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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01927-00

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01927-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Lenin Cortés Herrera en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01927-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01927-00
Accionante: Lenin Cortés Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01927-00
Accionante: Lenin Cortés Herrera
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué
Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Lenin Cortés
Herrera en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Lenin Cortés Herrera, a través de apoderada judicial1, presentó escrito de tutela en
el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, y de los principios “pro damato” y “pro
homine”, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima
y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, con ocasión de los autos
proferidos el 3 de octubre y 27 de junio de 2024, respectivamente, en el trámite del
medio de control de reparación directa identificado bajo el radicado núm. 73001-33-
33-009-2024-00145-00/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 4ADA74DC9F2866C3 2979F43C67D3E34A
2A943B97C37C4696 D750BA10AAD47D62.
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300920240014501730
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Accionante: Lenin Cortés Herrera

2.1. El actor manifestó que permaneció detenido en las instalaciones de la Central
de Policía de Ibagué, desde el 6 de abril de 2021 hasta el 21 de diciembre del mismo
año.

2.2. Posteriormente, se enteró que presuntamente había permanecido en estado de
hacinamiento, por lo que el 17 de enero de 2023 presentó un escrito ante la Policía
Metropolitana de Ibagué en el que solicitó conocer cuál era la capacidad con la que
contaba la central en la que estuvo recluido.

Posteriormente, el 19 de enero del mismo año, la institución le remitió un informe en
el que explicó que tales instalaciones estaban dispuestas con cupo máximo de 46
personas, por lo que el porcentaje de hacinamiento era de 514%, por lo que
consideró que a partir de tal fecha tuvo pleno conocimiento del daño que padeció
durante el tiempo que estuvo privado de la libertad.

2.3. Por lo anterior, el actor presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría
General de la Nación, la cual se celebró el 7 de marzo de 2024, que fue declarada
fallida, por lo que se reanudó el término de caducidad.

2.4. En ese orden de ideas, la parte actora presentó demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección de
Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, la Nación-Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Nación-Fiscalía General de la Nación, la Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional, el municipio de Ibagué y el departamento del Tolima,
con la pretensión de declarar su responsabilidad respecto del hacinamiento que
sufrió durante su privación de la libertad, así como el consecuente pago de
perjuicios de orden material y moral que haya lugar.

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Medellín, autoridad que profirió auto del 27 de junio de 2024 en el que
rechazó la demanda al configurarse el fenómeno de la caducidad.

2.5. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo de Ibagué, autoridad judicial que, en providencia de fecha
el 3 de octubre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. En su demanda de tutela la parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a los principios “pro damato” y “pro homine”. Como consecuencia de ello,
pidió ii) dejar sin efectos las providencias dictadas el 27 de junio y 3 de octubre de
2024 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo de Tolima, respectivamente, y las actuaciones posteriores a ellas, así

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Accionante: Lenin Cortés Herrera

como iii) ordenar al Tribunal accionado proferir proveído de reemplazo, con el fin de
que cese la vulneración de los derechos fundamentales del actor.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la parte
accionada incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, en lo atiente
al criterio adoptado en materia de hacinamiento carcelario, por lo que destacó el
contenido de la sentencia proferida por esta Subsección el 6 de diciembre de 2022 3,
pues consideró que el Tribunal accionado desconoció el criterio adoptado por esta
Colegiatura, porque la fecha del conocimiento del daño en casos de hacinamiento
es a partir de que la víctima se percata de ello, y no desde el primer día en el que
ingresó al establecimiento carcelario.

Adicionalmente, indicó que, en un caso con similitud fáctica al presente, esta
Corporación4 estableció que, cuando el daño se asocia o vincula a condiciones
derivadas del hacinamiento, este es continuado.

Por tanto, el desconocimiento de esta posición jurisprudencial conllevó a la
vulneración de los principios “pro homine”, dado que, al existir varias
interpretaciones posibles de una norma, debe darse aplicación a la más favorable,
situación que en el presente caso no ocurrió, así como el principio “pro damato”, el
cual preceptúa que en caso de duda sobre el cumplimiento de los requisitos o
presupuestos de la demanda o del medio de control, este principio permite que la
demanda se admita sin perjuicio de que el juez en momento procesal posterior y
previo análisis del material probatorio, vuelva sobre el punto y decida sobre el
mismo, omisión atribuible a la autoridad judicial accionada.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 4 de abril de 20255, se admitió la demanda de tutela, se
dispuso la vinculación como terceros con interés al municipio de Ibagué, al
departamento del Tolima, a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al Instituto Carcelario y Penitenciario –INPEC-, a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, a la Nación, Ministerio de
Justicia y del Derecho y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional;
asimismo, se ofició al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito para que remitieran al trámite constitucional el expediente
identificado bajo el radicado núm. 73001- 33-33-009-2024-00145-00/01 y reconoció
personería a la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez, como apoderada de la
parte accionante.

3 Radicado núm. 05001-23-31-000-2002-04829-01 [47.148]
4 Radicado núm. 70001-23-33-000- 2014-00186-01
5Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. A9CD0FD24390821B 84CA8E1F213EAFEF

AE5FC63302A595C4 F6AE164C516AD0FA.
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Accionante: Lenin Cortés Herrera

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué6 aportó las
actuaciones del proceso ordinario. Frente a los hechos origen de la acción,
manifestó que la decisión adoptada se fundó en el criterio jurisprudencial vigente en
el Consejo de Estado frente al tema en debate, por lo que hizo énfasis en el hecho
de que al momento en que la parte accionante acudió ante la Procuraduría General
de la Nación para celebrar la audiencia de conciliación extrajudicial, ya se había
configurado la caducidad.

Por tanto, su actuación no constituyó una vía de hecho, ni se enmarcó en ninguna
de las causales generales o específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, pues no se advirtió que los argumentos que
sustentaron el rechazo de la demanda hayan sido arbitrarios ni que carecieran de
soporte legal.

4.3. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional7 indicó que, una
vez revisados los argumentos expuestos en el escrito de tutela, no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, toda vez que el actor
cimentó la vulneración de sus derechos a partir de las providencias proferidas en el
trámite del medio de control de reparación directa, más no por alguna acción u
omisión atribuible a la entidad.

4.4. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC8 solicitó
declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, al advertirse que el asunto
controvertido por la parte actora ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial
accionada y que la acción constitucional tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales, situación
que en el presente asunto no se configuró.

Agregó que las pretensiones tienen su origen en un debate estrictamente legal y
probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa, en
específico, la forma en la que se efectúa el cómputo de la caducidad del mencionado
medio de control en los casos en que se presenta hacinamiento, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

6 Índices 00008, 00012, 00013 con certificados núms. 7F96E95D4AABD084 1D0C7F9E343C6EBF
0ED88526CEDE5721 E5499DBA5B79FFD2, CAA9EABBC6C7A337 25E6F5D272C508A2
96E8F6F83EAB8197 55C3AB7F5DC456E3, CAA9EABBC6C7A337 25E6F5D272C508A2
96E8F6F83EAB8197 55C3AB7F5DC456E3.
7 Índices 00009, 00015 del aplicativo SAMAI, con certificado núms. 6AEA76CD2C6E6C20 A8A99F0109F0BC54

065F2FF1CCC412C3 39078DD71F0CA446, D3596C60CA851B72 3D3BCB36ABCA3060
EA802982CDE6FA01 B36073F77FF1A24A
8 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. E55D3AAEFC5C60AE 70256E53A452AE18

58774C866A7ACDB5 5E41BD468D1DD0F4.
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Accionante: Lenin Cortés Herrera

4.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho9 consideró que, por una parte, el actor
pretendió usar la acción constitucional como una tercera instancia ante la
discrepancia frente a la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada y, por
otra, carece de legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, al no
lograrse atribuir una conducta por acción u omisión que trasgrediera las garantías
fundamentales del accionante.

Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción.

4.6. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC10 indicó que no ha
vulnerado ni afectado los derechos fundamentales del accionante, por cuanto el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo
el Tolima, fueron las autoridades que profirieron los autos atacados. Por lo anterior,
solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva en el presente
asunto.

4.7. El Tribunal Administrativo del Tolima11 expuso que las actuaciones y en
especial, lo que respecta a la obligación legal conferida a esa corporación, se dio
cumplimiento a todas y cada una de las actuaciones que, el expediente ordinario ha
requerido.

En lo referente al debido proceso argüido por el tutelante como trasgredido, la
autoridad judicial brindó todas las garantías formales y materiales contempladas en
el artículo 29 de la Constitución Política. Además, el proceso se fundó en las
pruebas allegadas al plenario y precedentes recientes, requisitos estos que, al
haberse cumplido, hacen improcedente la acción tutelar de la referencia.

4.8. El municipio de Ibagué12 solicitó declarar la improcedencia de la acción
constitucional, bajo el entendido de que no existió vulneración de los derechos
fundamentales del actor por parte del ente territorial, dado que, no se acreditó
conducta alguna atribuible que pudiera constituir una violación a las garantías
invocadas por aquél.

Adicionalmente, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues no fue responsable de la presunta vulneración u amenaza de los derechos
fundamentales mencionados.

9 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 61463520EF4A30B6 047593F46B4EAA72
D947DD1146A3BEFF 2A867D30508D900D.
10 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 80852996C7EF67EF 5373821E7D442C5E

CEDB9141A2001E6E A06A9AD988E304B0.
11 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8A6664B0DF5FA386 327D858C60AE0CFC

29B878D4404CF8F4 0BB19D18D30A1B7E.
12 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 39E8023C65425825 E33F040798F50B3E

5E9A981110628310 41ABF9E9BAC6AE0D
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Accionante: Lenin Cortés Herrera

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Lenin
Cortés Herrera al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado
que actuó como demandante en el trámite del medio de control de reparación directa
adelantado bajo el radicado núm. 73001-33-33-009-2024-00145-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Ibagué, por cuanto actuaron como jueces dentro del proceso mencionado, y fue su
actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de su garantía
constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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carácter general, que habilitan la interposición de la tutela14 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Lenin Cortés Herrera

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto18.

18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que el actor argumentó que la parte
accionada incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencia, en razón
a que no dio aplicación al criterio adoptado por el Órgano de cierre en lo referente
al cómputo de la caducidad para ejercer el medio de control de reparación directa,
cuando se busca resarcir el daño derivado por el hacinamiento carcelario; pues su
contabilización debe iniciarse a partir de que la víctima se percata de ello, y no desde
el primer día en el que ingresó al establecimiento carcelario.

Adicionalmente, indicó que, en un caso con similitud fáctica al presente, esta
Corporación19 estableció que, cuando el daño se asocia o vincula a condiciones
derivadas del hacinamiento, este es continuado.

Finalmente, consideró que esta omisión conllevó a la vulneración de los principios
“pro homine” y “pro damato”.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en el auto de segunda
instancia dictado por el Tribunal Administrativo del Tolima, que puso fin a la
actuación ordinaria, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte
que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“(…) De acuerdo con lo narrado en el libelo introductorio, los hechos que
originan el presente contencioso de reparación directa acontecieron el
pasado 06 de abril del 2021, cuando el señor Lenin Cortés Herrera fue
capturado por el delito de “Concierto para delinquir en calidad de autor, en
concurso heterogéneo con hurto por medios informáticos, en concurso
homogéneo (siete eventos) en calidad de coautor” y remitido a las
instalaciones de la permanente de la Policía de Ibagué – Tolima, donde
estuvo recluido hasta el 21 de diciembre de 2021 momento en el que fue
recibido por el INPEC, sufriendo perjuicios causados por las condiciones de
hacinamiento del establecimiento policial, razón por la cual, interpuso
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y otros.

(…)

Conforme a lo anterior, determina la Sala que la controversia propuesta
recae sobre el momento en que debe iniciarse la contabilización del término
de caducidad, es decir, desde el daño cesó o desde cuando se tuvo
conocimiento del mismo.

De conformidad con lo señalado en el acápite normativo y jurisprudencial de
esta providencia, por regla general la demanda en el medio de control de
reparación directa debe ser presentada dentro de los dos años contados a
partir del hecho que da origen al daño, por lo que, para la mayoría de casos

19 Radicado núm. 70001-23-33-000- 2014-00186-01

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Accionante: Lenin Cortés Herrera

simplemente bastaría con verificar el día en el que ocurre el hecho u omisión
para proceder a contabilizar el plazo señalado a partir del mismo.

(…)

Por otro lado, en lo que refiere a la contabilización de la caducidad del medio
de control de reparación directa cuando se trata de daño continuado, la Corte
Constitucional en sentencia del 201620 mencionó: “(…) el cómputo del
término de caducidad de la acción de reparación directa inicia una vez aquel
ha finalizado, a menos que el afectado lo hubiera conocido tiempo después,
caso en el cual aplica la regla mencionada del conocimiento del daño”.

Pese a lo anterior, en providencia del 27 de agosto de 202021, el Consejo de
Estado aseveró qué, “(…) es preciso concluir que el término para contar la
caducidad no puede extenderse indefinidamente, ni depender de la voluntad
de los interesados en accionar y no es posible, so pretexto de aplicar un
enfoque constitucional, desatender la aplicación de normas de orden
público que materializan el derecho fundamental constitucional del
debido proceso, afectando de paso la seguridad jurídica, cuando lo que
resulta procedente es la valoración de cada caso con sus particularidades
concretas”. (Resalta la sala). En estas condiciones se debe tomar como
punto para empezar la contabilización del término para interponer el medio
de control, ya sea el acaecimiento del hecho o el conocimiento que tuvo el
perjudicado del daño.

A fin de dar resolución a la litis, esta Sala considera prudente traer a colación
el deber que recae sobre el fallador de respetar los fundamentos jurídicos
mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores, siendo
esto denominado, “precedente judicial obligatorio”, al respecto el Consejo de
Estado advirtió que, “(…)se ha entendido tanto por la doctrina como por
nuestro tribunal constitucional que el juez está atado a sus decisiones, y en
específico, a las de sus superiores jerárquicos -precedente vertical - para
fallar casos similares”22.

Consecuente a esto, pese a que la doctrina jurisprudencial que ha analizado
la controversia aquí planteada cita normas del CCA la misma es de
aplicación al presente asunto pues la norma conserva el mismo espíritu de
la normatividad actualmente vigente sobre la reparación directa y el
hacinamiento carcelario, por lo que esta Sala se permite citar. En sentencia
proferida el 06 de diciembre de 202223, se dijo:

“El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el
término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar.
Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para
que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las
autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese
término perentorio fijado por la ley. (…)

20 Corte Constitucional. Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Exp. T-5.402.361
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera-subsección A. Consejera
Ponente: María Adriana Marín. 27 de agosto de 2020. Rad. No. 25000-23-26-000-2009-00508-01(46706)
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección quinta. Consejera Ponente: Rocío Araujo

Oñate. 11 de febrero de 2016. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-03358-00(AC)
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, consejero

ponente: Guillermo Sánchez Luque, providencia del seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022),
Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), Actor: William Alberto Molina Sánchez y otros,
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario-Inpec y otros, referencia: acción de reparación
directa, excepciones.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01927-00
Accionante: Lenin Cortés Herrera

El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma
de orden público –y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC
hoy retomado por el art. 13 CGP)– de la que no pueden disponer los jueces
ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el
interés general.

Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese
precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano
debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte,
la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser
objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá
expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que
no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.

Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo
44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar
que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la
protección del interés general, de modo que su configuración impide el
ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También
señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible
y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su
ocurrencia.

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del
término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del
daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin
hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta
verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa
para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera
podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se
debe contar desde que tuvo conocimiento de este.

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del
término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la
conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño.” (Resalta la Sala)”

En conclusión, al efectuar el estudio del libelo de la demanda y las normas citadas
el Tribunal concluyó que en el asunto se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control de reparación directa, debido a que el señor Lenin
Cortés Herrera tuvo conocimiento de las condiciones públicas de hacinamiento en
las que se encontraba la Permanente de Ibagué – Tolima desde el momento en el
que fue ingresado, lo cual ocurrió, según las pruebas allegadas, el 6 de abril de
2021, por lo que al presentar la solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de
diciembre de 2023, el término de 2 años para presentar la acción se encontraba
ampliamente superado.

Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad,
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que
se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01927-00
Accionante: Lenin Cortés Herrera

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración24.

5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con
el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya demostrado la
violación de los derechos fundamentales para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del proceso de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal
y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario respecto al conteo de
la caducidad, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.4. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente citado en la solicitud
de amparo presentada, consistente en la omisión de la aplicación al caso concreto
el contenido de varios pronunciamientos de esta Corporación relacionada con el
término de contabilización para acudir a la jurisdicción, cuando se presenta
hacinamiento, la Sala precisa que el precedente25 se constituye en un pilar del
Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del
ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean
razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de
protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de
resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios

24 Sentencia SU215 de 2022.
25 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01927-00
Accionante: Lenin Cortés Herrera

judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”26.

Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada, en casos con
identidad fáctica a la del presente caso, esta atañe a un pronunciamiento judicial,
sin que por el hecho de que verse en los mismos hechos, ello permita concluir que
constituye precedente horizontal con fuerza vinculante y obligatoria de una
sentencia de unificación. Por tanto, no se puede atribuir que estas providencias
componen un precedente en el cual, el juez natural de la causa debió basar su
estudio, dado que, no existe una posición unificada frente al tema, por lo tanto,
prevalece el principio de autonomía judicial.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos fallos, así
como la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una
contradicción con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga
argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su
análisis de fondo en la presente decisión.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada27, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario28.

26 Ibidem.
27 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01927-00
Accionante: Lenin Cortés Herrera

Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, por lo que procederá a declarar la improcedencia de
la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Lenin Cortés Herrera en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

LMMT

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