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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07092-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07092-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada del 28 de enero de 2026, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07092-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07092-01
Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07092-01
Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Requisitos
generales de procedencia. Inmediatez.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 28 de enero de 2026, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, que resolvió:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Eduardo
Alcocer Rosa por incumplimiento del requisito de inmediatez.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de noviembre de 2025, el señor Carlos Eduardo Alcocer Rosa interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales y garantías al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la honra y buen nombre, a la dignidad humana, a la
igualdad, a la confianza legítima, a la libertad económica y a la prevalencia del derecho
sustancial. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1. Dejar sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 2023 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2. Ordenar un nuevo fallo que estudie de fondo el daño generado a ASEAR S.A. E.S.P.
y a mi familia.
3. Subsidiariamente, ordenar la reparación integral de daños económicos, morales y
reputacionales.
4. Ordenar rectificación pública de autoridades que nos señalaron sin prueba.
5. Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de la sentencia atacada.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

En julio de 2008, en distintas zonas del distrito de Barranquilla, se encontraron
desechos hospitalarios, lo que originó un proceso sancionatorio ambiental adelantado
por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07092-01
Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

(DAMAB) en el que expidió la Resolución 1535 del 14 de agosto de 2008, por la cual
sancionó a la sociedad Asear S.A. E.S.P. en Liquidación con la suspensión temporal
de las actividades de recolección y transporte de residuos patógenos hospitalarios y/o
similares en el perímetro urbano del distrito.

En el año 2012, Asear S.A. en Liquidación (en adelante Asear) promovió demanda de
reparación directa contra el distrito de Barranquilla y el DAMAB para que se declarara
la responsabilidad solidaria de los demandados por los daños y perjuicios económicos
causados con el inicio injustificado de la actuación sancionatoria ambiental que la llevó
a la liquidación. También alegó la afectación del buen nombre empresarial por las
declaraciones que funcionarios de la alcaldía y del DAMAB dieron en medios de
comunicación.

Al proceso se le asignó el radicado 08001-23-31-000-2012-00158-00 y en primera
instancia, en sentencia de 21 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto,
encontró responsable al DAMAB, a título de daño especial, y lo condenó en abstracto.

El DAMAB interpuso recurso de apelación para advertir que Asear estaba en la
obligación de soportar la apertura del proceso sancionatorio ambiental y la imposición
de la medida preventiva. Sostuvo que era su obligación garantizar la protección del
medio ambiente y la salud pública, de manera que actuó en estricto cumplimiento de
sus funciones. Afirmó que no se demostró el daño especial.

Posteriormente, en el trámite de la audiencia de conciliación, Asear interpuso
apelación adhesiva para alegar una indebida valoración probatoria y solicitar una
condena en concreto.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia de 20 de
noviembre de 2023, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, decidió: (i) declarar
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia
de la acción, «respecto de la imputación concerniente a la expedición de actos
administrativos en el marco del proceso sancionatorio administrativo ambiental
adelantado en contra de Asear S.A., que dispusieron la suspensión de sus actividades
y llevaron a la liquidación de la empresa» y (ii) declarar la caducidad de la acción de
reparación directa, en cuanto a la imputación referida a la afectación del buen nombre
de Asear S.A.

Distinguió los dos eventos que, a juicio de Asear, fueron la fuente del daño alegado
porque cada uno involucra una imputación de responsabilidad diferente, así: i) la
expedición de unos actos administrativos en el marco del proceso sancionatorio
administrativo ambiental adelantado en contra de Asear S.A., que llevaron a la
liquidación de la empresa tras disponer la suspensión de sus actividades; y ii) las
declaraciones efectuadas ante diferentes medios de comunicación por funcionarios
del distrito de Barranquilla y del DAMAB en las que responsabilizaron a Asear S.A. de
la inadecuada disposición final de los residuos hospitalarios, lo que afectó el buen
nombre empresarial de la sociedad actora y repercutió en su liquidación1.

En relación con el primer título de imputación, encontró que el supuesto daño tuvo su
origen en la expedición de la Resolución 1535 de 2008, por tanto, la parte actora podía

1
El actor aportó certificado de cancelación de persona jurídica, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla el 2 de
diciembre de 2025, en el que consta la liquidación de Asear S.A. E.S.P. Samai, índice 48, expediente de tutela de primera
instancia rad. 11001-03-15-000-2025-07092-00.
2
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Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

solicitar la nulidad de ese acto administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Frente al segundo título de imputación advirtió que la fecha de interposición de la
demanda de reparación directa (27/02/2012) superó los dos años para acudir en sede
judicial, contados a partir del 1° de octubre de 2008, fecha en la que cesó el despliegue
noticioso, hasta el 1° de octubre de 2010.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Constituyó a Asear S.A. E.S.P. como una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios dedicada al manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos hospitalarios en Barranquilla, con aplicación de innovaciones
tecnológicas ambientalmente sostenibles, como los sistemas de calor húmedo que
disminuían la contaminación generada por los hornos de incineración tradicionales.

En 2007 la empresa logró un crecimiento financiero significativo con contratos
estables y reputación sobresaliente en el sector ambiental y sanitario; sin embargo,
señaló que, como consecuencia de unos desechos hospitalarios encontrados en
distintos lugares de Barranquilla, entre el 22 y el 24 de julio de 2008, fue señalada
públicamente como responsable por el distrito de Barranquilla y el DAMAB, y
sancionada con suspensión de actividades, sin tener respaldo probatorio alguno.

Indicó que, ante la estigmatización pública y la suspensión de la operación, en poco
tiempo la empresa perdió clientes, contratos, flujo de caja y reputación, lo que condujo
a la liquidación definitiva. Sostuvo que la liquidación de la sociedad le ocasionó la
pérdida de su actividad laboral y de su fuente de ingresos, así como afectaciones de
orden moral que se extendieron a su núcleo familiar, derivadas del señalamiento
público del que fue objeto.

Alegó que los daños causados fueron de tal magnitud que en 2012 acudió a la vía
judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, para obtener un resarcimiento.
Informó que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda; pero, en segunda instancia, la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 20 de
noviembre de 2023, revocó la decisión y, en su lugar, declaró inepta la demanda por
indebida escogencia de la acción frente a la suspensión de la operación y declaró la
caducidad frente al daño al buen nombre.
Indicó que la anterior decisión desconoció los derechos al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial, así
como el buen nombre, la dignidad humana, la igualdad y confianza legítima y la
libertad económica y de empresa. En concreto, la autoridad judicial no estudió el daño
causado y dejó intacta la afectación de esos derechos.

Advirtió que el fallador incurrió en varios defectos que constituyen una vulneración real
y actual de los derechos invocados. Las causales específicas, las sustentó de la
siguiente manera:

Defecto fáctico. Advirtió que existieron pruebas contables, dictamen pericial y
registros que demostraban el daño patrimonial sufrido y el nexo causal entre la medida
de suspensión de actividades y la liquidación de la empresa; a pesar de ello, el
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Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

Consejo de Estado no estudió de fondo y prefirió declarar que la acción era inepta o
caduca.

Defecto sustantivo. Consideró que no existió motivación jurídica sólida para declarar
la ineptitud. En este caso, el fallador debió decidir la nulidad o estudiar el daño
especial, pero no dejar a la empresa demandante sin remedio efectivo.

Defecto procedimental. Alegó que se aplicó un formalismo desproporcionado que se
traduce en un exceso ritual manifiesto.

Agregó que, ante la liquidación de la empresa, la reputación irrecuperable, el daño
moral y la ausencia de una vía judicial adecuada, es evidente el perjuicio irremediable
que legitima la procedencia de la presente acción de tutela.

En relación con el requisito de inmediatez, sostuvo que la acción de tutela se interpuso
en un tiempo razonable. Advirtió que es a partir de la sentencia de 20 de noviembre
de 2023 que quedó en estado absoluto de indefensión, sin recurso ordinario, sin
control judicial y sin posibilidad alguna de reparación. En ese entendido, consideró
que la vulneración se consolidó en 2023, no en fechas anteriores, y que la afectación
es continua, actual y se mantiene en el tiempo.

Sobre ese punto, explicó que no se trata de un daño pasado y agotado, dado que el
perjuicio continúa porque debe soportar consecuencias económicas y morales que
están vigentes. Así que, a su entender, al ser un daño continuado, el requisito de
inmediatez no corre desde el hecho inicial, sino mientras persista la vulneración, lo
que permite que la tutela pueda presentarse en cualquier momento razonable para
evitar su prolongación.

Por último, solicitó la suspensión provisional de los efectos de la sentencia de 20 de
noviembre de 2023 del Consejo de Estado porque esa decisión consolidó una
denegación de justicia, al impedir la reparación de daños probados y reconocidos
administrativamente.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 14 de noviembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado inadmitió la demanda de tutela para que el actor allegara certificado de
existencia y representación legal de la sociedad Asear S.A. ESP, en el que conste que
es representante legal de la citada sociedad o, en su defecto, el respectivo poder
especial.

Pese a que el requerimiento no se cumplió en los términos exigidos, el despacho
sustanciador de primera instancia constató que el actor adquirió los derechos litigiosos
derivados del proceso de reparación directa 08001-23-31-000-2012-00158-01, por lo
que tiene interés jurídico directo frente a la sentencia cuestionada en la presente
acción de tutela, en calidad de cesionario y, por tanto, potencial titular del derecho
discutido en ese juicio.

En consecuencia, en auto de 28 de noviembre de 2025, admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados integrantes de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en calidad de demandada, y al Tribunal
Administrativo del Atlántico, al representante legal, liquidador o quien haga sus veces
de la sociedad Asear S.A. E.S.P. en liquidación, al alcalde del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla o quien haga sus veces, al director del
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Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla o quien
haga sus veces y a la directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, en condición de terceros con interés.

Por auto de 14 de enero de 2026, se vinculó al director de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.

5. Oposición

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado advirtió que la acción
de tutela es improcedente porque no cumplió los requisitos generales de inmediatez
y relevancia constitucional.

En relación con el primer requisito, observó que la sentencia cuestionada, del 20 de
noviembre de 2023, se notificó por edicto el 12 de diciembre de 2023. Y, que la
demanda de tutela se presentó el 11 de noviembre de 2025, esto es, casi dos años
después de su notificación.

Según el anterior conteo, advirtió que se excedieron los seis meses fijados como regla
general por la jurisprudencia constitucional para analizar el requisito de inmediatez y
el tiempo que transcurrió es absolutamente irrazonable.

Sobre el cumplimiento de este requisito, alegó que no resulta aceptable el argumento
del actor de que el daño es «continuado» porque desde que se notificó el fallo objeto
de la solicitud de amparo, pudo advertir los supuestos vicios que ahora le endilga. Sin
embargo, esperó un plazo excesivo que se traduce en la falta de urgencia en la
intervención del juez constitucional y un completo desinterés en el asunto.

Tampoco evidenció una circunstancia especial o extraordinaria que justifique el
ejercicio tardío de la acción de amparo.

En lo que se refiere al requisito de relevancia constitucional, sostuvo que la demanda
no contiene una carga argumentativa mínima y congruente con los motivos que tuvo
esa Subsección para declarar probadas las excepciones de inepta demanda y
caducidad. Concluyó que no existe en el escrito un solo argumento que cuestione o
desvirtúe en modo alguno la razonabilidad de los motivos que sustentaron la decisión,
lo que impide que el juez del amparo analice los defectos atribuidos a la sentencia del
20 de noviembre de 2023.

6. Intervención de los terceros con interés

El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde (EPA Barranquilla
Verde) pidió la desvinculación del trámite de la presente acción ante la falta de
legitimación en la causa por pasiva. Explicó que la situación expuesta en la acción de
tutela se relaciona directamente con actuaciones administrativas y hechos ocurridos
en los años 2008 y 2009, los cuales fueron ejecutados exclusivamente por el entonces
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMAB).

Informó que para esa época EPA no existía jurídicamente, por lo que no participó en
las decisiones, suspensiones, investigaciones ni pronunciamientos cuestionados por
el actor. Y, tampoco intervino en el proceso de reparación directa cuya sentencia se
ataca.

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La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) solicitó la desvinculación
dado que no actuó como demandada ni tercero interesado en el proceso de reparación
directa.

En relación con los hechos objeto de la presente acción, relató que inició una
investigación preliminar contra Asear por la inadecuada disposición final de residuos
peligrosos y que, mediante Resolución 0471 de 13 de agosto de 2008, le impuso
medida preventiva de suspensión de actividades de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final. Posteriormente, por Resolución 0543 de 12 de
septiembre de 2008, levantó esa medida e impartió unas órdenes a la empresa.

Por último, advirtió que la acción de tutela es improcedente porque no se promovió en
un tiempo razonable.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) pidió
la desvinculación de este trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva
porque las pretensiones de la acción de tutela no corresponden al ejercicio de
funciones y facultades de esa comisión, por lo que no tiene competencia para
pronunciarse. De todas formas, advirtió que la fecha en la que se promovió la
demanda de tutela superó el plazo razonable.

7. Sentencia de primera instancia

El 28 de enero de 2026, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela por no cumplir el requisito de inmediatez. En concreto verificó que la sentencia
cuestionada se notificó por edicto fijado el 12 de diciembre de 2023 y desfijado el 14
siguiente y que la demanda de tutela se presentó el 11 de noviembre de 2025, es
decir, más de un año y diez meses después de tal notificación.

Frente a las razones expuestas por el actor para justificar el cumplimiento de la
inmediatez, consideró que no son razones suficientes para entender flexibilizado el
requisito. En ese punto, explicó que el supuesto «efecto permanente» que el actor
atribuyó a la providencia cuestionada se deriva de la firmeza de una decisión judicial
y de la producción de sus consecuencias procesales, por lo que admitir esa tesis
eliminaría en la práctica la exigencia temporal propia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y permitiría que cualquier inconformidad pudiera ser planteada
de forma indefinida, con grave afectación de la seguridad jurídica y del principio de
cosa juzgada.

Agregó que el actor no expuso motivos válidos que justificaran su inactividad durante
el tiempo transcurrido entre la notificación de la sentencia y la presentación del
amparo, ni se acreditan circunstancias personales o fácticas que expliquen
razonablemente la tardanza. Tampoco que el hecho que motivó la interposición de la
acción de tutela surgiera con posterioridad a la providencia cuestionada.

8. Impugnación

El actor impugnó la decisión de primera instancia sin sustentación alguna.

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Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

De conformidad con la impugnación, corresponde a la Sala determinar si se confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por el señor Carlos Eduardo Alcocer Rosa contra la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada porque, como lo advirtió el a
quo, en este caso no se cumple el requisito general de inmediatez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) inmediatez; y (iii) análisis del caso concreto.

(i) Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
7
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(ii) Inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con
el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de
la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente
en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente,
la exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera
que el interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración
o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación
de la demanda5, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa
judicial no solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas,
el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad»6.

(iii) Análisis del caso concreto

Se observa que el señor Carlos Eduardo Alcocer Rosa dirige la acción de tutela contra
la sentencia de 20 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, al considerar que incurre en defectos fáctico,
sustantivo y procedimental.

El estudio de los referidos defectos es procedente siempre que se superen todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, lo que en este caso no
ocurre porque no se cumplió con el de inmediatez.

En efecto, al consultar el expediente con radicado 08001-23-31-000-2012-00158-01
en el aplicativo para la gestión judicial SAMAI, se advierte que la decisión de segunda
instancia que se pretende dejar sin efecto fue proferida el 20 de noviembre de 2023 y
notificada por edicto electrónico fijado del 12 al 14 de diciembre de 2023, tal como
consta en la siguiente captura de pantalla:

decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
Sentencia T- 123 de 2007.
6
Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07092-01
Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

En consecuencia, la sentencia quedó notificada el 15 de diciembre de 2023, por lo que
el plazo razonable para presentar la acción de tutela se extendió hasta el 15 de junio
de 2024; sin embargo, solo fue presentada hasta el 11 de noviembre de 20257, esto
es, luego de 1 año, 4 meses y 27 días, término que supera el plazo razonable previsto
por la Sala Plena de esta Corporación.

El señor Alcocer Rosa en la demanda de tutela consideró que acudió a esta vía en un
tiempo oportuno, teniendo en cuenta que la afectación de sus derechos es continua y
permanente. Empero, tal como lo advirtió el a quo ese argumento no es aceptable y,
al contrario, lo que hace es desvirtuar la urgencia que caracteriza la interposición de
este mecanismo constitucional.

Sobre la flexibilización del requisito general de inmediatez, la Corte Constitucional en
la sentencia T-412 de 2018, aseguró:

En primer lugar, ha considerado como relevantes, los siguientes8: “(i) si el ejercicio inoportuno
de la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte sobre
una materia discutida y la presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo pasó entre el momento
en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta última; o (iv)
cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos
similares al que está por resolverse”9.

En segundo lugar, para los mismos fines, también ha considerado como relevantes, estos
otros: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición” 10.

En tercer lugar, ha considerado, también, como relevantes, estos: “i) la pertenencia del actor
a un grupo vulnerable; ii) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido
acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv)
la vulnerabilidad económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor;
v) la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de diligencia por
parte del afectado; y vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la
seguridad jurídica”11.

En cuarto lugar, ha considerado como relevantes, igualmente, los siguientes criterios: “(i) que
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que

7 Samai, índice 1 del expediente de primera instancia con radicado 11001-03-15-000-2025-07092-00.
8 SU-499 de 2016.
9 SU-407 de 2013.
10 Cfr. sentencias T-172 de 2013; T-743 de 2008; T-814 de 2004; SU-961 de 1999; T-043 de 2016; T-759 de

2015; y T-243 de 2008, entre otras.
11 T-069 de 2015.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07092-01
Demandante: Carlos Eduardo Alcocer Rosa

la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual[;] y (ii)
que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a
un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”12.

En este caso, el actor no expuso argumentos relevantes que justifiquen su inactividad
y tardanza en la interposición de la acción, por lo que no es posible considerar la
flexibilización del criterio de inmediatez.

Cabe señalar que, si la parte demandante estimaba que la providencia del 20 de
noviembre de 2023 vulneraba sus derechos fundamentales, lo propio era que
presentara la acción de tutela en un plazo razonable contado desde la notificación.
Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la solicitud de amparo
se determina a partir del momento en que se notifica la providencia acusada, pues la
notificación supone que las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales.

En consecuencia, dado que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
solicitud de amparo promovida por el señor Carlos Eduardo Alcocer Rosa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada del 28 de enero de 2026, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12 SU-499 de 2016.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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