Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00054-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00054-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00054-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00054-01
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Tema: Tutela contra providencia judicial dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Confirma parcialmente la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 16 de julio de 2026
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Hamilton Mayo Rojas en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda en contra del municipio de
Villavicencio y de la Contraloría Municipal de Villavicencio con el propósito de que se
nulitara los actos administrativos por medio de los cuales se le declaró responsable
dentro del proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra por presuntas
irregularidades en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV,
en su calidad de jefe de facturación para la época de los hechos.
3. El proceso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Villavicencio que, mediante sentencia del 26 de enero de 2017 negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se demostró violación del debido proceso, ni error
de hecho o de derecho por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio, por cuanto
en el proceso de responsabilidad fiscal se acreditó la conducta culposa del gestor fiscal,
el daño al patrimonio público y el nexo causal entre ambos.
4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Meta a través de sentencia del
23 de octubre de 2025 resolvió confirmar la anterior decisión.
5. De otro lado, indicó que su nombre permanece inscrito en el boletín de responsables
fiscales - SIBOR, lo que, en su criterio, le ha imposibilitado el acceso a un empleo formal
durante 12 años.
2.2. Fundamento jurídico
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Acción De Tutela
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6. La parte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por omisión en
la valoración probatoria, particularmente, hizo referencia, al informe de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 2011 (anexo G-2), circular de
gerencia de 2004 (anexo H-2), sentencia de 2007 (anexo G-1), absolución disciplinaria
de 2010 (anexo J-1), relación de 31 códigos en excel (anexo B-3), derecho de petición
de 2006 (anexo G-4) y la Resolución EAAV 001 de 2008 (anexo A-3).
7. Lo anterior, al considerar que «la omisión de estas pruebas, en especial el informe de
la SSPD (G-2), priva de sustento fáctico objetivo a la decisión y la convierte en un acto
arbitrario, configurando la vía de hecho».
8. Sostuvo que, el Tribunal incurrió en un defecto procedimental absoluto porque se
transgredieron «las reglas de prescripción y notificación irregular».
9. De otra parte, alegó un defecto «orgánico sustantivo», pues, considera que al
momento en que se profirió la sentencia que se pretende infirmar, «confirmar una
responsabilidad fiscal sobre una deuda prescrita constituye un defecto orgánico
sustantivo por aplicar normas inaplicables a un crédito fiscal jurídicamente extinguido».
2.3. Pretensiones
10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
PRIMERA. – AMPARO DE DERECHOS. Amparar mis derechos fundamentales al
Debido Proceso, Acceso a la Justicia, Dignidad Humana, Mínimo Vital, Buen Nombre y
Salud, vulnerados por la expedición y los efectos de la Sentencia 087 del 23 de octubre
de 2025 del TACM Despacho 06.
SEGUNDA. – DECLARACIÓN DE NULIDAD. Declarar la nulidad de la mencionada
Sentencia por constituir una vía de hecho judicial, al incurrir en defecto fáctico omisión
de pruebas determinantes) y defecto orgánico (confirmar una obligación prescrita).
Ordenar, en consecuencia, dejarla sin efecto alguno.
TERCERA. – ELIMINACIÓN DEL REGISTRO SIBOR. Ordenar a la Contraloría
Municipal de Villavicencio y a la Contraloría General de la República la eliminación
inmediata y definitiva de mi nombre (código 86044548250604134837) del Boletín de
Responsables Fiscales (SIBOR).
CUARTA. – DECLARACIÓN OFICIOSA DE PRESCRIPCIÓN. Ordenar a la Contraloría
Municipal de Villavicencio que, en el proceso de cobro coactivo correspondiente, declare
de oficio la prescripción de la obligación, con base en la notificación irregular del
mandamiento de pago del 16 de agosto de 2013 (Anexo T-6) y el transcurso del plazo
máximo legal.
(…)
SUBSIDIARIAMENTE, solicito que, de encontrarse procedente la tutela, se ordene al
Tribunal Administrativo del Meta (con magistrados distintos a los que emitieron el fallo
viciado) proferir una nueva sentencia en segunda instancia, que valore integralmente
las pruebas omitidas y declare las nulidades y prescripciones correspondientes.»
2.4. Trámite procesal
11. La acción de tutela de la referencia fue admitida por Sección Primera del Consejo
de Estado mediante auto del 15 de enero de 2026 a través del cual se ordenó notificar
al Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Villavicencio, a la Contraloría Municipal de Villavicencio, a la Contraloría General de la
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Acción De Tutela
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República, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Procuraduría General de la
Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y a la Defensoría del Pueblo.
12. Con posterioridad, el accionante presentó múltiples solicitudes de medidas
provisionales e incorporación de nuevos hechos y pruebas.
13. Ahora, la Sección Quinta de esta Corporación mediante auto del 18 de febrero de
2026 ordenó que, por Secretaría, se remitiera a la acción de tutela identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2025-07555-00 para que se decidiera sobre la acumulación
de dicha acción de tutela con la de la referencia.
14. Lo mismo ocurrió con la Subsección B, Sección Tercera de esta Corporación que, a
través del auto del 25 de febrero de 2026 ordenó remitir la acción de tutela identificada
con el radicado 11001-03-15-000-2026-01319-00, para que se pronunciara sobre la
posible acumulación.
15. Con ocasión de lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado por medio del
auto del 25 de febrero de 2026 resolvió negar las solicitudes de medidas provisionales
presentadas por el señor Hamilton Mayo Rojas; así como también, la inclusión de
nuevos hechos y pruebas, al considerar que dicha circunstancia implicaría una
modificación del escrito de tutela inicial y afectaría el derecho de defensa y
contradicción de la parte accionada y las solicitudes de acumulación y, finalmente negó
la acumulación.
16. Inconforme con la decisión, el accionante presentó un recurso de reposición y
solicitudes de adición y aclaración, las cuales fueron resueltas desfavorablemente a
través de proveído del 23 de junio de 2026.
2.5. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela porque no cumple con los requisitos generales ni específicos de tutela contra
providencia judicial, particularmente, hizo referencia al requisito de relevancia
constitucional, en la medida que reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
18. De otra parte, indicó que, en el curso del proceso ordinario el accionante había
presentado de manera reiterada numerosos memoriales y solicitudes manifiestamente
improcedentes.
19. Actuaciones que, en su criterio, no se habían limitado al ejercicio del derecho de
petición, sino que constituían una insistencia sistemática en pretensiones ya resueltas,
solicitudes extemporáneas, requerimientos carentes de sustento jurídico y peticiones
dirigidas a reabrir etapas procesales legalmente precluidas, circunstancia que había
sido advertida expresamente al accionante en múltiples oportunidades.
20. No obstante, una vez emitida la sentencia cuestionada, el accionante promueve
nuevas acciones de tutela, solicitudes y memoriales improcedentes, los cuales han sido
respondidos, a pesar de que desconoce el carácter definitivo de las decisiones
adoptadas y el principio de lealtad procesal.
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21. Señaló que, lo anterior resultaba relevante para el asunto en cuestión, en tanto,
permitía inferir que la tutela interpuesta no constituía un ejercicio aislado ni excepcional
del mecanismo de amparo, sino que consistía en un patrón reiterado de utilización de
instrumentos procesales con el propósito de cuestionar indefinidamente decisiones
judiciales firmes y de presionar la reapertura de debates ya concluidos, en abierta
contradicción con los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y buena fe procesal.
22. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio remitió copia del
expediente solicitado, pero no rindió informe al respecto.
23. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio –EAAV pidió que se
niegue el amparo deprecado, en la medida que no ha vulnerado el derecho de petición
del actor.
24. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare falta de legitimación en la
causa por pasiva.
25. La Contraloría Municipal de Villavicencio requirió que se denieguen las
pretensiones de la tutela porque la decisión de declarar fiscalmente responsable al
accionante se encontraba soportada en material probatorio relevante.
26. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió que se niegue el amparo, toda
vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección.
27. La oficina delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro
Coactivo de la Contraloría General de la República solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto se niegue el amparo porque una
vez consultado el sistema de información del boletín de responsables fiscales, el
accionante no había sido excluido.
2.5. Sentencia impugnada
28. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 16 de julio de
2026 resolvió negar la solicitud de desvinculación promovida por la Fiscalía General de
la Nación, declarar improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito general
de relevancia constitucional y rechazó por temeridad las demás pretensiones.
29. Al respecto, indicó que el mecanismo constitucional había sido utilizado como una
instancia adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el juez natural
de la causa y la valoración probatoria efectuada.
30. Adicionalmente, sostuvo que dicho requisito tampoco se cumplía, toda vez que el
accionante no explicó los motivos por los cuales las decisiones proferidas en el proceso
ordinario objeto de debate vulneraban la faceta constitucional de los derechos
fundamentales invocados como trasgredidos, pues no identificó cuál de las garantías
que componen el núcleo esencial de cada derecho resulta amenazada por la
providencia que controvierte, ni de lo expuesto advirtió prima facie que, en este caso,
la sentencia acusada comprometiera o involucrara el contenido de estos derechos
fundamentales, razón por la que el presente asunto no era relevante desde el punto de
vista constitucional.
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31. De otra parte, en cuanto a las pretensiones relacionadas con la eliminación del
registro SIBOR y la declaración de prescripción del proceso de cobro coactivo iniciado
en su contra por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio fueron rechazadas
por temeridad.
32. En el caso en cuestión, advirtió que el señor Hamilton Mayo Rojas había promovido
diversas acciones de tutela, en diferentes oportunidades, reprochando, por una parte,
una misma situación, pero, a su vez, incluyendo hechos nuevos respecto de otras
autoridades.
33. Indicó que, en las acciones de tutela con los radicados 11001-03-15-000-2025-
03568-00 y 11001-03-15-000-2025 04542 00, el accionante solicitó las mismas
pretensiones relacionadas con la eliminación del registro SIBOR y la prescripción del
proceso de cobro coactivo iniciado en su contra.
34. Sobre el particular, sostuvo que la Sección Cuarta de esta Corporación en sentencia
del 31 de julio de 2025 señaló « el levantamiento de medidas cautelares, la eliminación
de los reportes en el SIBOR, que se ordene la suspensión del proceso de cobro coactivo
y la prescripción del mismo, son pretensiones derivadas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2013-000441-01, que se encuentra en trámite ante el
Tribunal Administrativo del Meta, por lo que una vez se estudie la legalidad de la
decisión se adoptarán las medidas que en derecho correspondan, pues de ser favorable
a sus pretensiones la consecuencia del fallo será justamente obtener lo que persigue
mediante las pretensiones que relaciona en la presente acción de tutela»
35. A su turno, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo de
tutela del 4 de septiembre de 2025, se pronunció respecto de la reiterada eliminación
del registro SIBOR y la prescripción del proceso de cobro coactivo adelantado en su
contra por la Contraloría Municipal de Villavicencio, en virtud de los fallos que lo
declararon responsables fiscalmente.
36. Adicionalmente, destacó que, en todo caso, tanto el registro en el SIBOR como el
proceso de cobro coactivo iniciado en contra del señor Mayo Rojas, eran consecuencias
del fallo de responsabilidad fiscal en el que se le declaró responsable al actor, lo cual
ya fue objeto de estudio por parte del tribunal accionado.
2.6. Impugnación
37. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda de tutela
sostuvo que la sentencia de primera instancia únicamente declaró temeridad frente a
las pretensiones relacionadas con la inscripción en el Boletín de Responsables Fiscales
y la prescripción del cobro coactivo, pero no respecto de los defectos atribuidos a la
sentencia cuestionada a través del presente mecanismo constitucional, razón por la
que pidió un pronunciamiento de fondo.
38. Agregó que, no incurrió en temeridad, en la medida que, la pluralidad de acciones
no obedeció a una actuación de mala fe, pues solicitó su acumulación, la cual fue
negada.
39. Con ocasión de lo anterior, pidió que se revoque la sentencia de primer grado y, en
consecuencia, se amparen los derechos invocados en protección.
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III CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
40. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
41. De conformidad con lo expuesto, corresponde determinar si el Tribunal
Administrativo del Meta, al proferir la sentencia del 23 de octubre de 2025, incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto.
42. Ahora, antes de abordar el estudio del problema jurídico planteado, la Sala considera
necesario verificar si, en el presente asunto, se encuentran acreditados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
particularmente el de relevancia constitucional.
43. Asimismo, la Sala deberá establecer respecto de las pretensiones relacionadas con
la eliminación del registro SIBOR y la prescripción del proceso de cobro coactivo
iniciado en su contra si se configura un actuar temerario por parte del accionante.
44. Deser negativo el anterior interrogante, la Sala procederá a pronunciarse al
respecto.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
45. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
46. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se
hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi)
que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».
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47. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que
proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores
causales o defectos.
3.4. De la relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales
48. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia objeto
de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y
goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con el
referido requisito1. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e impedir que la acción
de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los procesos ordinarios.
49. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-215
de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido
requisito:
50. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente legal
y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de aspectos
legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación de una
norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente monetario
ni tenga connotaciones particulares o privadas que no representen un interés general.2
51. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que
la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia o a
la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje
que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de
manera razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»3.
52. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este
punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra providencias
judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo cuestionado. Por ende,
la intervención del juez constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de «una
actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las
garantías básicas del derecho al debido proceso».4
1 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
2 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
3 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
4 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
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53. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el comportamiento
negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.5
3.5. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
3.5.1. En el caso concreto, la Sala considera como lo hizo el juez constitucional de
primer grado que, no se acredita el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, en la medida que la parte actora se limitó a señalar de manera genérica
que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico por omisión de material probatorio
«en especial el informe de la SSPD (G-2), priva de sustento fáctico objetivo a la decisión
y la convierte en un acto arbitrario, configurando la vía de hecho»
54. Sostuvo que, el Tribunal incurrió en un defecto procedimental absoluto porque se
transgredieron «las reglas de prescripción y notificación irregular». Así como también,
en un defecto «orgánico sustantivo», pues, considera que al momento en que se profirió
la sentencia que se pretende infirmar, «confirmar una responsabilidad fiscal sobre una
deuda prescrita constituye un defecto orgánico sustantivo por aplicar normas
inaplicables a un crédito fiscal jurídicamente extinguido».
55. Sin embargo, es menester señalar que en el presente asunto no expone de manera
concreta las razones por las cuáles considera que la decisión cuestionada adolece de
tales defectos, por lo tanto, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al
análisis que realizó el juez natural de la causa en la decisión objeto de censura, hecho
que no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto
de los principios de autonomía e independencia judicial.
56. Así las cosas, para la Sala la argumentación iusfundamental planteada en sede de
tutela no trasciende el plano de la legalidad, ni logra acreditar una afectación
cualificada, actual y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados,
requisito indispensable para habilitar la intervención del juez constitucional frente a
providencias judiciales.
57. Máxime cuando dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la flexibilización
de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo cierto es que, como
se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos dirigidos contra providencias
judiciales, recae sobre la parte demandante una carga mínima de argumentación, que
en el presente asunto no se cumple.
58. En ese sentido, admitir la procedencia del amparo en los términos propuestos
implicaría erosionar gravemente los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica
y cosa juzgada, al permitir que decisiones adoptadas con plena observancia de las
garantías procesales sean sometidas a un escrutinio constitucional orientado
exclusivamente a reexaminar su corrección jurídica, lo cual resulta incompatible con el
diseño institucional de la acción de tutela.
59. En consecuencia, al no configurarse un debate constitucional autónomo ni
acreditarse la existencia de un defecto con entidad suficiente para comprometer la
5 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
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validez de la providencia impugnada, la Sala concluye que la presente acción de tutela
resulta improcedente, por falta del requisito de relevancia constitucional.
60. Por lo anterior, la Sala procederá confirmar la decisión de declarar improcedente el
presente mecanismo constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional
respecto de la configuración de los defectos, fáctico, sustantivo y procedimental
absoluto, de conformidad con lo expuesto en precedencia.
3.5.2. Ahora, la Sala procede a resolver el segundo problema jurídico planteado, esto
es, si respecto de las pretensiones relacionadas con la eliminación del registro SIBOR
y la prescripción del proceso de cobro coactivo se incurrió en temeridad.
61. Sobre el particular, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 prevé:
«ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar».
62. Al respecto, el Alto Tribunal en materia constitucional «ha indicado que existe
temeridad cuando entre dos o más acciones de tutela se presentan las siguientes
circunstancias: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa; (iii) identidad de objeto; y
(iv) la ausencia de justificación en la formulación de la nueva demanda, vinculada a un
actuar doloso o de mala fe por parte del libelista».6
63. En ese sentido, corresponde al juez de tutela realizar un análisis riguroso de los
hechos, las pretensiones y los fundamentos del caso concreto, con el fin de establecer
la improcedencia de la acción de amparo por configurarse una actuación temeraria.
64. En el presente asunto, la parte actora solicita la eliminación del registro SIBOR y la
prescripción del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra.
65. Ahora bien, en la decisión impugnada el juez constitucional señala que el accionante
había promovido con anterioridad una acción de tutela basada en hechos y
pretensiones similares, proceso al que le correspondió los radicados 11001-03-15-000-
2025-03568-00 y 11001-03-15-000-2025-04542-00.
66. En ese sentido, la Sala procederá a estudiar sí en el presente asunto se cumple con
los requisitos de la temeridad mencionados en el acápite anterior, esto es, (i) identidad
de partes; (ii) identidad de causa; (iii) identidad de objeto; y (iv) la ausencia de
justificación en la formulación de la nueva demanda.
67. Al respecto, se observa que en la tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-03568-
00 fue promovida contra el Tribunal Administrativo del Meta, la Procuraduría General
de la Nación, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal de
Villavicencio, el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, Bancolombia, Davivienda,
las centrales de riesgo Transunión (Cifín), Datacrédito y Procrédito y la EPS Sanitas.
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Corte Constitucional. Sentencia SU 439 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: Hamilton Mayo Rojas
68. Asimismo, en dicha oportunidad pidió entre otras cosas que «se ordene el retiro
inmediato y definitivo de su nombre del boletín SIBOR y declare la prescripción del
proceso de cobro coactivo en su contra.»
69. Dicho proceso correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que,
mediante providencia del 31 de julio de 2025 se pronunció al respecto, en los siguientes
términos:
«Al respecto la Sala observa que lo pretendido por el actor no es procedente mediante
la solicitud de amparo de la referencia, por las razones que se pasan a explicar.
En primer lugar, el levantamiento de medidas cautelares, la eliminación de los
reportes en el SIBOR, que se ordene la suspensión del proceso de cobro coactivo
y la prescripción del mismo, son pretensiones derivadas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2013-000441-01, que se encuentra en trámite ante el
Tribunal Administrativo del Meta, por lo que una vez se estudie la legalidad de la
decisión se adoptarán las medidas que en derecho correspondan, pues de ser
favorable a sus pretensiones la consecuencia del fallo será justamente obtener lo que
persigue mediante las pretensiones que relaciona en la presente acción de tutela.
De manera que, no es posible que ejerza de manera paralela el presente mecanismo
para solicitar que se adopten medidas que solo serán posibles una vez cuente con el
fallo de nulidad y restablecimiento del derecho en el que cuestionó la decisión
sancionatoria, y será el juez natural de conocimiento quien adoptará las medidas que
corresponda, actuación en la que no puede intervenir el juez constitucional, porque el
medio de defensa ordinario se encuentra en curso (…)»
70. En ese sentido, se tiene que en aquella oportunidad la Sección Cuarta de esta
corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto de dichas
pretensiones por falta del requisito de subsidiariedad, puesto que fueron ventiladas en
el proceso ordinario, por ende, se encontraban pendientes de resolverse en la
sentencia.
71. Ahora, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia del 4 de septiembre de 2025 mencionó la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2025-03568-00, y resolvió declarar improcedente las pretensiones
del accionante relacionadas con la eliminación del registro SIBOR y la prescripción del
proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por la Contraloría Municipal de
Villavicencio.
72. Sobre el particular, resulta pertinente advertir que no hubo un pronunciamiento de
fondo al respecto por parte de dichas autoridades judiciales, razón por la que una vez
se profirió la sentencia que en sede de tutela se pretende infirmar, el accionante insiste
en esas mismas pretensiones.
73. Así las cosas, para la Sala dicha circunstancia no constituye una actuación temeraria
que quebrante el principio de buena fe, en tanto, se itera que ni siquiera fue resuelta en
aquella oportunidad porque el proceso se encontraba en trámite.
74. De conformidad con lo anterior, no es posible concluir que en el asunto de la
referencia se configura un actuar temerario por parte del accionante, razón por la que
se procederá a revocar el numeral tercero de la sentencia del 16 de julio de 2026 que,
rechazó la demanda por temeridad respecto de las pretensiones relacionadas con
eliminación del registro SIBOR y la prescripción del proceso de cobro coactivo iniciado
en su contra.
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3.5. Otras decisiones
75. Ahora, teniendo en cuenta que el anterior interrogante resultó negativo, es decir, que
no se demostró un actuar temerario por parte del actor, la Sala procederá a
pronunciarse respecto de las pretensiones relacionadas con la eliminación inmediata y
definitiva del nombre del accionante del Boletín de Responsables Fiscales y que se
ordene a la Contraloría Municipal de Villavicencio declarar de oficio la prescripción de
la obligación.
76. De antemano, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad en la medida
que ordenar directamente la exclusión del accionante del Boletín de Responsables
Fiscales constituye una consecuencia del fallo con responsabilidad fiscal ejecutoriado
y de la subsistencia de la obligación allí contenida.
77. En consecuencia, mientras no exista una decisión administrativa o judicial que
declare la prescripción, anule o revoque el título, acredite el pago o establezca otra
causa legal de extinción de la obligación, no puede el juez de tutela disponer su
eliminación definitiva.
78. Lo mismo ocurre respecto de la pretensión encaminada a que la Contraloría
Municipal de Villavicencio declare de oficio la prescripción de la obligación, pues tal
solicitud supone determinar, entre otros aspectos, si efectivamente transcurrió el
término legal correspondiente, desde cuándo debe contabilizarse, si durante ese lapso
se presentó alguna actuación con incidencia en su cómputo y si se configuró o no una
causal que impida tener por consolidado dicho fenómeno extintivo.
79. Máxime cuando en el proceso la autoridad judicial mediante decisión del 23 de
octubre de 2025 consideró no se demostró violación del debido proceso, ni error de
hecho o de derecho por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio, por cuanto
en el proceso de responsabilidad fiscal se acreditó la conducta culposa del gestor fiscal,
el daño al patrimonio público y el nexo causal entre ambos.
80. En ese sentido, la circunstancia de que las decisiones adoptadas por el juez natural
hubieran resultado contrarias a sus intereses no habilita al accionante para acudir a la
tutela.
81. Ahorabien, la Sala advierte que dichos requerimientos no fueron puestos en
consideración en la demanda original, tal como se pasa a ver a continuación:
«PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META-, representada por LUZ VICTORIA LEAL
CARRILLO, o quien haga sus veces, de los perjuicios causados al aquí demandante
HAMILTON MAYO ROJAS, con motivo de la expedición y puesta en práctica dentro del
proceso de responsabilidad fiscal 400-19-08-07, de los fallos del 20 de marzo de 2013,
donde se halla responsable fiscalmente al aquí demandante, confirmado en primera
instancia por el del 30 de mayo de 2013, ambos actos administrativos emanados del
despacho del contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la
Contraloría Municipal de Villavicencio-Meta-, y luego confirmados en segunda instancia
por la decisión del 17 de junio del mismo año, proferido este acto por la Contralora
Municipal de Villavicencio-Meta, al igual que la del 20 de junio de 2013, mediante la cual
se declara ejecutoriada la decisión de sanción fiscal, ya que fueron expedidos con
violación de las garantías fundamentales y vulneró el derecho constitucional
fundamental al debido proceso.
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Accionante: Hamilton Mayo Rojas
SEGUNDO: DECLARAR que es nulo el acto administrativo del 20 de marzo de 2013,
emanado del despacho del contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción
coactiva de la Contraloría Municipal de Villavicencio-Meta, proferido dentro del proceso
de responsabilidad fiscal 400-19-08-07, donde se halla responsable fiscalmente al aquí
demandante HAMILTON MAYO ROJAS.
TERCERO: DECLARAR que es nulo el acto administrativo del 30 de mayo de 2013,
emanado del despacho del contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción
coactiva de la Contraloría Municipal de Villavicencio-Meta, proferido dentro del proceso
de responsabilidad fiscal 400-19-08-07, donde se confirma la decisión tomada en
primera instancia, de fecha 20 de marzo del mismo año, mediante la cual se halla
responsable fiscalmente al aquí demandante HAMILTON MAYO ROJAS.
CUARTO: DECLARAR que es nulo el acto administrativo del 17 de junio del mismo año,
emanado este acto por la Contralora Municipal de Villavicencio – Meta, proferido dentro
del proceso de responsabilidad fiscal 400-19-08-07, donde se confirma la decisión
tomada en primera instancia, de fecha 20 de marzo del mismo año, mediante la cual se
halla responsable fiscalmente al aquí demandante HAMILTON MAYO ROJAS.
QUINTO: DECLARAR que es nulo el acto administrativo del 20 de junio de 2013,
mediante el cual se declara ejecutoriada la decisión de sanción fiscal inicial, emanado
este acto por la secretaría de la Contraloría Municipal de Villavicencio-Meta, proferido
dentro del proceso de responsabilidad fiscal 400-19-08-07, donde se confirma la
decisión tomada en primera instancia, de fecha 20 de marzo del mismo año, mediante
la cual se halla responsable fiscalmente al aquí demandante HAMILTON MAYO ROJAS.
SEXTO: CONDENAR a la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META, a
pagar al accionante Hamilton mayo rojas en calidad de restablecimiento del derecho y
mediante acto administrativo, la suma de ciento cuarenta y cuatro millones ciento
sesenta mil pesos ($144’160.000.oo), de los daños morales y materiales ocasionados a
mi poderdante, generados por la decisión de responsabilidad fiscal referida.
SÉPTIMO: ORDENAR al ente demandado que sobre la cuantía antes indicada, se
practiquen los reajustes automáticos e indexaciones de ley a que haya lugar, conforme
a la fórmula de matemáticas financiera aceptada por el Honorable Consejo de Estado,
teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada o futura.
OCTAVO: IMPONER al ente demandado, en el caso de incumplimiento al respectivo
fallo dentro del término legal a cancelar a favor de mi mandante los intereses moratorios
a la tasa comercial, conforme lo prescribe el Artículo 195 del C.P.A.C.A.»
82. En efecto, como se advierte de las pretensiones transcritas, dicho proceso estuvo
encaminado a obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
declaró y confirmó la responsabilidad fiscal del accionante, así como el correspondiente
restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios que, a su juicio, se
derivaron de tales decisiones, sin que se hubiera solicitado la eliminación definitiva de
su nombre del Boletín de Responsables Fiscales ni la declaración de oficio de la
prescripción de la obligación.
83. De esta manera, no resulta jurídicamente procedente que, por vía de la acción de
tutela, se pretenda obtener directamente un pronunciamiento sobre asuntos que no
fueron planteados ante el juez natural y que, además, requieren un análisis propio de
la jurisdicción competente, como ocurre con la eventual extinción de la obligación por
prescripción y sus efectos sobre la permanencia del registro en el Boletín de
Responsables Fiscales.
84. En ese orden de ideas, admitir una conclusión diferente implicaría desnaturalizar el
carácter subsidiario de la acción de tutela y convertirla en un mecanismo para obtener
una decisión adicional sobre materias que no fueron objeto de la controversia judicial
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ordinaria.
85. Por consiguiente, al no haber sido objeto de las pretensiones formuladas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y al no advertirse una circunstancia
que habilite al juez constitucional para sustituir al juez natural en el estudio de tales
asuntos, la Sala negará las solicitudes encaminadas a ordenar la eliminación inmediata
y definitiva del nombre del accionante del Boletín de Responsables Fiscales y a
disponer que la Contraloría Municipal de Villavicencio declare de oficio la prescripción
de la obligación, de conformidad, con lo expuesto en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar el numeral tercero de la sentencia del 16 de julio de 2026 que,
rechazó la demanda por temeridad, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.
Segundo: Negar las pretensiones relacionadas con la eliminación del registro SIBOR
y la prescripción del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra, conforme a lo
esgrimido en la parte motiva de la sentencia.
Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia del 26 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Quinto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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