 revocó la decisión de primera
instancia, al considerar que “[…] al realizar el conteo de los días hábiles
transcurridos entre la radicación de la solicitud de reconocimiento de las
cesantías parciales y la fecha en que los recursos fueron puestos a
disposición del beneficiario, se constata que para esta última aún no
había vencido el término legal establecido en la Ley 1071 de 2006. En
consecuencia, el desembolso se efectuó dentro del plazo previsto por la
normativa y en armonía con lo señalado por la Sentencia de Unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo de
Estado, lo que evidencia que la administración cumplió oportunamente
con su obligación de reconocer y pagar la prestación, sin que se hubiera
configurado mora alguna en el trámite […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico, en tanto realizó una indebida valoración probatoria, al considerar que
“[…] se afirma en la sentencia que la petición de cesantías se presentó de
manera completa el 22 de abril de 2022; no obstante, la documental allegada
junto con el libelo de la demanda, y que constituye prueba idónea y directa
para demostrar el inicio de la actuación administrativa, indica que este hecho
acaeció el 22 de marzo de 2022 […]”. Asimismo, indico que, “[…] resulta claro
que la presentación de la petición no puede equipararse con la validación de
la documentación ni con el estudio de la prestación económica, como
equívocamente lo concluyó el tribunal accionado, en tanto corresponden a
actuaciones distintas ejecutadas por sujetos diversos […]”.

De lo anterior afirmó que, la autoridad accionada “[…] consideró que dichas
etapas eran equivalentes y, con base en ello, fijó como fecha de presentación
de la petición de la señora Nidia Stella Clavijo Nuñez aquella en la que la

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autoridad dio inicio el estudio de la prestación económica […]”.

Adujo que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo, al considerar
que, “[…] interpretó erradamente el marco normativo que regula el
procedimiento del reconocimiento y pago de las cesantías, en la medida que
condicionó el conteo del inicio de la actuación administrativa a una etapa
posterior a la de presentación de la solicitud de la reclamación de las cesantías
a través del aplicativo Humano en Línea, evidenciando ello un análisis del
debate jurídico abiertamente arbitrario e infundado para la parte actora al
cargarle el cumplimiento de etapas que son propias de la administración como
la validación de la documentación y el estudio de la reclamación para efectos
de verificar si la administración incurrió en mora en el trámite del
reconocimiento y pago de las cesantías y, así determinar si configuró o no la
sanción moratoria […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER, en sentencia del 4 de diciembre de 2025 proferida dentro
del medio de control identificado con No. 54001-33-33 010-2023-00462-
01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor NIDIA STELLA
CLAVIJO NUÑEZ, al haber adoptado una decisión que se aparta de los
principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco
normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios
de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación
fáctica de la parte accionante y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento
administrativo definido para la gestión de las solicitudes de
reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del
Fomag […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 18 de junio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, al FOMAG y al Municipio de San
José de Cúcuta, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta indicó que al
proceso judicial objeto de estudio en todas las etapas procesales se le dio el
trámite conforme al marco normativo que rige la materia.

2. La Alcaldía de San José de Cúcuta solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar que los argumentos del accionante están dirigidos a
que el juez constitucional estudie la presunción de legalidad del acto
administrativo para conceder el reconocimiento de las prestaciones
solicitadas. Asimismo, mencionó que la autoridad accionada “[…] aplicó
correctamente conforme a los hechos probados. No hubo interpretación contra
legem ni desconocimiento del marco normativo. Lo que ocurrió fue que el juez
de segunda instancia realizó una valoración integral del acervo probatorio —
incluyendo el acto administrativo de reconocimiento y la trazabilidad de la
plataforma— y concluyó, con respaldo suficiente, que el término legal fue
respetado […]”.

3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó declarar
improcedente las pretensiones de amparo, al considerar que las actuaciones
realizadas en el marco del proceso de segunda instancia se desarrollaron de
conformidad con la normativa legal y la sentencia de unificación del Consejo
de Estado SUJ012-S2 de 18 de julio de 2018 que regula lo referente al conteo
de términos para la configuración de la sanción moratoria de las cesantías.

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4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar que, carece del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, toda vez que los argumentos de la accionante están
dirigidos a reabrir el debate jurídico ya resuelto, que no implica la vulneración
directa de derechos fundamentales, sino que plantea una controversia de
naturaleza legal y económica relacionada con la negativa al pago de la
indemnización por mora en el pago de las cesantías.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 4 de
diciembre de 2025, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radiación núm. 54001-33-33-010-2023-
00462-01.

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Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada valoró indebidamente las pruebas
allegadas al proceso que demostraban la existencia de la mora en el pago de
las cesantías de acuerdo con la fecha de presentación de la solicitud de las
cesantías parciales, circunstancia que se traduce en la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.

Además, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y
230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para
valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la
causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba,
bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como

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si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual
el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a
la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Adicionalmente, también se observa que las pretensiones de la parte actora
resultan tener una connotación estrictamente económica, toda vez que su
objeto es el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por retardo
en el pago de las cesantías parciales, circunstancia que escapa de la
competencia del juez de tutela.

Lo anterior encuentra respaldo en el criterio pacífico que ha sostenido esta
Sección6 consistente en que los conflictos en materia de tutela relacionados
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a
controversias de índole meramente legal y económica, por lo que no cumplen
con el requisito general de la relevancia constitucional.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

6 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-

03-15-000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-
2021-02676-01; de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.

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TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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