Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08215-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08215-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08215-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 08215 01
Accionante: Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes en contra del fallo de tutela
proferido el 12 de marzo de 2026, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Las sociedades Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de las Tierras
de Carex Dos S.A.S., actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de
tutela en contra la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y para
ello formularon las siguientes pretensiones1:
1. Dejar sin efectos la sentencia de única instancia proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, dentro de la acción de revisión agraria
(Expedientes acumulados 56.712, 56.881 y 56.989), en la que se negó la nulidad
de las Resoluciones 4.192 y 7.133 de 2015 del INCODER y se validó la
calificación de “falsa tradición” sobre la Escritura Pública 1329 de 1929.
2. Ordenar que el Consejo de Estado falle de nuevo en la acción de revisión agraria,
aplicando de manera correcta los principios de legalidad, debido proceso e
igualdad, y que revalorando la prueba documental pertinente (Escritura Pública
1329 de 1929, las sucesiones judiciales de 1926, el proceso divisorio y la
sentencia de partición), así como el contexto histórico y jurídico específico de la
comunidad afrodescendiente de Tierrabomba, se decida de acuerdo con la
protección efectiva de los derechos territoriales de la comunidad, respetando sus
derechos fundamentales y el marco constitucional que protege a las
comunidades étnicas en relación con sus tierras.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 08215 00.
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Accionantes: Sucesores de las Tierras de Carex Uno S.A.S. y otro
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3. Teniendo en cuenta que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena ha
denegado justicia al impedir la entrega formal de la tierra a sus legítimos
propietarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa de procedimiento civil
relacionada con procesos divisorios, solicito se le vincule y ordene proceder a la
entrega formal en cumplimiento a la orden proferida por el Juzgado Quinto civil
del circuito, debidamente ejecutoriada.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Las accionantes señalaron que la comunidad afrodescendiente de Bocachica (Isla de
Tierrabomba) ha ocupado históricamente el territorio de la antigua Hacienda Carex bajo
una forma de propiedad colectiva, cuyo título principal es la Escritura Pública núm. 1329
de 1929, mediante la cual se transfirió el dominio del predio a 605 comuneros, la cual fue
debidamente inscrita en el registro inmobiliario.
Indicaron que, en 1995, algunos comuneros y herederos promovieron un proceso
divisorio de gran comunidad ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena.
Luego de un prolongado trámite, en 2013 se aprobó el trabajo de partición y se
adjudicaron los bienes a los sucesores, entre ellos las sociedades Sucesores de las
Tierras de Carex Uno S.A.S. y Sucesores de las Tierras de Carex Dos S.A.S.,
ordenándose su inscripción. No obstante, la entrega material del inmueble no se ha
concretado debido a decisiones judiciales posteriores, entre ellas una nulidad decretada
en 2019, que posteriormente fue dejada sin efectos por la Corte Suprema de Justicia en
2020, restableciéndose la firmeza de la sentencia aprobatoria de la partición.
Manifestaron que, paralelamente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)
adelantó un procedimiento de clarificación de la propiedad sobre la Isla de Tierrabomba
y, mediante Resolución núm. 4192 de 2015, si bien reconoció que el globo de terreno
correspondiente a la Hacienda Carex era de propiedad privada, calificó la Escritura
Pública de 1929 como “falsa tradición con antecedente propio”, decisión que fue
confirmada al resolverse el recurso de reposición.
Expusieron que, contra dichas resoluciones promovieron acción de revisión ante el
Consejo de Estado, al considerar que el INCODER se extralimitó en sus funciones, por
cuanto la competencia para realizar la calificación jurídica de los títulos sometidos a
registro constituye una función exclusiva de los registradores de instrumentos públicos,
conforme a lo previsto en la Ley 1579 de 2012, de modo que, al arrogarse dicha
competencia, la entidad vulneró el principio de legalidad.
Adujeron que, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de única instancia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:
(i) el INCODER no se extralimitó en sus funciones al calificar la Escritura 1329
como "falsa tradición", pues, a su juicio, la entidad solo se limitó a "constatar" las
irregularidades que evidenciaban los documentos registrales; y (ii) los
demandantes no lograron acreditar el derecho de dominio en los términos del
artículo 48 de la Ley 160 de 1994, al no haber aportado un título originario del
Estado o una cadena de títulos ininterrumpida que desvirtuara la presunción legal
de que el bien es un baldío de la Nación.
Aseveraron que la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad (relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad) por cuanto la
decisión cuestionada habría convalidado la actuación del INCODER que calificó como
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“falsa tradición” el título de propiedad de una comunidad afrodescendiente, afectando sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, identidad étnica y territorio, sin que
exista otro mecanismo judicial para controvertir dicha providencia.
Como fundamento de la acción de tutela, las accionantes manifestaron que la providencia
cuestionada adolece de los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
constitución.
Adujeron que la sentencia incurrió en defecto sustantivo porque, por un lado, avaló que
el INCODER calificara una escritura como “falsa tradición” sin tener competencia legal
para ello y, por otro, presenta una contradicción interna al reconocer que dicha entidad
carece de esa facultad, pero aun así concluir que no se extralimitó al ejercerla.
En cuanto al defecto fáctico, alegaron que la providencia acusada incurrió en dicho
defecto porque no se valoró el proceso divisorio ejecutoriado, asumió sin análisis crítico
la calificación de “falsa tradición” realizada por el INCODER sobre la Escritura 1329 de
1929 y renunció a efectuar un examen probatorio autónomo e integral, lo que condujo a
una decisión fundada en una apreciación incompleta y errónea del material probatorio.
Finalmente, expusieron que la sentencia vulnera directamente la Constitución al
desconocer el carácter de sujeto de especial protección de la comunidad
afrodescendiente y resolver el caso como un litigio ordinario de propiedad, sin aplicar el
enfoque diferencial exigido para la protección del territorio y la identidad cultural.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 18 de diciembre de 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Quinta de esta Corporación que, por auto del 15 de enero de 20263 la admitió,
negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar4 a la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada; así como
vincular a la Agencia Nacional de Tierras, los causahabientes de comuneros incluidos en
la escritura pública núm. 1329 otorgada el 17 de septiembre de 1929 en la Notaría
Primera de Cartagena, al señor Nicolás Lizero Arzusa, Édinson Fortich Barraza, Enith y
Jenny Fortich Castro y a la Sociedad Tierra Bomba Caribbean S.A., así como las demás
partes, personas y/o entidades que participaron en el proceso de revisión de asuntos
agrarios identificado con el radicado núm. 11001 03 26 000 2016 00055 00.
De igual forma, requirió a la accionada para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso de revisión de asuntos agrarios identificado con el radicado
núm. 11001 03 26 000 2016 00055 00.
3.2. La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 rindió informe en
la que su magistrado sustanciador señaló que no participó ni conoció la providencia
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08215 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08215 00.
4 Esta orden se cumplió el 19 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 08215 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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cuestionada, porque tomó posesión como consejero de Estado después de que fue
proferida, por lo cual no puede pronunciarse sobre la presente solicitud de amparo.
3.3. La Agencia Nacional de Tierras6 allegó escrito en el que solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela y en su lugar declararla improcedente al no cumplirse
los requisitos generales ni especiales para su estudio.
Indicó que la acción de tutela es improcedente porque la sentencia censurada se limitó a
verificar la legalidad del procedimiento de clarificación adelantado dentro de sus
competencias, sin vulnerar derechos fundamentales, y que la calificación de “falsa
tradición” y la valoración probatoria se ajustaron a la Ley 160 de 1994, por lo que los
cargos de la parte accionante obedecen únicamente a su desacuerdo con dicha decisión
judicial.
3.4. La Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Instrumentos Públicos de
Cartagena7 allegó informe en el que solicitó su desvinculación del trámite, al considerar
que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que ni
los hechos expuestos en la demanda ni las pretensiones formuladas por las accionantes
se dirigen contra esa entidad registral, ni se evidencia la existencia de una acción u
omisión que comprometa la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3.5. El Ministerio de Agricultura8 allegó informe en el que solicitó declarar improcedente
la solicitud de amparo, al considerar que no se acreditan defectos que habiliten de manera
excepcional la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sino que,
en su criterio, la parte accionante se limita a expresar su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez natural. Asimismo, afirmó que la entidad no ha vulnerado los
derechos fundamentales alegados y que carece de competencia para intervenir o
modificar decisiones judiciales.
3.6. El señor Edison Fortich Barraza9 allegó intervención en la que solicitó dejar sin
efectos la sentencia cuestionada y ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una
nueva decisión, en la que se apliquen de manera correcta los principios de legalidad,
debido proceso e igualdad, y se valore nuevamente como prueba pertinente la Escritura
1329 de 1929.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de marzo de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplían los requisitos
generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. Adicionalmente, accedió a la
solicitud de desvinculación presentada por la Superintendencia de Notariado y Registro
y a la coadyuvancia del señor Edinson Fortich Barraza.
Explicó que el requisito de relevancia constitucional no se satisface, pues los argumentos
de la parte accionante buscan reabrir el debate jurídico sobre la competencia del
6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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7 Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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8 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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9 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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INCODER y la valoración de la Escritura Pública 1329 de 1929, aspectos que ya fueron
analizados por el juez natural de la causa. En ese sentido, precisó que la acción de tutela
no puede convertirse en una tercera instancia ni en un mecanismo para controvertir
interpretaciones legales que no resultan arbitrarias o irrazonables.
Indicó, además, que la decisión cuestionada se limitó a examinar la legalidad del
procedimiento de clarificación de la propiedad y concluyó que la mención de “falsa
tradición” no modificó la naturaleza jurídica del predio ni implicó un pronunciamiento sobre
la titularidad del dominio, asunto que corresponde exclusivamente al juez ordinario. Por
ello, consideró que la inconformidad de las accionantes constituye una discrepancia con
el criterio judicial adoptado y no una vulneración de derechos fundamentales.
De otra parte, señaló que tampoco se cumplió el requisito de subsidiariedad, toda vez
que las accionantes tenían a su disposición el recurso extraordinario de revisión previsto
en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal de nulidad
originada en la sentencia, que comprende la incongruencia o la falta de motivación del
fallo. En consecuencia, existía un mecanismo judicial idóneo para controvertir la
providencia cuestionada.
Finalmente, advirtió que en el caso concreto no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo
transitorio, pues no se evidenció una afectación inminente y grave de los derechos
fundamentales de las accionantes.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, las accionantes lo impugnaron e
indicaron lo siguiente:
Señalaron que el juez de tutela de primera instancia incurrió en un error al declarar la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues redujo
indebidamente un conflicto de clara dimensión constitucional, relacionado con derechos
fundamentales de una comunidad étnicamente diferenciada, a una simple controversia
legal sobre competencias administrativas.
Sostuvieron que, en realidad, el caso involucra una tensión directa entre la actuación
judicial cuestionada, el principio de legalidad, el debido proceso y el precedente
constitucional sobre protección reforzada de comunidades afrodescendientes, lo que
evidencia su evidente relevancia constitucional.
Asimismo, argumentaron que la sentencia incurre en múltiples defectos sustantivos, fácticos
y de violación directa de la Constitución, al convalidar una extralimitación del INCODER,
presentar contradicciones internas, omitir pruebas relevantes como el proceso divisorio y la
sentencia de partición, desconocer el enfoque diferencial exigido por la jurisprudencia
constitucional y aplicar incorrectamente el análisis de subsidiariedad. A ello se suma la falta
de valoración de la ausencia de una contestación sustancial por parte de la autoridad judicial
accionada, lo que activaría la presunción de veracidad y reforzaría la necesidad de que el
juez de segunda instancia entre a un estudio de fondo del asunto.
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5.2. Por auto proferido el 25 de marzo de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto de 8 de abril de 202611.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
6.2.1. Las sociedades demandantes y otros17 promovieron demanda de revisión agraria
contra el INCODER, con el fin de controvertir las Resoluciones núm. 4192 y núm. 7133
de 2015, mediante las cuales dicha entidad adelantó el proceso de clarificación de la
propiedad sobre los predios ubicados en la isla de Tierra Bomba. El asunto fue radicado
bajo el número único 11001 03 26 000 2016 00055 00 (56.712, 56.881 y 56.989
acumulados).
6.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que, mediante sentencia de única instancia del 3 de junio de 2025,
negó las pretensiones.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
10 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08215 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08215 01.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 03 26 000 2016 00055 00.
17 Expediente 56.881: demanda presentada por lo señores Édinson Fortich Barraza, Enith Fortich Castro y
Jenny Fortich Castro. Expediente 56.989: demanda presentada por la sociedad Tierra Bomba Caribbean
S.A.
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de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 18. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si se encuentra superado el requisito de relevancia
constitucional, centrará su análisis en el examen del segundo y tercer criterio que la
18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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integran, esto es: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para desconocer principios
constitucionales como la cosa juzgada, el debido proceso, la seguridad jurídica y la
independencia judicial; y (ii) impedir que este mecanismo constitucional se convierta en
una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales.
6.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 19:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que20:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).
En el presente caso, la Sala advierte que no se satisface el segundo requisito de la
relevancia, en tanto la controversia planteada por las accionantes se circunscribe a la
validez de la actuación del INCODER en el marco de la Ley 160 de 1994 y de la normativa
registral aplicable, particularmente respecto de la calificación de la Escritura Pública núm.
1329 de 1929 y la determinación de la naturaleza jurídica del predio denominado
Hacienda Cárex.
En consecuencia, el debate propuesto gira en torno a la interpretación y alcance de
normas de carácter legal dentro de un procedimiento administrativo de clarificación de la
propiedad, asunto que corresponde a la órbita de la legalidad ordinaria y no a la definición
de un problema de naturaleza constitucional.
6.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 Ibidem.
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asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]21.
(Subrayado fuera de texto)
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que tampoco se supera el tercer elemento que lo integra, esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones adoptadas por el juez del proceso ordinario.
En el caso concreto, las accionantes alegan la existencia de defectos sustantivos, fácticos
y por violación directa de la Constitución, derivados, entre otros aspectos, de una
presunta extralimitación del INCODER, inconsistencias en la sentencia, y la omisión en
la valoración de pruebas como el proceso divisorio y la sentencia de partición, así como
la indebida aplicación del principio de subsidiariedad.
No obstante, de la providencia cuestionada se advierte que la autoridad judicial accionada
concluyó que el INCODER actuó dentro del marco de sus competencias en el
procedimiento de clarificación de la propiedad, al determinar si el predio era baldío o de
propiedad privada, decisión que se adoptó en favor de esta última calidad.
Asimismo, precisó que las referencias a la denominada “falsa tradición” contenidas en el
análisis de la Escritura Pública núm. 1329 de 1929 corresponden a valoraciones de
carácter técnico-registral, sin efectos decisorios sobre la titularidad del dominio, razón por
la cual no implicaban desconocimiento de competencias ni afectan la decisión final del
procedimiento administrativo.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que los reproches formulados por las accionantes
no evidencian la existencia de una problemática de relevancia constitucional, sino que
reflejan su inconformidad con la valoración jurídica y probatoria realizada por el juez
natural dentro del proceso ordinario.
Ello es así, porque el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
21 Corte Constitucional. Sentencia SU- 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 14 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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