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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02108-01

Fecha
13 de agosto de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02108-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con la motivación. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02108-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

13 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 13 de agosto de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: RUBÉN DARÍO SANTACOLOMA LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Caducidad del medio de control. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional. Reiteración de argumentos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 19 de
junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada judicial,
Rubén Darío Santacoloma López pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del accionante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de los autos del 6 de agosto y 14 de noviembre de 2024, dictados por el Juzgado
Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, respectivamente
que rechazaron por caducidad la demanda de reparación directa dentro del proceso No.
73001-33-33-010-2024-00139-00.

2. Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia,
declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 10 Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué el 6 de agosto de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 14 de noviembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de RUBÉN DARÍO
SANTACOLOMA LÓPEZ, radicado No. 73001-33-33-010-2024-00139-00, así como también las
actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 10 de diciembre de
2.024, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en
la primera consagrados.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

1 Índice 1 Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

3.1 De la actuación administrativa

El señor Rubén Darío Santacoloma López estuvo privado de la libertad entre el 19 de
julio de 2021 y el 9 de agosto de 2022 en la Permanente Central de la Policía
Metropolitana de Ibagué, tiempo en el que, dice, fue víctima de hacinamiento carcelario.

El 19 de enero de 2023, el señor Rubén Darío Santacoloma López presentó petición ante
la Policía Metropolitana de Ibagué para que se le informara sobre la capacidad total de la
Permanente Central para albergar personas privadas de la libertad y sobre la existencia
de posibles condiciones de hacinamiento.

Mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 de 19 de enero de 2023,
la Policía Metropolitana de Ibagué le informó al señor Santacoloma López que tenía un
cupo para máximo 46 personas privadas de la libertad y presentaba un hacinamiento
carcelario del 514%.

El 8 de abril de 2024, el señor Rubén Darío Santacoloma López presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos,
que fue declarada fallida el 7 de junio de 2024.

3.2 Del proceso de reparación directa

El 11 de junio de 2024, el señor Rubén Darío Santacoloma López presentó demanda de
reparación directa contra el municipio de Ibagué, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho,
Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para
que se les declarara responsables por los daños que sufrió mientras estuvo recluido en
la Unidad Permanente Central de la Policía de Ibagué, derivados del hacinamiento que
allí se presentaba, y se ordenara resarcirle los correspondientes perjuicios.

El asunto se adelantó bajo el radicado 73001-33-33-010-2024-00139-00 y correspondió
por reparto al Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, que por auto del 6 de agosto de
2024 rechazó la demanda por haber operado la caducidad.

Explicó que el demandante conoció del hacinamiento de la Unidad Permanente Central
de la Policía el 19 de julio de 2021 (que para ese año era de 514%), día en que ingresó
allí, por lo que a partir de esa fecha inició el conteo del término que tenía para promover
el medio de control de reparación directa, de ahí que debiera presentar la demanda antes
del 19 de julio de 2023, no obstante, elevó la solicitud de conciliación prejudicial el 8 de
abril de 2024 y la demanda el 12 de junio de ese mismo año, esto es, cuando ya había
operado el mencionado fenómeno procesal.

Inconforme, el señor Santacoloma López apeló y el Tribunal Administrativo del Tolima
con providencia del 14 de noviembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia,
básicamente por las mismas razones del a quo.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial y los argumentos
que invocó conciernen a las siguientes causales específicas:

Defecto sustantivo, a su juicio, las autoridades judiciales aplicaron de manera incorrecta
las normas sobre caducidad al afirmar que el término empezaba desde el 19 de julio de
2021 (fecha de ingreso al centro de detención), ignorando que el demandante no tuvo
certeza del hacinamiento sino hasta el 19 de enero de 2023, cuando recibió respuesta
oficial de la Policía Metropolitana de Ibagué y que, en todo caso había estado privado de
la libertad en condiciones de hacinamiento hasta el 9 de agosto de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

Defecto fáctico porque no se valoró adecuadamente el material probatorio allegado al
proceso ordinario, específicamente, el informe de la Policía Metropolitana de Ibagué del
19 de enero de 2023 que certificó el hacinamiento en el lugar de reclusión del accionante,
hecho que solo en ese momento le permitió conocer con certeza la existencia del daño.

Desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, las autoridades accionadas
inaplicaron los precedentes verticales proferidos por el Consejo de Estado2 y la Corte
Suprema de Justicia3 que determinaron que la caducidad en procesos reparación directa
concernientes a daños continuados inicia a contabilizarse desde que cesan los efectos
de estos, ya que es a partir de ese momento en que se tiene certeza de la magnitud del
hecho dañoso. En consecuencia, indicó que los 2 años con los que contaba para
promover la demanda iniciaron a contabilizarse cuando salió de la Unidad Permanente
Central de la Policía de Ibagué.

El actor también alegó que se presentó un desconocimiento del precedente horizontal,
por cuanto las entidades accionadas omitieron tener en cuenta las sentencias del Tribunal
Administrativo del Quindío del 8 de noviembre de 20244, del Tribunal Administrativo del
Tolima del 5 de septiembre de 20245 y del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, del 29 de enero de 20246, en las que se contabilizó el término de
caducidad cuando cesaron los efectos del hecho dañoso continuado.

Violación directa de la Constitución, señaló que las decisiones judiciales impugnadas
vulneraron directamente la Constitución, al impedir el acceso a la administración de
justicia y desconocer los derechos fundamentales del actor. Invocó la afectación al debido
proceso, la dignidad humana y el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrados en
los artículos 2, 13, 29 y 229 de la Constitución, y en instrumentos internacionales.

5. Intervenciones

El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué pidió que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela. Afirmó que el término de dos años previsto en el artículo 164 del
CPACA debía contarse desde el 19 de julio de 2021, fecha en la que el actor ingresó al
centro de reclusión y tuvo conocimiento del presunto hacinamiento. Indicó que la solicitud
de conciliación extrajudicial fue presentada el 8 de abril de 2024 y que la demanda se
radicó el 12 de junio del mismo año, por lo que el término legal ya se encontraba vencido.

Que su despacho aplicó los precedentes jurisprudenciales pertinentes, en particular la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que estableció que el
término debía contarse desde el hecho dañoso o desde la fecha en que el actor tuvo o
debió tener conocimiento del daño. Agregó que no existía un precedente unificado sobre
la caducidad en casos de hacinamiento carcelario y que, en consecuencia, el juez
ordinario conservaba plena autonomía interpretativa dentro de los márgenes legales.

El Tribunal Administrativo de Tolima solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela o, en subsidio, se denegara el amparo solicitado. Indicó que la tutela no
era la acción apropiada para controvertir decisiones judiciales legítimas ni para sustituir
los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

Señaló que la decisión adoptada el 14 de noviembre de 2024, con la que confirmó el
rechazo de la demanda de reparación directa por caducidad, se fundamentó en que el
término debía contarse desde el 19 de julio de 2021, fecha en la que el actor ingresó al
centro de detención. Consideró que desde ese momento eran evidentes las condiciones
de hacinamiento alegadas, y que no se trataba de un daño continuado. Concluyó que la

2 Sección tercera, Subsección C, Sentencia 6 de diciembre de 2022, expediente: 05001-23-31-000-2002-04829-01

(47148), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
3 Sentencia SC016-2018 de enero de 2018, expediente: 11001-31-03-010- 2011-00675-01, M.P. Álvaro Fernando

García Restrepo.
4 Radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.
5 Radicado 73001 33-33-001-2024-00124-01.
6 Radicado 05001 33 33 029 2019 00033 01.

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Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

demanda, presentada el 12 de junio de 2024, fue extemporánea.

El Ministerio de Defensa - Policía Nacional, defendió la legalidad de las decisiones
judiciales adoptadas por el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, al rechazar la demanda de reparación directa por caducidad.
Precisó que el actor conocía desde el momento de su ingreso a las instalaciones
policiales las condiciones de reclusión, por lo que el término para presentar la demanda
vencía el 19 de julio de 2023. Consideró que la solicitud de conciliación presentada en
abril de 2024 no suspendía un término ya expirado.

En consecuencia, consideró la demandante no probó una vulneración actual de derechos
fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable.

La Policía Metropolitana de Ibagué, solicitó declarara la improcedencia de la acción de
tutela y su desvinculación del presente proceso por la falta de legitimación en la causa
por pasiva. Manifestó que no le correspondía responder por el presunto daño sufrido por
el actor ni por las decisiones judiciales cuestionadas. Destacó que sus funciones no
incluían la administración penitenciaria, lo que excluía su responsabilidad frente a las
pretensiones planteadas.

Afirmó que, si bien el actor permaneció detenido en la Permanente Central de la Policía
entre julio de 2021 y agosto de 2022, las condiciones de reclusión eran responsabilidad
del INPEC, la Alcaldía de Ibagué y otras autoridades con competencia carcelaria,
conforme a la Ley 65 de 1993 y la jurisprudencia constitucional. Señaló que desde esa
unidad policial se emitieron comunicaciones reiteradas a las autoridades competentes
solicitando el traslado de los detenidos por razones de hacinamiento.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, solicitó que
se declarara improcedente el amparo solicitado, porque el el actor pretendía reabrir un
debate ya resuelto dentro del proceso de reparación directa, sin que se hubieran
cumplido los requisitos jurisprudenciales exigidos para admitir una tutela contra
providencias judiciales. Explicó que la tutela no podía usarse como una instancia
adicional del proceso ordinario ni como mecanismo para revivir términos o retrotraer
etapas ya agotadas. Indicó que no se configuró un perjuicio irremediable ni se cumplieron
las condiciones de inmediatez, urgencia o gravedad requeridas por la jurisprudencia
constitucional.

También, afirmó que no se acreditaron los defectos sustantivo, fáctico, ni procedimental
alegados por el demandante, y que tampoco existía una amenaza cierta, inminente o
grave a los derechos fundamentales alegados.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela dado su carácter subsidiario y residual, que existían
otros mecanismos judiciales, entre ellos el recurso extraordinario de revisión. Reiteró que
no se trataba de un perjuicio irremediable ni de una situación que hiciera ineficaz la
acción ordinaria disponible. También, argumentó que la tutela fue presentada sin
observar el principio de inmediatez, ya que no se justificó una afectación actual o
permanente.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitó que se denegaran las pretensiones de
la acción de tutela, ya que el actor intenta reabrir el proceso ordinario que caducó por no
haberse presentado la demanda dentro del plazo legal establecido. También, pidió que
se desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues a su
juicio, no tenía competencia sobre el manejo interno de los centros de reclusión ni
responsabilidad directa sobre las condiciones de detención, funciones atribuidas al
INPEC.

Afirmó que la demanda de reparación directa fue presentada por fuera del término legal,
ya que el actor tuvo conocimiento del hacinamiento desde su ingreso al centro de

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detención el 19 de julio de 2021, en consecuencia, se configuró la caducidad de la acción.
De ese modo, señaló que debían mantenerse las decisiones de los jueces ordinarios.

El Alcalde del municipio de Ibagué, el Gobernador del Tolima y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunciaron sobre la acción de tutela, a pesar
de haber sido debidamente notificados.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 19 de junio de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional. Explicó que el debate planteado por el accionante ya había sido abordado
y resuelto por las autoridades judiciales en el proceso ordinario, y que la tutela no podía
convertirse en una instancia adicional para reabrir discusiones de legalidad.

7. Impugnación

El demandante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revocara y, en
su lugar, se ampararán sus derechos fundamentales. Señaló que el daño derivado del
hacinamiento carcelario no podía considerarse de ejecución instantánea, sino de carácter
continuado, por lo que el término de caducidad debía contarse desde la cesación del
daño o desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento cierto de su
configuración.

El actor argumentó que no existía prueba que demostrara que conoció desde el primer
día su situación de hacinamiento, y que el rechazo de la demanda por caducidad impidió
injustificadamente el acceso a la administración de justicia. Citó jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que reconoció la naturaleza sistemática
y estructural del hacinamiento carcelario, así como la necesidad de flexibilizar el cómputo
del término de caducidad en casos de daño sucesivo.

Además, invocó precedentes7 diferentes a los mencionados en el escrito de tutela, en los
que, dice, se concedió el amparo por defecto fáctico al haberse omitido el análisis
probatorio sobre el momento real de conocimiento del daño. Reiteró que el paso del
tiempo no podía operar en contra de quien no tuvo acceso efectivo a la justicia por
razones materiales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, revocar o modificar la decisión
tomada en primera instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que
declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Rubén Darío
Santacoloma López por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia. En efecto, la acción de
tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto el
demandante pretende discutir aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural en el
proceso ordinario.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-

01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia 19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-
00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 29 de enero de 2020, exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01,
C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; sentencia 6 de diciembre de 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01. Corte
Constitucional, Sentencia T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; Corte Constitucional, Sentencia SU-122 de
2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0010, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión del expediente, la Sala advierte que con los argumentos expuestos por el
actor en la solicitud de amparo pretende insistir en que debió admitirse la demanda de
reparación directa No. 73001-33-33-010-2024-00139-00/01, toda vez que, a su juicio, el
hecho dañoso allí discutido fue continuado, pues sufrió hacinamiento entre el 19 de julio
de 2021 y el 9 de agosto de 2022 en la Permanente Central de la Policía Metropolitana
de Ibagué, de manera que el término de caducidad debía contabilizarse desde el día
siguiente de esta última fecha, es decir, cuando salió del centro de detención o desde
que tuvo conocimiento del daño.

Básicamente, en el aludido proceso y en la acción de tutela de la referencia, el
demandante señaló que se debía admitir la demanda de reparación directa, pues los

8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
10 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

entes jurisdiccionales contabilizaron de forma equivocada el plazo que tenía para
promover el medio de control de reparación directa.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 6
de agosto de 2024, con el que el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué rechazó por
caducidad la demanda de reparación directa, se lee lo siguiente (se transcriben los
apartes pertinentes del resumen realizado):
“…En consideración a lo anterior, el término para contabilizar la caducidad del presente medio de control
se contabilizará a partir de la fecha en la cual el señor Rubén Darío Santacoloma ingreso a las
instalaciones del Permanente Central de Ibagué, es decir, el 19/07/2021; por lo que el término se
empezará a contabilizar a partir del día 20 del mismo mes y año, razón por la cual, la demanda podía
ser radicada hasta el 19/07/2023, es decir, que cuando radica la solicitud de conciliación extrajudicial el
08/04/2024, la constancia se expidió el 7/06/2024; y como quiera que el presente medio de control fue
radicado en la oficina de reparto el 12/06/20243 , es claro que se presentó por fuera del término
otorgado por la ley…”

No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño continuado o
de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento de la detención del directo afectado
en la Permanente Central de la Policía de Ibagué, por cuanto el daño se prolongó durante todos los
meses que el detenido estuvo recluido en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto,
desde su captura hasta el día en el que fue removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del
hacinamiento carcelario.

[…] Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión, corresponde a la vulneración
de derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central, el cual se
extendió en el tiempo para el privado de la libertad RUBEN DARIO SANTACOLOMA, desde el día 19
julio de 2.021 hasta el día 09 de agosto de 2.022, día en el que salió de la permanente central, es decir,
por más de 13 meses, prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir las
consecuencias del hacinamiento.

No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la referencia
la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita
procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Permanente Central, día en el que cesó el
perjuicio por causa del hacinamiento.

Por su parte, en la acción de tutela y en la impugnación el accionante insistió en se debía
admitir la demanda de reparación directa pues el término para configurarse la caducidad
de la acción iniciaba a partir del día siguiente de su salida del centro de detención por
tratarse de un daño continuado. En lo pertinente, el escrito de tutela dice:
[…] De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad debe ser calculado desde el día siguiente a la
cesación del daño continuado, es decir, el 10 de agosto de 2022, a partir del cual transcurrieron 1 año,
7 meses y 29 días, hasta que el accionante radicó solicitud de conciliación extrajudicial para agotar el
requisito de procedibilidad, esto es, el 8 de abril de 2024, cuando faltaban 4 meses y 1 día para la
configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término hasta que la constancia del trámite de
conciliación fue expedida, que lo fue el 7 de junio de 2024; a partir del día siguiente se reanudó el
cómputo por los días que faltaban al momento de presentar la solicitud de conciliación, por lo que la
caducidad del medio de control operaba el 9 de octubre de 2024.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el 11 de junio de
2024, es evidente que fue radicada antes de la configuración de la caducidad; es decir que este
fenómeno procesal no operó el 20 de julio de 2023, como se determinó en el fallo, y que el medio de
control se ejerció dentro de la oportunidad establecida en la ley, por lo que no hay lugar a declarar el
fenómeno jurídico de la caducidad.

No obstante lo anterior, si el criterio que se debe adoptar para contabilizar el término de caducidad del
medio de control de reparación directa, en tratándose de indemnización por el estado de hacinamiento
que sufre la persona privada de la libertad, es el de que tal término corre a partir del momento en que
este se percata de dicho estado de hacinamiento, tampoco procedería la declaratoria de caducidad en
el caso bajo estudio, puesto que el accionante sólo vino a tener conocimiento cierto de esa situación
una vez la Policía Metropolitana de Ibagué – Distrito Uno de Ibagué contestó el 19 de enero de 2.023,
mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25, que las instalaciones estaban
diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20
PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022. […]

En este caso, los operadores jurídicos interpretaron el término de caducidad de manera restrictiva y
formalista, ignorando que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que, en

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

asuntos donde se debate la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos fundamentales
en un contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso
efectivo a la justicia y la reparación integral del daño sufrido. Al adoptar una postura excesivamente
rígida y apartada del contenido sustancial del derecho fundamental comprometido, la decisión judicial
desconoció la obligación de garantizar un debido proceso con fundamento en principios de justicia
material.

[…] Pese a que la dignidad humana es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y debe
orientar la interpretación de todas las normas jurídicas, la decisión judicial desconoció que el accionante
había sido sometido a condiciones inhumanas de detención que no estaba en el deber de soportar y
que el Estado tenía la obligación de garantizarle un trato digno, desatendiendo la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el
deber del Estado de garantizar condiciones dignas en los centros de detención, y desconociendo el
carácter continuado del daño sufrido por el actor, aplicando de manera errónea el cómputo del término
de caducidad, sin tener en cuenta que la suspensión de dicho término inició con la solicitud de
conciliación extrajudicial.

[…] En relación con los daños de carácter continuado o sucesivo, la afectación no ocurre en un solo
instante, sino que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente, generando un perjuicio
constante para la víctima, y, en consecuencia, el término de dos años para interponer la demanda de
reparación directa debe computarse a partir del día siguiente en que cesó el daño continuado, es decir
que la contabilización del término de caducidad del medio de control comienza cuando el daño
continuado ha finalizado, o desde el momento en que el afectado adquiere conocimiento de la existencia
del daño y de su derecho a reclamar.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Tolima, en
providencia del 14 de noviembre de 2024 que, en lo que interesa, señaló:

[…] Observa esta colegiatura que el Señor Rubén Darío Santacoloma fue capturado el 19 de julio de
2021, de acuerdo con la boleta de captura No. 584 proferida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal
de Control de Garantías de Ibagué, por el delito de hurto calificado, motivo por el cual permaneció
privado de la libertad en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué, Tolima hasta el 9 de
agosto de 2022, el cual durante el tiempo de detención se encontraba con un porcentaje de
hacinamiento del 514%, por lo que según afirma la parte actora, presentó una constante vulneración a
sus derechos humanos y fundamentales, ocasionando tanto al accionante, como a su familia sufrimiento
moral y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos.

Por lo anterior, el cual el 8 de abril de 2024 realizó solicitud de conciliación a la Procuraduría General
de la Nación, quien mediante acta del 7 de junio de 2024 declaró fallida esta etapa, por tal motivo el 12
de julio el apoderado de la parte actora instauró demanda del medio de control de reparación directa, la
cual fue rechazada por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué al considerar que
operó el fenómeno jurídico de la caducidad para el presente medio de control, que se encontraba vigente
hasta el 20 de julio 2023.

Inconforme con la decisión el apoderado de la parte demandante en sede de apelación argumentó que
contabilizar el término del fenómeno de la caducidad deja por fuera de la órbita procesal el último día
en el que el accionante se encontró recluido en el centro de detención transitoria, teniendo en cuenta
que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento al momento de salir del centro de detención
transitoria, es decir el 9 de agosto de 2022, por tanto, afirmó que desde dicha fecha se debe contabilizar
el término de la caducidad de la acción de reparación directa.

A fin de establecer el término de caducidad es importante precisar si se está ante un daño instantáneo
o un daño continuado, al respecto el Consejo de Estado ha manifestado de forma reiterada que la
doctrina ha diferenciado entre daño instantáneo o inmediato; y daño continuado o de tracto sucesivo;
por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento
preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, como tal,
existe únicamente en el momento en que se produce. Por su parte el daño continuado o de tracto
sucesivo se entiende como aquél que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua o intermitente,
sin embargo, resaltó que, la prolongación en el tiempo no se predica de los efectos de éste o si se quiere
de los perjuicios causados, sino del daño como tal 11 .

Atendiendo el anterior concepto, se debe precisar que en el presente asunto se está ante un daño
instantáneo cuyos efectos se extienden en el tiempo, por tanto, atendiendo el precepto jurisprudencial
establecido por el H. Consejo de Estado se tiene que el término de caducidad de la acción de reparación
directa se debe contar desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la
vulneración de los derechos, al respecto el H. Consejo de Estado ha indicado que:

11 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Fallo del 18 de octubre de 2007.

Radicación número: 25000-23- 27-000-2001-00029-01(AG). Consejero ponente: Enrique Gil Botero.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

“Como quiera que la acción de reparación directa pretende el resarcimiento o indemnización de un
daño, no resultaría plausible que el lapso de tiempo para presentar la demanda correspondiente se
contabilice cuando dicho daño no se genera o no se hace visible de manera concomitante con
cualquiera de los eventos transcritos, motivo por el cual, ha sostenido la jurisprudencia de esta
Corporación que en dichos casos, el tiempo para la configuración del fenómeno procesal de la
caducidad inicia para quien se encuentra llamado a acudir a la jurisdicción, desde el momento en
que tuvo conocimiento del daño aludido o, en otras palabras, desde que éste se le hizo advertible” 12

Así las cosas, es preciso indicar que no son de recibo para esta Sala los argumentos esbozados por el
apoderado de la parte activa, toda vez que a la luz de la Jurisprudencia del Consejo de Estado el
cómputo del término de caducidad se debe iniciar a partir del momento en el cual se tuvo certeza de la
ocurrencia del hecho4 , por tanto, como lo afirmó el juez de primera instancia, la fecha en la que se
debe iniciar a contabilizar el término de caducidad del presente medio de control es el 19 de julio de
2021, fecha en la que el señor Rubén Darío Santacoloma ingresó a la Central Permanente de la Policía
de Ibagué, toda vez que desde ese momento fue visible o advertible las condiciones de hacinamiento
del sitio de detención preventiva y las consecuencias que podría conllevar su estancia en el centro de
detención preventiva.

En consecuencia, la posibilidad de interponer la demanda se encontraba vigente hasta el 20 de julio de
2023, por tal motivo, al solicitar la audiencia de conciliación el 8 de abril de 2024 y al radicar la demanda
el 12 de junio de 2024, ya se había configurado el término de caducidad del medio de control de
Reparación Directa.

Como se ve, con los argumentos expuestos por el demandante en la solicitud de amparo
se pretende continuar el debate jurídico que planteó en el trámite de la demanda de
reparación directa No. 73001-33-33-010-2024-00139-00/01 para su admisión, y reiterar
su inconformidad respecto al conteo del término de caducidad del medio de control.
Insiste en que se trataba de un daño continuado (pues lo padeció durante su privación
de la libertad en la Unidad Permanente Central de la Policía de Ibagué) y, por lo tanto, el
término de caducidad solo debió iniciar cuando salió del centro de detención.

Si bien el actor alega la configuración de un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente, lo cierto es que invoca esas causales específicas con el propósito de
insistir en los argumentos que expuso en el recurso de apelación interpuesto contra el
auto de primera instancia y que confirmó el a quo.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso contencioso administrativo, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.

Finalmente, la Sala no pasa por alto que con la impugnación el demandante también citó
sentencias13 de tutela dictadas por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación
con contornos fácticos similares a los estudiados en este asunto en los que fueron
amparados los derechos fundamentales de los accionantes, sin embargo, no serán
estudiados por cuanto constituyen argumentos nuevos que no fueron planteados en la
demanda de tutela respecto de los cuales la autoridad judicial demandada no pudo
ejercer su derecho de defensa, sumado a que, se trata de providencias judiciales dictadas
con posteridad (5 y 19 de mayo de 2025) y a la cuestionada (14 de noviembre de 2024)14.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
demandante.

12 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Fallo del 30 de enero de 2013.
Radicación número: 25000-23-26- 000-1997-05265-01(22867). Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-

01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia 19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-
00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
14 Con todo la Sala encuentra que, la posición expuesta por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado

en esas providencias no constituye una posición pacifica al interior de esa Sección, pues, de hecho, la providencia
impugnada fue dictada por la Subsección B y declaró improcedente la solicitud de amparo y, en el expediente
11001031500020250192700 la Subsección C, también declaró improcedente una acción de tutela con supuestos
fácticos similares.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02108-01
Demandante: Rubén Darío Santacoloma López

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con la motivación.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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