Por lo anterior, para esta Sala de decisión, resulta viable la sanción por mora reclamadas por el demandante, dado que las cesantías correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 no fueron consignadas dentro del término legal, es decir el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente al que se causaron, por lo tanto, se accederá a las pretensiones y se condenará al Municipio de Sincelejo a pagar al señor Jorge Ríos Amador, un día de salario por cada día de salario contabilizados de la siguiente manera, acorde con la información que se extrae del extracto de cuenta individual obrante a folios 135 a 136:
-Las cesantías del año 2006 fueron pagadas o consignadas el día 19 de octubre de 2012, por tanto, la sanción corre desde el 15 de febrero de 2007, al 19 de octubre de 2012, generando una mora de 2.045 días.
• Las cesantías del año 2007 fueron canceladas el 27 de mayo de 2011, por tanto, la sanción corre desde el 15 de febrero de 2008 al 27 de mayo de 2011, generando una mora de 1.183 días.
• Las cesantías del año 2008, fueron consignadas el 16 de febrero de 2009, por tanto, sólo hay lugar a un día de salario por mora en la consignación […]”.
Sentencia proferida el 28 de enero de 2021 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2013-00009-01
10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida el 30 de agosto de 2013, por el Tribunal Administrativo de Sucre. En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria por la mora en la consignación del auxilio de cesantías de los periodos reclamados, según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Marcio Luis Ricardo Uparela como apoderado del Municipio de Sincelejo, conforme el poder allegado a través del aplicativo SAMAI.
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.
11. Consideró que:
“[…] En primer lugar, se determina que el accionante es beneficiario del régimen anualizado de cesantías, pues se vinculó con el Municipio de Sincelejo el 18 de enero de 2006, y por tanto le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990, la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998.
También se observa que el Municipio realizó las consignaciones de los auxilios de cesantías correspondientes a las anualidades 2006, 2007 y 2008, respectivamente, el 19 de octubre de 2012, el 27 de mayo de 2011 y el 16 de febrero de 2009; fechas sobre las cuales no existe discusión entre las partes.
En este orden de ideas, se tiene que la parte demandada no consignó antes del 15 de febrero de cada año los auxilios de cesantías del trabajador por cada año laborado del 2006 al 2008. Por consiguiente, el actor en principio tendría derecho al pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías anualizadas.
Sin embargo, la reclamación administrativa se interpuso el 22 de junio de 2012, esto es, pasados tres años de la exigibilidad de la sanción. De modo que impera la aplicación de la regla jurisprudencial sentada en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020 de la Sección Segunda de la Corporación, según la cual “En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción”.
En este orden de ideas, operó la prescripción de la sanción moratoria, causada por la mora en la consignación del auxilio de cesantías de los años 2006 a 2008, toda vez que, para el 22 de junio de 2012, fecha de la reclamación, ya había transcurrido el término trienal previsto en el artículo 151 CPT, tal como a continuación se constata:
Cesantía anualizada
Exigibilidad de la sanción
Fecha a partir de la cual opera la prescripción
Fecha de la reclamación
Tiempo trascurrido entre la fecha de exigibilidad y la petición de sanción
2006
15/02/2007
15/02/2010
22/06/2012
5 años, 4 meses y 7 días
2007
15/02/2008
15/02/2011
22/06/2012
4 años. 4 meses y 7 días
2008
15/02/2009
15/02/2012
22/06/2012
3 años. 4 meses y 7 días
De acuerdo con lo anterior, operó la prescripción ya que la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la demora en la consignación anual del auxilio de cesantías se efectuó cuando ya habían transcurrido 3 años desde la exigibilidad de las sanciones reclamadas; esto de conformidad con lo señalado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 004 proferida por la Sección Segunda de la Corporación del 25 de agosto de 2016, citada en párrafos anteriores […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en los hechos antes expuestos, le solicito muy respetuosamente a ustedes H. Magistrados del Consejo de Estado se sirvan tutelar mis derechos fundamentales propios tales como son: Derecho a la defensa, al debido proceso, derecho al trabajo, a la igualdad, a la confianza legitima (sic), al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación de normas de carácter sustancial más favorables, y como consecuencia de ello se ordene a la accionada a que dentro del término de 48 horas siguientes al amparo de mis derechos fundamentales se profiera una nueva decisión dentro del proceso de radicación 70001 - 2333-000-2013-00009-01, N° Interno 4482-2013, Demandante: Jorge Emiro Ríos Amador, Demandado: Municipio de Sincelejo, Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del Derecho, Tema Sanción Moratoria, por incumplimiento de la consignación de cesantías. Régimen anualizado, aplicando el articulo 58 numeral 13 de la ley 550 de 1999, debido a la intervención económica en que se encuentra el Municipio de Sincelejo Sucre […]”.
13. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] Con la expedición de la ley 1437 de 2011, se introdujo en nuestra legislación colombiana la aplicación del precedente judicial - SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN, lo cual lo comparto a todas luces por ser el eje fundamental a la seguridad jurídica de un Estado Social y democrático como el nuestro, otra cosa es que no siempre se puede aplicar a todo caso las mismas reglas jurisprudenciales, pues en el caso que nos ocupa el Municipio de Sincelejo Sucre, el día 04 de abril de 2013, fue sometido a un proceso de intervención económica bajo el Marco (sic) de la ley 550 de 1999, el cual puede ser consultado en la pagina (sic) web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual hace que se dé un giro diferente frente a la aplicación de la prescripción de sanción moratoria contenida en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-Sll-022-2020 proferida por la sección segunda del Consejo de Estado calendada 6 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que el articulo 58 numeral 13 de la ley 550 de 1999, nos indica: "Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho" (Comillas, subrayado y negrilla son mía) Así más cosas la interpretación que realizó la accionada va en contra vía de una norma de carácter legal vigente a la fecha.
Ahora no es que por vía de amparo constitucional se pretenda una tercera decisión, porque es bien sabido que la Acción de Tutela no fue instituida por el legislador para una casación, o controvertir sentencia judiciales, por el contrario es para salvaguardar y proteger derecho fundamentales, pues, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (30 de agosto de 2013) el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia frente la prescripción de las cesantías y la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizada era que mientras existía el vínculo laboral del trabajador no prescribían ni las cesantías ni la sanción moratoria, (sentencia de la sección segunda, subsección "B" del Consejo de estado, calendada 09 de mayo de 2013, C.P Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, Radicación: No. 08001233100020110017601, Expediente: No. 1219-2012 - Actor: BERTILDA VANESSA BERNAL HIGUITA - Demandado: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA- CONTRALORIA DE BARRANQUILLA) luego tenemos que para la fecha en que se profirió la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SU-022-2020 por la sección segunda del Consejo de Estado el día 06 de agosto de 2020, El Municipio de Sincelejo ya había celebrado un acuerdo de restructuración de pasivos con sus respectivos acreedores, por lo tanto, es procedente por vía de excepción inapliquen la Prescripción a mis derechos reclamados dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento de JORGE EMIRO RlOS (sic) AMADOR CONTRA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, radicación N° 70-001123-33-000-2013- 00009-00, por mediar una excepción de carácter legal, como lo es el articulo 58 numeral 13 de la ley 550 de 1999, por lo tanto con la posición asumida por (sic) la (sic) por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B, Magistrado ponente Dr. CESAR PALOMINO CORTES (sic), en la sentencia calendada 28 de enero de 2021, me vulneran mis derechos A LA DEFENSA, AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, A LA CONFIANZA LEGITIMA, AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LA TUTELA JUDICIA (sic) EFECTIVA, y A LA APLICACION DE NORMAS DE CARACTER SUSTANCIAL MAS FAVORABLES […]”.
[…]
“[…] En esta acción de tutela deberá estudiarse los defectos o vicios de fondo entre ellos (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. De las cuales adolece la decisión cuestionada […]”.
Actuación
14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 19 de mayo de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y iii) vinculó al Alcalde de Sincelejo en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo
15. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Alcalde de Sincelejo guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
16. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 17 de junio de 2021, resolvió lo siguiente:
“[…] Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Emiro Ríos Amador, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia […]”.
17. Consideró que:
“[…] En el caso concreto, el señor Jorge Emiro Ríos Amador alegó que la autoridad judicial demandada desconoció que, en el año 2013, el municipio de Sincelejo se sometió a un proceso de intervención económica en el marco de la Ley 550 de 1999 y, que, por lo tanto, los términos de prescripción se encontraban suspendidos, según el artículo 58, numeral 13 de dicha ley. De ahí que, a juicio del actor, no había lugar a aplicar la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, proferida por la Sección Segunda de la Corporación, que fijó reglas sobre la forma de contar los términos de prescripción.
2.4. La Sala comienza por decir que, tal y como lo acepta el propio demandante, no puso en conocimiento de la autoridad judicial demandada la supuesta suspensión de los términos de prescripción, con ocasión del Acuerdo de Reestructuración del municipio de Sincelejo. En efecto, de la revisión de las pruebas del proceso, la Sala no encuentra que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se hubiese al menos mencionado esa situación. Tampoco se hizo referencia en los alegatos de conclusión de primera instancia que presentó la parte actora o en cualquier otro memorial que se hubiese allegado al proceso.
2.4.1. Por su parte, la defensa del municipio de Sincelejo se basó en la falta de agotamiento de la vía gubernativa y la configuración de la prescripción de la sanción moratoria. En el mismo sentido, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia el municipio de Sincelejo insistió en la prescripción de la sanción moratoria y si bien hizo referencia al acuerdo de reestructuración del municipio de Sincelejo, lo cierto es que lo hizo para alegar que “de conformidad con la cláusula 18 de dicho acuerdo, solo se pagarán las sanciones moratorias por el no pago oportuno de las cesantías, el 60% del valor reconocido, sin incluir costas, agencias en derecho, indexaciones o intereses de mora”.
2.4.2. En respuesta al argumento del municipio de Sincelejo, la parte aquí demandante, en los alegatos de conclusión de segunda instancia, solicitó “la inaplicación de la cláusula 28 del Acuerdo de Restructuración de Pasivos del Municipio de Sincelejo, dado que, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que tales acuerdos no pueden cercenar derechos laborales”. Pero nada dijo sobre la supuesta suspensión del término de prescripción que solo ahora en la acción de tutela pretende hacer valer.
2.5. Luego, para la Sala, no resulta apropiado reprocharle a la autoridad judicial demandada la falta de análisis de la supuesta suspensión del término de prescripción, cuando la parte actora nunca lo alegó en su favor. La Sala encuentra que, en realidad, el demandante ejerció la acción de tutela con el fin de proponer un argumento nuevo, circunstancia que desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela […]”.
[…]
“[…] Ahora, el demandante sostiene que así como él fue sorprendido con la aplicación de la sentencia de unificación, también puede exigírsele a la autoridad judicial demandada que debió tener en cuenta la presunta suspensión del término de prescripción con ocasión del proceso de intervención económica del municipio de Sincelejo, a pesar de no haberse alegado esa circunstancia en el proceso ordinario.
2.6.1. No obstante, la Sala no puede aceptar ese argumento, pues en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020 se estableció claramente que “las reglas jurisprudenciales que se definen en esta sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en vía administrativa como en vía judicial, dejando a salvo por cosa juzgada los conflictos decididos con antelación”.
2.6.2. Fue justamente en aplicación de esa regla que la autoridad judicial demandada, previo a decidir el caso del demandante, precisó que “se acogerán las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 proferida por la Sección Segunda de la Corporación el 6 de agosto de 2020, aplicable a este caso, teniendo en cuenta que, en cuanto a los efectos de la misma, se estableció: "las reglas jurisprudenciales que se definen en esta sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en vía administrativa como en vía judicial, dejando a salvo por cosa juzgada los conflictos decididos con antelación".
2.7. No se encuentra, entonces, alguna razón que justifique al demandante para presentar un argumento nuevo que no fue propuesto en el trámite del proceso ordinario y, por lo tanto, la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional […]”.
La impugnación
18. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Sea lo primero en indicar que en el punto 2.4.1 se evidencia que la accionada al momento de entrar a estudiar si pudo verificar que el municipio de Sincelejo estaba sometido a un acuerdo de reestructuración de pasivos bajo el marco de la Ley 550 de 1999, pues aspectos estos que si bien es cierto no fueron alegados al momento de la presentación de la demanda en razón de que al momento en que reclamé mis acreencias al municipio demandado no se había cristalizado la intervención económica, no obstante el apoderado judicial de la parte demandada al momento de hacer alusión a la prescripción de la sanción moratoria se refirió a la intervención económica del municipio aspectos que son de alta relevancia para que se configure la relevancia constitucional de la cual el fallo impugnado afirma que no existe en el caso en estudio.
Ahora otro aspecto importante que desatendió el operador constitucional fue la inaplicación de los postulados del artículo 53 de la Constitución Nacional, con los cuales no se pretende formular nuevos argumentos que no fueron puestos en el proceso ordinario si no por el contrario situaciones fácticas que fueron argumentada por la parte demandada como fue el municipio de Sincelejo, y que mis apoderados no alegaron dicha situación debido que para el momento en que se profirió la sentencia de primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, la prescripción de la sanción moratoria estaba ligada a la prescripción de las cesantías, es decir, que se aplicaba el principio que lo subsidiario corría la suerte de lo principal y luego cuando transcurrieron más de 7 años me aplican una Sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la prescripción de la sanción moratoria que bien es cierto está prevista en la Ley 1437 del 2011 pero esta por o aplicarse debe cumplir con un test de proporcionalidad que debe estar sujeto a los tratados internacionales de la OIT ratificados por el Congreso de Colombia. Entre ellos el Convenio 095 de la OIT que se refiere a la protección constitucional a la remuneración incluye protección a la cesantía (Convenio 95 de 1949de la OIT) […]”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
22. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; vii) procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
23.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
24. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
30. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” []; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad []. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural []; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
31. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses moratorios sobre la indexación […]”.
32. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
33.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
35.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.
36.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
37.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
38.Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
39. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
40. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha dicho lo siguiente:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo 334) […]”.
Análisis del caso concreto
41. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de enero de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2013-00009-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la administración de justicia.
42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
44.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
44.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 28 de enero de 2021.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
45.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] Con la expedición de la ley 1437 de 2011, se introdujo en nuestra legislación colombiana la aplicación del precedente judicial - SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN, lo cual lo comparto a todas luces por ser el eje fundamental a la seguridad jurídica de un Estado Social y democrático como el nuestro, otra cosa es que no siempre se puede aplicar a todo caso las mismas reglas jurisprudenciales, pues en el caso que nos ocupa el Municipio de Sincelejo Sucre, el día 04 de abril de 2013, fue sometido a un proceso de intervención económica bajo el Marco (sic) de la ley 550 de 1999, el cual puede ser consultado en la pagina (sic) web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual hace que se dé un giro diferente frente a la aplicación de la prescripción de sanción moratoria contenida en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-Sll-022-2020 proferida por la sección segunda del Consejo de Estado calendada 6 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que el articulo 58 numeral 13 de la ley 550 de 1999, nos indica: "Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho" (Comillas, subrayado y negrilla son mía) Así más cosas la interpretación que realizó la accionada va en contra vía de una norma de carácter legal vigente a la fecha.
Ahora no es que por vía de amparo constitucional se pretenda una tercera decisión, porque es bien sabido que la Acción de Tutela no fue instituida por el legislador para una casación, o controvertir sentencia judiciales, por el contrario es para salvaguardar y proteger derecho fundamentales, pues, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (30 de agosto de 2013) el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia frente la prescripción de las cesantías y la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizada era que mientras existía el vínculo laboral del trabajador no prescribían ni las cesantías ni la sanción moratoria, (sentencia de la sección segunda, subsección "B" del Consejo de estado, calendada 09 de mayo de 2013, C.P Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, Radicación: No. 08001233100020110017601, Expediente: No. 1219-2012 - Actor: BERTILDA VANESSA BERNAL HIGUITA - Demandado: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA- CONTRALORIA DE BARRANQUILLA) luego tenemos que para la fecha en que se profirió la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SU-022-2020 por la sección segunda del Consejo de Estado el día 06 de agosto de 2020, El Municipio de Sincelejo ya había celebrado un acuerdo de restructuración de pasivos con sus respectivos acreedores, por lo tanto, es procedente por vía de excepción inapliquen la Prescripción a mis derechos reclamados dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento de JORGE EMIRO RlOS (sic) AMADOR CONTRA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, radicación N° 70-001123-33-000-2013- 00009-00, por mediar una excepción de carácter legal, como lo es el articulo 58 numeral 13 de la ley 550 de 1999, por lo tanto con la posición asumida por (sic) la (sic) por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B, Magistrado ponente Dr. CESAR PALOMINO CORTES (sic), en la sentencia calendada 28 de enero de 2021, me vulneran mis derechos A LA DEFENSA, AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, A LA CONFIANZA LEGITIMA, AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LA TUTELA JUDICIA (sic) EFECTIVA, y A LA APLICACION DE NORMAS DE CARACTER SUSTANCIAL MAS FAVORABLES […]”.
46. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
47.Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
48. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
49. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, y en especial, en la sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 señaló lo siguiente:
“[…]
La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia; motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.
Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-01, por parte de los jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.
Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional, toda vez que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada, sin más.
En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 2019, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio Valle […]”.
50. De igual manera, esta Sección en un reciente pronunciamiento al resolver un caso donde se discutía el reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías correspondiente a los años 1997 a 2003.
La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU- 573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron los amparos.
La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia constitucional y para el efecto explicó:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
(…)
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]”.
Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 2019, la Corte Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.
51. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que si bien el actor enuncia la trasgresión de derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y el trabajo, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
52. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 17 de junio de 2021, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 17 de junio de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
“Por la cual se modifican los artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. Ut supra página 6.
[] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Ibidem. Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada. Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Magdalena). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala). Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.
M.P.: Carlos Bernal Pulido.