Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2016-00055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2016-00055-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
3 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, tres (3) de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00055-00 (56.712,
56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: ROBERTO LORDUY ESCALANTE Y OTROS
Demandada: INCODER, AHORA AGENCIA NACIONAL DE
TIERRAS - ANT
Medio de control: REVISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS - CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – REVISIÓN DE
RESOLUCIONES QUE CLARIFICARON LA
PROPIEDAD DE BIENES EN LA ISLA DE TIERRA
BOMBA
Síntesis del caso: los actores de tres procesos acumulados solicitan la revisión de las
Resoluciones números 4192 y 7133 de 2015, mediante las cuales el Incoder clarificó los
predios en isla de Tierra Bomba ubicada en la jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias, Departamento de Bolívar, y alegan que el Incoder debió declarar que los
demandantes demostraron el derecho de dominio sobre algunos de los predios objeto
de dicho procedimiento, razón por la cual dichos inmuebles no son baldíos. Se niegan
las pretensiones de la demanda porque los demandantes no demostraron la existencia
de títulos registrados que acreditaran el derecho de dominio sobre los predios que
reclaman.
Temas: medio de control jurisdiccional de revisión de asuntos agrarios – acto
administrativo de clarificación de la propiedad – falta de prueba del carácter privado de
los predios reclamados por los demandantes.
La Sala decide en única instancia las demandas de revisión agraria formuladas
por las partes actoras en contra del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder), ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT), para solicitar la revisión de
las Resoluciones números 4192 y 7133 de 2015 mediante las cuales esa entidad
clarificó la propiedad de los predios ubicados en la isla de Tierra Bomba.
I. ANTECEDENTES
El 25 de mayo de 2016 (fls. 467 a 470 cdno. no. 1), el Consejo de Estado acumuló
los procesos con números de radicación interna 56.712, 56.881 y 56.989 por
2
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
considerar que son de la misma naturaleza, se encuentran en la misma instancia
judicial y cuentan con identidad fáctica; las demandas se dirigieron contra el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de
Tierras, y fueron promovidas por (i) las sociedades Sucesores de las Tierras de
Carex Uno SAS y Sucesores de las Tierras Carex Dos SAS y los causahabientes
de comuneros y del señor Nicolás Lizero Arzusa; (ii) los señores Édinson Fortich
Barraza, Enith y Jenny Fortich Castro y (iii) la Sociedad Tierra Bomba Caribbean
SA.
1. Las demandas
1.1 Expediente 56.712
El 29 de enero de 2016, las sociedades Sucesores de las Tierras de Carex Uno
SAS y Sucesores de las Tierras Carex Dos SAS, y los causahabientes de los
comuneros incluidos en la escritura pública no. 1329 otorgada el 17 de
septiembre de 1929 en la Notaría Primera de Cartagena1, presentaron demanda
de revisión agraria (fls. 1 a 31 cdno. no. 1) en contra del Incoder para que se
declare la nulidad parcial de la parte considerativa de la Resolución 4192 del
2015, a través de la cual el Incoder concluyó que el predio no. 060-30053
constituía propiedad privada, pero que ciertos negocios sobre ese predio, por
ejemplo el que constaba en la escritura pública 1329 de 1929, constituían una
falsa tradición (fl. 6 cdno. no. 1).
Las pretensiones de la demanda son las siguientes:
“PETICIONES PRINCIPALES:
PRIMERA. Que declare la nulidad parcial de los siguientes actos
administrativos (actos impugnados) expedidos por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER:
1 Según la demanda, los actores son los señores “Nicolás Licero, Teresa Morales Jiménez, Rosa
Mercedes Morales Barrios, Germanuel Gómez Morales, Isabel Cristina Angulo de Zuñiga, Isidoro
de Ávila Godoy, Gumercinda Otero de Arco, Máximo Herrera Pacheco, María Gladis Gómez
Blanquicett, Marceliano Herrera Caraballo, Marcelino Herrera Casanova, María del Socorro
Villero Galvis, Tomás García Rodríguez, María Candelaria Ramírez de Mesa, Sofía Vásquez de
Otero, Gertrudis Caraballo de Gómez, Edwin Meñaca Caraballo, y muchos otros”. (fls. 1 a 2 del
texto de la demanda).
3
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
a) Resolución N.º 4.192 del 5 de agosto de 2015, “Por la cual se
resuelve el procedimiento de clarificación de la propiedad sobre los
predios que hacen parte de la isla de Tierra Bomba, ubicada en
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, departamento de
Bolívar”, proferida por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. Concretamente en el
aparte de tal acto administrativo – considerandos de la resolución
impugnada, contenidos en los folios 101, 102, 153 y 154, y que a la letra
dicen:
Folios 101 y 102:
“En este sentido es claro para el Instituto que la última tradición cierta y
consolidada de la propiedad sobre la Hacienda Cárex y Tierras de Indios
de Bocachica, la constituye la Gran Comunidad establecida por medio
de la Escritura Pública N.º 37 de fecha 2 de diciembre de 1864, y la
Escritura Pública del 18 de marzo de 1867, esta última aclarada por la
N.º 98 de fecha 15 de septiembre de 1871, debidamente registradas en
el sistema de registro antiguo como lo hemos referenciado y que a partir
de este momento los actos jurídicos de disposición sobre esta hacienda
constituyen lo que se conoce como falsas tradiciones con antecedente
propio.
En este sentido es claro que la transferencia señalada, en las
sucesiones de los señores Julio José de la O e Ignacio Fortich, solo
puede transferir su derecho cuota sobre la propiedad y no afectar la
totalidad del dominio sobre el terreno referenciado, puesto que como se
señaló las transferencias inscritas en registro constituyen falsas
tradiciones, que solo transfieren derechos de cuota y acciones, como le
es propio a las transferencias de derechos de un comunero,
persistiendo la duda sobre el área y terreno específico que se pretendió
transferir.
Igualmente se encuentran inconsistencias, por ausencia de dominio
para transferir la totalidad de la propiedad, en otros documentos
registrales como el reflejado en el antiguo sistema y no transcrito al folio
de matrícula actual: compraventa realizada, mediante Escritura Pública
N.º 1329 de fecha 17 de septiembre de 1929, suscrita en la Notaría
Primera de Cartagena, de los señores Teodosio Fortich y Valentín Julio
(adjudicatarios en sucesión) a favor de Nicolás Licero y otros.”
Folios 153 y 154:
A. Globos de terreno que acreditaron propiedad privada al interior de la
isla.
“Segundo: globo de terreno vinculado con la antigua Hacienda Cárex y
Tierras de Indios de Bocachica que acreditó título originario, identificado
con el siguiente folio de matrícula inmobiliaria N.º 060-30053 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, y que constituye
propiedad privada, según identificación que estableció a la Gran
Comunidad señalada como su último titular pleno y que a partir de ese
momento constituyen sus afectaciones y transferencias falsa tradición
con antecedente propio, salvo la extensión territorial correspondiente al
Lazareto del Tercer Distrito que tiene la condición de baldío reservado
de la Nación.”
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
Así como en la parte resolutiva en el aparte del artículo primero titulado:
Globo de terreno de la antigua Hacienda Carex y Tierras de Indios de
Bocachica.
b) Resolución N.º 07.133 del 3 de diciembre de 2015, “Por la cual se
resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la
Resolución N.º 4192 del 5 de agosto de 2015, ‘Por la cual se resuelve
el procedimiento de clarificación de la propiedad sobre los predios que
hacen parte de la isla de Tierra Bomba, ubicada en jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar’”, proferida
igualmente por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, en cuanto confirma en su
totalidad la resolución impugnada y no accede a la modificación del
texto contenido en los considerandos de la resolución impugnada,
concretamente en los folios 101, 102, 153 y 154, así como en la parte
resolutiva en el aparte de:
Globo de terreno de la antigua Hacienda Carex y Tierras de Indios de
Bocachica.
SEGUNDA. Que en virtud de la declaratoria de nulidad parcial, se
ordene la modificación y/o corrección y/o complementación del texto de
los considerandos de la Resolución N.º 4.192 del 5 de agosto de 2015,
visible a folios 101, 102, 153 y 154, en el sentido de indicar clara y
precisamente que la Escritura Pública N.º 1329 otorgada el día 17 de
septiembre de 1929 en la Notaría Primera de Cartagena y por la cual
los señores Teodosio Fortich y Valentín Julio le transfirieron la
propiedad del predio Hacienda Carex y Tierras de Indios de Bocachica
a una comunidad integrada por 605 personas, debidamente inscrita en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de
Cartagena, bajo diligencia 1460, páginas 89 a 95 del Libro Primero,
Tomo Sexto de 1929 (sistema antiguo de registro al tenor de lo
dispuesto en el artículo 2641 del Código Civil), no corresponde a la
denominada falsa tradición, sino que, por el contrario, constituye una
transferencia del derecho de propiedad para todos los efectos legales.
TERCERA. Que se ordene la cancelación en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena de las inscripciones realizadas en
relación con los actos administrativos demandados, en cuanto tales
inscripciones se opongan a lo solicitado en la presente demanda.
CUARTA. Que se condene en costas a la parte demandada, si hubiere
lugar.
PETICIONES SUBSIDIARIAS:
PRIMERA. Que declare la nulidad parcial de los siguientes actos
administrativos (actos impugnados) expedidos por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, y en consecuencia se
ordenen las modificaciones y/o aclaraciones a que haya lugar en el texto
de los siguientes actos administrativos:
Resolución N.º 4.192 del 5 de agosto de 2015, “Por la cual se resuelve
el procedimiento de clarificación de la propiedad sobre los predios que
hacen parte de la isla de Tierra Bomba, ubicada en jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar”, proferida por
5
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – INCODER. Concretamente en el aparte de tal acto
administrativo – considerandos de la resolución impugnada, contenidos
en los folios 101, 102, 153 y 154, y que a la letra dicen:
Folios 101 y 102:
“En este sentido es claro para el Instituto que la última tradición cierta y
consolidada de la propiedad sobre la Hacienda Carex y Tierras de Indios
de Bocachica, la constituye la Gran Comunidad establecida por medio
de la Escritura Pública N.º 37 de fecha 2 de diciembre de 1864, y la
Escritura Pública del 18 de marzo de 1867, esta última aclarada por la
N.º 98 de fecha 15 de septiembre de 1871, debidamente registradas en
el sistema de registro antiguo como lo hemos referenciado y que a partir
de este momento los actos jurídicos de disposición sobre esta Hacienda
constituyen lo que se conoce como falsas tradiciones con antecedente
propio.
En este sentido es claro que la transferencia señalada, en las
sucesiones de los señores Julio José de la O e Ignacio Fortich, solo
puede transferir su derecho cuota sobre la propiedad y no afectar la
totalidad del dominio sobre el terreno referenciado, puesto que como se
señaló las transferencias inscritas en registro constituyen falsas
tradiciones, que solo transfieren derechos de cuota y acciones, como le
es propio a las transferencias de derechos de un comunero,
persistiendo la duda sobre el área y terreno específico que se pretendió
transferir.
Igualmente se encuentran inconsistencias, por ausencia de dominio
para transferir la totalidad de la propiedad, en otros documentos
registrales como el reflejado en el antiguo sistema y no transcrito al folio
de matrícula actual: compraventa realizada, mediante Escritura Pública
N.º 1329 de fecha 17 de septiembre de 1929, suscrita en la Notaría
Primera de Cartagena, de los señores Teodosio Fortich y Valentín Julio
(adjudicatarios en sucesión) a favor de Nicolás Licero y otros.”
Folios 153 y 154:
B. Globos de terreno que acreditaron propiedad privada al interior de la
isla.
“Segundo: globo de terreno vinculado con la antigua Hacienda Cárex y
Tierras de Indios de Bocachica que acreditó título originario, identificado
con el siguiente folio de matrícula inmobiliaria N.º 060-30053 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, y que constituye
propiedad privada, según identificación que estableció a la Gran
Comunidad señalada como su último titular pleno y que a partir de ese
momento constituyen sus afectaciones y transferencias falsa tradición
con antecedente propio, salvo la extensión territorial correspondiente al
Lazareto del Tercer Distrito que tiene la condición de baldío reservado
de la Nación.”
Resolución N.º 07.133 del 3 de diciembre de 2015, “Por la cual se
resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la
Resolución N.º 4192 del 5 de agosto de 2015, ‘Por la cual se resuelve
el procedimiento de clarificación de la propiedad sobre los predios que
hacen parte de la isla de Tierra Bomba, ubicada en jurisdicción del
6
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar’”, proferida
igualmente por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, en cuanto confirma en su
totalidad la resolución impugnada y no accede a la modificación del
texto contenido en los considerandos de la resolución impugnada.
SEGUNDA. Se disponga la reforma del texto de los considerandos –
visible a folios 101 y 102, que señalan:
“…En este sentido es claro para el Instituto que la última tradición cierta
y consolidada de la propiedad sobre la Hacienda Carex y Tierras de
Indios de Bocachica, la constituye la Gran Comunidad establecida por
medio de la Escritura Pública N.º 37 de fecha 2 de diciembre de 1864,
y la Escritura Pública del 18 de marzo de 1867, esta última aclarada por
la N.º 98 de fecha 15 de septiembre de 1871, debidamente registradas
en el sistema de registro antiguo como lo hemos referenciado y que a
partir de este momento los actos jurídicos de disposición sobre esta
Hacienda constituyen lo que se conoce como falsas tradiciones con
antecedente propio.
En este sentido es claro que la transferencia señalada, en las
sucesiones de los señores Julio José de la O e Ignacio Fortich, solo
puede transferir su derecho cuota sobre la propiedad y no afectar la
totalidad del dominio sobre el terreno referenciado, puesto que como se
señaló las transferencias inscritas en registro constituyen falsas
tradiciones, que solo transfieren derechos de cuota y acciones, como le
es propio a las transferencias de derechos de un comunero,
persistiendo la duda sobre el área y terreno específico que se pretendió
transferir.
Igualmente se encuentran inconsistencias, por ausencia de dominio
para transferir la totalidad de la propiedad, en otros documentos
registrales como el reflejado en el antiguo sistema y no transcrito al folio
de matrícula actual: compraventa realizada, mediante Escritura Pública
N.º 1329 de fecha 17 de septiembre de 1929, suscrita en la Notaría
Primera de Cartagena, de los señores Teodosio Fortich y Valentín Julio
(adjudicatarios en sucesión) a favor de Nicolás Licero y otros.”
Y, en su lugar se indique que:
“La Escritura Pública N.º 1329 otorgada el día 17 de septiembre de 1929
en la Notaría Primera de Cartagena, y por la cual los señores Teodosio
Fortich y Valentín Julio le transfirieron la propiedad del predio Hacienda
Carex y Tierras de Indios de Bocachica a una comunidad integrada por
605 personas, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y Privados de Cartagena, bajo diligencia 1460,
páginas 89 a 95 del Libro Primero, Tomo Sexto de 1929 (sistema
antiguo de registro al tenor de lo dispuesto en el artículo 2641 del Código
Civil), no corresponde a la denominada falsa tradición, sino que, por el
contrario, constituye una transferencia del derecho de propiedad para
todos los efectos legales.”
TERCERA. Se disponga la complementación del artículo primero de la
parte resolutiva de la Resolución N.º 4.192 de 2015, señalando que la
Gran Comunidad de la Hacienda Carex y Tierras de Bocachica acreditó
propiedad particular de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
CUARTA. Se disponga la complementación del artículo primero de la
parte resolutiva de la Resolución N.º 4.192 de 2015, señalando que los
comuneros a que hace referencia la Escritura Pública N.º 1329,
otorgada el 17 de septiembre de 1929 en la Notaría Primera de
Cartagena, debidamente registrada en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena en el sistema antiguo de libros y
debidamente aportada al trámite administrativo de clarificación de la
propiedad, acreditan propiedad privada sobre una parte del predio
objeto de clarificación de la propiedad.
QUINTA. Que se ordene la cancelación en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena de las inscripciones realizadas en
relación con los actos administrativos demandados.
SEXTA. Que se condene en costas a la parte demandada, si hubiere
lugar”. (fls. 6 a 14 cdno. no. 1 – mayúsculas fijas del original).
1.2 Expediente 56.881
Mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2016 (fls. 1 al 12 cdno. no. 4),
Édinson Fortich Barraza, Enith Fortich Castro y Jenny Fortich Castro presentaron
demanda de revisión agraria en contra del Incoder, para solicitar la revisión de
las Resoluciones números 4192 y 7133 de 2015 por medio de las cuales el
Incoder clarificó la propiedad de los predios ubicados en la isla de Tierra Bomba,
con la siguiente súplica:
“1. Solicito muy comedidamente a los Honorables magistrados,
declarar la "NULIDAD PARCIAL" de la Resolución 04192 el día cinco
(5) de agosto de 2015 "por la cual se resuelve el procedimiento de
clarificación de la propiedad sobre los predios que hacen parte de la
ISLA DE TIERRA BOMBA, ubicada en jurisdicción del Distrito de
Cartagena de Indias, departamento de Bolívar", proveniente del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER),
para efectos de ordenar que se decida de fondo en el asunto
clarificando los verdaderos titulares de derechos de dominio dentro del
proceso.” (fl. 8 cdno. no. 4 – mayúsculas sostenidas del original).
1.3 Expediente 56.989
A través de escrito radicado el 10 de marzo de 2016, la sociedad Tierra Bomba
Caribbean SA promovió demanda de revisión agraria con el fin de que se revise
el contenido de las Resoluciones números 4192 y 7133 de 2015, mediante las
cuales el Incoder definió la situación jurídica de los predios localizados en la isla
de Tierra Bomba (fls. 224 a 236 cdno. no. 3), con las siguientes pretensiones:
8
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
“PRIMERA:
Que se revise la Resolución 04192 de 5 de agosto de 2015, emitida
por INCODER y la Resolución 07133 de esa misma dependencia que
confirma la anterior, en su artículo primero. Estas resoluciones
omitieron incluir los predios con los folios de matrícula 060-27100 y
060-27102, que han sido ocupados y poseídos por mi mandante.
Estos constituyen un globo de terreno con título justo (…) adquirido
por tiempo y modo suficientes para acreditar la propiedad.
SEGUNDA:
Que se revise el numeral 2 del artículo quinto de la Resolución 04192
de 5 de agosto de 2015, emitida por la Subgerencia de Tierras Rurales
del INCODER, y la Resolución 07133 de esa misma dependencia que
confirma la anterior. En dicho numeral se declara la afectación jurídica
de los predios distinguidos con los folios de matrícula 060-27100 y
060-27102, que están en posesión y ocupación lícita por parte de la
sociedad que represento. Asimismo, en esta resolución se ordena a la
Oficina de Registro de Cartagena iniciar actuaciones administrativas
registrales respecto de los folios de matrícula de mi mandante para su
corrección, actualización o cierre.
TERCERA:
Que como efecto de la revisión solicitada, el Consejo de Estado
proceda a incluir los predios distinguidos con los folios de matrícula
060-27100 y 060-27102, en posesión y ocupación lícita de la sociedad
que represento, como predios que acreditan propiedad privada, al no
guardar relación con el bien distinguido con el folio de matrícula 060-
124209, relativo a la denominada "Hacienda Tierra Bomba". Así,
quedarán a salvo los derechos derivados de la posesión y ocupación,
conforme a lo establecido en la legislación civil”. (fls. 225 a 226 cdno.
no. 3 mayúsculas fijas del texto original).
2. Razones esgrimidas por los actores para solicitar la revisión
2.1 Expediente 56.712
Los demandantes manifestaron, en síntesis, que el Incoder efectuó
consideraciones que extralimitaban sus competencias, pues, equivocadamente,
y excediendo sus competencias, dicha entidad calificó de falsa tradición ciertos
negocios sobre los predios que los demandantes reclaman como de su
propiedad; el Incoder incurrió en dicho error porque, a través de la escritura
pública número 1329 de 1929 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de
Cartagena unos comuneros vendieron el derecho de propiedad sobre la totalidad
del predio reclamado, a pesar de que solo tenían un derecho de cuota; así,
manifiestan que “el Incoder, en el análisis visible a folios 102 y siguientes de la
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
resolución ahora impugnada, incurre en una clara extralimitación de funciones al
calificar la escritura pública No. 1329 otorgada el 17 de septiembre de 1929 en la
Notaría Primera de Cartagena como falsa tradición, pese a que dicha escritura
pública se encuentra registrada en debida forma en el sistema de libros antiguos
(…)” (fl. 22 del texto de la demanda); en consecuencia, solicitan que se aclare
que esa escritura “no corresponde a la denominada falsa tradición, sino que, por
el contrario, constituye una transferencia del derecho de propiedad para todos los
efectos legales” (fl. 13 del texto de la demanda).
2.2 Expediente 56.881
Como fundamento de las súplicas de la demanda, la parte actora expuso, en
síntesis, que en el proceso de clarificación de la propiedad sobre los bienes de la
Isla de Tierra Bomba (i) el Incoder vulneró su derecho del debido proceso porque
omitió analizar que los demandantes tenían derechos de propiedad sobre los
predios, y (ii) están probados sus derechos sobre los predios reclamados por
cuanto heredaron la posesión pacífica, pública e ininterrumpida de los predios de
sus ancestros, Rafael Fortich Villa y Teodosio Fortich, durante más de treinta
años, lo cual está demostrado mediante la figura de suma de posesiones
regulada en el artículo 778 del Código Civil; para acreditar sus alegaciones,
aportaron documentos relacionados con sucesiones y escrituras públicas que
describen una cadena de tradición de la posición sobre los predios que reclaman.
(fls. 1 al 12 cdno. no. 4).
2.3 Expediente 56.989
La sociedad demandante solicita la declaración de nulidad de las Resoluciones
números 4192 y 7133 del 2015, aduce que (i) los predios con números 060-27100
y 060-27102, denominados "Playa Linda" y "Cerro del Perro", ubicados en la isla
de Tierra Bomba no son bienes fiscales ni baldíos, como lo indican esas
resoluciones; (ii) debe reconocerse su derecho a la propiedad privada, pues,
dicha compañía tiene la posesión continua y legítima sobre esos predios y, (iii) el
Incoder desconoce los derechos adquiridos de la sociedad actora y el principio
de igualdad, pues, otorgó un trato diferente a predios similares en la isla sobre
los cuales el Incoder declaró que eran de propiedad privada, y agrega lo
siguiente:
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
a) En el proceso de clarificación de la propiedad adelantado por el Incoder en la
Isla de Tierra Bomba, la demandante demostró que ocupó y poseyó los predios
con folios de matrícula inmobiliaria 060-27100 y 060-27102 de manera continua
y legítima.
b) En las resoluciones demandadas, el Incoder determinó erróneamente que en
los certificados de libertad y tradición presentados por la sociedad demandante
existía una "falsa tradición", decisión que era competencia exclusiva de los jueces
civiles; y, al hacer esto, el Incoder excedió sus funciones porque interpretó que
en los certificados de libertad y tradición aportados por la demandante existían
irregularidades que no demostraban el derecho de dominio sobre los predios
reclamados.
c) El Incoder trató de forma desigual los predios de la demandante, pues, a pesar
de que se encontraban en condiciones similares a otros predios que fueron
declarados como propiedad privada, el Incoder negó el derecho de dominio de la
parte actora; adicionalmente, el Incoder no presentó pruebas suficientes para
justificar que los predios de la sociedad eran baldíos. (fls. 224 a 236 cdno. no. 3)
3. Posición de la Agencia Nacional de Tierras sobre las demandas
3.1 Frente a la demandada del expediente 56.712
La ANT, antes Incoder, solicita que se nieguen las pretensiones (fls. 529 a 534
cdno. no. 1) con base en lo siguiente:
a) Las referencias a la existencia de una falsa tradición en las resoluciones
demandadas se debe a que los títulos presentados por los demandantes carecen
de un antecedente legítimo de dominio; es decir, en los folios de matrículas
inmobiliarias aportados consta la inscripción de un derecho que no proviene de
un legítimo propietario, sino de un acto de enajenación de cosa ajena o de
transferencia de derechos incompletos; en consecuencia, la posesión inscrita no
es suficiente para acreditar propiedad y la inscripción de esta en el folio de
matrícula inmobiliaria no sanea la existencia de una falsa tradición.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
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b) Las resoluciones objeto de la acción de revisión concluyen, adecuadamente,
que las anotaciones en los folios de matrículas no corresponden a una verdadera
propiedad, sino a una posesión sin justo título, lo que hace indispensable que la
parte demandante solicite la actualización de los registros para evitar actos
basados en títulos defectuosos; sin embargo, ello no es de competencia del
Incoder, hoy ANT (fls. 529 a 534 cdno. no. 1).
3.2 Frente a la demanda del expediente 56.881
La ANT se opone a las súplicas de la demanda (fls. 534 a 535 cdno. no. 1), con
los siguientes argumentos:
a) La Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994 preceptúan que la propiedad
privada solo se prueba con un título originario del Estado o con títulos inscritos
antes de 1994, siempre que acrediten tradición de dominio por el tiempo exigido
para la prescripción extraordinaria; en el presente asunto, los demandantes
aportaron documentos que hacen referencia a una suma de posesiones,
circunstancia que no acredita el derecho de propiedad sobre los predios que
reclaman como de su propiedad.
b) El procedimiento de clarificación de la propiedad se adelantó legalmente y los
demandantes participaron en él, razón por la cual se garantizó su derecho del
debido proceso; las decisiones adoptadas por el Incoder se basaron en pruebas
técnicas, como era el caso de la inspección administrativa y, finalmente, los títulos
de los demandantes no prueban el derecho de dominio sobre los inmuebles que
reclaman, por lo que el terreno pertenece a la Nación (fls. 534 a 535 cdno. no. 1).
3.3. Frente a la demanda del expediente 56.989
La ANT solicita que se declare la legalidad de las resoluciones demandas,
porque, los predios reclamados por la sociedad son baldíos, debido a que, la
demandante no demostró que tenía el derecho de propiedad privada sobre estos
(fls. 535 a 537 cdno. no. 1) y manifiesta lo siguiente:
a) Los títulos relacionados con los predios con folios de matrículas inmobiliarias
números 060-27100 y 060-27102 no acreditan la tradición que demuestre que
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
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son de propiedad privada, por cuanto, en los certificados de libertad y tradición
aportados por la sociedad consta la figura de “falsa tradición”, debido a que en
ellos figuran negocios jurídicos de venta de posesiones sobre los predios
reclamados, pero no acreditan una cadena de derecho de dominio.
b) Existen antecedentes de casos similares de apropiación irregular de baldíos
en la región y presuntas irregularidades en títulos en zonas como Manzanillo del
Mar y Tierra Baja. En esos casos existieron falsificaciones y superposiciones de
títulos, lo cual fue investigado por la Fiscalía General de la Nación.
c) El proceso de clarificación de propiedad en la isla de Tierra Bomba se realizó
con total legalidad, garantizó la participación de los interesados y se basó en
pruebas técnicas y documentales. Al respecto, debe tenerse en cuenta que (i) se
realizaron inspecciones administrativas, estudios catastrales y análisis históricos
de los títulos; (ii) se determinó que de las 1.951 hectáreas de la Isla Tierra Bomba,
871 hectáreas pertenecen a la Armada Nacional y al Distrito de Cartagena,
mientras que 1.080 hectáreas son propiedad de particulares y nativos con títulos
legalmente acreditados; (iii) el procedimiento fue transparente y garantizó la
participación de los interesados, quienes pudieron presentar sus argumentos y
documentos.
4. Alegaciones de conclusión y concepto del Ministerio Público
El 8 de noviembre de 2021 se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos y al Ministerio Público para que rindiera concepto (índice 103 SAMAI).
1) En su escrito de alegaciones finales la ANT sostiene que, (i) respecto del
expediente 56.712, los títulos invocados por los demandantes no demuestran el
derecho de dominio porque se originan en una “falsa tradición”, en consecuencia,
no se desvirtuó su carácter de baldíos; (ii) frente al expediente 58.881, el Incoder
adelantó el procedimiento de clarificación de la propiedad con acatamiento de la
Ley 160 de 1994, y en él se les garantizó el derecho del debido proceso; (iii) sobre
el expediente 56.969, los demandantes no probaron la propiedad privada sobre
los inmuebles reclamados, pues, los negocios jurídicos efectuados sobre estos
corresponden a falsas tradiciones (índice 109 SAMAI).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
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2) La parte demandante en el proceso 56.712 presentó escrito de alegaciones
(índice 110 SAMAI), y reiteró los argumentos presentados en la demanda, en el
sentido de manifestar que el Incoder excedió sus competencias cuando calificó,
en la parte considerativa de la resolución 4192 de 2015, que algunos negocios
jurídicos sobre el bien con matrícula inmobiliaria constituían una falsa tradición.
3) El Ministerio Público solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda,
porque, en todos los casos, (i) el Incoder actuó dentro del marco de sus
competencias legales al adelantar el procedimiento de clarificación de la
propiedad conforme a la Ley 160 de 1994 y su reglamentación, (ii) dicha
actuación incluyó un análisis riguroso de los títulos aportados, inspecciones
administrativas, visitas a oficinas de registro y, verificación de antecedentes
jurídicos y catastrales; (iii) no se extralimitaron las funciones del Incoder al
calificar ciertas tradiciones como falsas, pues, esa labor hace parte de la
competencia asignada por la ley para determinar si los predios han salido del
patrimonio del Estado, y (iv) no es posible adquirir bienes baldíos por prescripción
y los registros que reflejan ventas sin dominio pleno corresponden a falsas
tradiciones (índice 111 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala2 procede a resolver el asunto sometido a
consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis del caso concreto frente a cada una de las demandas
y 3) costas.
2 La Sala es competente para proferir esta providencia en única instancia, según los artículos 50
de la Ley 160 de 1994 y 149 del CPACA; de acuerdo con el literal f) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, la demanda de revisión contra los actos que deciden de fondo los procedimientos
sobre clarificación de la propiedad debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes
a su ejecutoria; en el presente caso, según la certificación del Incoder aportada al proceso, la
Resolución 4192 de 2015 quedó ejecutoriada el 14 de marzo de 2016; en consecuencia, las
demandas fueron presentadas dentro del término legal.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
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1. Objeto de las controversias y anuncio de la decisión
Las controversias planteadas consisten en determinar si las Resoluciones
números 4192 y 7133 de 2015 emitidas por el extinto Incoder, ahora ANT, en un
procedimiento de clarificación de la propiedad en la Isla de Tierra Bomba deben
anularse por haber determinado que los bienes inmuebles tenían la calidad de
baldíos, a pesar de que, como lo reclaman los actores, son de propiedad privada.
2. Análisis del caso concreto frente a cada una de las demandas
La Sala negará las pretensiones en todos los expedientes porque los
demandantes no acreditaron el derecho de dominio sobre los predios objeto del
presente proceso de revisión agraria.
2.1 Análisis del proceso número 56.712
La Sala negará las súplicas de los demandantes, pues, las observaciones
realizadas por el Incoder en la parte considerativa de las Resolución 4192 de
2015 no constituyeron una extralimitación de funciones, sino un análisis técnico
necesario dentro del procedimiento administrativo de clarificación de la propiedad
del predio número 060-30053.
1) El procedimiento de clarificación de la propiedad adelantado por el Incoder
tenía como único objetivo determinar la naturaleza jurídica de ese inmueble, es
decir, establecer si era un bien baldío o de propiedad privada, y, como resultado
de este estudio, concluir que el predio no era baldío, sino de propiedad privada.
En la parte resolutiva de la referida Resolución 4192 de 2015, el Incoder indicó
lo siguiente:
“(…).
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Globo de Terreno de la Antigua Hacienda Cárex y Tierras de Indios
de Bocachica
El globo de terreno que conforma la antigua Hacienda Cárex y
Tierras de Indios de Bocachica acreditó título originario, con
excepción de la extensión territorial correspondiente al Lazareto
del Tercer Distrito, el cual tiene la condición de Baldío Reservado
de la Nación.
Este predio está identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 060-30053 e incluye los terrenos ubicados en el sector del Arroyo,
identificados con el Folio de Matrícula No. 060-0083342 (actualmente
cerrado), del cual se segregaron los siguientes folios de matrícula:
• 060-113285, 060-148812, 060-149421, 060-149422, 060-
148810, 060-156918, 060-156919, 060-148808, 060-
148809, 060-236579, 060-156920, 060-167601, 060-
180210, 060-180212, 060-184132, 060-207354, 060-
248042, 060-207355, 060-207356, 060-180211, 060-
148811, 060-156921, 060-178474, 060-156922.
Este globo de terreno constituye propiedad privada y tiene una
extensión aproximada de 1.039 hectáreas y 3.983 metros cuadrados
(1.039 ha + 3.983 m²) (…).” (fl. 159 de la resolución 4192 de 2015).
2) De esta manera, el procedimiento de clarificación cumplió con su propósito,
cuando determinó que el predio con folio de matrícula inmobiliaria no. 060-30053
no era un bien baldío, sino de propiedad privada, y éste fue el único objeto de
dicha actuación.
3) No obstante, los demandantes impugnan una parte de la resolución
relacionada con la calificación que el Incoder efectuó sobre la escritura pública
número 1329 de 1929 de la Notaría Primera de Cartagena, frente a la cual el
Incoder estableció que existía una falsa tradición; en la parte considerativa de la
Resolución 4192 del 2015, el Incoder afirmó que, en esa escritura, unos
comuneros vendieron la totalidad del predio a pesar de que solo tenían un
derecho de cuota y, por lo tanto, que los vendedores no podían transferir la
totalidad del bien porque no eran propietarios exclusivos, sino copropietarios con
derecho a una cuota del predio.
En efecto, la Resolución número 4192 de 2015 contiene, literalmente, este texto:
“En este sentido, es claro para el Instituto que la última tradición cierta
y consolidada de la propiedad sobre la Hacienda Carex y Tierras de
Indios de Bocachica la constituye la Gran Comunidad, establecida por
medio de la Escritura Pública No. 37 de fecha 2 de diciembre de 1864,
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y la Escritura Pública del 18 de marzo de 1867, esta última aclarada
por la No. 98 de fecha 15 de septiembre de 1871, debidamente
registradas en el sistema de registro antiguo, como lo hemos
referenciado. A partir de este momento, los actos jurídicos de
disposición sobre esta Hacienda constituyen lo que se conoce como
falsas tradiciones con antecedente propio.
En este sentido, es claro que la transferencia señalada en las
sucesiones de los señores Julio José de la O. e Ignacio Fortich solo
puede transferir su derecho de cuota sobre la propiedad y no afectar
la totalidad del dominio sobre el terreno referenciado. Esto se debe a
que, como se señaló, las transferencias inscritas en registro
constituyen falsas tradiciones, que solo transfieren derechos de cuota
y acciones, como corresponde a las transferencias de derechos de un
comunero, persistiendo la duda sobre el área y el terreno específico
que se pretendió transferir.
Igualmente, se encuentran inconsistencias por ausencia de dominio
para transferir la totalidad de la propiedad en otros documentos
registrales, como el reflejado en el antiguo sistema y no transcrito al
folio de matrícula actual. Tal es el caso de la compraventa realizada
mediante Escritura Pública No. 1329 de fecha 17 de septiembre de
1929, suscrita en la Notaría Primera de Cartagena, en la cual los
señores Teodosio Fortich y Valentín Julio (adjudicatarios en sucesión)
transfieren derechos a favor de Nicolás Licero y otros." (fls. 101 a 102
del texto de la resolución).
4) Frente a la anterior consideración, los demandantes alegan, en la demanda de
la presente revisión agraria, que el Incoder excedió sus funciones por el hecho
de realizar esta calificación, argumentan lo siguiente:
"El Incoder, en el análisis visible a folios 102 y siguientes de la
resolución ahora impugnada, incurre en una clara extralimitación de
funciones al calificar la escritura pública No. 1329 otorgada el 17 de
septiembre de 1929 en la Notaría Primera de Cartagena como Falsa
Tradición, pese a que dicha escritura pública se encuentra registrada
en debida forma en el sistema de libros antiguos (…)”. (fl. 22 del texto
de la demanda).
5) En consecuencia, la parte demandante solicita en este proceso que se aclare
que dicha escritura no constituye falsa tradición, sino que, por el contrario,
representa una transferencia válida del derecho de propiedad para todos los
efectos legales.
6) La Sala no accede a las pretensiones de la parte actora, pues, el Incoder en
modo alguno excedió sus funciones, como equivocadamente lo señala la
demanda; en efecto, en desarrollo del procedimiento de clarificación de la
propiedad el Incoder analizó los antecedentes registrales del predio y, al hacerlo,
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advirtió la referida irregularidad, es decir, que unos comuneros vendieron la
totalidad del predio a pesar de que solo tenían derecho sobre una cuota parte; el
Incoder, en consecuencia, indicó que ese acto no constituye una transmisión
legítima del dominio total del inmueble, sino que, representa un caso de falsa
tradición.
7) No obstante, esa observación no afecta la determinación sobre la naturaleza
jurídica del predio No. 060-30053, ya que, fue declarado de propiedad privada, y
las consideraciones que el Incoder efectuó sobre la escritura pública número
1329 de 1929 de la Notaría Primera de Cartagena no tienen incidencia en la
naturaleza jurídica del bien.
8) Por consiguiente, lo que la parte actora solicita excede el alcance del
procedimiento de clarificación, en tanto que, pretende que el Incoder califique la
escritura pública no. 1329 de 1929 como un título válido de propiedad; sin
embargo, esta determinación es un asunto de competencia exclusiva de la
respectiva autoridad judicial dentro de un proceso de pertenencia o declarativo
de dominio, mas no corresponde al Incoder dentro de un trámite administrativo
que, se reitera, únicamente busca determinar si un predio es baldío o de
propiedad privada.
9) En ese contexto, la Sala concluye que las pretensiones de los demandantes
no están llamadas a prosperar, por cuanto el Incoder actuó dentro del marco de
sus competencias al analizar los antecedentes registrales del predio no. 060-
30053 durante el procedimiento de clarificación de la propiedad, sin extralimitarse
ni exceder sus funciones; así, las observaciones sobre la escritura pública no.
1329 de 1929 de la Notaría Primera de Cartagena, aunque incluyeron la
calificación de falsa tradición, no modificaron la decisión administrativa según la
cual el predio tiene carácter de propiedad privada ni constituyen
pronunciamientos sobre la titularidad del dominio, pues, tales determinaciones
corresponden, exclusivamente, al juez ordinario en un proceso de pertenencia.
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2.2 Análisis del proceso número 56.881
La Sala negará las pretensiones de la demanda de este otro expediente porque
los actores no acreditaron el derecho de dominio sobre los predios que reclaman,
según lo exige el artículo 48 de la Ley 160 de 1994.
1) La referida norma dispone que, para acreditar propiedad privada, es necesario
que los demandantes prueben el derecho de dominio a través de títulos
originarios del Estado o de títulos debidamente inscritos; la norma preceptúa lo
siguiente:
“ARTÍCULO 48. De conformidad y para efectos de lo establecido en los
numerales 14, 15 y 16 del artículo 12 de la presente Ley, el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, previa obtención de la información necesaria, adelantará
los procedimientos tendientes a:
1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la
propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del
Estado.
A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad
privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como
prueba el título originario expedido por el Estado que no haya
perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos
otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que
consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término
que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada
por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la
presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o
que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso
público.
2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los
particulares.
3. Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos.
PARÁGRAFO. Para asegurar la protección de los bienes y derechos
conforme al artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993,
el INCORA podrá adelantar procedimientos de delimitación de las
tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de
las que pertenecieren a los particulares” (resaltada la Sala).
2) A su vez, el artículo 50 de la Ley 160 de 1994 dispone que, en el procedimiento
de clarificación de la propiedad, el Incoder tiene la competencia de determinar
que, en relación con los bienes objeto del referido procedimiento: (i) no existe un
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título originario del Estado que haya perdido su eficacia legal; (ii) el inmueble ha
salido del patrimonio estatal por adjudicación; (iii) se ha acreditado la propiedad
privada mediante la exhibición de una cadena de títulos debidamente inscritos y
con una tradición de dominio no menor al término exigido para la prescripción
extraordinaria o, en su defecto, (iv) los títulos aportados por los interesados son
insuficientes para demostrar el derecho de dominio sobre el bien.
La citada norma dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 50 (…).
La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la
propiedad solo podrá declarar que en relación con el inmueble objeto
de las diligencias no existe título originario del Estado, o que posee
título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, o que se
acreditó propiedad privada por la exhibición de una cadena de títulos
debidamente inscritos otorgados por un lapso no menor del término
que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, según lo
previsto en esta Ley, o que los títulos aportados son insuficientes, bien
porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el
inmueble, o se refiere a bienes no adjudicables, o que se hallen
reservados, destinados a un uso público, o porque se incurre en
exceso sobre la extensión legalmente adjudicable. Cuando se declare
que en relación con el inmueble existe propiedad privada, o que salió
del patrimonio del Estado, en todo caso quedarán a salvo los derechos
de los poseedores materiales, conforme a la ley civil (…)”.
3) La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto y ha
establecido que (i) la simple existencia de títulos no es suficiente para desvirtuar
la presunción de baldío de un bien si estos no cumplen con los requisitos exigidos
por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, por lo que, para demostrar que un
inmueble ha salido del dominio del Estado, es indispensable que los interesados
acrediten una cadena de títulos debidamente inscritos, con tradiciones de
dominio ininterrumpidas y en los términos mínimos fijados para la prescripción
extraordinaria; adicionalmente, (ii) también ha indicado que la posesión ejercida
sobre un bien baldío no puede ser alegada como forma de adquisición del
dominio, pues, estos bienes pertenecen originariamente a la Nación y no pueden
ser adquiridos por particulares por prescripción.
En esa línea de entendimiento, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
“Las escrituras aportadas al proceso constituyen entonces
títulos derivados que, frente a los dos (2) terrenos inicialmente
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diferenciados y que convergieron en el predio “La Clarita”,
carecieron de la aptitud para haber transferido el dominio sobre
ellos, lo cual implicaba, tal y como se concluyó en el
procedimiento de clarificación que adelantó el INCODER, que no
hubieran salido del dominio del Estado, conservando así su
condición de baldíos.
La Sala debe insistir en que, con el objeto de que se determine que un
bien salió del dominio del Estado, el artículo 48.1 de la Ley 160 de
1994 estableció la posibilidad de que se acredite la propiedad privada
sobre aquel a través de la existencia de títulos derivados inscritos
aptos, en los que consten tradiciones por el término mínimo de la
prescripción extraordinaria, sin dejar ninguna cabida a la posesión
ejercida por dicho término, advertencia esta última que se hace para
despejar cualquier duda frente al alcance de las afirmaciones en una
de las escrituras”3 (negrillas de la Sala).
4) Asimismo, en relación con la imposibilidad de adquirir bienes baldíos mediante
la prescripción adquisitiva de dominio, la Corte Constitucional ha desarrollado
una línea jurisprudencial que reafirma la inalienabilidad de estos bienes, de forma
tal que, en la sentencia SU-288 de 20124, expuso lo siguiente5:
“(…), al menos desde la Ley 48 de 1882, no es posible adquirir el
dominio de bienes baldíos en virtud de la prescripción adquisitiva de
dominio ni, por lo mismo, mediante procesos de pertenencia, prohibido
expresamente en el ordenamiento jurídico desde la Ley 120 de 1928,
y por tal razón las sentencias que declaren la prescripción adquisitiva
del dominio no son oponibles al Estado, como lo dispone actualmente
el artículo 375 del Código General del Proceso al señalar que “En
ningún caso, las sentencias de declaración de pertenencia serán
oponibles al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)
respecto de los procesos de su competencia”.
5) En el presente asunto, los demandantes no acreditaron el derecho de dominio
sobre los predios reclamados, según lo exige el artículo 48 de la Ley 160 de 1994,
debido a que, como se indicó anteriormente, esa norma dispone que (i) para
probar la propiedad privada sobre un inmueble, es necesario exhibir un título
originario expedido por el Estado o una cadena de títulos debidamente inscritos
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021, Rad.
48709, CP Marta Nubia Velásquez.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU 288 del 18 de agosto de 2022, MP Antonio José Lizarazo
Ocampo.
5 Sobre la posesión de baldíos, la Corte reiteró que los bienes baldíos son imprescriptibles y no
pueden adquirirse mediante procesos de pertenencia; no obstante, reconoció que la posesión
agraria genera una expectativa de adjudicación por parte del Estado, siempre que los ocupantes
cumplan con los requisitos legales y pertenezcan a la población beneficiaria de la reforma agraria;
además, que la ocupación o explotación económica de un baldío no transforma su naturaleza
jurídica en propiedad privada, por lo que, el único mecanismo válido para adquirir estos terrenos
sigue siendo la adjudicación estatal conforme a la normatividad vigente, pero, ésta es una
situación distinta a la que se estudia en este caso.
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que acrediten la tradición del dominio por un lapso igual o superior al término de
prescripción extraordinaria y, (ii) cuando no se cumplen esos requisitos, se
presume que los predios son baldíos y, por lo tanto, pertenecen a la Nación.
6) En este caso concreto, la parte actora sustenta su reclamación en la posesión
material que sus ancestros ejercieron sobre los terrenos y en la denominada
suma de posesiones como medio para acreditar la titularidad sobre estos predios;
así, manifiesta que tenía derecho sobre los predios objeto de la presente revisión
agraria por las siguientes razones:
“Existen varios soportes de la tradición del inmueble, por ejemplo: la
sentencia de sucesión del difunto Teodosio Fortich (abuelo), del
veintidós (22) de abril de 1983, proferida por el Juzgado Sexto (6°) Civil
del Circuito de Cartagena, protocolizada mediante la Escritura Pública
No. 5130 del veinticinco (25) de noviembre de 1988, otorgada en la
Notaría Tercera (3°) del Círculo de Cartagena. Asimismo, la sentencia
de sucesión del difunto Rafael Fortich Villa (padre), del treinta (30) de
marzo de 2001, emitida por el Juzgado Cuarto (4°) de Familia de
Cartagena de Indias, protocolizada mediante la Escritura Pública No.
1436 del catorce (14) de julio de 2004 en la Notaría Primera (1°) del
Círculo de Cartagena. Finalmente, la ratificación de la herencia se
efectuó mediante la Escritura Pública No. 2.277 del treinta (30) de
agosto de 2004, otorgada en la Notaría Segunda (2°) del Círculo de
Cartagena.
Una séptima (1/7) parte del bien inmueble equivale a 56 hectáreas +
7.684,25 m² para los hermanos Edinson Fortich Barraza, Enith Fortich
Castro y Jenny Fortich Castro. Sin embargo, debido a que su padre,
Rafael Fortich Villa, en vida ostentó la posesión pacífica e ininterrumpida
con ánimo de señor y dueño de una porción de terreno dentro del bien
inmueble referenciado, equivalente a 101 hectáreas + 8.339 m² (56
hectáreas + 7.684,25 m² sobre las cuales ostentaba el dominio y 45
hectáreas + 654,75 m² adquiridas por posesión pacífica, regular,
ininterrumpida, personal, autónoma e independiente, y por lo tanto
excluyente de los demás comuneros a lo largo de más de 30 años), los
hermanos Edinson Fortich Barraza, Enith Fortich Castro y Jenny
Fortich Castro recibieron en sucesión no solo la porción de su
herencia, sino también la posesión ininterrumpida de un globo de
terreno con una cabida superficiaria total de 101 hectáreas + 8.339
m².
Esta figura jurídica se denomina "suma de posesiones" y se
encuentra establecida en el artículo 778 del Código Civil
Colombiano, el cual permite añadir la posesión de un antecesor a
la de un sucesor, es decir, tomar el tiempo de posesión del
antecesor y sumarlo al tiempo de posesión del sucesor. A través
de la suma de posesiones, los años que invirtió un poseedor para
adquirir la propiedad del bien no se pierden al pasar a manos de
otra persona que también tiene el animus de hacerse dueño de la
cosa. El artículo 778 del Código Civil define la suma de posesiones
de la siguiente manera:
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
"El que sucede a otro por acto entre vivos o por causa de muerte,
en la posesión de una cosa, puede unir a la suya propia la del
antecesor, para completar el tiempo necesario para la
prescripción". (fls. 2 a 3 del texto de la demanda – negrillas
adicionales).
7) No obstante, (i) como lo disponen el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la posesión no constituye, por sí sola, un
mecanismo idóneo para desvirtuar la presunción de baldío ni para consolidar la
propiedad privada sobre bienes del Estado y, (ii) el artículo 50 de la Ley 160 de
1994 preceptúa, expresamente, que la simple posesión no es suficiente para
acreditar la propiedad privada sobre un terreno, pues, para ello es imprescindible
demostrar una cadena ininterrumpida de títulos debidamente inscritos que
validen la salida del bien del patrimonio estatal, lo cual no sucede en el presente
asunto.
8) Los documentos aportados por los demandantes, entre ellos sentencias de
sucesión, escrituras públicas y registros de posesión, no cumplen con los
requisitos exigidos en la Ley 160 de 1994 para acreditar, idónea y válidamente,
el derecho de dominio sobre los inmuebles que reclaman: (i) la sucesión
hereditaria únicamente transmite los derechos patrimoniales que el causante
poseía al momento de su fallecimiento, en consecuencia, no transforma la
posesión en propiedad ni genera un derecho real sobre bienes que se encuentran
en el dominio del Estado; (ii) adicionalmente, los demandantes fundamentan su
reclamación en la prescripción adquisitiva de dominio, sin tener en cuenta que
los terrenos baldíos no pueden adquirirse por esta figura jurídica, conforme lo ha
reiterado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos y recientemente
en la sentencia SU 288 de 2022.
9) En consecuencia, la Sala concluye que los demandantes no desvirtuaron la
presunción de baldío ni lograron demostrar la existencia de un título traslaticio de
dominio que acreditara la salida de los predios del patrimonio del Estado objeto
de las resoluciones revisadas.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
2.3 Análisis del proceso número 56.989
La Sala negará las pretensiones de la tercera demanda porque la sociedad actora
no acreditó la existencia de títulos legítimos inscritos que acreditaran que tenía
el derecho de propiedad sobre los bienes que reclama; aunque la demandante
aportó dos certificados de libertad y tradición, estos contienen múltiples
anotaciones que indican irregularidades en la cadena de tradición: en los folios
de matrícula se anotó la compraventa de mejoras, de posesión y hay múltiples
registros de falsa tradición en diferentes actos, como se detalla a continuación:
1) Frente a los predios reclamados por la parte actora como de propiedad privada,
el Incoder señaló en la Resolución 4192 de 2015, objeto de la presente revisión,
lo siguiente:
“2. FOLIOS DE MATRÍCULA SIN ANTECEDENTE REGISTRAL
PROPIO Y TÍTULOS INEFICACES
Folio de Matrícula No. 060-27100 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cartagena, sin dirección "Playalinda", ubicado en el
paraje de Juan Gui.
En el anterior folio no se evidencia registro de ningún documento
que dé nacimiento a la propiedad en el territorio pretendido, e
igualmente no está vinculado con el folio de matrícula No. 060-124209,
el cual identifica registralmente el sector donde se señala ubicado el
predio, el cual para la época de los documentos inscritos en el folio
estaba en cabeza del Distrito de Cartagena, constituyéndose en un
fiscal patrimonial. Su antecedente más remoto son las Escrituras
Públicas No. 825 de fecha 24 de mayo de 1974; No. 282 de fecha 20
de diciembre de 1975; y la No. 85 de fecha 05 de mayo de 1975, de
las Notarías Segunda y Primera de Cartagena, suscritas por el señor
Hernando Ferro Gómez, y que según complementación del folio, estas
no señalan los datos de registro de las Escrituras citadas.
Igualmente, en su literalidad, el folio no muestra en ninguna de
sus anotaciones una transferencia efectiva de dominio, sino
falsas tradiciones que no transfieren propiedad sobre la
existencia territorial pretendida.
Folio de Matrícula No. 060-27101 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cartagena, sin dirección, terreno denominado
Vistahermosa antes Vaya Viendo.
El anterior folio no señala ningún documento que dé nacimiento
a la propiedad en el territorio pretendido, y no está vinculado con
el folio de matrícula No. 060-124209, que identifica registralmente el
sector donde se señala se encuentra el predio, el cual para la época
de los documentos inscritos en el folio, estaba en cabeza del Distrito
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
de Cartagena, constituyéndose en un fiscal patrimonial. Su
antecedente más remoto en su anotación primera es la Escritura
Pública No. 2653 de fecha 30 de diciembre de 1978, suscrita en la
Notaría 3 de Cartagena, y que protocoliza un Aporte (Mejoras) de
Ferro Gómez Hernando a favor de Playa Linda Limitada.
Igualmente, en su literalidad, el folio no muestra en ninguna de
sus anotaciones una transferencia efectiva de dominio, sino
falsas tradiciones que no transfieren propiedad sobre la
existencia territorial pretendida, siendo simplemente la
transferencia de mejoras sobre un predio del que no se tiene el
dominio establecido, por parte de los declarantes señalados en
los Instrumentos Públicos anotados.
Folio de Matrícula No. 060-27102 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cartagena, sin dirección, Cerro del Perro.
El anterior folio no señala ningún documento que dé nacimiento a la
propiedad en el territorio pretendido, y no está vinculado con el folio de
matrícula No. 060-124209, que identifica registralmente el sector
donde se señala se encuentra el predio, el cual para la época de los
documentos inscritos en el folio, estaba en cabeza del Distrito de
Cartagena, constituyéndose en un fiscal patrimonial. Su antecedente
más remoto en su anotación primera es la Escritura Pública No. 2653
de fecha 30 de diciembre de 1978, suscrita en la Notaría 3 de
Cartagena, y que protocoliza un Aporte (Mejoras) de Ferro Gómez
Hernando a favor de Playa Linda Limitada.
Igualmente, en su literalidad, el folio no muestra en ninguna de sus
anotaciones una transferencia efectiva de dominio, sino falsas
tradiciones que no transfieren propiedad sobre la existencia territorial
pretendida, siendo simplemente la transferencia de mejoras sobre un
predio del que no se tiene el dominio establecido, por parte de los
declarantes señalados en los Instrumentos Públicos anotados”. (fls.
124 a 125 de la Resolución 4192 de 2015 –mayúsculas fijas del texto
original y resaltado de la Sala).
2) En el mismo sentido, las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria 060-
27100, sobre el cual la parte actora reclama propiedad privada, indican negocios
relacionados con el predio que fueron calificados como “falsa tradición”;
particularmente, en la anotación 9 consta que la posesión del predio fue
transferida a la sociedad Tierra Bomba Caribbean SA mediante la escritura
pública 5093 de la Notaría Tercera de Cartagena; en consecuencia, el folio
describe los predios como en "posesión" de la sociedad demandante, pero, como
se indicó en el acápite anterior, la figura de la posesión no otorga
automáticamente derechos de dominio.
El mencionado folio de matrícula inmobiliaria contiene, expresamente, la
siguiente información:
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
“ANOTACIÓN: Nro: 2
Fecha: 7/5/1979 Radicación: SN
DOC: ESCRITURA 496 DEL: 23/4/1979 NOTARÍA: 3 DE
CARTAGENA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACIÓN: OTRO: 999 ACLARATORIA APORTE - FALSA
TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: FERRO GÓMEZ HERNANDO
A: PLAYA LINDA LIMITADA
ANOTACIÓN: Nro: 4
Fecha: 29/8/1986 Radicación: 9227
DOC: ESCRITURA 2495 DEL: 24/7/1986 NOTARÍA: 3 DE
CARTAGENA VALOR ACTO: $3.000.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICIÓN: 601 COMPRAVENTA
(ESTE Y OTROS) - FALSA TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: PLAYA LINDA LIMITADA
A: CORPORACIÓN CARTAGENA COUNTRY CLUB
ANOTACIÓN: Nro: 6
Fecha: 11/3/1988 Radicación: 3099
DOC: ESCRITURA 916 DEL: 9/3/1988 NOTARÍA: 3 DE CARTAGENA
VALOR ACTO: $3.000.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICIÓN: 601 COMPRAVENTA
MEJORAS Y 3 MÁS - FALSA TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: PLAYA LINDA LIMITADA
A: CORPORACIÓN CARTAGENA COUNTRY CLUB
ANOTACIÓN: Nro: 7
Fecha: 7/9/1994 Radicación: 17010
DOC: ESCRITURA 3108 DEL: 19/8/1994 NOTARÍA: 13 DE SANTA
FE DE BOGOTÁ VALOR ACTO: $5.000.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICIÓN: 601 COMPRAVENTA -
FALSA TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CORPORACIÓN CARTAGENA COUNTRY CLUB
A: CORPORACIÓN MULTINACIONAL DE CLUBES MULTICLUBES
DE COLOMBIA
ANOTACIÓN: Nro: 8
DOC: ESCRITURA 3671
ESPECIFICACIÓN: (No indicada en el texto original)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
DE: CORPORACIÓN MULTINACIONAL DE CLUBES MULTICLUBES
DE COLOMBIA
A: CARDONA NARANJO URIEL
ANOTACIÓN: Nro: 9
Fecha: 8/7/2009 Radicación: 2009-060-6-14673
DOC: ESCRITURA 5093 DEL: 18/11/2008 NOTARÍA: TERCERA DE
CARTAGENA VALOR ACTO: $12.700.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICIÓN: 0618 TRANSFERENCIA DE
POSESIÓN CON ANTECEDENTE REGISTRAL -
RESOLUCIÓN No. 0625 DE FECHA 21/2/2002.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CARDONA NARANJO URIEL CC No. 1.193.560
A: TIERRA BOMBA CARIBBEAN S.A”. (fls. 1596 a 1597 cdno. no. 3,
mayúsculas fijas del texto original).
3) Similar a lo anterior, el folio 060-27102 también incluye varias anotaciones con
problemas de falsa tradición y posesión, por ejemplo, (i) las anotaciones 1 y 2 del
7 de mayo de 1979 incluyen únicamente notas de compra de mejoras y de falsa
tradición, (ii) la anotación 4 del 29 de agosto de 1986 registra una compraventa
como falsa tradición; (iii) la anotación 6 del 11 de marzo de 1988 señala una
compraventa de mejoras con falsa tradición, y (iv) la anotación 10 refiere una
transferencia de posesión como falsa tradición.
El mencionado folio de matrícula inmobiliaria contiene la siguiente información:
“ANOTACIÓN: Nro: 1
Fecha: 7/5/1979 Radicación: SN
DOC: ESCRITURA 2653 DEL: 30/12/1978 NOTARÍA: 3 DE
CARTAGENA VALOR ACTO: $300.000
ESPECIFICACIÓN: OTRO 999 APORTE (MEJORAS 50%)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: FERRO GÓMEZ HERNANDO
A: PLAYA LINDA LIMITADA
ANOTACIÓN: Nro: 2
Fecha: 7/5/1979 Radicación: SN
DOC: ESCRITURA 496 DEL: 23/4/1979 NOTARÍA: 3 DE
CARTAGENA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACIÓN: OTRO 999 ACLARATORIA APORTE - FALSA
TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: FERRO GÓMEZ HERNANDO
A: PLAYA LINDA LIMITADA
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
ANOTACIÓN: Nro: 4
DOC: ESCRITURA 2495
ESPECIFICACIÓN:
Fecha: 29/8/1986 Radicación: 9227
DEL: 24/7/1986 NOTARÍA: 3 DE CARTAGENA VALOR ACTO:
$3.000.000
FALSA TRADICIÓN: 601 COMPRAVENTA (ESTE Y OTROS) -
FALSA TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: PLAYA LINDA LTDA
A: CORPORACIÓN CARTAGENA COUNTRY CLUB
ANOTACIÓN: Nro: 6
Fecha: 11/3/1988 Radicación: 3099
DOC: ESCRITURA 916 DEL: 9/3/1988 NOTARÍA: 3 DE CARTAGENA
VALOR ACTO: $3.000.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICIÓN: 601 COMPRAVENTA
MEJORAS ESTE Y 3 MÁS - FALSA TRADICIÓN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: PLAYA LINDA LTDA
A: CORPORACIÓN CARTAGENA COUNTRY CLUB
DE: PLAYA LINDA LTDA
A: CORPORACIÓN CARTAGENA COUNTRY CLUB
ANOTACIÓN: Nro: 10
Fecha: 8/7/2009 Radicación: 2009-060-6-14674
DOC: ESCRITURA 5094 DEL: 18/11/2008 NOTARÍA: TERCERA DE
CARTAGENA VALOR ACTO: $38.600.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICIÓN: 0618 TRANSFERENCIA DE
POSESIÓN CON ANTECEDENTE REGISTRAL -
RESOLUCIÓN No. 0625 DE FECHA 21/2/2002.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho
real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CARDONA NARANJO URIEL CC No. 1.193.560
A: TIERRA BOMBA CARIBBEAN S.A”. (fls. 1598 a 1599 – mayúsculas
sostenidas del texto original).
4) Contrario a lo manifestado por la parte demandante, el Incoder no declaró la
existencia de la figura de falsa tradición ni usurpó la competencia del juez, sino
que, constató lo registrado en los certificados de tradición aportados por los
demandantes, porque, esos documentos evidenciaban irregularidades en los
títulos registrados, entre estas múltiples anotaciones de falsa tradición,
compraventa de mejoras y transferencias de posesión sin respaldo de un título
de propiedad; por lo tanto, la actuación del Incoder se limitó a verificar la
28
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
información contenida en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria y a
concluir que la parte actora no acreditó la existencia de un título legítimo inscrito
que le otorgara el derecho de dominio sobre los predios reclamados.
5) La parte demandante también alega la violación del principio de igualdad ya
que, en su criterio, el Incoder reconoció la propiedad privada de otros predios
similares, sin embargo, esa afirmación no es válida, pues, como consta en las
resoluciones demandadas, la diferencia en el tratamiento obedece a que, en esos
casos, los propietarios sí acreditaron su derecho de propiedad mediante títulos
debidamente inscritos; por el contrario, en el presente caso, la parte actora
sustenta su reclamación en títulos que no cumplen con los requisitos legales para
probar la propiedad privada, en la medida en que los folios de matrícula
inmobiliaria demuestran que los predios han sido objeto de sucesivas
transferencias de mejoras y posesión, pero no de un título válido de dominio en
los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994.
6) Por lo tanto, la Sala concluye que la sociedad actora no acreditó la existencia
de un título inscrito que respalde su derecho de propiedad sobre los bienes
reclamados, debido a que, (i) los certificados de tradición aportados evidencian
irregularidades en la cadena de tradición, como compraventas de mejoras,
transferencias de posesión y múltiples anotaciones de falsa tradición; (ii) en la
resolución demandada, el Incoder se limitó a constatar esas inconsistencias
registrales sin exceder sus competencias ni declarar de oficio la existencia de
falsa tradición; (iii) las actuaciones del Incoder se enmarcan dentro de su deber
de verificar los antecedentes registrales en el trámite administrativo, y no
sustituyen la función jurisdiccional, además; (iv) no se vulnera el principio de
igualdad, pues, en otros casos el Incoder declaró que existían bienes que habían
salido del patrimonio de la Nación, en tanto que sobre esos constaban títulos de
dominio válidos y debidamente inscritos.
2.4 Conclusiones
Los demandantes cuestionaron la legalidad de las Resoluciones números 4192
y 7133 de 2015 proferidas por el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras,
dentro de un procedimiento de clarificación de la propiedad en la Isla de Tierra
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Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
Bomba; no obstante, la Sala niega todas las pretensiones porque los
demandantes no demostraron que los inmuebles que reclaman salieron del
patrimonio del Estado, especialmente por lo siguiente:
1) En el expediente 56.712, el Incoder actuó dentro del marco de sus
competencias, por cuanto, el procedimiento de clarificación cumplió su finalidad
al determinar que el predio identificado con el folio de matrícula 060-30053
constituye propiedad privada; si bien los demandantes cuestionan que en la parte
considerativa de la resolución se haya calificado la escritura pública 1329 de 1929
de la Notaría Primera de Cartagena como falsa tradición, dicha calificación no
representa una extralimitación de las competencias del Incoder, pues, esa
entidad se limitó a constatar que los enajenantes carecían del dominio total del
bien y solo podían transferir cuotas partes, pero, esta observación no modificó la
decisión sobre la naturaleza jurídica del predio, ni sustituyó la competencia del
juez ordinario.
2) Respecto del expediente 58.881, la Sala reitera que la posesión, incluso
prolongada o heredada, no permite demostrar el derecho de propiedad privada
sobre terrenos baldíos, dado que el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe la
adquisición de estos bienes por prescripción conforme lo disponen el artículo 63
de la Constitución Política y la Ley 160 de 1994, prohibición ratificada por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; en ese asunto,
los demandantes sustentan su reclamación en la posesión ejercida por sus
antecesores y en decisiones judiciales de sucesión, sin embargo, no aportaron
títulos originarios del Estado ni una cadena de títulos debidamente inscritos que
cumplieran con el término exigido por la ley para la prescripción extraordinaria,
en consecuencia, no desvirtuaron la presunción de baldío, y por tanto, sus
pretensiones no prosperan.
3) En relación con el expediente 56.969, la sociedad demandante no acreditó el
derecho de dominio sobre los predios reclamados ya que, los folios de matrícula
inmobiliaria que allegó contienen múltiples anotaciones que evidencian la
inexistencia de una tradición regular del dominio, los registros se refieren a
compraventas de mejoras, transferencias de posesión y negocios calificados
como falsa tradición, ninguno de los documentos aportados da cuenta de una
30
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
transferencia legítima de la propiedad en los términos exigidos por el artículo 48
de la Ley 160 de 1994, por tanto, el Incoder no incurrió en extralimitación de sus
funciones, sino que, simplemente constató lo consignado en los certificados de
libertad y tradición, su actuación se enmarca dentro del deber legal de verificar
los antecedentes registrales del inmueble, sin reemplazar las funciones propias
del juez civil ni vulnerar el principio de igualdad, pues en otros casos sí se
reconoció la propiedad privada cuando se acreditaron títulos válidos y
debidamente inscritos.
4) En conclusión, las resoluciones demandadas fueron adoptadas conforme a la
ley, el procedimiento de clarificación de la propiedad se llevó a cabo de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 160 de 1994 y en ninguno de los tres expedientes
los demandantes lograron desvirtuar la presunción de baldíos ni acreditar el
derecho de propiedad sobre los inmuebles.
3. Costas
En atención a que no se trata de un proceso en el que se ventile un interés público
de conformidad con los artículos 1886 del CPACA y 3657 del CGP, procede la
condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso8; por tratarse de un
caso de única instancia ante esta Corporación, la liquidación de costas debe
realizarse por parte de la Secretaría de Sección, de conformidad con el artículo
3669 del CGP.
6 “CPACA. Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
7 “CGP. Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código.
“(…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
8 Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 7 de noviembre de 2019 [Radicado 11001-03-26-
000-2019-00013-00(63236)].
9 “CGP. Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
“1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla (…)”.
31
Expediente no. 11001-03-26-000-2016-00055-00
(56.712, 56.881 y 56.989 acumulados)
Demandantes: Roberto Lorduy Escalante y otros
Revisión agraria – sentencia de única instancia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA —SUBSECCIÓN
B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niéganse las pretensiones de las demandas.
2°) Condénase a las demandantes en costas, que serán liquidadas por
secretaría.
3°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las
correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado (E)
Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
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