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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08167-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08167-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de tutela del 5 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08167-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

21 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000- 2025-08167-01
Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08167-01
Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Once Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué
Tema: Tutela contra providencia judicial – reparación directa. Requisitos
generales de procedibilidad.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 5 de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de diciembre de 2025, el señor José Aldinever Sánchez Salcedo, actuando por
intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, formulando para ello las siguientes
pretensiones:

«1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Ibagué el 12 de noviembre de 2024, y el auto
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 24 de julio de 2025, en el proceso
de REAPARACIÓN DIRECTA de JOSÉ ALDINEVER SÁNCHEZ SALCEDO, radicado
No. 73001-33-33-011-2024-00201-00, así como también las actuaciones posteriores al
fallo, proferidas por el Juzgado 11 Administrativo de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que
no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000- 2025-08167-01
Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo

El demandante fue privado de su libertad desde el 22 de diciembre de 2021 hasta el
2 de diciembre de 2022 en la Estación de Policía de Chaparral – Tolima.

El 17 de enero de 2023, el actor elevó petición ante la Policía del Tolima, con el fin de
que se le informara si la Estación de Chaparral estaba autorizada para albergar
detenidos y si en sus instalaciones existía hacinamiento carcelario.

Esa petición fue objeto de respuesta con el oficio GS-2023-006433-DISPO-ESTPO-
1.10 del 18 de enero de 2023, en el cual se informó que la estación contaba con una
capacidad para detener 8 PPL y, por tal razón, el porcentaje de hacinamiento se había
incrementado al 189 %.

Con ocasión de lo anterior y luego de agotarse el trámite de conciliación prejudicial
ante la Procuraduría 201 Judicial I para Asuntos Administrativos, el demandante
presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa el 26 de
julio de 2024, «por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos
constitucionalmente protegidos» que, según su dicho, sufrió por la privación de su
libertad en condiciones de hacinamiento.

El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante auto
del 12 de noviembre de 2024, rechazó la demanda por caducidad en la oportunidad
para ejercer el medio de control.

Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Tolima con el proveído del 24 de julio de 2025, que
confirmó el rechazo de la demanda luego de considerar que el término de dos (2) años
previsto en el artículo 164 para ejercer el medio de control de reparación directa inició
a correr a partir del día siguiente a aquel en que el señor Sánchez Salcedo fue
detenido en la Estación de Policía de Chaparral, esto es, desde el 23 de diciembre de
2021, y se extendió hasta el «24 de diciembre de 2023».

3. Argumentos de la tutela

El demandante alega que los autos del 12 de noviembre de 2024 y 24 de julio de 2025,
este último confirmatorio del primero, mediante los cuales se rechazó la demanda de
reparación directa, adolecen de los defectos «orgánico, procedimental absoluto,
fáctico y material o sustantivo», al incurrir en interpretaciones erróneas y restrictivas
de las normas procesales sobre caducidad.

Con ello, a su juicio, se ignoró la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado que han reconocido la prevalencia del acceso a la justicia y a la
reparación integral del daño sufrido por quien lo alega, en asuntos de responsabilidad
del Estado.

En ese contexto, reprocha la omisión de los jueces naturales en el análisis del impacto
que sufrió el actor provocado por su privación de la libertad en condiciones de
hacinamiento calificadas como inhumanas, con lo cual se premia al Estado por no
haberle garantizado un trato digno mientras permaneció en detención.

Además de lo anterior, advierte que, al momento de verificar la oportunidad en el
ejercicio de la acción, la parte demandada no tuvo en cuenta el día en que el
demandante conoció del hacinamiento en el que se encontraba, ni la suspensión del
término de caducidad con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial.

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Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo

En síntesis, la forma para computar el plazo de caducidad en los eventos de daño
continuado gira en función del momento en el cual se verifica la cesación de la
conducta o del hecho que dio lugar al daño, lo que para el caso del demandante
corresponde al día en que tuvo conocimiento del hacinamiento al que fue sometido
durante su reclusión.

4. Trámite previo

En auto del 15 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo del Tolima y al
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en calidad de
demandados y, en condición de terceros, al señor José Aldinever Sánchez Salcedo
como representante del menor Jhon Alewor Sánchez Pinto, a Brayan Daniel Sánchez
Salcedo como tercero y como representante del menor Wilson Javier Herrán Ramírez,
a Luz Marina Salcedo Cruz, a Sirley Johana Medina Salcedo, a Yury Marcela Tovar
Salcedo, a Edwar Sánchez Salcedo, a Wilson Javier Herrán Castañeda, a Alexandra
González Ramírez, a Edwin Orlando González Ramírez, a Edinson Javier González
Ramírez, a Karen Dahyana Ramírez Londoño, a Catherine González Ramírez, a
Eloísa Martínez Quiroga, al Municipio de Chaparral - Tolima, al Departamento del
Tolima, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación,
a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, luego de
transcribir las consideraciones del auto del 24 de julio de 2025, con el cual se rechazó
la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa ejercido, solicitó
declarar improcedente el mecanismo de tutela al considerar que el actor hace uso de
la solicitud de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario.

Finalmente, reiteró que el término de caducidad inicia desde el momento en que se
produjo la conducta dañosa, o desde la fecha en que el actor tuvo conocimiento del
daño, aunque los efectos de éste perduren en el tiempo; de ahí que, en el sub
examine, el plazo para demandar comenzara a correr desde el 23 de diciembre de
2021, fecha en la que el demandante tuvo conocimiento de las condiciones de
hacinamiento en las que se encontraba.

Asimismo, recalcó que el término de caducidad no se suspendió con la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial del 23 de febrero de 2024, porque para esa
fecha este fenómeno jurídico procesal ya se había configurado.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima se limitó a remitir el expediente
digital del medio de control de reparación directa.

6. Intervención de los terceros con interés

La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – DEAJ, señaló que el demandante no sustentó específicamente cuáles son
los defectos de las providencias judiciales proferidas por la parte demandada, ni
aportó pruebas conducentes que soporten sus argumentos, por lo que, a su juicio, la
finalidad del mecanismo constitucional ejercido es reabrir un debate procesal definido
por el juez natural.
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Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo

Asimismo, solicitó su desvinculación al no haber sido la autoridad que profirió las
decisiones judiciales cuestionadas por esta vía.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué precisó que la
solicitud de amparo es improcedente, toda vez que el actor pretende reabrir un
cuestionamiento y retrotraer actuaciones procesales definidas por los demandados
dentro del trámite contencioso administrativo.

La Fiscalía Especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque
no es la llamada a responder por la protección de los derechos fundamentales cuyo
amparo se pretende, toda vez que no emitió las decisiones sobre las cuales se
reclama la afectación del actor.

Con todo, indicó que la parte demandante no sustentó de manera adecuada las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela ni de su argumentación
se evidencian los defectos en los que pudieron incurrir las providencias judiciales que
rechazaron su demanda. Por el contrario, los autos proferidos por los demandados
reflejan la correcta interpretación de las normas procedimentales de oportunidad.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario señaló que no vulneró los derechos
que reclama el actor.

En línea con ello, precisó que es el Tribunal Administrativo del Tolima la autoridad
competente para pronunciarse sobre los argumentos expuestos en la acción de tutela,
por haber proferido la providencia judicial. Por ende, solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que el amparo solicitado debía
denegarse o declararse su improcedencia, dado que el término de caducidad de dos
años para demandar se debía computar entre el 21 de diciembre de 2021 y el 22 de
diciembre de 2023. Seguidamente, recalcó que la solicitud de conciliación no tuvo la
virtud de suspender ese plazo, en tanto fue radicada el 23 de febrero de 2024, esto
es, cuando ya había vencido la oportunidad para ejercer el mecanismo judicial
ordinario de reparación directa, lo que pone en evidencia que la intención del tutelante
es crear una instancia adicional.

Finalmente, solicitó su desvinculación por reprocharse unas decisiones judiciales que
no fueron proferidas por su cuenta.

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional precisó que carece de facultad para
hacerse responsable del amparo reclamado por el demandante, en tanto la supuesta
vulneración de los derechos a los que se hace alusión provino de la decisión judicial
adoptada por el Juzgado Once Administrativo de Ibagué y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

Sin perjuicio de lo anterior, consideró que la tutela se torna improcedente al no
demostrarse un perjuicio irremediable o amenaza inminente, por lo que solicitó
denegar las pretensiones del actor.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al igual que los demás
terceros vinculados, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva en tanto no fue quien profirió las providencias respecto de las cuales se invoca
el amparo constitucional.
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Los demás intervinientes vinculados no emitieron pronunciamiento.

7. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor José Aldinever Sánchez Salcedo por falta de relevancia
constitucional, y negó las solicitudes de desvinculación de los terceros intervinientes,
por las siguientes razones:

Advierte que la acción de tutela ejercida tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de reparación directa, mediante los autos que rechazaron el
medio de control por caducidad.

Tal conclusión se sustenta en el hecho de que los argumentos en los cuales se funda
el amparo constitucional solicitado, también se presentaron ante la autoridad judicial
competente en el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 12 de noviembre
de 2024, proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.

Sin perjuicio de lo anterior, recalca que las providencias judiciales respecto de las
cuales se alega la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia atendieron la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en virtud de la cual, los daños derivados del
hacinamiento carcelario no son continuados, sino de ejecución instantánea con
efectos prolongados.

Finalmente, en relación con las solicitudes de desvinculación y de la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de algunos intervinientes, precisa que,
como todos los terceros vinculados conformaron la parte demandada en el proceso
ordinario de reparación directa, tales peticiones no estaban llamadas a prosperar.

8. Impugnación

El demandante cuestiona la decisión adoptada en primera instancia y señala que con
ella se desconocen los precedentes aplicables al caso en los que se accedió al amparo
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia frente a conflictos
suscitados por hacinamiento carcelario.

Indica que el fallo de tutela adoptado restringe la protección especial a la que tienen
derecho las personas privadas de su libertad, máxime cuando «los centros de
detención transitoria no están diseñados para custodiar seres humanos más allá del
límite constitucional».

En ese contexto, a su juicio, establecer la oportunidad para demandar en los términos
plasmados en las providencias judiciales que rechazaron el medio de control de
reparación directa por caducidad, es negarle toda posibilidad al actor de reprochar la
actuación del Estado y, por demás, constituye una violación de los derechos cuyo
amparo se pretende.

II. CONSIDERACIONES

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, porque en el presente
caso no se supera el requisito general de relevancia constitucional, pues el tutelante
insiste en los mismos argumentos expuestos dentro del proceso de reparación directa
y, por lo tanto, pretende configurar una tercera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; y (ii) el análisis del caso concreto.

i) Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con
la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

ii) Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, la parte demandante insiste en los
argumentos propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la parte demandante propone la misma discusión jurídica que
presentó en el trámite del medio de control de reparación directa que adelantó contra
la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y

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Carcelarios (USPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De la revisión del expediente, la Sala advierte que con los argumentos expuestos por
el actor en la solicitud de amparo pretende insistir en que debió admitirse la demanda
de reparación directa, toda vez que, a su juicio, el hecho dañoso allí discutido fue
continuado, pues sufrió hacinamiento desde el 22 de diciembre de 2021 hasta el 2 de
diciembre de 2022 en la Estación de Policía Chaparral – Tolima, de manera que, a su
juicio, el término de caducidad no podía contarse desde el día en que fue privado de
su libertad, sino cuando tuvo conocimiento del hecho dañoso que, según su dicho,
ocurrió el día en que fue liberado o el 18 de enero de 2023 cuando recibió respuesta
de la autoridad administrativa en la que se informó que la estación contaba con una
capacidad para detener 8 PPL y, por tal razón, el porcentaje de hacinamiento se había
incrementado al 189%.

En esencia, tanto en el proceso ordinario como en la acción de tutela de la referencia,
el demandante sostuvo que debía admitirse la demanda de reparación directa, pues,
en su criterio, las autoridades judiciales accionadas contabilizaron de forma
equivocada el término con el que contaba para promover el medio de control.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del
12 de noviembre de 2024, mediante el cual el Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué rechazó por caducidad la demanda de reparación directa,
el actor sostuvo lo siguiente:

«No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un
daño continuado o de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento
de la detención de los directos afectados en la Estación de Policía de Chaparral (Tol.),
por cuanto el daño se prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo recluido
en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto, desde su captura
hasta el día en el que fue removido de la Estación de Policía, padeció perjuicios a causa
del hacinamiento carcelario.
(…).

No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control
de la referencia la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría
dejando por fuera de la órbita procesal el último día en el que este estuvo detenido en
la Estación de Policía de Chaparral (Tol.), día en el que cesaron los perjuicios por causa
del hacinamiento.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que es contrario a la sana lógica concluir que
desde el primer día de la privación de la libertad los detenidos entiendan y vivencien en
su compleja integridad ese estado de hacinamiento, puesto que la vulneración de
derechos humanos y fundamentales se van conculcando de manera paulatina en el
tiempo, verbi gratia, su acceso al debido proceso o a la administración de justicia, el
trato digno, la posibilidad de descontar tiempo de detención ya por trabajo ya por
estudio, derecho a visitas conyugales, aspectos que son físicamente imposibles de
determinar desde el mismo primer día».

Por su parte, en la acción de tutela y en la impugnación el accionante insistió en que
se debía admitir la demanda de reparación directa pues el término para configurarse
la caducidad de la acción iniciaba a partir del día siguiente de su salida del centro de
detención por tratarse de un daño continuado.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en providencia del 24 de julio de 2025, que, en lo que interesa, señaló:

«[L]a caducidad en el caso de la acción de reparación directa está regulada
principalmente por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que establece que el término
para interponer el medio de control de reparación directa es de dos años. Este término
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Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo

comienza a contarse desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho que causó el daño,
o desde el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si
dicho conocimiento se produjo en una fecha posterior. El propósito de esta regla es
evitar que se prolongue indefinidamente el momento en que una persona pueda
reclamar la reparación de un daño sufrido, lo que podría generar inseguridad jurídica.
De igual manera, se ha reiterado que el conocimiento del daño es un elemento esencial
para determinar el inicio del plazo de caducidad en casos de reparación directa. En
casos de lesiones personales, por ejemplo, el cómputo de la caducidad puede variar
cuando no existe certeza inmediata del daño. Esto significa que el daño puede
manifestarse o conocerse en una fecha posterior al hecho causante, y en estos casos,
el término de caducidad comenzaría a contarse a partir de ese momento en el que el
demandante tuvo conocimiento del daño o debió tenerlo. En estos supuestos, es una
carga del demandante demostrar cuándo tuvo conocimiento del daño y, si es pertinente,
la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su ocurrencia.

(…).

Daño continuado y/o de tracto sucesivo y de ejecución instantánea

En este punto, es dable anotar con respecto a la diferenciación de los tipos de daño que
se dan para la implementación del medio de control de Reparación Directa, para ello el
Consejo de Estado3 ha establecido dos tipos de daño a partir del hecho generador: el
primero, denominado “Daño continuado o de tracto sucesivo”, y el segundo, “Daño
instantáneo o inmediato”, por lo que el conteo del término de caducidad en el medio de
control de reparación directa debe hacerse en consideración a si el hecho generador
del daño produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables o por el contrario
dichos efectos son inmediatos y prolongados en el tiempo.

(…).

En consecuencia, esta Corporación asume como criterio rector que el daño por
hacinamiento carcelario es conocido desde el primer momento de reclusión, toda vez
que las condiciones indignas son perceptibles de forma inmediata y evidente para quien
las padece. No puede afirmarse válidamente que se requiera un conocimiento técnico
o especializado para percatarse de tal afectación, dado que la situación de hacinamiento
constituye una realidad notoria, que impacta de manera directa y cotidiana al detenido
desde el instante mismo de su ingreso al centro de detención. Por tanto, el término de
caducidad para interponer el medio de control de reparación directa debe computarse
desde el día siguiente a la privación inicial de la libertad.

(…).

Frente a lo anterior, es evidente que la demanda de Reparación Directa que nos ocupa
fue presentada por fuera de la oportunidad legalmente otorgada, es decir, después del
vencimiento de los 2 años previstos, y se concluye que la Sala de Decisión comparte
los argumentos establecidos en el auto objeto de apelación, razón por la cual se
confirmará el auto del 12 de noviembre del 2024».

Como se ve, con los argumentos expuestos por el demandante en la solicitud de
amparo se pretende continuar el debate jurídico que planteó en el trámite del proceso
de reparación directa, al cuestionar y reiterar su inconformidad respecto al conteo del
término de caducidad del medio de control.

Si bien el actor alega la configuración de un defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que invoca esas causales específicas
con el propósito de insistir en los argumentos que expuso en el recurso de apelación
interpuesto contra el auto de primera instancia y que confirmó el a quo.

Igual circunstancia ocurre con los fallos de tutela que alega desconocidos, pues, lo
cierto es que los invoca como una reiteración de los argumentos que expuso en el
proceso de reparación directa, de manera que, ante la falta de cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional, no es posible emitir pronunciamiento de

9
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Radicado: 11001-03-15-000- 2025-08167-01
Demandante: José Aldinever Sánchez Salcedo

fondo al respecto, sumado a que se trata de providencias judiciales dictadas con
posterioridad a la cuestionada, esto es, el 5 y el 19 de mayo de 2025, frente al 24 de
julio de 20254.

Tal como lo ha dicho esta Sala en anterior oportunidad5, en el escenario que propone
el demandante, la Sala estaría obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue
resuelto por la autoridad judicial demandada en el proceso contencioso administrativo,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional. La acción de
tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede utilizarse
como instancia adicional de los procesos ordinarios.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada del 5 de marzo de 2026,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró
improcedente la acción de tutela ejercida por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de tutela del 5 de marzo de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

4
Con todo la Sala encuentra que, la posición expuesta por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en esas
providencias no constituye una posición pacifica al interior de esa Sección, pues, de hecho, la providencia impugnada fue dictada
por la Subsección B y declaró improcedente la solicitud de amparo y, en el expediente 11001031500020250192700 la Subsección
C, también declaró improcedente una acción de tutela con supuestos fácticos similares.
5
Sentencia del 14 de agosto de 2025, Exp.: 11001-03-15-000-2025-02108-01; y del 28 de agosto de 2025, Exp.: 11001-03-15-
000-2025-03497-01, ambas proferidas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
10
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