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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08215-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08215-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación que radicó la Superintendencia de Notariado y Registro. SEGUNDO: ACEPTAR como coadyuvante al señor Edinson Fortich Barraza. TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de las Tierras Carex Dos S.A.S. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08215-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08215-00
Demandantes: Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de
las Tierras Carex Dos S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, doce [12] de marzo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08215-00
Demandantes: SUCESORES DE LAS TIERRAS DE CAREX UNO S.A.S. Y
SUCESORES DE LAS TIERRAS CAREX DOS S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela contra providencia judicial – Revisión de asuntos agrarios
• improcedencia por falta de relevancia constitucional y de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 18 de diciembre de 2025, las sociedades anónimas simplificadas Sucesores de
las Tierras de Carex Uno y Sucesores de las Tierras Carex Dos, por intermedio de
apoderado, presentaron acción de tutela con el fin de que se les amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, territorio, identidad cultural,
protección a la propiedad privada de las comunidades afrodescendientes, y al
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B al proferir la providencia de 3 de junio de 2025 que
negó las pretensiones del medio de control de revisión de asuntos agrarios
identificado con el radicado 11001-03-26-000-2016-00055-00 [56.712, 56.881 y
56.989 acumulados].

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08215-00
Demandantes: Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de
las Tierras Carex Dos S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

1. Dejar sin efectos la sentencia de única instancia proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, dentro de la acción de revisión
agraria (Expedientes acumulados 56.712, 56.881 y 56.989), en la que se negó
la nulidad de las Resoluciones 4.192 y 7.133 de 2015 del INCODER y se validó
la calificación de “falsa tradición” sobre la Escritura Pública 1329 de 1929.

2. Ordenar que el Consejo de Estado falle de nuevo en la acción de revisión
agraria, aplicando de manera correcta los principios de legalidad, debido
proceso e igualdad, y que revalorando la prueba documental pertinente
(Escritura Pública 1329 de 1929, las sucesiones judiciales de 1926, el proceso
divisorio y la sentencia de partición), así como el contexto histórico y jurídico
específico de la comunidad afrodescendiente de Tierrabomba, se decida de
acuerdo con la protección efectiva de los derechos territoriales de la
comunidad, respetando sus derechos fundamentales y el marco constitucional
que protege a las comunidades étnicas en relación con sus tierras.

3. Teniendo en cuenta que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena
ha denegado justicia al impedir la entrega formal de la tierra a sus legítimos
propietarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa de procedimiento civil
relacionada con procesos divisorios, solicito se le vincule y ordene proceder a
la entrega formal en cumplimiento a la orden proferida por el Juzgado Quinto
civil del circuito, debidamente ejecutoriada1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• Los actores2 de tres procesos acumulados3 solicitaron la revisión de las
resoluciones 4192 y 7133 de 2015, por medio de las cuales el INCODER4 clarificó
los predios en la isla de Tierra Bomba5, y alegan que dicha entidad debió declarar
que los demandantes demostraron el derecho de dominio sobre algunos de los
predios objeto de dicho procedimiento.

• El 3 de [junio6] de 2025 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia de única instancia en la que negó las pretensiones de las
demandas porque en ellas no se demostró la existencia de títulos registrados que
acreditaran el derecho de dominio sobre los predios que reclaman.

• Además destacó que, si bien el INCONDER realizó, al momento de analizar los
antecedentes registrales del predio, una anotación de «falsa tradición», «esa
observación no afecta la determinación sobre la naturaleza jurídica del predio No.
060-30053, ya que, fue declarado de propiedad privada, y las consideraciones que

1 Transcrito con posibles errores ortográficos del texto original.
2 Las sociedades Sucesores de las Tierras de Carex Uno SAS y Sucesores de las Tierras Carex Dos

SAS y los causahabientes de comuneros y del señor Nicolás Lizero Arzusa; los señores Édinson
Fortich Barraza, Enith y Jenny Fortich Castro y, y la Sociedad Tierra Bomba Caribbean SA.
3 Los expedientes acumulados tienen el radicado interno 56.712, 56.881 y 56.989, y se destaca que

el que corresponde a la demanda de los ahora accionantes es el primero en mención [56.712].
4 Hoy Agencia Nacional de Tierras [en adelante ANT].
5 Ubicada en la jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar.
6 Si bien la providencia omite precisar el mes, se infiere que es de junio, comoquiera que en Samai

se precisa que la fecha de la actuación es 3 de junio de 2025.

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el Incoder efectuó sobre la escritura pública número 1329 de 1929 de la Notaría
Primera de Cartagena no tienen incidencia en la naturaleza jurídica del bien».

• Particularmente precisó:

1) En el expediente 56.712, el Incoder actuó dentro del marco de sus
competencias, por cuanto, el procedimiento de clarificación cumplió su finalidad
al determinar que el predio identificado con el folio de matrícula 060-30053
constituye propiedad privada; si bien los demandantes cuestionan que en la
parte considerativa de la resolución se haya calificado la escritura pública 1329
de 19297 de la Notaría Primera de Cartagena como falsa tradición, dicha
calificación no representa una extralimitación de las competencias del Incoder,
pues, esa entidad se limitó a constatar que los enajenantes carecían del dominio
total del bien y solo podían transferir cuotas partes, pero, esta observación no
modificó la decisión sobre la naturaleza jurídica del predio, ni sustituyó la
competencia del juez ordinario.

2) Respecto del expediente 58.881, la Sala reitera que la posesión, incluso
prolongada o heredada, no permite demostrar el derecho de propiedad privada
sobre terrenos baldíos, dado que el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe
la adquisición de estos bienes por prescripción conforme lo disponen el artículo
63 de la Constitución Política y la Ley 160 de 1994, prohibición ratificada por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; en ese
asunto, los demandantes sustentan su reclamación en la posesión ejercida por
sus antecesores y en decisiones judiciales de sucesión, sin embargo, no
aportaron títulos originarios del Estado ni una cadena de títulos debidamente
inscritos que cumplieran con el término exigido por la ley para la prescripción
extraordinaria, en consecuencia, no desvirtuaron la presunción de baldío, y por
tanto, sus pretensiones no prosperan.

3) En relación con el expediente 56.969, la sociedad demandante no acreditó
el derecho de dominio sobre los predios reclamados ya que, los folios de
matrícula inmobiliaria que allegó contienen múltiples anotaciones que
evidencian la inexistencia de una tradición regular del dominio, los registros se
refieren a compraventas de mejoras, transferencias de posesión y negocios
calificados como falsa tradición, ninguno de los documentos aportados da
cuenta de una transferencia legítima de la propiedad en los términos exigidos
por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, por tanto, el Incoder no incurrió en
extralimitación de sus funciones, sino que, simplemente constató lo consignado
en los certificados de libertad y tradición, su actuación se enmarca dentro del
deber legal de verificar los antecedentes registrales del inmueble, sin
reemplazar las funciones propias del juez civil ni vulnerar el principio de
igualdad, pues en otros casos sí se reconoció la propiedad privada cuando se
acreditaron títulos válidos y debidamente inscritos.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 18 de junio de 2025 y la
acción de tutela de la referencia fue radicada el 18 de diciembre de 2025.

7 Se aclara que «[m]ediante Escritura Pública No. 1329 del 17 de septiembre de 1929, otorgada en

la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, los señores Teodosio Fortich y Valentín Julio H.
transfirieron, a título de venta, el derecho de dominio sobre el inmueble denominado "Hacienda Cárex
y Tierras de Bocachica" a un total de 605 comuneros».

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1.4. Fundamentos de la solicitud

En este caso las accionantes señalaron que la discusión sobre la validez del título
originario no es, por tanto, una controversia puramente registral, sino un conflicto
que afecta directamente la continuidad de una comunidad en su territorio y la
vigencia real de sus derechos adquiridos frente al Estado.

Luego expusieron que la calificación realizada por el INCODER de la escritura
pública 1329 de 1929 como «falsa tradición con antecedente propio», en el marco
de un procedimiento administrativo de clarificación de la propiedad, no puede
entenderse como un simple exceso argumentativo, porque es una extralimitación
de funciones que trasgrede frontalmente el principio de legalidad consagrado en el
artículo 121 de la Constitución, porque la calificación jurídica de los títulos sometidos
a registro es una competencia exclusiva a los Registradores de Instrumentos
Públicos, máxime cuando la situación jurídica consolidada desde el año 1928 fue
refrendada por una sentencia de partición en el año 2013.

Precisaron que la autoridad judicial accionada desconoce además la cosa juzgada
material derivada de la sentencia aprobatoria de partición del 15 de noviembre de
20138 y el efecto restitutivo de la tutela STC3165-2020 de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia9, que había restablecido la plena vigencia, validez
y fuerza ejecutoria de dicha decisión judicial.

Por lo anterior señalaron que se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
violación directa de la Constitución. Respecto al primer yerro indicaron que se
presentó una interpretación desacertada de los artículos 48 y 50 de la Ley 160 de
1994, así como de la Ley 1579 de 2012, en lo relativo al alcance de la competencia
del INCODER, ya que la «providencia objeto de amparo se funda, en normas
inexistentes, pues en el ordenamiento jurídico no existe habilitación alguna para que
dicha entidad administrativa realice la calificación de falsa tradición, función
reservada al ámbito registral y a quienes han sido expresamente facultados por el
legislador para ello».

Resaltaron que «en el marco de la clarificación, el INCODER podía concluir, por
ejemplo, que los títulos aportados no cumplían los requisitos para desvirtuar la
condición de baldío o que la cadena de tradición era incompleta; pero no podía
pronunciarse como si fuera juez civil o registrador para etiquetar una determinada
escritura como “falsa tradición”, y menos aun tratándose de un predio que la propia
resolución reconoce como de propiedad privada».

8 «el 15 de noviembre de 2013, tras casi dos décadas de trámite procesal, el Juzgado Quinto Civil

del Circuito de Cartagena profirió sentencia aprobatoria del trabajo de partición. En dicha providencia,
se adjudicaron los bienes resultantes a los herederos y sucesores de los comuneros vinculados a la
Escritura de 1929 (entre ellos, las sociedades Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y
Sucesores de las Tierras de Carex Dos S.A.S.) y se ordenó la inscripción de dichas adjudicaciones
en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 060-30053».
9 Mediante sentencia de tutela STC3165-2020 del 19 de marzo de 2020, la Sala de Casación Civil

de la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de los comuneros y dejó sin efectos la
providencia que había declarado la nulidad de todo lo actuado en el proceso adelantado por el
Juzgado Quinto Civil del Circuito Judicial de Cartagena.

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Advirtieron que se presentó una incongruencia por parte de la autoridad judicial
accionada, porque la «Sala parte de una premisa correcta: que el INCODER no
puede asumir el rol de juez civil para calificar títulos de dominio. Sin embargo, la
decisión se orienta en la dirección exactamente opuesta cuando absuelve a la
entidad de cualquier extralimitación y deja incólume la expresión falsa tradición, que
solo puede entenderse como un pronunciamiento sobre la calidad de la tradición y,
por ende, sobre la solidez del derecho de dominio derivado de la Escritura 1329».

Agregaron que se incurrió en un yerro de índole probatorio porque desconoció lo
actuado al interior del proceso divisorio y de la escritura 1329 de 1929 por lo que la
«Sala estructura su razonamiento a partir de un cuadro probatorio incompleto, del
que se excluye precisamente la trayectoria judicial que presentaba la Escritura 1329
como título de propiedad privada y como soporte de una partición con cosa
juzgada».

Finalmente alegaron que la «sentencia de única instancia del Consejo de Estado
entra en una tensión frontal con la Constitución, en tanto prescinde por completo de
que el litigio en torno al folio 060-30053 compromete a una comunidad étnicamente
diferenciada, con una historia propia de poblamiento, discriminación y prácticas
territoriales específicas, y tramita el asunto como si se tratara de un conflicto
ordinario de propiedad entre particulares».

Ilustraron que, «en T-601 de 2016, la Corte haya considerado imprescindible
reconstruir el complejo panorama catastral y registral del corregimiento, subrayando
la coexistencia de folios de matrícula paralelos, licencias de construcción de dudosa
veracidad, escrituras públicas otorgadas por personas fallecidas o por quienes no
eran titulares del derecho que afirmaban transferir, además de múltiples
irregularidades susceptibles de clarificación. Con ese soporte, el Tribunal
Constitucional efectuó un recuento minucioso de la evolución del sistema registral
en Colombia».

Adicionaron que «la Corte extrajo una conclusión plenamente trasladable al caso
sub examine. Las falencias estructurales del sistema registral y catastral, atribuibles
al Estado, no pueden convertirse en una carga probatoria imposible para las
comunidades étnicas que han ocupado tradicionalmente un territorio».

Puntualizaron, que «tanto la actuación del INCODER como la sentencia de revisión
del Consejo de Estado se desentienden por completo de esa dimensión étnica y
cultural. La comunidad queda reducida a la condición de un conglomerado de
titulares formales de cuotas o de derechos litigiosos, y el proceso de clarificación se
trata como un ejercicio puramente técnico sobre cadenas de títulos y folios de
matrícula, sin referencia alguna a la historia de marginalización y precariedad
registral que pesa sobre la isla».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 15 de enero de 2026 el magistrado sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar como demandado al Consejo de Estado, Sección

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Tercera, Subsección B, y vinculó como terceros con interés en las resultas del
proceso a la ANT, los causahabientes de comuneros incluidos en la escritura pública
n. º 1329 otorgada el 17 de septiembre de 1929 en la Notaría Primera de Cartagena
y del señor Nicolás Lizero Arzusa; los señores Édinson Fortich Barraza, Enith y
Jenny Fortich Castro y la Sociedad Tierra Bomba Caribbean S.A., así como las
demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el medio de control
de revisión de asuntos agrarios identificado con el radicado 11001-03-26-000-2016-
00055-00 [56.712, 56.881 y 56.989 acumulados]. Además, negó la solicitud de
medida provisional solicitada.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por intermedio del
magistrado titular del despacho 03, señaló que no conoció de «los supuestos
fácticos y jurídicos que motivaron la providencia emitida por el consejero Fredy
Ibarra Martínez, de tal manera que no puedo emitir un pronunciamiento sobre la
solicitud de amparo de las sociedades Sucesores De Las Tierras De Carex Uno
S.A.S. y Sucesores De Las Tierras Carex Dos S.A.S.».

1.6.2. La ANT pidió que se negara la solicitud de amparo, porque en «el proceso
judicial adelantado, se respetó el derecho al debido proceso, dándose aplicación
estricta al principio de legalidad, por lo que se puede pensar que lo reputado por el
extremo procesal activo obedece a su interpretación personal y no a lo acaecido
dentro del proceso judicial».

Además destacó, frente a la relevancia constitucional, que «se trata de un asunto
propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, a través de la cual se
decidió sobre la revisión de la legalidad de un proceso administrativo adelantado
por parte de la hoy Agencia Nacional de Tierras, en donde no se afectaron derechos
fundamentales, como erróneamente lo quiere argumentar la parte accionante, si no
que, se actuó conforme a las competencias de la Entidad, las cuales le facultan para
adelantar este tipo de procedimientos administrativos, no obstante, puede inferirse
que lo que se alega por el extremo procesal activo es la discrepancia en la decisión
del Consejo de Estado para el asunto».

1.6.3. El Ministerio de Agricultura requirió declarar improcedente la tutela, porque
la parte actora no «expone ni se demuestra de manera concreta la existencia de
una falla estructural o protuberante en la providencia judicial cuestionada,
limitándose la parte actora a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada por
el juez natural».

1.6.4. La Superintendencia de Notariado y Registro pidió que se le desvinculara,
«al no advertirse un nexo de causalidad entre su acción u omisión y la presunta
vulneración de derechos fundamentales invocados por el peticionario».

1.6.5. El señor Edinson Fortich Barraza se pronunció, a través de un escrito in

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extenso de 87 páginas, en el sentido de explicar todo lo que ha sucedido
históricamente con el predio que aduce adquirió, junto con su familia, a través de la
figura jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio, al ejercer la posesión
regular, pacífica e ininterrumpida respecto del globo de terreno con una cabida
superficiaria total de 101 Has + 8.339 M2 dentro del bien inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 060-30053 y código catastral No.
13001130000570001000.

Pidió que se deje sin efectos la providencia cuestionada e hizo alusión a los
fundamentos de derecho, así como la jurisprudencia, que se debe tener en cuenta
a momento de proferir la nueva decisión.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de las
Tierras Carex Dos S.A.S, de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069
de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitud de desvinculación

Esta colegiatura advierte la Superintendencia de Notariado y Registro solicitó su
desvinculación del presente trámite, petición que se accederá, en razón a que su
comparecencia a este mecanismo no tiene objeto, comoquiera que no fue parte
dentro del proceso con el radicado 11001-03-26-000-2016-00055-00 [56.712,
56.881 y 56.989 acumulados].

2.2.2. Coadyuvancia

Ahora, frente a lo expuesto por el señor Edinson Fortich Barraza, esta colegiatura
tendrá en cuenta sus argumentos como una coadyuvancia de la solicitud de tutela
radicada por las accionantes, en los términos del Decreto Ley 2591 de 199110, que
señala que esta corresponde a una figura jurídica, en virtud de la cual, quien tenga
un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir para reafirmar las
pretensiones del actor o de quien ha sido demandado.

10 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La

acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].

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Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en
la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones
presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no
promoviendo sus propias pretensiones11.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por las accionantes, por parte
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, como autoridad judicial
accionada, con ocasión de la sentencia proferida en única instancia el 3 de junio de
2025.

Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva, y (iii)
estudio del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

11 Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y

sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.16

Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201417, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia18.

Sobre el particular, se considera que los cargos elevados en la solicitud de tutela no
cuentan con relevancia constitucional, como se pasará a explicar.

En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la

16 Énfasis de la sala.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
18 Énfasis de la sala.

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parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

Al respecto, resulta pertinente destacar que si bien la tutela puede ser procedente
para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones
de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe tener
cuando se pretenda dejar sin efectos una decisión de la Sección que la Constitución
Política19 y la Ley20 determinaron como suprema autoridad en la materia, lesión que
se podría sintetizar en una actuación «arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales21».

Para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que la tutela busca establecer
que el INCODER, hoy ANT, en el marco de la clarificación, no tenía la competencia
«para etiquetar una determinada escritura como “falsa tradición”, y menos aún
tratándose de un predio que la propia resolución reconoce como de propiedad
privada».

También se expone que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, porque desconoció todo lo
actuado al interior del proceso divisorio, y de la escritura 1329 de 1929 como título
de propiedad privada, como soporte de una partición con cosa juzgada.

Además, las accionantes sostienen que, conforme a lo señalado por la sentencia T-
601 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, resulta necesario reconstruir
el panorama catastral y registral del territorio objeto de controversia, dada la
existencia de múltiples irregularidades, tales como folios de matrícula paralelos,
licencias de construcción de dudosa autenticidad, escrituras otorgadas por
personas fallecidas o por quienes no ostentaban la titularidad del derecho
transferido, así como otras inconsistencias susceptibles de aclaración dentro del
sistema registral.

19 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
20 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo

9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
21 Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional

orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». [Énfasis de la Sala].

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A partir de ese antecedente, señalan que las falencias estructurales del sistema
catastral y registral —atribuibles al Estado— no pueden trasladarse como una carga
probatoria desproporcionada o imposible a comunidades étnicas que han ocupado
tradicionalmente el territorio.

Finalmente, afirman que tanto la actuación del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural como la decisión de revisión del Consejo de Estado desconocieron la
dimensión étnica y cultural de la controversia, al reducir a la comunidad a simples
titulares formales de derechos o cuotas y tratar el proceso de clarificación como un
análisis meramente técnico de la cadena de títulos y folios de matrícula, sin
considerar el contexto histórico de marginalización y precariedad registral del
territorio

En este orden de ideas, se advierte que las tutelantes intentan reabrir el debate legal
sin controvertir el sustento de la decisión controvertida, el cual parte del criterio de
que la decisiones del INCODER no afectaron la determinación sobre la naturaleza
jurídica del predio 060-30053, porque aunque incluyeron la calificación de «falsa
tradición», no modificaron la decisión administrativa según la cual el predio tiene
carácter de propiedad privada, ni constituyen pronunciamientos sobre la titularidad
del dominio, pues, tales determinaciones corresponden, exclusivamente, al juez
ordinario en un proceso de pertenencia.

En efecto, el máximo tribunal de lo contencioso señaló que lo pretendido por la parte
actora «excede el alcance del procedimiento de clarificación, en tanto que, pretende
que el Incoder califique la escritura pública no. 1329 de 1929 como un título válido
de propiedad; sin embargo, esta determinación es un asunto de competencia
exclusiva de la respectiva autoridad judicial dentro de un proceso de pertenencia o
declarativo de dominio, mas no corresponde al Incoder dentro de un trámite
administrativo que, se reitera, únicamente busca determinar si un predio es baldío
o de propiedad privada».

Ahora, el problema jurídico que plantea la parte actora en el presente mecanismo
es que, de la decisión del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
surgen falencias estructurales del sistema catastral y registral frente a las
comunidades étnicas que han ocupado tradicionalmente el territorio, sin embargo,
tal alegato no tiene en cuenta que la autoridad judicial accionada no puede calificar
la escritura pública 1329 de 1929 como un título válido de propiedad, y su
competencia se limita legalidad del resultado del proceso de clarificación.

En este orden de ideas, la sala considera que dicho argumento se centra en un
aspecto meramente legal que no le corresponde definir a esta sala investida como
juez constitucional, máxime cuando la subsección accionada explicó que no era
viable declarar la nulidad de las resoluciones demandadas solo por una anotación
u observación por parte del INCODER, que al analizar los antecedentes registrales
del predio, advirtió una irregularidad, la cual, en todo caso, no tiene la entidad para
mutar la naturaleza jurídica del predio.

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En otras palabras, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B explicó
por qué consideró que el INCODER no se extralimitó o excedió en sus funciones,
porque «aunque incluyeron la calificación de falsa tradición, no modificaron la
decisión administrativa según la cual el predio tiene carácter de propiedad privada
ni constituyen pronunciamientos sobre la titularidad del dominio, pues, tales
determinaciones corresponden, exclusivamente, al juez ordinario en un proceso de
pertenencia», argumento que, de entrada, no se considera arbitrario o irrazonado.

En consecuencia, se considera que si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en su condición de alta corte, incurrió en una vulneración, ello
no se hizo en contraste con una actuación «arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales», por lo que en realidad lo que se evidencia es una mera
inconformidad con lo dispuesto por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, constituye un deber para la parte accionante exponer con
suficiencia los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus
derechos fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra
providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los
jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa
cuando el proveído proviene de una alta corte.

Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado
el requisito de relevancia constitucional, puesto que la controversia se enfocó en
intentar, con sustento en la presunta transgresión de algunos derechos
fundamentales, en reabrir el debate legal e intentar modificar el criterio de la
autoridad judicial accionada que, a primera vista, no resulta irrazonable o arbitrario.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»22.

2.5.2. Además, la sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de
la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250
ibidem, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.

En efecto, se recuerda que uno de los fundamentos de la tutela es que la autoridad
judicial demandada incurrió en una incongruencia al momento de decidir la
controversia.

Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esa tesis, lo cierto es que esta sección,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído

22 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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bajo cuestionamiento adolece de incongruencia o motivación, circunstancia que,
como se analizará más adelante, se enmarca en la causal 5. ° del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso
extraordinario de revisión.

Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Especial
Veintidós de Decisión de esta Corporación23, la falta de motivación y la
incongruencia dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201124.

La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:

2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

[…]

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

[…]

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.

[…]

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de

Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
24 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
[…]».

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En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar.

[…]

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]” (Destacado por la Sala)

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5. ° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 vigente para la fecha de interposición de la
demanda que suscitó la presente controversia, esto es, «[…] Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación […]».

Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]25».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 26. Entonces,

25 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas

Hernández.
26 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte

Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de

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corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que las demandantes se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni los accionantes lo advierten.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y agotamiento de todos los medios
de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación que radicó la
Superintendencia de Notariado y Registro.

SEGUNDO: ACEPTAR como coadyuvante al señor Edinson Fortich Barraza.

TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de las Tierras Carex
Dos S.A.S.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos
para el equilibrio social».

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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