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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07092-00

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07092-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Eduardo Alcocer Rosa por incumplimiento del requisito de inmediatez. 2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07092-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de enero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Demandante: CARLOS EDUARDO ALCOCER ROSA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales por motivo
de la sentencia que en segunda instancia declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda por indebida escogencia de la acción. La Sala advirtió que la acción de tutela
no superó el requisito de inmediatez pues, se interpuso por fuera del término considerado como
razonable, motivo por el cual se declarará improcedente.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por el señor Carlos Eduardo Alcocer
Rosa en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para
la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, dignidad e igualdad consagrados en los artículos 29, 229, 1
y 13 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 20 de noviembre de 2023 proferida por dicha autoridad judicial en el proceso de
reparación directa con radicación no. 08001-23-31-000-2012-00158-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito del 11 de noviembre de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

1) En el año 2008, en el distrito de Barranquilla, se presentó un episodio relacionado
con la disposición irregular de residuos hospitalarios, situación que derivó en
señalamientos y actuaciones administrativas que terminaron con la vinculación pública
de la sociedad ASEAR SA ESP (ASEAR) con tales hechos; se afectó su nombre y
credibilidad, se generó un impacto negativo inmediato en su reputación y en la
continuidad de sus relaciones comerciales y se mermó de manera significativa su
estabilidad económica, a pesar de que no existía evidencia concluyente que permitiera
atribuirle responsabilidad.

2) Además de lo anterior, la autoridad ambiental distrital de la época (Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMAB) expidió la Resolución no. 1535
del 14 de agosto de 2008, mediante la cual ordenó la suspensión de actividades de
ASEAR, sin un sustento técnico suficiente y en un escenario de estigmatización que
terminó por profundizar la afectación empresarial.

3) En el año 2012, la sociedad ASEAR promovió el medio de control de reparación
directa con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial y
extracontractual del Estado, así como el reconocimiento de los perjuicios derivados de
las actuaciones y los hechos asociados a la afectación de su buen nombre empresarial.

4) El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primera instancia el 21
de febrero de 2014, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda2; el DAMAB3 y la sociedad demandante apelaron la decisión y con sentencia
del 20 de noviembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción.

2
Esa autoridad judicial consideró probado el detrimento patrimonial generado con ocasión de la
expedición de la Resolución 2185 del 28 de octubre de 2008, por medio de la cual el DAMAB ordenó
iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de ASEAR que condujo posteriormente a su
liquidación.

El tribunal declaró no probada la excepción de indebida escogencia de la acción propuesta por la entidad
demandada, con fundamento en que lo pretendido por la sociedad demandante era la reparación del
daño económico ocasionado con la ejecución del acto administrativo que decretó la medida preventiva
de suspensión provisional de actividades de recolección y transporte de residuos patógenos
hospitalarios y/o similares, sin cuestionar su legalidad.
3
Esa entidad alegó que ASEAR estaba obligada a soportar la apertura del proceso sancionatorio
ambiental y la imposición de la medida preventiva de suspensión de sus actividades, dadas las
implicaciones que el manejo inadecuado de residuos hospitalarios podía generar sobre el medio
ambiente; afirmó que la medida preventiva se adoptó con base en la evidencia consignada por la CRA
en la Resolución 0004711 del 12 de agosto de 2008, por las irregularidades halladas en la disposición y
manejo de residuos hospitalarios y alegó que, en ejercicio de su potestad sancionatoria, tenía la
obligación de adoptar medidas preventivas o correctivas para proteger el medio ambiente y la salud
pública, por lo cual su conducta correspondió al estricto cumplimiento de sus funciones legales.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

5) Para el ad quem, ASEAR estructuró su reclamación a partir de los efectos derivados
de actos administrativos expedidos en el marco del trámite sancionatorio ambiental, en
particular, la medida preventiva de suspensión y el inicio del procedimiento
sancionatorio, de modo que el análisis del daño alegado exigía un estudio de legalidad
que no podía desligarse del contenido y alcance de esos actos, de modo que el medio
de control idóneo para la controversia planteada era el de nulidad y restablecimiento
del derecho.

6) La sentencia cuestionada fue notificada a las partes mediante edicto electrónico
publicado el 11 de diciembre de 2023.

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor alegó que la sentencia del 20 de noviembre de 2023 incurrió en un defecto
fáctico y un defecto sustantivo.

Frente al defecto fáctico, afirmó que la providencia cuestionada omitió realizar un
examen integral de las pruebas y, en particular, no valoró adecuadamente los
elementos que, en su criterio, permitían acreditar la ocurrencia del daño y la afectación
patrimonial derivada de las actuaciones administrativas adelantadas en el año 2008,
especialmente aquellas asociadas con la suspensión de actividades y el inicio del
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de ASEAR.

En lo referente al defecto sustantivo, alegó que el tribunal no brindó una justificación
suficiente y coherente para sustraerse del análisis material del daño y resolver el litigio
con base en aspectos procesales, lo cual le impidió obtener una respuesta judicial
efectiva frente a los perjuicios cuya reparación reclamaba, particularmente, los
derivados de las decisiones administrativas adoptadas por la autoridad ambiental
distrital en el marco del proceso sancionatorio ambiental.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Dejar sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 2023 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

2. Ordenar un nuevo fallo que estudie de fondo el daño generado a ASEAR
S.A. E.S.P. y a mi familia.

3. Subsidiariamente, ordenar la reparación integral de daños económicos,
morales y reputacionales.

4. Ordenar rectificación pública de autoridades que nos señalaron sin
prueba.”. (mayúsculas y negrillas del original - archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 14 de noviembre de 2025 se inadmitió la demanda en atención a que
el señor Carlos Alcocer Rosa manifestó actuar como representante legal de ASEAR,
pero no presentó ningún documento que permitiera tener por acreditada dicha
condición o el respectivo poder que lo habilitara para presentar la acción de tutela en
representación de la sociedad; en consecuencia, se otorgó al actor un término de dos
días para subsanar su demanda.

Con ocasión del requerimiento, el actor allegó un memorial y anexos con los cuales
demostró haber adquirido los derechos litigiosos derivados del proceso de reparación
directa con radicación no. 08001-23-31-000-2012-00158-01, razón por la cual, pese a
no probar su calidad de representante legal de ASEAR, con auto del 28 de noviembre
de 2025 se admitió la demanda, pero en esa condición y no como representante legal
de la sociedad, por cuanto el señor Alcocer Rosa ostenta un interés jurídico directo
respecto de la sentencia cuestionada en la acción de tutela.

Además, en ese auto se ordenó la notificación del presidente y magistrados integrantes
de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y se vinculó al
presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico, al
representante legal, liquidador de la sociedad ASEAR SA ESP en liquidación, al alcalde
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al director del Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla y a la directora ejecutiva de
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico o quienes hagan
sus veces, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y la autoridad vinculada.

La magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional con
fundamento en que la providencia cuestionada se profirió el 20 de noviembre de 2023
y se notificó por edicto el 12 de diciembre de 2023, mientras que la acción constitucional
se presentó casi dos años después, término que resulta absolutamente irrazonable y
desnaturaliza el carácter urgente de este mecanismo de amparo.

El actor no expuso una argumentación suficiente que permitiera evidenciar la
configuración de defectos específicos en la sentencia atacada, sino que sus
planteamientos se orientan a reabrir el debate propio del proceso ordinario de
reparación directa, el cual fue resuelto con base en consideraciones procesales como
la ineptitud sustantiva de la demanda, por lo cual el asunto carece de la relevancia
constitucional exigida para habilitar el control excepcional del juez de tutela sobre
providencias judiciales. (Índice 23 del aplicativo SAMAI)

El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico afirmó que la
medida preventiva de suspensión de actividades contenida en la Resolución no. 1535
del 14 de agosto de 2008, así como la decisión de iniciar el procedimiento sancionatorio
ambiental mediante la Resolución no. 2185 del 28 de octubre de 2008, no fueron
expedidas por la CRA, sino por el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla (DAMAB), autoridad ambiental distrital que ejercía de forma
autónoma sus competencias para ese momento.

Enfatizó que la CRA no participó en la investigación administrativa, ni en la valoración
de los hechos relacionados con la disposición de residuos hospitalarios que dieron
lugar a dichas decisiones y no intervino en las actuaciones posteriores adelantadas en
el marco del proceso sancionatorio ambiental, ni en las decisiones administrativas
mediante las cuales se levantaron medidas preventivas o se adoptaron
determinaciones de fondo respecto de la responsabilidad de la sociedad investigada.

Con fundamento en lo anterior, la autoridad sostuvo que carece de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó ser desvinculada del presente trámite por no existir un nexo
fáctico ni jurídico entre su actuación y los hechos que sustentan la presunta vulneración
de derechos fundamentales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de
desvinculación y 3) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. La solicitud de desvinculación

En su informe, al apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por cuanto no tuvo participación
alguna en los hechos que dieron origen a la alegada vulneración de los derechos
fundamentales de la parte demandante.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de
desvinculación en consideración a que en el escrito de la acción de tutela el actor aludió
de manera expresa a actuaciones adelantadas por esa autoridad ambiental en el año
2008, relacionadas con la imposición de la medida preventiva de suspensión de
actividades y el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de ASEAR.

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Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

En ese contexto y con el fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la
autoridad vinculada, la Sala estima necesario negar la solicitud de desvinculación
presentada por la CRA como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, dignidad e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión
de la sentencia del 20 de noviembre de 2023 que declaró probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez por las razones que
procederán a exponerse:

2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su
cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado

4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”.
(negrillas adicionales).

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Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la
acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia
de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar
además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales5”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial
la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la
vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación
o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica
el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos
y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que
su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos,
lo cual desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar
principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido

5
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la primera
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo
o vulneren garantías iusfundamentales en ocasiones aplicar de manera estricta el
término de 6 meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la
posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que
el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten
en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma,
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición6”.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las
cuales el amparo constitucional siempre será procedente.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) En el presente asunto, el actor alegó que la sentencia del 20 de noviembre de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo.

6
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.

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2) Sin embargo, la Sala advierte que, en este caso, no se cumplió el requisito de
inmediatez, en los términos analizados en precedencia, si se tiene en cuenta que la
providencia cuestionada fue notificada a las partes mediante edicto fijado el 12 de
diciembre de 2023 y desfijado el 14 del mismo mes y año, como fue corroborado por
esta Sala de Decisión en el Sistema de Consulta de Procesos Unificada de la Rama
Judicial y el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI correspondiente al proceso de
reparación directa con radicación no. 08001-23-31-000-2012-00158-01:

3) Ahora bien, aunque el actor sostuvo que la vulneración alegada se mantenía vigente
en el tiempo, en la medida en que la sentencia atacada impediría de forma definitiva la
reparación de los perjuicios reclamados, lo cierto es que esa circunstancia no
constituye, por sí sola, una razón suficiente para entender flexibilizado el requisito de
inmediatez.

4) En efecto, el supuesto “efecto permanente” que el actor atribuyó a la providencia
cuestionada se deriva naturalmente de la firmeza de una decisión judicial y de la
producción de sus consecuencias procesales, de manera que admitir esa tesis
equivaldría a eliminar en la práctica la exigencia temporal propia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y a permitir que cualquier inconformidad pudiera ser
planteada de forma indefinida, con grave afectación de la seguridad jurídica y del
principio de cosa juzgada.

5) La acción de tutela se radicó por fuera del plazo de los 6 meses que se estableció
como razonable para presentar el amparo, pues, el demandante la presentó a través
de correo electrónico ante esta Corporación el 11 de noviembre de 2025, esto es, una
vez transcurrido más de un (1) año y diez (10) meses después de notificada la
providencia cuestionada, lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente.

6) De igual manera, no se advierte en el expediente que el actor hubiera expuesto

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Acción de tutela

motivos válidos que justificaran su inactividad durante el tiempo transcurrido entre la
notificación de la sentencia y la presentación del amparo, ni se acreditan circunstancias
personales o fácticas que expliquen razonablemente la tardanza; tampoco se observa
que el fundamento de la acción de tutela hubiera surgido con posterioridad a la
providencia cuestionada, pues los argumentos de la demanda se edifican sobre la
misma decisión judicial que desde su notificación era conocida y susceptible de
cuestionamiento inmediato por la vía constitucional.

7) En consecuencia, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y
tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de
acción de tutela se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Eduardo
Alcocer Rosa por incumplimiento del requisito de inmediatez.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07092-00
Actor: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Acción de tutela

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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