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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2012-00158-01

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2012-00158-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión. SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, respecto de la imputación concerniente a la expedición de actos administrativos en el marco del proceso sancionatorio administrativo ambiental adelantado en contra de Asear S.A., que dispusieron la suspensión de sus actividades y llevaron a la liquidación de la empresa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. DECLARAR configurada la caducidad de la acción de reparación directa, en cuanto a la imputación atinente a la afectación del buen nombre de Asear S.A., por lo anotado en las consideraciones de esta sentencia. CUARTO. Sin condena en costas. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de 20 Radicación:08001233100020120015801(54234) Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB Referencia: acción de reparación directa origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidado r.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2012-00158-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-31-000-2012-00158-01 (54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA1 Y DEPARTAMENTO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DE
BARRANQUILLA2
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – ACCIÓN DE REPARACIÓN
DIRECTA

Temas: MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES EN EL
MARCO DE PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES – Son actos
definitivos y, por tanto, susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – Parte
actora debió pedir la nulidad del acto administrativo mediante el cual, en el marco
del proceso sancionatorio ambiental, el DAMAB aplicó la medida preventiva de
suspensión de actividades de recolección y transporte de residuos patógenos,
hospitalarios y/o similares dentro del perímetro urbano de Barranquilla /
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Respecto de la
imputación por afectación al buen nombre empresarial, la demanda se presentó más
de un año después de haber operado el fenómeno de la caducidad.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En julio de 2008 se hallaron cerca de 10 toneladas de desechos hospitalarios
dispuestos de manera irregular en diferentes lugares del Distrito de Barranquilla, lo

1
En adelante Distrito de Barranquilla.
2
En adelante DAMAB.

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

que dio origen a la apertura de un proceso sancionatorio ambiental, en el que resultó
investigada la sociedad demandante.

Mediante Resolución 1535 del 14 de agosto de 2008, el DAMAB le aplicó a la
sociedad Asear S.A. E.S.P. en liquidación la medida preventiva de suspensión
temporal de las actividades de recolección y transporte de residuos patógenos
hospitalarios y/o similares dentro del perímetro urbano del Distrito de Barranquilla.

Para la parte demandante, la expedición del acto administrativo de suspensión de
actividades no obedeció a criterios técnicos o al hallazgo de indicios relacionados
con la disposición irregular de residuos ocurrida en Barranquilla en julio de 2008,
por lo que dicha medida preventiva resultó desproporcionada e injustificada.

Así mismo, solicitó la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas
por las declaraciones dadas por algunos de sus funcionarios a diferentes medios de
comunicación de circulación nacional y local, en el sentido de que la empresa Asear
S.A. E.S.P. era la responsable de la inadecuada disposición final de recursos
patógenos hospitalarios y similares hallados en el Distrito de Barranquilla en julio de
2008.

II. ANTECEDENTES

1.- La demanda

En escrito presentado el 27 de febrero de 2012 (fls. 1 a 23, c. 1), la sociedad Asear
S.A. E.S.P. en liquidación3, por conducto de su liquidador (fls. 25 a 27, c.1), quien
además ostenta la condición de abogado, interpuso demanda en contra del Distrito
de Barranquilla y el DAMAB, para que, mediante la acción de reparación directa, se
efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Se declare que las demandadas DISTRITO DE BARRANQUILLA y
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DE
BARRANQUILLA “DAMAB”, son solidariamente responsables, en la modalidad
extracontractual, por los daños y perjuicios que le fueren causados a la
sociedad ASEAR E.S.P. con ocasión de las actuaciones administrativas
sancionatorias adelantadas en contra de la sociedad actora, todo ello a raíz de
la aparición de desechos hospitalarios en diferentes puntos de la ciudad de
Barranquilla.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las
demandadas DISTRITO DE BARRANQUILLA y DEPARTAMENTO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DE BARRANQUILLA “DAMAB”, a

3
En adelante Asear S.A.
2

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

reconocer y pagar a favor de la sociedad ASEAR S.A. E.S.P. las sumas de
dinero que abajo se relacionan o las que resulten demostradas en este trámite,
por los siguientes conceptos:

A) DAÑO EMERGENTE: Por la esencia misma del hecho dañoso, el daño
emergente debe ser reparado por las demandadas y se discrimina así:

1) Totalidad de los gastos en los que incurrió la demandante para hacer
frente a la andanada noticiosa desplegada por las autoridades
demandadas y relacionada con el escándalo desatado en la ciudad de
Barranquilla, tales como honorarios de abogados, publicidad para
recuperar el daño al goodwill de la empresa, etc., suma que se estima
en una cantidad superior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($200.000.000) MCTE., o a la mayor que se demuestre en juicio.

2) TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($340.000.000)
MCTE., o el mayor valor que se demuestre en juicio, que corresponde
a la significativa y drástica pérdida sufrida por la demandante al
impedírsele desarrollar su objeto social de manera injustificada y el
retiro de su clientela por el despliegue noticioso que las demandadas
hicieron a los hechos.

3) NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) MCTE., o el
mayor valor que se demuestre en juicio, que corresponde a los gastos
operacionales en los que ASEAR S.A. debió incurrir para mantenerse a
flote.

B) LUCRO CESANTE: Representado en los ingresos dejados de percibir por
la sociedad demandante, como consecuencia directa de la actuación de las
demandadas, y se discrimina así:

1) Desde el mes de julio de 2008 hasta la fecha de terminación del
procedimiento administrativo sancionatorio adelantada por las
demandadas, tal como se refleja en la información contable y
empresarial de la sociedad demandante, que a la fecha de presentación
de esta solicitud ascienden a la suma de MIL NOVECIENTOS DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($1.912.400.000), o el
mayor valor que resulte demostrado en juicio.

2) Lucro cesante que corresponde a lo no percibido por la empresa
demandante durante los años 2010 y 2011, como consecuencia directa
del hecho dañoso, que se estima en una suma de dinero superior [a]
DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) MCTE., o a la mayor
que se demuestre en juicio.

C) DAÑO MATERIAL AL GOOD WILL O BUEN NOMBRE EMPRESARIAL:
representado en la pérdida de valor de la sociedad comercial demandante
y determinado por el actuar de las demandadas, consistente en la diferencia
entre el valor de venta de la empresa a diciembre 31 de 2007 y la fecha de
introducción de esta demanda, el que se estima en la suma de MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($1.668.952.000) MCTE., o el mayor valor
que se demuestre en juicio.

3. Se ordene a las demandadas proceder a la reparación del daño causado a
la sociedad demandante, llevando a cabo el mismo despliegue publicitario que
se utilizó para configurar uno de los hechos dañosos objeto de esta acción.

3

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

4. Se condene a las demandadas a reconocer las costas y costos que ocasione
este proceso, incluidas las agencias en derecho.

5. Se ordene a las demandadas dar cumplimiento a las previsiones de los
artículos 176 a 178 del C.C.A.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente:

Asear S.A. era una empresa dedicada a la prestación de servicios públicos
domiciliarios, que, para la época de la presentación de la demanda, suministraba
los servicios de aseo, saneamiento básico, limpieza, recolección, transporte,
manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos en el Distrito
de Barranquilla.

De acuerdo con los estados financieros de Asear S.A., las utilidades netas para el
cierre contable de 2007 correspondieron a $1.100.908.000 y, atendiendo a las
idóneas condiciones del mercado, la empresa mostraba un 46.73% de tendencia de
crecimiento.

Entre el 22 y el 24 de julio de 2008, las autoridades del Distrito de Barranquilla
identificaron cerca de 10 toneladas de residuos y desechos hospitalarios dispuestos
en forma irregular en diversos lugares de la ciudad.

A través de diferentes medios de comunicación, funcionarios del Distrito de
Barranquilla y del DAMAB responsabilizaron a Asear S.A. de la inadecuada
disposición final de los residuos hospitalarios, sin que hubiera iniciado el proceso
sancionatorio ambiental y, naturalmente, sin que se hubiera demostrado su
culpabilidad. Según Asear S.A., tales declaraciones impidieron el desarrollo normal
de su objeto social y afectaron su buen nombre, a tal punto que, de acuerdo con el
cierre contable de 2008, la empresa registró pérdidas que ascendían a 900 millones
de pesos.

Por lo anterior, Asear S.A. tuvo que someterse a un proceso de liquidación que
estuvo exclusivamente determinado por las actuaciones administrativas
sancionatorias adelantadas en su contra.

4

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

Mediante autos 001 del 24 de julio de 2008 y 00894 del 28 de julio de 2008, el
DAMAB y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico4, respectivamente,
dieron inicio a las investigaciones preliminares pertinentes con el fin de esclarecer
los hechos ocurridos entre el 22 y el 24 de julio de 2008, relacionados con la irregular
disposición final de 10 toneladas de desechos hospitalarios en varias zonas de la
ciudad de Barranquilla.

El 13 de agosto de 2008, el procurador 30 judicial ambiental y agrario de
Barranquilla solicitó a la CRA el cierre total temporal de Asear S.A., con base en los
resultados de una visita que se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa, aun
cuando tales hallazgos no pudieron ser vinculados con la disposición irregular de
los desechos hospitalarios que se investigaba.

Con fundamento en lo anterior, mediante Resoluciones 0000471 del 13 de agosto y
1535 del 14 de agosto de 2008, la CRA y el DAMAB, en su orden, decretaron sendas
medidas preventivas de suspensión de actividades de recolección y transporte de
residuos patógenos hospitalarios y/o similares, en contra de Asear S.A. En el mismo
acto, el DAMAB condicionó el levantamiento de dicha medida preventiva a lo que
decidiera la CRA respecto de la medida que había decretado5.

De acuerdo con la demanda, la medida preventiva de suspensión de actividades
adoptada en contra de Asear S.A. «no obedecía a criterios técnicos y específicos
directamente relacionados con el ESCÁNDALO DE LOS DESECHOS
HOSPITALARIOS», sino a la necesidad de las entidades demandadas de
proporcionar a los medios de comunicación un responsable de tales irregularidades
y de poner en evidencia su gestión.

Mediante Resolución 000543 del 12 de septiembre de 2008, la CRA ordenó el
levantamiento de la medida preventiva impuesta el 12 de agosto anterior y, el 17 de
septiembre siguiente, a través de la Resolución 1837, el DAMAB hizo lo propio con
la medida que había decretado.

4
En adelante CRA.
5
En lo pertinente, la Resolución 1535 del 14 de agosto de 2008 dispuso:
«ARTÍCULO PRIMERO: Aplicar la medida preventiva de suspensión de las actividades de
recolección y transporte de residuos patógenos hospitalarios y/o similares dentro del perímetro
Urbano del Distrito de Barranquilla a la sociedad ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESPECIALES
AMBIENTALES RESIDUALES ASEAR S.A. E.S.P. hasta que sea levantada la medida preventiva
impuesta por la C.R.A., a través de la Resolución No 0000471 de 12 de Agosto de 2.008, y se
compruebe el cumplimiento total de los requisitos normativos en los vehículos utilizados para tal fin»
(fl. 195, c. 1).
5

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

El 28 de octubre de 2008, a través de la Resolución 2185, el DAMAB dio apertura
formal a la investigación y formuló pliego de cargos en contra de varias empresas
prestadoras del servicio de recolección, transporte y manejo especializado de
desechos hospitalarios, entre las que se encontraba Asear S.A.6

El 12 mayo de 2009, la CRA dispuso la cesación de la investigación administrativa
adelantada en contra de Asear S.A., porque no existían elementos de juicio que le
permitieran establecer su responsabilidad en relación con los hechos ocurridos
entre el 22 y 24 de julio de 2008.

Posteriormente, en Resolución 1475 del 2 de diciembre de 2009 7, el DAMAB
exoneró de responsabilidad a Asear S.A., respecto de la inadecuada disposición
final de los residuos hospitalarios en lugares no autorizados de la ciudad de
Barranquilla, entre el 22 y 24 de julio de 2008.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto
del 12 de marzo de 2012, providencia que se notificó en debida forma a las
entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 32 a 34 vto., c. 1)

El 4 de mayo de 2012, la parte actora presentó reforma a la demanda en la que
solicitó la adición de pruebas documentales, testimoniales y oficios (fls. 38 a 40,

6
En lo que aquí interesa, la resolución mencionada dispuso:
«ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra la (…) ADMINISTRADORA
DE SERVICIOS ESPECIALES AMBIENTALES RESIDUALES “ASEAR E.S.P.” (…) de acuerdo a lo
previsto en el parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y artículo 197 del decreto 1594 de
1984, por el presunto incumplimiento de las normas ambientales vigentes en materia de manejo
integral de residuos sólidos hospitalarios, principalmente el Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164
de 2002 y demás normas concordantes.
(…)
ARTÍCULO CUARTO: Formular contra (…) la ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESPECIALES
AMBIENTALES RESIDUALES ASEAR E.S.P., el siguiente cargo:
Presuntamente realizar las actividades de manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos hospitalarios entregados a ellos por los generadores vinculados a este proceso y
encontrados mal dispuestos, en sitios no autorizados para esta actividad, específicamente en: Lote
ubicado en la entrada al barrio Las Malvinas, Avenida Circunvalar margen izquierda sentido Norte-
Sur; Trocha ubicada 300 metros adentro frente a la entrada del barrio Las Malvinas; Avenida
Circunvalar Sentido Norte-Sur; Oreja del puente de la Cordialidad con Circunvalar, margen izquierda
sentido Norte-Sur; entrada al barrio El Pueblito, margen derecha sentido Norte-sur; incurriendo con
ello en presunto incumplimiento a las obligaciones contenidas en las normas ambientales
colombianas vigentes en materia de manejo integral de residuos sólidos hospitalarios y similares,
entre otras, los artículos 9, 10 y 13 del Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164 de 2002 y demás
normas concordantes» (fls. 240-241, c. 6).
7
«Por medio de la cual se califica la investigación sancionatoria ambiental No. VA 1840».
6

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

c.1), la cual fue admitida en providencia del 9 de octubre del mismo año (fls. 170-
171, c. 1).

El Distrito de Barranquilla contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones (fls.
155 a 163, c. 1). Manifestó que los cargos estaban exclusivamente orientados a
cuestionar la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales se ordenó
la suspensión provisional y se formuló pliego de cargos en contra de la demandada,
de manera que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del
derecho y no la de reparación directa.

Formuló la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, en
el entendido de que no se configuraron los presupuestos jurídicos para la
procedencia de la acción de reparación directa, pues no se demostró la falla del
servicio derivada de la acción u omisión de las entidades demandadas, luego de lo
cual insistió en que Asear S.A. cuestionó la legalidad de unos actos administrativos
proferidos en el marco de los procesos sancionatorios ambientales iniciados en su
contra, por la presunta irregular disposición final de desechos hospitalarios en
varias zonas de la ciudad de Barranquilla; por tanto, debió demandarlos en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento.

En relación con el daño al buen nombre empresarial alegado por la demandante,
reiteró que tampoco se configuraban los elementos de procedencia de la acción de
reparación directa porque la controversia giraba en torno a la actividad noticiosa
desplegada por las demandadas, lo que, a su juicio, «conduce evidentemente a
determinar que sus presupuestos fácticos proceden en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho».

El 13 de marzo de 2014, el DAMAB contestó la demanda (fls. 182 a 191, c.1), se
opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de ineptitud de la demanda
por indebida escogencia de la acción y caducidad.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

7

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección de Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

En primer lugar, el a quo declaró no probada la excepción de indebida escogencia
de la acción, con fundamento en que lo pretendido por la sociedad demandante era
la reparación del perjuicio económico ocasionado con la ejecución del acto
administrativo que decretó la medida preventiva de suspensión provisional de
actividades de recolección y transporte de residuos patógenos hospitalarios y/o
similares, sin cuestionar su legalidad.

En lo relativo a la caducidad, puntualizó que tal término debía contabilizarse desde
el 9 de junio de 2010, fecha de ejecutoria de la Resolución 0864, por medio de la
cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1475 del
2 de diciembre de 2009, en la que el DAMAB exoneró de responsabilidad a la
demandante. De forma que el término para interponer la oportunamente la demanda
de reparación directa vencía el 8 de junio de 2012, mientras que aquella se presentó
el 27 de febrero de 2012, es decir, oportunamente.

Como fundamento de la decisión precisó que, teniendo en cuenta que la
controversia no giraba en torno a la juridicidad de los actos administrativos
proferidos en el marco del proceso sancionatorio ambiental adelantado en contra de
la sociedad actora, sino en la afectación de los derechos o bienes jurídicos por parte
de esos actos que se consideran legales, razón por la cual resultaba procedente
imputarle la responsabilidad al DAMAB, a título de daño especial.

Sostuvo que en el proceso resultó probado el detrimento patrimonial generado con
ocasión de la expedición de la Resolución 2185 del 28 de octubre de 2008, por
medio de la que el DAMAB ordenó iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental
en contra de Asear S.A., lo que condujo posteriormente a su liquidación.

Por último, respecto de las declaraciones dadas por empleados del Distrito de
Barranquilla a los medios de comunicación, en virtud de las cuales se atribuyó
infundadamente la responsabilidad de Asear S.A. en los hechos ocurridos entre el
22 y el 24 de julio de 2008, el Tribunal a quo precisó que no se probó que algún
funcionario hubiera formulado acusaciones en contra de la demandante y señaló
8

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

que los periódicos no tienen valor probatorio, porque, si bien se demostró que hubo
un despliegue publicitario, ello no implica que tengan la capacidad demostrativa de
probar un hecho.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la sociedad actora no
acreditó la supuesta afectación a su buen nombre empresarial. Sin embargo,
condenó en abstracto al DAMAB, con fundamento en el título de imputación de daño
especial, por la expedición de la Resolución 2185 del 28 de octubre de 2008,
mediante la cual se ordenó el inicio del proceso sancionatorio ambiental en contra
de Asear S.A. (fls. 375 a 399, c. ppal.).

4.- Los recursos de apelación

Inconforme con la decisión, el DAMAB interpuso recurso de apelación. Manifestó
que la sociedad demandante estaba en la obligación de soportar la apertura del
proceso sancionatorio ambiental y la imposición de la medida preventiva de
suspensión de actividades de recolección y transporte de residuos patógenos
hospitalarios y/o similares, atendiendo a la incidencia y posible afectación que el
inadecuado ejercicio de su objeto social podría generar en el medio ambiente.

Señaló que la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta a Asear
S.A., por medio de la Resolución 1535 de 2008, obedeció a la evidencia que registró
la CRA en la Resolución 0004711 del 12 de agosto de 2008, es decir, se
fundamentó en las irregularidades halladas por ésta última autoridad ambiental en
relación con la disposición y manejo de residuos hospitalarios.

Adujo que, en ejercicio de la potestad sancionatoria, estaba en la obligación de
adoptar las medidas preventivas o correctivas pertinentes para garantizar la
protección del medioambiente y la salud pública; luego, a su juicio, lo que se
demostró en el proceso fue el estricto cumplimiento de sus funciones y que su
actuar estuvo absolutamente determinado por la ley.

Para el extremo recurrente, cuando se pretenda la imputación de responsabilidad a
título de daño especial, es necesario demostrar el quebrantamiento de las cargas
públicas, en otras palabras, se «debe superar el umbral normal de molestias al que
está sometida la generalidad del grupo al que pertenece», causando en el
demandante un daño antijurídico, lo que de ninguna manera resultó probado en el
sub lite (fls. 401 a 405, c. ppal.).

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Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

El 6 de mayo de 2015, en el trámite de la audiencia de conciliación del artículo 43
de la Ley 640 de 2001, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la parte
demandante presentó apelación adhesiva al recurso interpuesto por el DAMAB (fls.
426 a 428, c. ppal.).

En la oportunidad legal, la parte actora sustentó el recurso de apelación, para lo
cual señaló que el fallador de primer grado incurrió en una indebida valoración de
las notas periodísticas aportadas al proceso y del acta de la asamblea general de
socios del 29 de diciembre de 2010. En cuanto a las primeras, sostuvo que tienen
plena capacidad demostrativa, dado que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido que las notas periodísticas pueden dar fe de la ocurrencia de un hecho.
En relación con la segunda, señaló que no fue desvirtuada la presunción de
autenticidad de dicha prueba documental y, por ende, debió darse por acreditado
su contenido, en la medida en que allí se dejó constancia de las razones que
llevaron a la disolución y liquidación de Asear S.A.

Por último, precisó que con el dictamen pericial obrante en el plenario era posible
determinar con precisión el quantum del daño ocasionado, así como los extremos
temporales del mismo; razón por la que solicitó la condena en concreto en lo
concerniente al lucro cesante reconocido en la sentencia de primera instancia (fls.
455 a 465, c. ppal.).

5.- El trámite en segunda instancia

Los recursos fueron concedidos el 6 de mayo de 2015 y admitidos el 25 de junio
siguiente (fls. 433-434, c. ppal.).

El 23 de julio del mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fol. 436, c. ppal.).

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en la
sustentación del recurso de apelación (fls. 455-465, c. ppal.).

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal (fl. 453, c. ppal.).

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Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

En la demanda se solicitó la declaratoria de responsabilidad del DAMAB por la
expedición injustificada de los actos administrativos proferidos en el marco de un
proceso sancionatorio ambiental, particularmente la Resolución 1535 del 14 de
agosto de 2008, por medio de la cual se ordenó la suspensión de actividades de
Asear S.A., actos a los que se le atribuye su liquidación.

Así mismo, solicitó que se declarara responsable al Distrito de Barranquilla y al
DAMAB por la afectación al buen nombre empresarial causada por las
declaraciones dadas por sus funcionarios ante medios de comunicación, en las que
se responsabilizó a Asear S.A. de la inadecuada disposición final de los desechos
hospitalarios en varios sectores de la ciudad de Barranquilla, ocurrida en julio de
2008.

La Sala es competente, de conformidad con los artículos 129 y 132, numeral 6, del
C.C.A., modificados por la Ley 446 de 1998, por tratarse de un proceso de doble
instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor 8 asciende a
$2.000.000.000 a la fecha de la presentación de la demanda (27 de febrero de
2012)9.

2.- Causa petendi

La Sala estima conveniente distinguir los dos eventos que la parte demandante
señala como fuente del daño, pues cada uno involucra una imputación de
responsabilidad diferente, a saber: i) la expedición de unos actos administrativos en
el marco del proceso sancionatorio administrativo ambiental adelantado en contra
de Asear S.A., que llevaron a la liquidación de la empresa tras disponer la
suspensión de sus actividades; y ii) las declaraciones efectuadas ante diferentes
medios de comunicación por funcionarios del Distrito de Barranquilla y del DAMAB
en las que responsabilizaron a Asear S.A. de la inadecuada disposición final de los
residuos hospitalarios, lo que afectó el buen nombre empresarial de la sociedad
actora y, de paso, repercutió en su liquidación.

8
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, que puso en vigencia
anticipada las reglas previstas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.
9
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la competencia se fija al momento de la
presentación de la demanda. Para el 2012, el SMLMV era igual a $566.700, de ahí que 500 SMLMV
daba como resultado la suma de $283.350.000.
11

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que la decisión de primera
instancia fue objeto de apelación en su integridad, en el caso concreto, el estudio
de las imputaciones se abordará individualmente.

3.- Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para
ejercer control judicial de los actos administrativos que decretan medidas
preventivas en materia sancionatoria ambiental.

En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino
del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido.

Así pues, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos
eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto
administrativo que se considera ilegal, mientras que la acción de reparación directa
procede cuando la fuente del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de
trabajos públicos10. De ahí que la acción de reparación directa no sea el mecanismo
adecuado para debatir la legalidad de decisiones contenidas en actos
administrativos.

Empero, conviene señalar que, excepcionalmente, se ha admitido la procedencia
de la acción de reparación directa cuando el daño tiene origen en un acto
administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad. En esos eventos, quien
ejerce la acción de reparación directa acepta que el acto administrativo está
ajustado al ordenamiento jurídico, pero que genera una carga anormal que no se
está en la obligación de soportar, lo que lleva a estudiar el asunto bajo el título de
imputación del daño especial11.

10
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, exp. n.º 16474, C.P.
Ramiro Saavedra Becerra. Reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 31 de mayo de 2016, exp., n.º 38820, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
11
También se ha aceptado la posibilidad de que se ejerza la acción de reparación directa i) cuando
la fuente del daño proviene de la ejecución de un acto administrativo general que haya sido objeto
de revocatoria directa o de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
siempre y cuando no se haya consolidado la situación jurídica (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, exp., n.º 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez) y ii)
cuando el daño proviene de la ejecución irregular de un acto administrativo (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, exp., n.º 29156, C.P. Danilo Rojas
Betancourth).
12

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

En el caso particular, la parte demandante promovió la acción de reparación directa
con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad del DAMAB, en
consideración a que las medidas adoptadas en su contra en el marco del proceso
sancionatorio administrativo fueron desproporcionadas e injustificadas.

Concretamente, pidió «[q]ue se declare que las demandadas (...) son solidariamente
responsables en la modalidad extracontractual, por los daños y perjuicios que le
fueron causados a la sociedad ASEAR S.A E.S.P con ocasión de las actuaciones
administrativas sancionatorias adelantadas en contra de la sociedad actora».

En consecuencia, solicitó, a título de daño emergente, una indemnización
correspondiente a $340.000.000, por la «significativa y drástica pérdida sufrida por
la demandante al impedírsele desarrollar su objeto social de manera
injustificada (...)» y, por concepto de lucro cesante, las sumas de $1.912.400.000
y $2.000.000.000, correspondientes, en su orden, a los ingresos dejados de percibir
por Asear S.A. «desde el mes de julio de 2008 hasta la fecha de terminación del
proceso sancionatorio adelantado por las demandadas» y durante los años 2010 y
2011.

En efecto, mediante Resolución 2185 del 28 de octubre de 2008, el DAMAB dio
apertura al proceso sancionatorio ambiental y formuló pliego de cargos en contra de
varias empresas prestadoras del servicio de recolección, transporte y manejo
especializado de desechos hospitalarios, entre las que se encontraba la sociedad
actora (fls. 231 a 242, c. 6). El 14 de agosto siguiente, en Resolución 1535, dicha
autoridad ambiental impuso a Asear S.A. una medida preventiva de suspensión de
actividades de recolección y transporte de residuos patógenos hospitalarios y/o
similares, con fundamento en la Resolución 0000471, expedida por la CRA, que
también había ordenado la cesación temporal de actividades de la empresa (fls. 192
a 196, c. 1).

Mediante Resolución 0000543 del 12 de septiembre de 2008, la CRA levantó la
medida preventiva ordenada en la Resolución 0000471 y, en consecuencia, el 17
de septiembre siguiente, a través de Resolución 1837, el DAMAB también dispuso
el levantamiento de la medida que había decretado en contra de Asear S.A. (fls. 197
a 198, c. 1).

13

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

En la demanda se afirmó que la expedición de la Resolución 1535 del 14 de agosto
de 2008, por medio de la cual el DAMAB decretó la medida preventiva de
suspensión provisional de actividades de Asear S.A E.S.P, «no obedecía a criterios
técnicos y específicos directamente relacionados con el ESCÁNDALO DE LOS
DESECHOS HOSPITALARIOS, sino en el afán de mostrar un resultado mediático,
sin reparar en el perjuicio o daño que con ello se causara» (fl. 7, c. 1).

Además, se expresó que la medida fue desproporcionada porque solo se decretó
en su contra, pese que había otras empresas implicadas en la investigación, y que
se presentó una «parcialización de las autoridades investigadoras que pretendían
imputar responsabilidad a la sociedad actora, incluso violentando el derecho
constitucional y fundamental a la igualdad» (fl. 13, c. 1).

Con fundamento en lo anterior, para la Sala es evidente la intención de la parte
demandante de reprochar la legalidad del acto que dispuso la suspensión
provisional de actividades de recolección y transporte de residuos patógenos
hospitalarios y/o similares, bien sea porque consideraba que adolecía de falsa
motivación o porque estimaba que se había expedido con desviación de poder.

En efecto, al cuestionar los criterios técnicos que pudieron o no haber sustentado la
medida preventiva ambiental adoptada por el DAMAB mediante Resolución 1535,
sumado al inconformismo por la supuesta falta de imparcialidad de esa entidad y a
los fines distintos a la mera protección cautelar del medioambiente, es claro que lo
perseguido por la parte actora es atacar la legalidad de aquella decisión.

Contrario a lo que concluyó el Tribunal a quo, —el que, valga decir, en este aspecto
puntual se limitó a citar un pronunciamiento de esta Corporación, sin explicar por
qué resultaba aplicable al caso—, en el sentido de que la demandante no está
atacando la legalidad de ningún acto administrativo, a juicio de la Sala, ese
argumento no es de recibo, si se tiene en cuenta que en los fundamentos jurídicos
de la demanda planteó sendos reparos frente a la medida preventiva ambiental
consistente en la suspensión provisional de actividades de recolección y transporte
de residuos patógenos hospitalarios y/o similares, censuras relacionadas con la
falsa motivación y la desviación de poder, entre otros vicios, que bien hubieran
podido encajar en las causales de nulidad legalmente previstas para el ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

14

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

Se advierte, entonces, que el supuesto daño padecido por la parte demandante tuvo
su origen en la expedición de la Resolución 1535 de 2008 (fls. 1, 7 y 13, c. 1); por
tanto, la parte actora podía solicitar la nulidad de ese acto administrativo, en ejercicio
a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Justamente, la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación 12 ha sido
pacífica en afirmar que los actos administrativos por medio de los que se impone
una medida preventiva de suspensión de actividades en el marco de un proceso
sancionatorio administrativo ambiental son actos definitivos con efectos jurídicos
inmediatos; y por tal razón son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En tales condiciones, en esa sede judicial la parte demandante podía alegar la
ilegalidad de ese acto administrativo, por ejemplo, por haberse expedido sin atender
a criterios técnicos o sin evidencia relacionada con el inadecuado manejo de los
recursos hospitalarios.

Recientemente, respecto del control judicial de los actos administrativos que
decretan medidas preventivas en el marco de un proceso sancionatorio ambiental,
la Sección Primera afirmó13:

La Sala considera oportuno reiterar la posición de esta Sección frente a que el
acto que impone una medida preventiva de contenido ambiental sí es
susceptible de control jurisdiccional. Lo anterior a efectos de resolver el
argumento de apelación que esgrimió la entidad accionante en contra de lo
resuelto por el Tribunal.

Con tal propósito, es oportuno referir que, de tiempo atrás, la Sección ha
reconocido el carácter de enjuiciable no solo de la decisión de contenido
ambiental que termina la actuación administrativa, sino también de aquella que
adopte medidas preventivas en los términos que prevé el artículo 85 de la Ley
99.

De ahí que esta Sección ha definido como línea jurisprudencial que los actos
administrativos por medio de los cuales se impone una medida preventiva de
carácter ambiental tienen la naturaleza de ser definitivos y, en consecuencia,

12
Ver, entre otras, las providencias del: i) 1 de diciembre de 2011, exp. 2009-00220, M.P. Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta, ii) 12 de julio de 2018, exp. 2016-00340 M.P. María Elizabeth García
González, iii) 23 de agosto de 2018, exp. 2014-00087 M.P. Oswaldo Giraldo López y iv) 26 de
noviembre de 2015, radicado 2013-00717, M.P. Guillermo Vargas Ayala.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17
de junio de 2022, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente: 17001233100020070038303.
15

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

son susceptibles de control judicial a través del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho.14
(…)

Esta postura se reiteró en pronunciamiento dictado en vigencia de la Ley 1437
de 18 de enero de 201140, en el que se puntualizó:

“[…] En desarrollo del principio de precaución en materia ambiental, contenido
en el marco de la Constitución Ecológica, la Ley 1333 de 2009 estableció las
denominadas medidas preventivas como un conjunto de decisiones de ejecución
inmediata que pueden adoptar las autoridades ambientales, en aplicación de su
poder de policía, tendientes a “prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana”. (Artículo 4º).

Estas medidas ambientales preventivas, de acuerdo a la citada Ley, (i) no tienen
la naturaleza jurídica de sanción, (ii) su ejecución y efectos deben ser inmediatos
debido a su carácter preventivo, y (iii) deben ser adoptadas mediante acto
administrativo debidamente motivado.

Frente a la naturaleza de dicho acto administrativo, se pronunció la Sección
cuando dirimió igualmente un recurso de apelación en contra de una decisión de
rechazo de la demanda, en el que consideró que sólo las decisiones que
determinaran medidas preventivas o aquellas que impusieran una sanción
podían considerarse como actos definitivos y por tanto susceptibles de censura
en esta Jurisdicción […]”15.

Sumado a este argumento, vale la pena señalar que aunque la Ley 1333 es
posterior a los hechos materia del proceso, sirve de referente en este caso, en
cuanto la Corte Constitucional16 al examinar la constitucionalidad del artículo
32 de la misma, reiteró las razones esgrimidas en la sentencia C-293-200217
que declaró exequibles los artículos 1º, numeral 6 (parcial), y 85, numeral 2º,
de la Ley 99 (vigente al momento de la expedición de los actos aquí acusados).
Al efecto, la Corte enfatizó en que la medida preventiva ambiental es un acto
susceptible de control, así:

“[…] a propósito de algunas medidas preventivas en materia ambiental, al
señalar que cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas,
encaminadas a enfrentar una situación o hecho o a evitar un peligro de daño
grave, “sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo
con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución,
en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho”.

De conformidad con lo entonces expuesto, el acto administrativo dictado con
base en el principio de precaución “debe ser excepcional y motivado” y, “como

14
Original de la cita: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 17 de julio de 2022, radicado 2007-00383-03, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el
mismo sentido, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la misma Sección:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 1°. de diciembre
de 2011, radicado 2009-00220, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta (citado en la providencia de
26 de noviembre de 2015); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, auto de 26 de noviembre de 2015, radicado 25000-23-41-000-2013-00717-01, C.P.
Guillermo Vargas Ayala».
15
Original de la cita: «41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, auto de 26 de noviembre de 2015, número único de radicación 25000-23-41-000-2013-
00717-01, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala».
16
Original de la cita: «42 Corte Constitucional C-703-10 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo».
17
Original de la cita: «43 Declaró exequibles los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º
de la Ley 99, por los cargos formulados».
16

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”, para que así “la decisión de la autoridad se
enmarque dentro del Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones
arbitrarias o caprichosas” de modo que, si esto llegara a ocurrir, el ciudadano
tenga “a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga
[…]”.

De conformidad con lo anterior, se tiene que los actos por medio de los cuales
se impone una medida preventiva de carácter ambiental, como en este caso la
Resolución núm. 050 de 3 de abril de 2007 -con la que CORPOCALDAS le
impuso a EMAS S.A. E.S.P. la suspensión preventiva de operación del Horno
TKF debido a la inminente transgresión de las reglas, sí son susceptibles de
control judicial, por lo que la Sala revocará el artículo tercero de la parte
resolutiva de la sentencia impugnada para, en su lugar, estudiar de fondo la
pretensión de nulidad de dicho acto acusado.

Similar postura adoptó esta Subsección, en pronunciamiento del 31 de marzo de
202318, en el que se puntualizó:

Cabe agregar que la decisión de suspender la actividad económica desarrollada
por el accionante corresponde a una “medida de policía administrativa de orden
cautelar”, que ha sido definida por esta Corporación como una decisión
definitiva susceptible de ser demandada ante esta jurisdicción, lo que significa
que no se trata de un acto administrativo de trámite. En ese sentido, se ha
indicado que en desarrollo del principio de precaución en materia ambiental,
contenido en el marco de la Constitución Ecológica, la Ley 1333 de 2009
estableció las denominadas medidas preventivas como un conjunto de
decisiones de ejecución inmediata que pueden adoptar las autoridades
ambientales, en aplicación de su poder de policía, tendientes a “prevenir,
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana”. (Artículo 4o).

En suma, si la parte demandante tenía serios reparos frente a la suspensión
provisional de actividades de recolección y transporte de residuos patógenos
hospitalarios y/o similares, debió solicitar la nulidad de la resolución mediante la cual
se decretó la medida preventiva, pues a través de esa acción podía solicitar el
restablecimiento del derecho que considera conculcado. Sin embargo, la sociedad
demandante acudió a la acción de reparación directa, luego es dable a la Sala
concluir que en el caso concreto en relación con este cargo se configuró la ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, excepción que, de
hecho, fue propuesta por el DAMAB.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de marzo de 2023, radicado 47001-23-33-001-2013-00245-01, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez. En el mismo sentido, ver también la sentencia del 2 de junio de 2023, radicado
05001-23-31-000-2010-02385-01, M.P. María Adriana Marín.
17

Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

4.- La acción de reparación directa por la afectación al buen nombre
empresarial de la sociedad demandante.

4.1. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de
reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del
día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación
administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad
ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Esta Corporación en varias oportunidades ha señalado que, si bien la caducidad
guarda una estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, el cómputo del
plazo de que trata la ley debe analizarse en cada caso en particular, a partir de los
hechos que son presentados; esto con el fin también de garantizar el acceso a la
administración de justicia, razón por la cual no necesariamente el cómputo de dos
años debe efectuarse con la realización pura y simple del hecho causante del daño.
De igual modo, cuando el daño cuya indemnización se pretende es causado por
varias fuentes o hechos generadores, para efectos de la caducidad debe analizarse
de manera independiente cada una de ellas.

En este sentido puede considerarse que, en materia de reparación directa, siempre
se debe acudir a las circunstancias del caso que se examina a fin de determinar el
momento preciso en que debe iniciarse la contabilización del término de caducidad;
esto, por cuanto existen casos en los que el hecho y el daño no suceden
coetáneamente y, por ende, situar el inicio del conteo del término se torna complejo.

En razón a ello, también se han establecido diferencias sustanciales, por un lado,
entre daño y perjuicio y, por otro, entre el daño que se produce de manera
instantánea y el daño continuado o sucesivo.

En síntesis, el juez debe emprender todo un esfuerzo hermenéutico para determinar
el hito fáctico a partir del cual sea posible identificar en qué momento queda
jurídicamente situado el daño y, por consiguiente, se dé inicio al conteo de la
caducidad.

En el presente caso, la parte demandante afirmó que la afectación a su buen
nombre empresarial y la limitación al normal desarrollo de su objeto social es

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Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

atribuible a las declaraciones dadas por funcionarios de las entidades demandadas
a los medios de comunicación locales y nacionales.

En consideración a la improcedencia de la acción de reparación directa respecto
del reproche de legalidad del acto administrativo que decretó la suspensión de
actividades (medida preventiva de carácter ambiental), en este acápite, el análisis
de la caducidad se centrará en el daño imputado a las autoridades demandadas
por las declaraciones efectuadas ante diferentes medios de comunicación, en virtud
de las cuales, sin que hubiera concluido el proceso sancionatorio ambiental, se
responsabilizó a la demandante de la inadecuada disposición final de los residuos
hospitalarios, ocurrida en julio de 2008 en diferentes zonas de la ciudad de
Barranquilla.

Es menester aclarar que en el libelo introductorio se estableció que el daño
ocasionado con las declaraciones efectuadas por los funcionarios de las entidades
demandadas a los medios de comunicación fue la afectación al buen nombre
empresarial de la sociedad actora, de forma que el término de caducidad deberá
contabilizarse desde el momento en que cesó el despliegue mediático el que
supuestamente se responsabilizó a la demandante de la irregular disposición final
de los desechos hospitalarios.

Al respecto, en la demanda se afirmó que el despliegue noticioso relacionado con
el escándalo de la inadecuada disposición de residuos hospitalarios se llevó a cabo
desde el «23 de julio de 2008 y hasta septiembre de 2008» (fol. 8, c. 1). De manera
que, en el caso concreto, el término de caducidad se contabilizará desde el 1º de
octubre de 2008.

Así las cosas, el término para ejercer oportunamente la acción de reparación
directa, en relación con esta particular imputación, vencía el 1º de octubre de 2010;
sin embargo, se advierte que en el caso concreto la solicitud de conciliación
extrajudicial fue radicada el 2 de diciembre de 2011 (fl. 24 c. 1), mientras que la
demanda se presentó el 27 de febrero de 2012 (fl. 28, c. 1), es decir,
extemporáneamente. Razón por la cual, en relación con este cargo de la demanda,
habrá de declararse la caducidad de la acción.

En conclusión, la Sala revocará la sentencia recurrida, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, (i) declarará probada la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, en

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Radicación:08001233100020120015801(54234)
Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

cuanto a la imputación relativa a la expedición de actos administrativos en el marco
del proceso sancionatorio administrativo ambiental adelantado en contra de Asear
S.A., que dispusieron la suspensión de sus actividades y llevaron a la liquidación
de la empresa y (ii) declarará configurada la caducidad de la acción de reparación
directa, en lo atinente a la afectación del buen nombre de Asear S.A.

5.- Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de febrero de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión.

SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida escogencia de la acción, respecto de la imputación
concerniente a la expedición de actos administrativos en el marco del proceso
sancionatorio administrativo ambiental adelantado en contra de Asear S.A., que
dispusieron la suspensión de sus actividades y llevaron a la liquidación de la
empresa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

TERCERO. DECLARAR configurada la caducidad de la acción de reparación
directa, en cuanto a la imputación atinente a la afectación del buen nombre de Asear
S.A., por lo anotado en las consideraciones de esta sentencia.
CUARTO. Sin condena en costas.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de

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Demandante: ASEAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Distrito de Barranquilla y DAMAB
Referencia: acción de reparación directa

origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidado
r.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado Electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

VF

21

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