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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02062-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02062-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con la motivación. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02062-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

31 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02062-01
Demandante: RICARDO ROA ESCARRAGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Caducidad del medio de control. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional. Reiteración de argumentos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 26 de
mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 8 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada judicial,
Ricardo Roa Escarraga pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del accionante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de las providencias del 21 de junio de 2024 y 17 de octubre de 2024, dictadas
por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima,
respectivamente, que rechazaron por caducidad la demanda de reparación directa
73001-33-33-009-2024-00140-00/01.

2. Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia,
declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué el 21 de junio de 2024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 17 de octubre de 2024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de RICARDO ROA ESCARRAGA,
radicado No. 73001-33-33-009-2024-00140-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo,
tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 29 de noviembre de 2024, y subsiguientes, proferidos
por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en
la primera consagrados.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

1 Índice 1 Samai.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

3.1 De la actuación administrativa

El señor Ricardo Roa Escarraga estuvo privado de la libertad entre el 27 de marzo de
2021 y el 12 de abril de 2022 en la Permanente Central de la Policía Metropolitana de
Ibagué, tiempo en el que, dice, fue víctima de hacinamiento carcelario.

El 17 de enero de 2023, el señor Roa Escarraga presentó petición ante la Policía
Metropolitana de Ibagué para que se le informara sobre la capacidad total de la
Permanente Central para albergar personas privadas de la libertad y sobre la existencia
de posibles condiciones de hacinamiento.

Mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 de 19 de enero de 2023,
la Policía Metropolitana de Ibagué le informó que para el periodo en que el señor Ricardo
Roa Escarraga estuvo privado de su libertad se presentó un nivel de hacinamiento
carcelario del 514%.

El 18 de diciembre de 2023, el señor Roa Escarraga presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 163 judicial II para Asuntos Administrativos que fue
declarada fallida el 7 de marzo de 2024.

3.2 Del proceso de reparación directa

El 11 de marzo de 2024, el señor Roa Escarraga presentó demanda de reparación directa
contra el municipio de Ibagué, Rama Judicial - Dirección de Administración Judicial,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios (USPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho, Nación - Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara
responsables por los daños que sufrió mientras estuvo recluido en la Unidad Permanente
Central de la Policía de Ibagué, derivados del hacinamiento que allí se presentaba, y se
ordenara resarcirle los correspondientes perjuicios.

El asunto se adelantó bajo el radicado 73001333300920240014000 y correspondió por
reparto al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, que por auto del 21 de junio de
2024 rechazó la demanda por haber operado la caducidad.

Explicó que el demandante conoció del hacinamiento de la Unidad Permanente Central
de la Policía el 27 de marzo de 2021 (que para ese año era de 514%), día en que ingresó
allí, por lo que a partir de esa fecha inició el conteo del lapso que tenía para promover el
medio de control de reparación directa, de ahí que debiera presentar la demanda antes
del 28 de marzo de 2023, no obstante, el actor solicitó la conciliación prejudicial el 18 de
diciembre de 2023, esto es, cuando ya había operado el mencionado fenómeno procesal.

Inconforme, el señor Ricardo Roa Escarraga apeló y el Tribunal Administrativo del Tolima
con auto del 17 de octubre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia,
básicamente por las mismas razones expuestas por el a quo.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial y los argumentos
que invocó conciernen a las siguientes causales específicas:

Defecto sustantivo, a su juicio, las autoridades judiciales interpretaron de manera
errónea de las normas procesales sobre caducidad del medio de control de reparación
directa. Dijo que el hacinamiento fue continuado, pues sucedió durante el tiempo que se
encontró recluido en el centro de detención, por lo que, de conformidad con la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

jurisprudencia del Consejo de Estado2, el cómputo de caducidad debía contarse desde
que cesó el daño o desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento efectivo del
mismo.

Defecto fáctico porque no se valoró adecuadamente el material probatorio allegado al
proceso ordinario, específicamente, el informe de la Policía Metropolitana de Ibagué del
19 de enero de 2023 que certificó el hacinamiento en el lugar de reclusión del accionante,
hecho que solo en ese momento le permitió conocer con certeza la existencia del daño.

Desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, las autoridades accionadas
inaplicaron el criterio de la Corte Suprema de Justicia3 y del Consejo de Estado4, según
el cual la caducidad en procesos reparación directa concernientes a daños continuados
inicia a contabilizarse desde que cesan los efectos de estos, ya que es a partir de ese
momento en que se tiene certeza de la magnitud del hecho dañoso. En consecuencia,
indicó que los 2 años con los que contaba para promover la demanda iniciaron a
contabilizarse cuando salió de la Unidad Permanente Central de la Policía de Ibagué.

El actor también alegó que se presentó un desconocimiento del precedente horizontal,
por cuanto las entidades accionadas omitieron tener en cuenta las sentencias del Tribunal
Administrativo del Quindío del 8 de noviembre de 20245, del Tribunal Administrativo del
Tolima del 5 de septiembre de 20246 y del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, del 29 de enero de 20247, en las que se contabilizó el término de
caducidad cuando cesaron los efectos del hecho dañoso continuado.

Violación directa de la Constitución, señaló que las decisiones judiciales impugnadas
vulneraron directamente la Constitución, al impedir el acceso a la administración de
justicia y desconocer los derechos fundamentales del actor. Invocó la afectación al debido
proceso, la dignidad humana y el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrados en
los artículos 2, 13, 29 y 229 de la Constitución, y en instrumentos internacionales.

5. Intervenciones

El Juzgado Administrativo de Ibagué pidió que se denegaran las pretensiones de la
acción de tutela. Dijo que la actuación judicial cuestionada no configuró una vía de hecho
ni incurrió en alguna de las causales generales o especiales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales. Explicó que el rechazo de la demanda de reparación
directa por caducidad se basó en el artículo 164 del CPACA, dado que el actor conoció
el daño desde el 27 de marzo de 2021 y solo radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial el 18 de diciembre de 2023, cuando ya había operado el fenómeno de la
caducidad. Sostuvo que la decisión se sustentó en criterios legales y jurisprudenciales,
y que, en consecuencia, no se vulneraron derechos fundamentales.

El jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Ibagué solicitó su
desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Argumentó que las condiciones de reclusión del señor Ricardo Roa Escarraga no eran
de su competencia, pues la responsabilidad carcelaria recae en el INPEC, los entes
territoriales y el centro penitenciario correspondiente. Afirmó que su función
constitucional no incluye la administración de centros de detención permanentes y que
su actuación se limitó a cumplir con decisiones judiciales.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 de diciembre de 2022, expediente: 05001-23-31-

000-2002-04829-01 (47148).
3 Sentencia SC016-2018 de 24 de enero de 2018, expediente: 11001-31-03-010-2011-00675-01.
4 Sección tercera, sentencias (i) 6 de diciembre de 2022, M. P. Guillermo Sánchez Luque, expediente: 05001-23-31-

000-2002-04829-01 (47148), (ii) 3 de octubre de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente: 70001-23-33-
000-2014-00186-01, (iii) 30 de enero de 2013, M. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente: 25000-23-26-000-1997-
05265-01 (22867).
5 Radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.
6 Radicado 73001 33-33-001-2024-00124-01.
7 Radicado 05001 33 33 029 2019 00033 01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pidió que se denegaran las
pretensiones de la demanda, ya que consideró que la acción fue promovida con el
propósito de reabrir un litigio ya resuelto mediante providencia judicial debidamente
ejecutoriada.

También solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por
pasiva dado que no tenía competencia funcional sobre las decisiones judiciales objeto
de controversia.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela. Alegó que la acción no cumplía con los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez, dado que el actor contaba con medios judiciales
ordinarios y extraordinarios, como el recurso extraordinario de revisión, para controvertir
las decisiones judiciales objeto de reproche. Sostuvo que la tutela fue utilizada de manera
indebida como instancia adicional para reabrir un litigio ya resuelto.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela interpuesta por el demandante. Indicó que no se
acreditó una vulneración de derechos fundamentales y que la acción fue promovida como
una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales previamente adoptadas, lo
que resulta contrario al carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
Además, pidió su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no haber ejercido funciones que comprometieran los derechos alegados por el
actor.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Ricardo Roa
Escarraga. Argumentó que esta no cumplía con los requisitos generales ni especiales
exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, dado que el actor pretendía reabrir un debate ya resuelto en sede
judicial, lo que convertiría la tutela en una instancia adicional, en contravía del principio
de seguridad jurídica.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, pidió que se denegaran las pretensiones de la
acción de tutela. Señaló que esta no podía usarse para revivir términos judiciales que
precluyeron, pues ya había operado el fenómeno de la caducidad. Adicionalmente,
solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
no haberse acreditado ninguna conducta activa u omisiva que pudiera imputarse a esa
cartera ministerial.

La Alcaldía de Ibagué, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que los hechos expuestos por el accionante se relacionaban con
condiciones de hacinamiento en la Permanente Central de la Policía de Ibagué,
establecimiento cuya administración y control corresponde al Ministerio de Defensa, la
Policía Nacional, el INPEC y la USPEC, y no al ente territorial.

El magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, no se pronunció sobre la
presente acción de tutela, pese a haber sido notificado.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de 26 de
mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional. Determinó que el debate planteado por el
accionante ya había sido abordado y resuelto por las autoridades judiciales en el proceso
ordinario, y que la tutela no podía convertirse en una instancia adicional para reabrir
discusiones de legalidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

7. Impugnación

El demandante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revocara y, en
su lugar, se ampararán sus derechos fundamentales. Señaló que el daño derivado del
hacinamiento carcelario no podía considerarse de ejecución instantánea, sino de carácter
continuado, por lo que el término de caducidad debía contarse desde la cesación del
daño o desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento cierto de su
configuración.

El actor argumentó que no existía prueba que demostrara que conoció desde el primer
día su situación de hacinamiento, y que el rechazo de la demanda por caducidad impidió
injustificadamente el acceso a la administración de justicia. Citó jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que reconoció la naturaleza sistemática
y estructural del hacinamiento carcelario, así como la necesidad de flexibilizar el cómputo
del término de caducidad en casos de daño sucesivo.

Además, invocó precedentes8 diferentes a los mencionados en el escrito de tutela, en los
que, dice, se concedió el amparo por defecto fáctico al haberse omitido el análisis
probatorio sobre el momento real de conocimiento del daño. Reiteró que el paso del
tiempo no podía operar en contra de quien no tuvo acceso efectivo a la justicia por
razones materiales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, revocar o modificar la decisión
tomada en primera instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Ricardo Roa Escarraga por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia. En efecto, la acción de
tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto el
demandante pretende discutir aspectos que ya fueron resueltos en el mencionado
proceso ordinario.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales9 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-

01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia 19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-
00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 29 de enero de 2020, exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01,
C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; sentencia 6 de diciembre 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01. Corte
Constitucional, Sentencia T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; Corte Constitucional, Sentencia SU-122 de
2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.
9 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

específicos10 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión del expediente, la Sala advierte que con los argumentos expuestos por el
actor en la solicitud de amparo pretende insistir en que debió admitirse la demanda de
reparación directa No. 73001-33-33-009-2024-00140-00/01, toda vez que, a su juicio, el
hecho dañoso allí discutido fue continuado, pues sufrió hacinamiento entre el 27 de marzo
de 2021 hasta el 12 de abril de 2022 en la Permanente Central de la Policía Metropolitana
de Ibagué, de manera que el término de caducidad debía contabilizarse desde el día
siguiente de esta última fecha, es decir, cuando salió del centro de detención.

Básicamente, en el aludido proceso y en la acción de tutela de la referencia, el
demandante señaló que se debía admitir la demanda de reparación directa, pues los
entes jurisdiccionales contabilizaron de forma equivocada el plazo que tenía para
promover el medio de control de reparación directa.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 21
de junio de 2024 con el que el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué rechazó por
caducidad la demanda de reparación directa, se lee lo siguiente (se transcriben los
apartes pertinentes del resumen realizado):
Por medio de auto de fecha junio 21 de 2.024, el despacho inadmitió el medio de control de la referencia,
argumentando: “… Así las cosas, se observa que, cuando el interno Ricardo Roa Escarraga a la permanente central
el 27 de marzo de 2021 conoció del hacinamiento que durante ese año era del 514%, luego entonces desde esa
fecha debe iniciarse el conteo de la caducidad, por lo que tenía hasta el 28 de marzo de 2023 para interponer la
demanda de reparación directa, sin embargo, cuando radica la solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de
diciembre de 2023 ya había operado dicho fenómeno procesal, y por ende, cuando radica la demanda el 11 de
marzo de 2024…”

10 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
11 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño continuado o de carácter
sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento de la detención del directo afectado en la Permanente
Central de la Policía de Ibagué, por cuanto el daño se prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo
recluido en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto, desde su captura hasta el día en el que
fue removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del hacinamiento carcelario.
[…] Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión corresponde a la vulneración
de derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central, el cual se
extendió en el tiempo para el privado de la libertad RICARDO ROA ESCARRAGA, desde el 27 de marzo
de 2021, día de su captura, hasta el 12 de abril de 2022, día en el que salió de la permanente central,
es decir, por más de 10 meses, prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de
sufrir las consecuencias del hacinamiento.

No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la referencia
la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita
procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Permanente Central, día en el que cesó el
perjuicio por causa del hacinamiento.

Por su parte, en la acción de tutela y en la impugnación, el accionante insistió en que se
debía admitir la demanda de reparación directa, pues el término para configurarse la
caducidad de la acción iniciaba a partir del día siguiente a su traslado al Coiba por tratarse
de un daño continuado. En lo pertinente, el escrito de tutela dice:
[…] De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad debe ser calculado desde el día siguiente a la
cesación del daño continuado, es decir, el 13 de abril de 2022, a partir del cual transcurrieron 1 año, 8
meses y 5 días, hasta que el accionante radicó solicitud de conciliación extrajudicial para agotar el
requisito de procedibilidad, esto es, el 18 de diciembre de 2023, cuando faltaban 3 meses y 25 días para
la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término hasta que la constancia del trámite de
conciliación fue expedida, que lo fue el 7 de marzo de 2024; a partir del día siguiente se reanudó el
cómputo por los días que faltaban al momento de presentar la solicitud de conciliación, por lo que la
caducidad del medio de control operaba el 2 de julio de 2024.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el 11 de marzo de
2024, es evidente que fue radicada antes de la configuración de la caducidad; es decir que este
fenómeno procesal no operó el 28 de marzo de 2023, como se determinó en el fallo, y que el medio de
control se ejerció dentro de la oportunidad establecida en la ley, por lo que no hay lugar a declarar el
fenómeno jurídico de la caducidad.

No obstante lo anterior, si el criterio que se debe adoptar para contabilizar el término de caducidad del
medio de control de reparación directa, en tratándose de indemnización por el estado de hacinamiento
que sufre la persona privada de la libertad, es el de que tal término corre a partir del momento en que
este se percata de dicho estado de hacinamiento, tampoco procedería la declaratoria de caducidad en
el caso bajo estudio, puesto que el accionante sólo vino a tener conocimiento cierto de esa situación
una vez la Policía Metropolitana de Ibagué – Distrito Uno de Ibagué contestó el 19 de enero de 2023,
mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC- DISPO-29.25, que las instalaciones estaban
diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20
PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022.

[…] En este caso, los operadores jurídicos interpretaron el término de caducidad de manera restrictiva
y formalista, ignorando que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que, en
asuntos donde se debate la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos fundamentales
en un contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso
efectivo a la justicia y la reparación integral del daño sufrido. Al adoptar una postura excesivamente
rígida y apartada del contenido sustancial del derecho fundamental comprometido, la decisión judicial
desconoció la obligación de garantizar un debido proceso con fundamento en principios de justicia
material.

(…) Pese a que la dignidad humana es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y debe
orientar la interpretación de todas las normas jurídicas, la decisión judicial desconoció que el accionante
había sido sometido a condiciones inhumanas de detención que no estaba en el deber de soportar y
que el Estado tenía la obligación de garantizarle un trato digno, desatendiendo la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el
deber del Estado de garantizar condiciones dignas en los centros de detención, y desconociendo el
carácter continuado del daño sufrido por el actor, aplicando de manera errónea el cómputo del término
de caducidad, sin tener en cuenta que la suspensión de dicho término inició con la solicitud de
conciliación extrajudicial.

[…]En relación con los daños de carácter continuado o sucesivo, la afectación no ocurre en un solo
instante, sino que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente, generando un perjuicio

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

constante para la víctima, y, en consecuencia, el término de dos años para interponer la demanda de
reparación directa debe computarse a partir del día siguiente en que cesó el daño continuado, es decir
que la contabilización del término de caducidad del medio de control comienza cuando el daño
continuado ha finalizado, o desde el momento en que el afectado adquiere conocimiento de la existencia
del daño y de su derecho a reclamar.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Tolima, en
providencia del 26 de septiembre de 2024 que, en lo que interesa, señaló:

[…] Una vez claro lo explicado por el Honorable Consejo de Estado se concluye entonces que el asunto
en particular debe entenderse que las circunstancias de hacinamiento que presuntamente padeció el
señor Ricardo Roa Escarraga en la Permanente Central de la ciudad de Ibagué obedecen entonces a
un daño de ejecución instantánea independientemente que el mismo genere efectos en el tiempo.

Seguidamente, es preciso establecer entonces la fecha cierta en que el demandante tuvo conocimiento
del daño para efectos de realizar el conteo del término de caducidad, para lo cual nos referimos a que
como se indicó el hacinamiento carcelario presenta rasgos característicos que afligen la cotidianidad de
la persona que lo padece, al punto de afectar la cotidianidad, pues aunado a lo ya descrito
anteriormente, el mismo demandante en su escrito de demanda precisó que tuvo que padecer referido
hacinamiento del 514% en los 13 meses mientras estuvo recluido en la Permanente Central, permitiendo
concluir que desde el primer día en el lugar evidenció el daño.

De lo anterior y para efectos del conteo del término de caducidad se tienen las siguientes fechas
relevantes:

• El señor Ricardo Roa Escarraga ingresó a la Permanente Central de la ciudad de Ibagué el 27 de
marzo del 2021, fecha en la cual se tiene conocimiento del daño.
• El 28 de marzo del 2021, inicia el conteo del término de caducidad de 2 años estipulados en el artículo
164 del C. de P.A. y de lo C.A.
• Por ende, el 28 de marzo del 2023, feneció el término de caducidad y/o oportunidad para demandar.
• La conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos fue solicitada el
18 de diciembre de 2023.
• La demanda fue radicada según acta de reparto el día 12 de marzo del 2024.

Frente a lo anterior, es evidente que la demanda de Reparación Directa que nos ocupa fue presentada
de forma extemporánea, es decir, posterior al vencimiento de los 2 años previstos, concluyendo
entonces que le asistió razón al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, al rechazar
la demanda por caducidad del medio de control, razón por la cual se confirmará el auto del 21 de junio
del 2024

Como se ve, con los argumentos expuestos por el demandante en la solicitud de amparo
se pretende continuar el debate jurídico que planteó en el trámite de la demanda de
reparación directa No. 73001-33-33-009-2024-00140-00/01 para su admisión, y reiterar
su inconformidad respecto al conteo del término de caducidad del medio de control.
Insiste en que se trataba de un daño continuado (pues lo padeció durante su privación
de la libertad en la Unidad Permanente Central de la Policía de Ibagué) y, por lo tanto, el
término de caducidad solo debió iniciar cuando salió del centro de detención.

Si bien el actor alega la configuración de un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente, lo cierto es que invoca esas causales específicas con el propósito de
insistir en los argumentos que expuso en el recurso de apelación interpuesto contra el
auto de primera instancia y que confirmó el a quo.

Finalmente, la Sala no pasa por alto que con la impugnación el demandante también citó
sentencias12 de tutela dictadas por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación
con contornos fácticos similares a los estudiados en este asunto en los que fueron
amparados los derechos fundamentales de los accionantes, sin embargo, no serán
estudiados por cuanto constituyen argumentos nuevos que no fueron planteados en la
demanda de tutela respecto de los cuales la autoridad judicial demandada no pudo

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-

01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia 19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-
00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01626-01
Demandante: Ricardo Roa Escarraga

ejercer su derecho de defensa, sumado a que, se trata de providencias judiciales dictadas
con posteridad (5 y 19 de mayo de 2025) a la cuestionada (17 de octubre de 2024) 13.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso contencioso-administrativo, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con la motivación.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13 Con todo lo Sala encuentra que, la posición expuesta por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado

en esas providencias no constituye una posición pacifica al interior de esa Sección, pues, de hecho, la providencia
impugnada fue dictada por la Subsección B y declaró improcedente la solicitud de amparo y, en el expediente
11001031500020250192700 la Subsección C, también declaró improcedente una acción de tutela con supuestos
fácticos similares.

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