Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03568-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
31 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03568-00
Demandante: Hamilton Mayo Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03568-00
Demandante: HAMILTON MAYO ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTROS
Temas: Tutela contra autoridad judicial, debido proceso – nulidad y
restablecimiento del derecho, proceso de responsabilidad
fiscal – mora judicial –salud – temeridad, entre otros.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio, por el señor Hamilton
Mayo Rojas contra el Tribunal Administrativo del Meta, la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal de
Villavicencio, el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, Bancolombia, Davivienda,
las centrales de riesgo Transunión (Cifín), Datacrédito y Procrédito y la EPS Sanitas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de junio de 2025, el señor Hamilton Mayo Rojas, en nombre propio, ejerció acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal de
Villavicencio, el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, Bancolombia, Davivienda,
las centrales de riesgo Transunión (Cifín), Datacrédito y Procrédito y la EPS Sanitas
por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, al habeas data, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:1
En el escrito inicial el actor expresó:
«(…) III. PETITORIO CONCRETO
Con fundamento en los hechos descritos y las pruebas adjuntadas, solicito muy
respetuosamente a su despacho:
1. LEVANTAMIENTO TOTAL de las medidas de embargo, originadas en el proceso fiscal
No. 007-2013-0715, cuya acción se encuentra prescrita.
2. CONGELAMIENTO TEMPORAL DE DEUDAS MÉDICAS con la entidad financiera
Bancolombia, en los siguientes términos:
• Plazo de 36 meses sin intereses
1 En el caso objeto de estudio se tiene que la solicitud de amparo inicial fue inadmitida a fin de que el actor precisara hechos,
pretensiones, autoridades demandadas y el fundamento de la acción de tutela, justamente, con ocasión a la inadmisión, el actor
presentó alrededor de 20 escritos en los que expresó diferentes pretensiones y autoridades demandadas, entre las que se
destacan las transcritas en este acápite.
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Demandante: Hamilton Mayo Rojas
• Eliminación inmediata de los reportes negativos en centrales de riesgo, que impiden
mi reinserción laboral.
3. PROTECCIÓN DEL MÍNIMO VITAL conforme a jurisprudencia constitucional:
• Que se declare inembargable el 100% de los recursos equivalentes a 40 SMLMV
($22,950,920 COP) que garanticen la subsistencia del núcleo familiar.
4. TRATAMIENTO INMEDIATO por parte de mi EPS (Sanitas), incluyendo atención
integral en salud mental, derivada de diagnóstico de depresión clínica severa, certificada
por profesional en psicología.
• Levantamiento TOTAL de embargos ilegales
• Congelamiento deudas médicas
• Tratamiento depresión en 48h (…)»
En escrito adicional solicitó:
«1. INTEGRAR la Demanda Disciplinaria Rad. 1292046: - Al expediente principal del
Consejo de Estado (Rad. 11001031500020250356800). - Al proceso ante el TAC
Cundinamarca (Ref. 2025-00227-01).
2. VINCULAR ACTUACIONES: - Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura remitir el
expediente disciplinario completo. - Unificar criterios de fondo para evitar decisiones
contradictorias.
3.TOMAR COMO PRUEBA el contenido de la demanda disciplinaria para: - Declarar
nulidad de los autos viciados (S-0785/25 y 2025-00227-01). - Ordenar compensación por
daños derivados. (…)»
«1. Declarar la nulidad de oficio de los autos S-0785/25 (Juzgado 01 Bogotá) y 2025-
00227-01 (TAC).
2. Subsanar las vías de hecho mediante:
• Reconocimiento expreso de las irregularidades en el futuro fallo.
• Ordenar investigación disciplinaria contra los jueces infractores.
3.Asumir competencia directa como gesto reparador del sistema judicial. (…)»
En escrito adicional solicitó:
«1. Que se admita la presente acción de tutela conforme a lo subsanado.
2. Que se revoque el auto inadmisorio del 13 de junio de 2025.
3. Que se decreten medidas cautelares:
• Suspensión del proceso de cobro No. 007-2013-0715
• Retiro inmediato del boletín SIBOR mientras se resuelve de fondo
4. Que se garantice el derecho al doble grado de jurisdicción.
5. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Meta fallar dentro del término legal.
6. Que se vincule como autoridad accionada al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Bogotá por su omisión constitucional en sede de reparto.
7. Que se disponga el retiro definitivo de mi registro en el boletín SIBOR.»
En escrito adicional solicitó:
«1. LEVANTAMIENTO TOTAL de las medidas de embargo, originadas en el proceso fiscal
No. 007-2013-0715, cuya acción se encuentra prescrita.
2. CONGELAMIENTO TEMPORAL DE DEUDAS MÉDICAS con la entidad financiera
Bancolombia, en los siguientes términos: o Plazo de 36 meses sin intereses o Eliminación
inmediata de los reportes negativos en centrales de riesgo, que impiden mi reinserción
laboral.
3. PROTECCIÓN DEL MÍNIMO VITAL conforme a jurisprudencia constitucional: o Que se
declare inembargable el 100% de los recursos equivalentes a 40 SMLMV ($22,950,920
COP) que garanticen la subsistencia del núcleo familiar.
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4.TRATAMIENTO INMEDIATO por parte de mi EPS (Sanitas), incluyendo atención integral
en salud mental, derivada de diagnóstico de depresión clínica severa, certificada por
profesional en psicología (SAMAI 1789353)».
En escrito adicional solicitó:
«II. PETICIONES ESPECÍFICAS AL CONSEJO DE ESTADO
Con base en los hechos expuestos y el principio pro homine, se solicita al Honorable
Consejo de Estado:
1. Exhorto Judicial Perentorio al. TACM [Tribunal Administrativo del Meta] Exhortar al
Tribunal Administrativo del Meta para que profiera fallo definitivo dentro de las siguientes
24 horas, y en su contenido:
• Declare la nulidad absoluta del Fallo Fiscal CMV No. 400-19-08-07/2013.
• Ordene la vinculación judicial de la EAAV ESP como codemandada solidaria, conforme
a los artículos 89 y 90 del CPACA.
• Imponga condena indemnizatoria por $3.500.000.000 COP, con la siguiente distribución:
50% EAAVV ESP
30% Contraloría municipal de Villavicencio
20% municipio de Villavicencio
2. Medidas Cautelares Urgentes
• Eliminación del registro en SIBOR, bajo el código 86044548250604134837, en un
término improrrogable de 48 horas.
• Levantamiento inmediato de embargos que afectan bienes, cuentas y salario del suscrito.
3. Incorporación Probatoria Cruzada Solicitar la incorporación formal al expediente de los
siguientes documentos con validez procesal directa:
• Peritaje Técnico SAMAI - IA (Rad. TACM 1843795)
• Certificación actualizada SIBOR (29/06/2025)
Sentencia de tutela que anuló la Resolución 123 EAAV (06/12/2007)
4. Compulsa de Copias - Investigación Disciplinaria Remitir copia del presente escrito y
del expediente actualizado a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que investigue
las siguientes conductas presuntamente disciplinables:
• Prevaricato por omisión (funcionarios del TACM)
• Falsedad ideológica en documento público (CMV)(…)».
De igual forma, en escritos posteriores indicó que, frente a cada una de las
autoridades demandadas, pretende que se ordene:
ENTIDAD PETICIÓN PLAZO FUNDAMENTO
Tribunal Administrativo del Meta Proferir sentencia (prescripción + Sistema de 72 horas Art. 229 CP
Información del Boletín de Responsables
Fiscales SIBOR) proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 2013-00441-01
Contraloría General de la República Actualizar SIBOR a excluido por prescripción 48 horas Ley 1581/2012
Contraloría Municipal de Declarar prescripción proceso coactivo 007- 72 horas Art. 817 ET
Villavicencio 2013-0715
Juzgado Primero Administrativo de Revocar auto S-078525 del 5 de junio de 2025 48 horas Arts. 228 -229 CP
Bogotá que remitió por competencia territorial tutela
2025-00227-00 a juzgados de Villavicencio y
reasumir competencia
Solicitó que en el caso objeto de estudio se implemente una «articulación
procesal» entre la solicitud de amparo de la referencia y el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2013-000441-01, que cursa en el
Tribunal Administrativo del Meta. Como fundamento de su solicitud manifestó
que entre ellos existe «conexidad sustancial, fáctica, probatoria y
complementaria» agregó que las pretensiones en los dos casos son
«complementarias y convergentes».
«PRETENSIONES CONCRETAS
A. En relación con la queja:
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Demandante: Hamilton Mayo Rojas
1. Revocar el Auto del 27/jun/2025 respecto a la negación de medidas cautelares.
2. Ordenar de manera inmediata (en 24 horas):
• Eliminación de registros negativos (SIBOR, RUES, RUP).
• Levantamiento de embargos e inscripciones limitantes.
• Acceso a tratamiento médico gratuito bajo responsabilidad de CMV y CGR.
B. En relación con la articulación procesal:
1. Ordenar la acumulación de este expediente con el proceso del TACM.
2. Disponer valoración conjunta de pruebas médicas, periciales y jurisprudenciales.
3. Solicitar al TACM emitir sentencia preferente en un plazo de 15 días (Art. 35 CGP).
(…)».
Además, indicó que debía ser vinculada la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio por los daños que le fueron causados con la «persecución» iniciada en su
contra con ocasión a la Resolución 123 de 2006.
En escrito de 16 de julio el actor solicitó:
« III. PETITORIOS CONCRETOS
A. Al Consejo de Estado (Tutela Rad. 11001031500020250356800)
• Suspensión inmediata de Carlos Alberto López López como Contralor Municipal
(Art. 231 CPACA).
• Eliminación en 24 horas del reporte SIBOR (Cód. 86044548250604134837),
conforme jurisprudencia T-729/2002.
• Levantamiento de embargos derivados del fallo fiscal declarado nulo.
• Nulidad absoluta del Fallo Fiscal CMV No. 400-19-08-07.
• Orden al TACM para fallar en 24 horas la acción de nulidad (Rad. 50001-33-33-
003-2013-00441-01).
• Condena a CMV y EAAV ESP al pago de $4.680 millones COP por daños
materiales y morales.
B. Al Tribunal Administrativo del Meta (TACM) Declarar nulidad de proceso fiscal por:
• Prescripción (deuda vencida 16/08/2018, Art. 271 Ley 42/1993).
• Fraude procesal (uso indebido de Resolución 123/2006).
• Doble juzgamiento hechos absueltos 2010.
C. Al Consejo Superior de la Judicatura Investigar disciplinariamente a
• Magistrada Nohra Galeano Parra (TACM) por mora judicial.
• Carlos Alberto López López y Jorge Hugo Mendoza Agudelo por abuso de
autoridad.
D. A la Fiscalía General
• Investigación penal por presuntos delitos de fraude procesal y concusión vinculada
a cobros indebidos. (…)»
En memorial del 17 de julio de 2025, aportó un cuadro de «análisis de conexidad
procesal» entre la solicitud de amparo y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó:
«Con fundamento en el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA (Ley 1437 de 2011), respetuosamente solicito el
avocamiento preferente y excepcional de este Honorable Despacho respecto del proceso
radicado bajo el número 50001-33-33-003-2013-00441-01, actualmente en curso ante el
Tribunal Administrativo del Meta - Despacho 06, en razón de la conexidad procesal
sustancial con la presente acción de tutela y la existencia de una mora judicial calificada
superior a 810 días, que configura una denegación de justicia y vulneración grave de los
derechos fundamentales del suscrito. (…)
PETICIONES
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Con base en los hechos y fundamentos expuestos, solicito a este Honorable Despacho:
1. Declarar la conexidad procesal plena entre el proceso de tutela radicado 11001-03-15-
000-2015-03568-00 y el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
50001-33-33-003-2013-00441-01, en virtud de la identidad material de las causas.
2. Avocar de manera preferente y excepcional el conocimiento y fallo del proceso
identificado con radicado 50001-33-33-003-2013-00441-01, en razón de la grave mora
judicial calificada y la conexidad sustancial con la presente tutela.
3. Ordenar la remisión inmediata del expediente correspondiente por parte del Tribunal
Administrativo del Meta a este Honorable Despacho.
4. Vincular a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAV) ESP
Vinculación de EAAV ESP como parte demandada (actuación 00060 del 17/07) (…)»
En escrito del 18 de julio de 2025 solicitó:
«1. Avocar conocimiento del proceso Rad. 50001-33-33-003-2013-00441-01.
2. Decretar suspensión preventiva de la magistrada Galeano Parra.
3. Nombrar juez ad hoc para proferir sentencia en 48 horas.
4. Ordenar levantamiento de reportes SIBOR y medidas coactivas.
5. Disponer auditoría forense por la Procuraduría General al TACM, enfocada en:
• Cumplimiento del principio de prelación.
• Veracidad de documentos oficiales.
6. Remitir el caso completo a la CIDH. (…)».
Finalmente, en escrito del 25 de julio de 2025 el actor manifestó que las
omisiones de las entidades demandadas consistieron en:
« II. PETICIONES URGENTES (Arts. 29 y 229 CP; Arts. 86 y 228 CP)
1. Sentencia en 24 horas: Resolver de fondo la tutela interpuesta, con base en los hechos
y pruebas ya incorporadas.
2. Medida cautelar definitiva - Suspensión SIBOR Sobre el código:
86044548250604134837.
3. Avocamiento inmediato Asumir conocimiento y decisión del proceso 50001-33-33-003-
2013-00441-01, ante mora judicial extrema.
4. Vinculación formal de EAAV ESP Por ser el autor del acto base anulado (Resolución
123 de 2006), ya obrante en el expediente (índice 00030) (…)».
(se transcribe con posibles errores)
2. Hechos de la acción de tutela
De la lectura de los escritos allegados por el actor al expediente, se advierten como
hechos relevantes los siguientes:
Relacionados con el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 2013-00441-01 que cursa en el Tribunal Administrativo
del Meta
La Contraloría Municipal de Villavicencio inició proceso fiscal en contra el señor
Hamilton Mayo Rojas en calidad de ex funcionario de la Empresa de Acueducto y
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Alcantarillado de Villavicencio (en adelante EAAV ESP), quien se desempeñó en el
cargo de jefe de facturación.
El señor Mayo Rojas fue sancionado fiscalmente dentro del proceso con radicado núm.
006-20080623, en el que se determinó su responsabilidad fiscal en la cuantía de $
35´934.933, trámite que dio lugar al inicio de proceso de cobro coactivo en su contra y
en el que se libró mandamiento de pago, el cual se notificó el 8 de agosto de 2013.
El actor manifestó que, a su juicio, no era posible que se librara mandamiento ejecutivo
de pago, porque de acuerdo con los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, el ente
fiscal tenía un plazo de cinco años para ejecutar el cobro, el cual ya habría prescrito.
El señor Mayo Rojas radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el municipio de Villavicencio y la Contraloría Municipal de Villavicencio con la finalidad
de que se declarara nulo el fallo de responsabilidad fiscal núm. 400-19-08-07.
El conocimiento del proceso con radicado núm. 2013-00441-01 en primera instancia
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Villavicencio, que, en
audiencia del 26 de enero de 2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que los elementos de la responsabilidad fiscal se encontraban plenamente
acreditados, en la medida en que, tanto en el auto de imputación como en el fallo fiscal
se dejó claro que los dineros públicos correspondientes a las facturas por las que se
inició el proceso fiscal no fueron recuperados por la EAAV, luego era posible concluir
que hubo un daño al patrimonio público, en cuya configuración contribuyó el señor
Mayo Rojas en su calidad de jefe de facturación al omitir su deber de cumplir sus
funciones con apego a la Constitución, la Ley y al manual de funciones con la debida
diligencia y cuidado que impone el manejo de recursos públicos.
Asimismo, precisó que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 610 del 2000 en el
caso objeto de estudio se encontraban demostrados cada uno de los elementos de la
responsabilidad fiscal, además de la conducta dolosa atribuible por el hecho de ser la
persona encargada de la gestión fiscal y sobre el que recayó el daño patrimonial
causado.
Contra la referida decisión el actor interpuso recurso de apelación y el proceso fue
remitido al Tribunal Administrativo del Meta el 8 de marzo de 2017.
Debido a la congestión judicial presentada en los tribunales administrativos de Arauca
y del Meta el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo PSCSJ19-11448 del 19
de noviembre de 2020, dispuso la remisión de 150 procesos del sistema escritural al
Tribunal Administrativo de Arauca para ser fallados; asimismo dispuso que se debían
adoptar medidas para homologar las cargas entre los despachos del Tribunal
Administrativo del Meta.
En respuesta a las mencionadas medidas de descongestión el Consejo Superior de la
Judicatura mediante Acuerdo núm. PCSJA20- 11650 del 28 de octubre de 2020,
dispuso la creación de nuevos despachos en el Tribunal Administrativo del Meta, entre
ellos, el despacho 06 en cabeza de la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra.
En desarrollo de los mencionados acuerdos se realizó la redistribución de procesos en
la forma señalada en el Acuerdo CSJMEA21-42 del 25 de marzo de 2021 y le fueron
asignados 493 procesos al despacho en cabeza de la magistrada Nohra Eugenia
Galeano Parra; entre ellos el proceso 2013-00441-01, en que obra como demandante
el aquí actor.
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El recurso de apelación interpuesto en el proceso 2013-00441-01 fue admitido en auto
del 24 de junio de 2021.
En providencia del 23 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Meta, en
aplicación del numeral 4º del artículo 247 del CPACA, prescindió de la audiencia y, en
su lugar, corrió traslado a las partes por el término común de 10 días para alegar de
conclusión. Una vez las partes alegaron de conclusión, el 28 de abril de 2023 el
expediente pasó al despacho para proferir sentencia.
La parte actora indicó el proceso está al despacho para decidir hace aproximadamente
3 años y no ha sido resuelta la segunda instancia, razón por la que considera la
autoridad judicial demandada ha incurrido en mora judicial.
Hechos relacionados con la solicitud de retiro del boletín de responsables
fiscales
El actor informó que el 7 de enero de 2025 elevó petición ante la Contraloría Municipal
de Villavicencio para que se declarara la prescripción de la acción de cobro y se retirara
su nombre del boletín de responsables fiscales SIBOR; en su argumento, el derecho
de cobro coactivo tiene límite temporal y su vencimiento extinguió la obligación.
La Contraloría Municipal de Villavicencio, en auto del 23 de enero de 2025, negó la
declaratoria de prescripción solicitada.
Hechos relacionados con las solicitudes de amparo con radicado 2025-00227-00
y 2025-00147-00 de conocimiento inicial del Juzgado Primero Administrativo de
Bogotá y posterior conocimiento del Juzgado Noveno Administrativo de
Villavicencio
El 4 de junio de 2025 el actor radicó solicitud de amparo contra la Contraloría Municipal
de Villavicencio, la Contraloría General de la República y el Tribunal Administrativo del
Meta.
En providencia del 5 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
ordenó remitir la solicitud de amparo a los Juzgados Administrativos de Villavicencio
por al considerar que era el competente territorial para conocer de la solicitud de
amparo por ser el lugar donde se desarrollaron los hechos objeto de debate, dicha
providencia fue notificada en la misma fecha.
El 9 de junio de 2025 la decisión fue recurrida por el actor y, en esa misma fecha, el
juzgado emitió auto en el que resolvió no reponer la decisión y remitió el expediente a
la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Villavicencio.
La oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Villavicencio asignó el
conocimiento de la acción de tutela al Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio
bajo el radicado núm. 2025-00147-00.
El Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio, en auto del 10 de junio de 2025,
resolvió remitir la solicitud de amparo al Consejo de Estado debido a que entre los
demandados se encontraba el Tribunal Administrativo del Meta.
De manera paralela al referido trámite, el actor interpuso recurso de queja contra la
decisión de no reponer la remisión del expediente, dicho recurso fue concedido en
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providencia del 10 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
quien remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que, en auto del 13 de junio del 2025, rechazó por
improcedente el recurso de queja y remitió el expediente al despacho de origen.
El actor indicó que en la actualidad se presenta un conflicto negativo de competencia
entre la solicitud de amparo con radicado 2025-00227-00 de conocimiento del Juzgado
Primero Administrativo de Bogotá y la acción de tutela con radicado 2025-00147-00 de
conocimiento del Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio.
Hechos relacionados con la presunta vulneración del derecho a la salud del actor
El señor Mayo Rojas indicó que en su caso hay lugar a ordenar el acceso a tratamiento
médico gratuito bajo responsabilidad de la Contraloría General de la República y la
Contraloría Municipal de Villavicencio porque en la actualidad se encuentra
desempleado como consecuencia de los procesos iniciados en su contra, lo que ha
impedido acceder nuevamente a un empleo formal.
Indicó que requiere una operación que corrija la desviación del tabique nasal
(estructura de cartílago y hueso que separa las dos fosas nasales) pues dicha
patología le produce apneas de sueño, ahogamiento, dolor de cabeza y sangrado
nasal dictaminado lo anterior por otorrinolaringólogos en las ciudades de Bogotá y
Medellín adscritos a la EPS SANITAS.
Asimismo, señaló que a la fecha no ha podido realizar el mencionado procedimiento
médico porque una parte es funcional/reconstructiva (la cubre la EPS) y otra es
estética (dado que se presentaría una alteración significativa del rostro).
Finalmente, frente a este punto en el que alegó la vulneración del derecho a la salud
explicó que padece de depresión severa y requiere de tratamiento, no obstante, no
fue claro al precisar de qué forma las demandadas, puntualmente la EPS, le ha
negado o vulnerado el acceso a los servicios de salud.
3. Fundamentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados, porque la Contraloría Municipal de Villavicencio y la
Contraloría General de la Nación lo declararon fiscalmente responsable y negaron la
prescripción de la acción de cobro, por lo cual lo reportaron en SIBOR y le ocasionaron
un perjuicio irremediable al inhabilitarlo laboralmente de manera absoluta, lo que
afirma afectó su mínimo vital.
Asimismo, indicó que en el Tribunal Administrativo del Meta a la fecha cursa proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-00441-01, en el que
persigue: i) la nulidad del proceso fiscal tramitado en su contra y, ii) que se declare la
prescripción de la deuda, no obstante, afirmó que el proceso lleva mucho tiempo al
despacho y no ha sido resuelta la segunda instancia, razón por la que considera se ha
incurrido en mora judicial injustificada.
Señaló que no ha podido acceder a un crédito financiero al estar reportado en
centrales de riesgo y con medidas cautelares activas en su contra y reportadas por el
sistema financiero, consecuencia de las acciones ilegítimas por parte de la Contraloría
Municipal de Villavicencio, que aún se mantienen vigentes y que incurren en vía de
hechos, ilegítimas y contrarias al ordenamiento jurídico colombiano.
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Demandante: Hamilton Mayo Rojas
4. Solicitud de impulso en la acción de tutela de la referencia
En escrito del 28 de julio de 2025 el actor solicitó impulso procesal urgente, porque, a
su juicio, la solicitud de amparo debió ser resuelta en el término de 10 días.
Agregó que lo procedente en el caso objeto de estudio es avocar el conocimiento
inmediato del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-
00441-01 y proceder a decretar medida cautelar definitiva frente a la suspensión del
SIBOR, pues requiere de forma urgente la protección de los derechos fundamentales
invocados.
De igual forma en memorial del 30 de julio de 2025 el actor reiteró la solicitud de
impulso procesal urgente, en la medida en que considera que desde el auto admisorio
ha transcurrido un término aproximado de 24 días hábiles y la solicitud de amparo
debió ser resuelta en el término de 10 días razón por la que a su juicio se desconocen
sus derechos fundamentales como usuario de la administración de justicia.
Informó que inició una queja ante la Comisión de Disciplina judicial con la finalidad de
que se resuelva la mora judicial tanto en la presente acción de tutela como en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-00441-01.
Asimismo, refirió que si en 72 horas no se profiere decisión en el caso objeto de
estudio procederá a interponer una acción de cumplimiento ante el Consejo de Estado
y una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Trámite previo
La solicitud de amparo de la referencia fue radicada inicialmente ante los Juzgados
Administrativos de Bogotá bajo el radicado núm. 2025-00227-00; el Juzgado Primero
Administrativo de Bogotá, en providencia del 5 de junio de 2025, ordenó remitir la
solicitud de amparo a los Juzgados Administrativos de Villavicencio al considerar que
era el competente territorial para conocer de la solicitud de amparo por ser el lugar
donde se desarrollaron los hechos objeto de debate, dicha providencia fue notificada
en la misma fecha.
El 9 de junio de 2025 la decisión fue recurrida por el actor y, en esa misma fecha, el
Juzgado Primero Administrativo de Bogotá no repuso la decisión y remitió el
expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Villavicencio.
La oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Villavicencio asignó el
conocimiento de la acción de tutela al Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio
bajo el radicado núm. 2025-00147-00.
El Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio en auto del 10 de junio de 2025
resolvió remitir la presente solicitud de amparo al Consejo de Estado debido a que
entre los demandados se encontraba el Tribunal Administrativo del Meta.
El 11 de junio de 2025 fue remitido el proceso de la referencia al Consejo de Estado y
el despacho sustanciador en auto del 13 de junio de 2025 inadmitió la acción de tutela
y ordenó requerir al actor para que indicara de forma clara y precisa: (i) cada una de
las autoridades que relaciona como demandadas, (ii) de manera concreta, los
argumentos en que basara la vulneración alegada respecto de cada una de las
demandadas e; (iii) individualizara las pretensiones de la acción de tutela frente a las
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entidades que enlista como demandadas y (iv) expusiera los hechos en los que basa
la solicitud de amparo.
En respuesta al requerimiento el actor presentó alrededor de 24 escritos en los que
hizo referencia a distintos hechos, pretensiones y entidades demandadas.
Pese a que los escritos no especificaron con suficiencia las afirmaciones en que
sustentó la acción de tutela, en razón a la informalidad del mecanismo constitucional,
el despacho sustanciador, en auto del 27 de junio de 2025, admitió la solicitud de
amparo, vinculó las diferentes entidades mencionadas en los distintos memoriales
presentados por el actor y negó la medida cautelar solicitada.
6. Argumentos adicionales planteados respecto a las pretensiones de la
acción de tutela
En el caso objeto de estudio pese a que el actor fue requerido por el despacho
sustanciador con la finalidad de que precisara si existían solicitudes ante las entidades
demandadas relacionadas con sus distintas pretensiones, en los deferentes escritos
el actor no precisó de forma clara las razones por las que considera que los derechos
fundamentales invocados han sido vulnerados.
Sin embargo, de los referidos escritos es posible extraer que:
• Considera que es víctima de «persecución y de doble juzgamiento» porque
en el proceso disciplinario iniciado en su contra por la EAAVV ESP fue
absuelto por la conducta investigada el pasado 18 de noviembre de 2010
mientras que, por idénticos hechos, la Contraloría Municipal de
Villavicencio lo declaró responsable fiscal el 20 de marzo de 2013.
• El proceso de cobro coactivo iniciado con ocasión al fallo de
responsabilidad fiscal prescribió, pues el mandamiento de pago fue
notificado el 8 de agosto de 2013 y la prescripción operó el 9 de agosto
de 2018, es decir, al cabo de 5 años.
• A la fecha aún se encuentra reportado en el SIBOR y sus cuentas
bancarias fueron objeto de medidas cautelares de embargo, pese a que
insiste en que el proceso de cobro prescribió, en razón a ello su mínimo
vital se ha visto afectado, además debido al mencionado reporte se
encuentra desempleado y no ha podido aplicar a cargos públicos, ni en
empresa privada.
• En la actualidad es cabeza de familia responde por su madre que es
adulto mayor y su sobrino menor de edad, además padece depresión
clínica severa y requiere atención médica.
• Tiene varios créditos bancarios en mora con Bancolombia (referencias:
4347, 4350, 1771, 4348) que fueron adquiridos exclusivamente para
financiar el tratamiento oncológico de su padre por una suma aproximada
de $ 65´000.000 millones de pesos, en razón a su situación considera que
deben ser congeladas las referidas obligaciones bancarias hasta tanto
tenga como cubrirlas.
7. Oposiciones
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El Tribunal Administrativo del Meta se opuso a las pretensiones de la demanda e
indicó que había lugar a declarar improcedente el amparo de tutela porque el actor
alegó presunta mora judicial frente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 50001-33-33-003-2013-00441-01.
Aclaró que, si bien, el proceso fue radicado en noviembre de 2017, el Consejo Superior
de la Judicatura mediante el Acuerdo PSCSJ19-11448 del 19 de noviembre de 2020,
dispuso la remisión de 150 procesos del sistema escritural al Tribunal Administrativo
de Arauca para ser fallados; como consecuencia de ello, en el acuerdo se dispuso
también que se debían adoptar medidas para homologar las cargas entre los
despachos del Tribunal Administrativo del Meta.
Además, mediante el Acuerdo PCSJA20- 11650 del 28 de octubre de 2020, dispuso la
creación del despacho 006, el cual a la fecha tiene a cargo el referido proceso, y el
que recibió aproximadamente 493 procesos en el 2021.
Frente al proceso cuestionado, indicó que ha surtido el siguiente trámite:
• El 24 de junio de 2021, admitió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 26 de enero de 2017.
• El 30 de marzo de 2022, se profirió auto en el que se prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado a las partes y
al Ministerio Público para alegar de conclusión.
• El 28 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho para proferir
fallo de segunda instancia.
Asimismo, explicó que en atención al número de procesos que fueron recibidos en la
redistribución, tanto de primera como de segunda instancia, en sus distintas etapas
procesales, poco a poco ha adelantado su trámite hasta llevarlos a sentencia, junto
con los procesos que se han recibido por reparto, razón por la que, a la fecha, el
despacho se encuentra está en el trámite de fallar aquellos procesos que ingresaron
para proferir sentencia en el año 2017 y siguientes.
Precisó que ha atendido los asuntos de naturaleza constitucional y especial que tienen
prelación y, por ende, se fallan de manera simultánea, como lo son los procesos de
pérdida de investidura, nulidad electoral, validez de acuerdo, acciones de tutela, entre
otros.
Adujo que el medio de control cuestionado ingresó al despacho para la etapa procesal
correspondiente el pasado 28 de abril de 2023 y, en ese mismo orden, será atendido,
sin que pueda alterar el turno respecto de los demás procesos que lo anteceden, salvo
en los casos de: i) sentencia anticipada; ii) prelación legal; iii) atención a la naturaleza
del asunto, a solicitud del Ministerio Público por su importancia jurídica y trascendencia
social.
Mencionó que el expediente no hace parte de las excepciones que permitirían
adelantar su fallo, no obstante, señaló que de conformidad con el artículo 63 A de la
Ley 270 de 1996, el tribunal tiene la facultad de establecer un orden temático para el
estudio y elaboración preferente de proyectos de sentencia, caso en el cual el
despacho revisará el expediente para verificar si es posible modificar el orden de
atención, con el fin de proferir una decisión oportuna.
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Aclaró que la supuesta dilación que alega el actor no obedece a capricho o negligencia
alguna del despacho, sino a la actual congestión judicial que viven los despachos
judiciales del país y al alto volumen de trabajo.
Finalmente, expreso que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar
celeridad en el trámite de los procesos judiciales; por ende, la solicitud de amparo no
puede emplearse como una vía paralela para dirigir o acelerar el trámite de procesos
judiciales que, como en este caso, siguen el curso regular, conforme con las reglas
propias de la función jurisdiccional y con respeto del principio de autonomía e
independencia judicial.
En escrito adicional del 29 de junio de 2025, la magistrada ponente del proceso objeto
de debate dio alcance a la intervención y precisó que el proceso 50001-33-33-003-
2013-00441-01, actualmente, tiene el turno 65 en el listado de procesos pendientes
por proferir fallo.
Señaló que ese despacho ha cumplido con su deber de administrar justicia de manera
diligente con prioridad frente al cumplimiento de los términos procesales perentorios
establecidos para la resolución de procesos constitucionales y especiales, los cuales
deben resolverse con prelación conforme lo exige el ordenamiento jurídico.
Manifestó que desde la creación del despacho asumió la carga de expedientes
provenientes de otros despachos en los que incluso existen muchos con mayor
antigüedad, frente a los que ha dado resolución y proferido decisiones, tanto en
primera como en segunda instancia, refirió que la carga procesal actual del despacho
y las obligaciones administrativas adicionales inciden en los tiempos de resolución, sin
embargo, ello no implica inactividad o negligencia de su parte.
Finalmente, sostuvo que en el caso objeto de estudio no puede predicarse mora
judicial, toda vez que el proceso se encuentra registrado en el orden cronológico en el
sistema de turnos y, por respeto al principio de igualdad frente a los demás usuarios
de la administración de justicia, debe esperarse la resolución de los asuntos que
preceden.
El Juzgado Primero Administrativo Oral de Bogotá solicitó ser desvinculado del
trámite de la referencia e indicó que el pasado 4 de junio de 2025 el actor radicó la
acción de tutela con radicado 2025-00227-00 contra el Tribunal Administrativo del
Meta, la Contraloría municipal de Villavicencio y la Contraloría General de la República,
informó que:
• Mediante auto del 5 de junio de 2025 resolvió remitir por competencia
territorial a los Juzgados Administrativos de Villavicencio para su
conocimiento.
• Contra la referida decisión el actor presentó recurso de reposición y en
subsidio queja, que, en providencia del 9 de junio de 2025 el despacho
dispuso no reponer la decisión; concedió el recurso de queja y remitió el
proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, autoridad que en auto del 13 de junio de 2025 rechazó por
improcedente el recurso de queja.
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• El señor Mayo Rojas inconforme con la decisión interpuso queja
disciplinaria y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en decisión del
26 de junio de 2025 decidió inhibirse de iniciar la actuación disciplinaria.
Indicó que desde su competencia no ha vulnerado los derechos invocados por el actor,
en la medida en que ha actuado de manera eficaz, pronta y oportuna pues la remisión
del expediente obedeció al factor territorial, dado que la presunta vulneración alegada
se dio en Villavicencio.
La Contraloría General de la República indicó que Consultado el Sistema de
Información del Boletín de Responsables Fiscales "SIBOR" con corte a 4 de julio de
2025, el actor se encuentra registrado como responsable fiscal según fallo 400-19-08-
07 del 20 de marzo de 2013, por valor de $ 35´934,993, como consecuencia del reporte
efectuado por el jefe oficina de responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal de
Villavicencio Meta, contenido en radicado externo 400-20-02-2486 del 25 de junio de
2013.
Explicó que la Contraloría General de la República – Delegada para Responsabilidad
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo-, como administradora del Sistema de
Información del Boletín de Responsables Fiscales no está facultada para excluir a las
personas naturales y/o jurídicas del Boletín de manera oficiosa o a petición de los
declarados fiscalmente responsables, sino única y exclusivamente por orden proferida
por la autoridad fiscal que emitió el fallo que originó su inclusión en el Boletín, de
conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 o que adelanta el proceso de
cobro coactivo del mismo, una vez verifiquen que se encuentran acreditadas las
causales establecidas en la Resolución 5149 de 2000 y así lo determinen mediante
providencia debidamente motivada.
De ahí, que el actor no puede señalar que dicha entidad ha vulnerado sus derechos,
pues no ha conocido solicitud de exclusión del boletín de responsables fiscales.
Afirmó que en la sentencia C-651 de 2006, se precisó de manera clara que la finalidad
de dicho boletín es «(...) presionar legítimamente para lograr el pago por los daños y
perjuicios ocasionados al Estado» y de este modo lograr el objetivo mismo del proceso
de responsabilidad fiscal, mediante el deber de abstención de las entidades públicas
para «iniciar o mantener relaciones jurídicas con quienes hayan sido declarados responsables
de tal detrimento».
Explicó que la inclusión obligatoria en este boletín no implica la vulneración de los
derechos fundamentales de los procesados, en tanto busca proteger la integridad
patrimonial del Estado, mediante el mecanismo de la publicidad de los nombres de los
sujetos que han resultado responsables por faltas de esta naturaleza.
De igual forma, indicó que la solicitud de amparo es improcedente por incumplimiento
de los requisitos de relevancia y subsidiariedad porque considera que el actor acude a
la solicitud de amparo con la finalidad de reabrir una instancia procesal ya concluida,
es decir, pretende retomar los procesos de responsabilidad fiscal, cobro coactivo y el
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado con posterioridad ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Explicó que el accionante, tenía el deber de demostrar la razón por la que considera
debe intervenir prioritariamente el juez de tutela; situación que en el caso objeto de
estudio no ocurrió, pues de lo expuesto no se evidencia que el actor haya señalado los
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motivos por los que considera procede la solicitud de amparo contra la providencia de
contenido fiscal.
Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo por inexistencia de la vulneración
invocada por el actor o que en su defecto sea desvinculada de la solicitud de amparo
de la referencia.
La Contraloría Municipal de Villavicencio informó que con la presente solicitud de
amparo el actor incurre en temeridad o cosa juzgada constitucional, porque en el
trámite del proceso de fiscal ha presentado acciones similares en diferentes
oportunidades y despachos judiciales, así:
• Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio,
radicado 50001- 31-07-003-2023-00111-00, que, en fallo del 17 de noviembre
de 2023, se negaron las pretensiones de la solicitud de amparo.
• Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Villavicencio, radicado 50001-40-40-10-2024-00202-00, mencionó que en
fallo de 10 de octubre de 2024 amparó el derecho fundamental de petición,
sin embargo, dicha instancia judicial no se pronunció frente a las pretensiones
de exclusión del boletín de responsables fiscales, como de la prescripción del
proceso de cobro coactivo.
• En especial, indicó que la acción de tutela que guarda mayor relación con
los hechos de la presente acción fue de conocimiento del Juzgado Segundo
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio, con
radicado 50001-40-88-002-2025-00033-00, y en fallo del 25 de febrero de
2025, declaró improcedente, dicha providencia fue confirmada en segunda
instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio (Meta) en
sentencia del 7 de abril de 2025.
Explicó que una vez verificados los hechos sobre los cuales se estructura la alegada
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso por una supuesta doble
sanción penal y disciplinaria, al habeas data por continuar reportado en el boletín de
responsables fiscales y al mínimo vital, no ha incurrido en la vulneración alegada dado
que ha sido diligente en el trámite según corresponde.
Precisó que la prescripción, o bien el paso del tiempo, no es aplicable a los procesos
fiscales de cobro coactivo, ni es causal válida para solicitar ser excluida una persona
del boletín de responsables fiscales, el cual es una publicación periódica, que contiene
una lista de nombres con la respectiva identificación de personas naturales y jurídicas
que sean hallados responsables fiscales.
El cumplimiento de lapsos temporales no tiene incidencia para ordenar el retiro del
boletín de responsables fiscales, persistiendo en este caso la prohibición establecida
en el inciso 3º de la ley 610 del 2000.
Señaló que lo solicitado ha sido objeto de trámite con garantías consagradas para este
tipo de actuaciones, en sede de procesos fiscales de cobro coactivo, y contrario a lo
afirmado por el actor, que es claro que se han presentado reiteradas tutelas por los
mismos hechos y derechos invocados, con excepción de la pretensión dirigida a que
se emita sentencia de segunda instancia en el medio de control que se adelanta con
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radicado 50001-33-33-003-2013-00441-01, hechos totalmente ajenos al ente de
control.
Fenalco indicó que, al realizar la búsqueda en su base de datos, obtuvo como
resultado que el actor, no posee historial crediticio reportado ante esa plataforma.
Precisó que el actor no ha formulado ninguna petición, queja o reclamo frente a
Fenalco Antioquia «procredito» en la que solicite rectificación o actualización el cual
es un requisito de procedibilidad para la acción de tutela.
Solicitó ser desvinculado del trámite de la referencia, por falta de legitimación en la
casusa por pasiva porque no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Experian Colombia S.A – Datacrédito señaló que existe falta de legitimación en la
causa por pasiva en la medida en que, en su calidad de operador de la información,
no es el responsable de la veracidad y la calidad de los datos que reporten las fuentes
de la información como las entidades bancarias o financieras, pues precisamente son
quienes deben garantizar que la información que se suministre a los operadores sea
veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.
Explicó que el embargo es una medida cautelar decretada por una autoridad judicial o
administrativa en procesos de jurisdicción coactiva. Así las cosas, el mismo es una
condición fáctica que recae sobre el titular de la información, además, se trata de un
hecho que tiene una connotación financiera relevante y que, por tanto, debe ser
comunicado por la fuente de la información al operador y por el operador a los usuarios.
Precisó que no puede eliminar el registro del embargo que pesa sobre la cuenta
bancaria del actor, pues se trata de un dato financiero objetivo y veraz reportado por
el banco Davivienda, no obstante, adujo que ese dato será eliminado en el momento
en el que el embargo sea levantado por la autoridad judicial o administrativa y este
nuevo hecho sea comunicado al operador, caso en el cual corresponde al banco
Davivienda proceder a realizar las acciones necesarias y reportar las novedades de
manera inmediata para que se realice oportunamente la actualización de la
información.
Sanitas EPS informó que el actor está afiliado a dicha entidad en el régimen
contributivo y se encuentra activo con el empleador Assist Consultores de Sistemas
desde el 28 de junio de 2025, no obstante, indicó que no existe pretensión dirigida en
su contra, por lo que es claro que no existe responsabilidad alguna que le fuera
atribuible, en razón a ello solicitó ser desvinculada de la solicitud de amparo de la
referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva.
CIFIN S.A.S. solicitó que se declare falta de legitimación en la causa por pasiva en la
medida en que la acción de tutela de la referencia no está dirigida en su contra dado
que la pretensión del actor es completamente ajena a sus funciones como operadores
de la información, y conforme con la Ley 1266 de 2008 no se encuentra legitimada
para eliminar y/o modificar la información reportada por responsables fiscales.
Bancolombia indicó que, aunque no fue relacionada como demandada por el actor en
el escrito inicial, no dio origen a los hechos que supuestamente conllevaron a la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor ni tampoco se
encuentra facultado para pronunciarse frente a estos.
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Sin embargo, de conformidad con la vinculación al proceso solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva dado que el Banco no dio origen a los
hechos generadores de la vulneración.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
En el caso objeto de estudio, dadas las condiciones particulares de lo expuesto por el
actor corresponde a la Sala determinar varios puntos a saber:
1. Si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor
Hamilton Mayo Rojas, con ocasión a la presunta mora judicial en que
incurrió para resolver el recurso de apelación del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-003-2013-00441-
01.
2. Si en el caso objeto de estudio se presentó temeridad respecto a las
solicitudes de amparo con radicado 2023-00111-00, 2024-00202-00 y la
2025-00033-00.
3. Si hay lugar o no a acceder al amparo del derecho fundamental a la salud
invocado por el actor, así como lo expuesto frente a las centrales de
riesgo; su insistencia en que sea retirado del boletín fiscal y a las demás
pretensiones.
La Sala anticipa que: 1. frente a la presunta mora judicial la Sala accederá al amparo
pretendido, toda vez que en el caso objeto de estudio han transcurrido 4 años y 1 mes desde
que el medio de control está en conocimiento de la autoridad judicial demandada, sin proferir
decisión que ponga fin al proceso; 2. no se dan los supuestos para declarar la temeridad y, 3.
respecto a las demás pretensiones la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia, porque no basta con afirmar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales sino que se debe demostrar la verdadera y real afectación de los mismos.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de las
solicitudes de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por varios de
los demandados; (ii) mora judicial y su análisis en el caso concreto, (iii) temeridad en
el caso objeto de estudio y, (iv) sobre la improcedencia de las demás pretensiones
elevadas por el actor.
(i) De la legitimación en la causa por pasiva
El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, Bancolombia, Cifin SAS, Sanitas EPS,
Datacrédito y Fenalco alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Al respecto, la Sala advierte que la vinculación de las referidas entidades se dio en
atención a que en los distintos escritos presentados por el actor señaló que varias de
las pretensiones propuestas van dirigidas contra las referidas entidades como
demandadas.
De manera que, fue en condición de demandadas que fueron vinculadas al trámite
constitucional de la referencia, razón por la que se negará las solicitudes de
desvinculación elevadas.
(ii) De la mora judicial
Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la
inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial;
(ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza
debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por
parte del juez2.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a
tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se
configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la
administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el
agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos
y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los
que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Análisis de la mora judicial en el caso concreto
2 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de
2018 y T-441 de 2020.
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Demandante: Hamilton Mayo Rojas
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Hamilton Mayo Rojas alega que el
Tribunal Administrativo del Meta incurrió en mora judicial y, por tanto, reclama la
protección de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, que se ordene
al Tribunal Administrativo del Meta, que resuelva la segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-003-2013-
00441-01, en la medida en que, a su juicio, lleva más de dos años al despacho sin que
se profiera sentencia.
Para determinar si existió o no mora judicial, la Sala considera pertinente analizar si se
cumplen con los siguientes criterios: i) el juez u órgano judicial excede
desproporcionadamente los términos que tenía para dictar una decisión; ii) la mora
desborda el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto; y iii) no existe
motivación para justificar la demora en la que se está incurriendo.
Del análisis del expediente y de la consulta de procesos de la rama judicial, se
evidencia que el lapso de tiempo que ha transcurrido para que se profiera decisión de
segunda instancia en el caso objeto de debate se puede dividir en dos periodos, a
saber:
En el primer lapso de tiempo se evidencia que:
• El Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio profirió sentencia de
primera instancia el 26 de enero de 2017.
• Contra la referida decisión el actor interpuso recurso de apelación y el
proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta el 8 de marzo
de 2017.
• Con ocasión del Acuerdo CSJMEA21-42 del 25 de marzo de 2021 del
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, ordenó crear nuevos
despachos judiciales para la descongestión del tribunal, entre ellos el
despacho número 6 en cabeza de la magistrada Nohra Eugenia Galeano
Parra.
Conforme con lo anterior, antes de que el proceso pasará al despacho que en la
actualidad tiene conocimiento del mismo, transcurrieron aproximadamente 4 años,
que si bien, no pueden ser atribuidos a la autoridad judicial demandada, sí es un
periodo adicional de tiempo que el usuario de la administración de justicia ha debido
asumir.
En el segundo lapso de tiempo se observa:
• El 25 de marzo de 2021 fueron reasignados 493 procesos al despacho de
la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra, entre ellos el medio de
control en el que figura como demandante el señor Mayo Rojas.
• En providencia del 24 de junio de 2021 el referido despacho admitió el
recurso de apelación.
• En providencia del 23 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo
del Meta en aplicación del numeral 4º del artículo 247 del CPACA,
prescindió de la audiencia y, en su lugar, corrió traslado a las partes por
el término común de 10 días para alegar de conclusión.
• Una vez las partes alegaron de conclusión, el 28 de abril de 2023 el
expediente pasó al despacho para proferir sentencia.
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Es decir que, en este segundo lapso en el que el expediente ha estado a cargo del
despacho de la magistrada Galeano Parra han transcurrido aproximadamente 4 años
desde la admisión del recurso, sin dejar de lado que, entre el periodo alegar de
conclusión y el paso al despacho para sentencia, transcurrieron aproximadamente 1
año y 7 meses, lo que muestra un tiempo desproporcionado en el trámite del proceso.
Cabe señalar que, en el informe rendido por el Tribunal Administrativo del Meta, puso
de presente que tiene una carga laboral elevada y a la fecha ha evacuado algunos de
los 493 procesos a su cargo, sumado a las acciones constitucionales y procesos
especiales que le han sido asignados, razón por la que no le ha sido posible dar
prelación al mencionado proceso. el cual se encuentra en turno 65 para proferir
sentencia y resaltó que el expediente no cuenta con alguna característica específica
que le permita dar prelación sobre los demás procesos a su cargo porque solo podría
alterar el turno respecto de los demás procesos en casos de i) sentencia anticipada; ii)
prelación legal; iii) atención a la. Naturaleza del asunto a solicitud del Ministerio público
por importancia jurídica.
Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto el hecho objetivo consistente en que,
desde que ingresó el proceso al despacho de conocimiento hasta la fecha, han
transcurrido más de 4 años sin que se haya emitido la sentencia de segunda instancia,
además del periodo de 4 años que transcurrió antes de las medidas de descongestión
judicial en el que el expediente fue remitido a esa Corporación, pero no tuvo
movimiento procesal alguno, lo que hace que el tiempo efectivo de espera del actor
sea de aproximadamente ocho años sin una decisión de fondo en el proceso.
Además del trámite procesal se observa que han existido periodos como los
comprendidos entre el año 2021 y 2023 en los que el proceso no tuvo algún tipo de
movimiento procesal, lo cual acredita que ha existido mora judicial generalizada.
Si bien, con posterioridad a la interposición de la presente solicitud de amparo la
autoridad judicial demandada ha expuesto las circunstancias que le han impedido
proferir sentencia en el caso objeto de estudio, lo cierto es que sumado todo el tiempo
desde que fue proferida la sentencia de primera instancia el actor ha esperado un
periodo de aproximadamente 8 años a la espera de que se profiera la decisión de
segunda instancia.
En el presente caso se observa los períodos sin ejecutar alguna actuación procesal en
el proceso y la prolongación en el tiempo sin emitir decisión definitiva, deben ser
entendidos como una mora judicial que no se encuentra justificada.
A juicio de la Sala, se configura una mora judicial injustificada y esa tardanza termina
por desconocer el acceso efectivo a la administración de justicia, así como el derecho
al debido proceso del demandante, pues existe un desbordamiento del plazo razonable
para decidir. En este punto, conviene señalar que, respecto del principio de plazo
razonable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, atendiendo pronunciamientos
de la CIDH, ha establecido:
«(...) para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo
judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se
presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo
razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
3
Sentencia T-186 de 2017. Reiterando las sentencias T-803 de 2012 y T-945A de 2008.
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interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento,
y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para
evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso».
La demora desproporcionada en la resolución del proceso, en este caso superior a 4
años desde la admisión del recurso de apelación, desconoce la noción de plazo
razonable y priva a las partes de la posibilidad de obtener una decisión definitiva y, por
ende, de ejercer plenamente sus derechos y defender sus intereses de manera
efectiva.
La dilación excesiva no solo contraviene los principios fundamentales de celeridad y
prontitud en la impartición de justicia, sino que afecta directamente a las partes
involucradas en el litigio, quienes están en incertidumbre.
Conviene precisar que el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 229 de
la Constitución Política no solo implica la posibilidad de acudir a la jurisdicción, sino
que requiere la garantía de obtener una respuesta oportuna.
Debe precisarse que no se desconoce que el Tribunal Administrativo del Meta ha
tenido una alta carga laboral, sin embargo, lo cierto es que el proceso lleva ocho años
a la espera de la decisión de segunda instancia sin que las partes del proceso cuenten
con una decisión de fondo. Esa demora en el trámite no solo vulnera los derechos de
acceso a la administración de justicia y el debido proceso, sino que también afecta la
confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Por lo anterior, la Sala estima imperativo que se adopten medidas adecuadas para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las partes involucradas en el proceso
judicial.
En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del señor Hamilton Mayo Rojas y ordenará al
Tribunal Administrativo del Meta que, en un plazo no mayor a 3 meses, contados a
partir de la notificación de esta decisión, dicte la sentencia de segunda instancia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 50001-33-33-003-2013-
00441-01.
ii) De la presunta actuación temeraria en el caso objeto de estudio
El fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83
y 95 de la Constitución Política, que, de un lado, obligan a los particulares y a las
autoridades a actuar con base en el principio de buena fe y, del otro, instituyen como
deber de las personas el de «respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios»
y «colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia».
De acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria ocurre
cuando «sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela [es]
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales
(…)». La sanción para esa conducta es el rechazo o decisión desfavorable de todas
las solicitudes.
Frente al particular, la Corte Constitucional ha señalado que se configura la actuación
temeraria cuando concurren los siguientes requisitos:
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(i) Identidad de partes,
(ii) Identidad de hechos,
(iii) Identidad de pretensiones; y,
(iv) Ausencia de justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela4.
En el mismo sentido, la Corporación se refirió a aquellos eventos en los que, a pesar
de que se cumpla con los requisitos señalados, no hay lugar a declarar la existencia
de la temeridad, cuando:
«i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial
vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema
de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del
derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como
fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de
los derechos, y iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, [cuando el actor] en sus actuaciones
siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda de
igual naturaleza».
De lo anterior, se observa que la actuación temeraria se predica en los eventos en que,
sin motivo justificado, una misma persona presenta acción de tutela ante varios
despachos judiciales de manera sucesiva con base en los iguales hechos y para
obtener la protección de los mismos derechos.
En el presente caso, se advierte que la Contraloría Municipal de Villavicencio mencionó
que la solicitud de amparo es temeraria porque el actor ya había acudido a otras
instancias judiciales bajo los mismos hechos y pretensiones en los procesos con
radicado 2023-00111-00, 2024-00202-00 y la 2025-00033-00.
Una vez analizadas las referidas acciones de tutela se evidencia que no se dan los
requisitos para declarar la temeridad porque no tienen identidad de partes, de hechos
y de pretensiones, como se pasa a ver.
Si bien el actor ha acudido en distintas oportunidades a la interposición de diversas
acciones de tutela contra la Contraloría General de la Nación y Municipal de
Villavicencio donde ha perseguido se declare la nulidad de los procesos fiscales
iniciados en su contra, lo cierto es que las referidas solicitudes son distintas a la que
es ahora objeto de estudio, porque el actor en la presente solicitud relacionó como
distintos demandados al Tribunal Administrativo del Meta, por una presunta mora
judicial, a las Contralorías General y Municipal y a entidades de salud, bancarías,
autoridades judiciales, que de entrada hacen que no se cumpla con el requisito de la
existencia en la entidad de las partes.
Frente a las pretensiones, la Sala precisa que en anteriores oportunidades el actor
tenía como finalidad que se declarara la terminación del proceso de cobro coactivo en
su contra y aunque se evidencia las acciones de tutela comparten identidad en algunas
partes, pretensiones y derechos, la situación fáctica en esta tutela difiere, puesto que
se observa que en la presente menciona distintas condiciones como su imposibilidad
de acceder a un empleo, problemas de salud distintos a los expuestos en la solicitud
con radicado 2025-00033-00 pues en esa oportunidad alegó condición de debilidad
manifiesta por tener afecciones de salud consistentes en hernias discales L4-L5.
4 Sentencias T-923 de 2010, T-718 de 2011, T-084 de 2012, T-151 de 2012 y T-181 de 2012, Corte Constitucional.
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En este punto es importante resaltar que en fallo del 25 de febrero de 2025 proferido
en la acción de tutela 2025-00033-00 el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Villavicencio, realizó el estudio de temeridad
respecto a las acciones de tutela con radicados 2023-00111-00, 2024-00202-00 y
concluyó que no existía temeridad ni duplicidad de expedientes, pues si bien las
solicitudes guardaban cierta relación las mismas variaban conforme lo expuesto por el
actor, tal como sucede en el caso objeto de estudio.
Por lo expuesto la Sala concluye que en el caso objeto de estudio no se configura la
temeridad.
(iii) La improcedencia de las demás pretensiones elevadas por el actor
Entre las pretensiones expuestas por el actor se evidencia que solicita, entre otras:
• El levantamiento total de medidas cautelares originadas en el proceso fiscal.
• El congelamiento temporal de deudas medicas que afirma obtuvo con la finalidad
de cubrir gastos médicos de su padre.
• Acceso a tratamiento médico gratuito bajo responsabilidad de Contraloría
Municipal de Villavicencio.
• Eliminación de reportes negativos en centrales de riesgo.
• Que se declare inembargable el 100% de sus recursos.
• Declarar la nulidad de oficio de los autos S-0785/25 (Juzgado Primero
Administrativo Bogotá) y 2025-00227-01 (Tribunal Administrativo de
Cundinamarca).
• Que se ordene la suspensión del proceso de cobro coactivo núm. 007-2013-
0715.
• Se ordene el retiro inmediato y definitivo de su nombre del boletín SIBOR.
• Declarar la prescripción del proceso de cobro coactivo en su contra.
• Se ordene articulación procesal entre la solicitud de amparo de la referencia y el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-000441-
01.
• Se declare que hay lugar a un conflicto de competencia negativo entre el
Juzgado Primero Administrativo de Bogotá 2025-00227-00 y el Juzgado Noveno
Administrativo de Villavicencio 2025-00147-00 y se ordene que conozcan de la
acción de tutela de manera inmediata.
• Compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación a fin de que
investigue conductas presuntamente disciplinables de prevaricato por omisión y
falsedad ideológica en documento público.
• Suspensión inmediata de Carlos Alberto López López como Contralor Municipal.
• Decretar suspensión preventiva de la magistrada Galeano Parra.
Al respecto la Sala observa que lo pretendido por el actor no es procedente mediante
la solicitud de amparo de la referencia, por las razones que se pasan a explicar.
En primer lugar, el levantamiento de medidas cautelares, la eliminación de los reportes
en el SIBOR, que se ordene la suspensión del proceso de cobro coactivo y la
prescripción del mismo, son pretensiones derivadas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2013-000441-01, que se encuentra en trámite ante el
Tribunal Administrativo del Meta, por lo que una vez se estudie la legalidad de la
decisión se adoptarán las medidas que en derecho correspondan, pues de ser
favorable a sus pretensiones la consecuencia del fallo será justamente obtener lo que
persigue mediante las pretensiones que relaciona en la presente acción de tutela.
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De manera que, no es posible que ejerza de manera paralela el presente mecanismo
para solicitar que se adopten medidas que solo serán posibles una vez cuente con el
fallo de nulidad y restablecimiento del derecho en el que cuestionó la decisión
sancionatoria, y será el juez natural de conocimiento quien adoptará las medidas que
corresponda, actuación en la que no puede intervenir el juez constitucional, porque el
medio de defensa ordinario se encuentra en curso.
En segundo lugar, lo relacionado con el congelamiento de sus deudas bancarias y los
reportes negativos de centrales de riesgo que aduce fueron consecuencia del proceso
de responsabilidad fiscal, también son asuntos que dependen de las resultas del
proceso en que obra como demandante, sin que le sea dado al juez constitucional
adoptar una decisión en ese sentido, pues se trata de una inconformidad de carácter
económico que no evidencia la vulneración de derechos de carácter fundamental y lo
cual, en todo caso, es un asunto que corresponde tramitar de manera directa ante cada
entidad e institución financiera para que, una vez salde sus deudas, su información
financiera pueda ser rectificada.
En igual sentido, las deudas que aduce fueron adquiridas para financiar un tratamiento
médico, pues no es una afirmación que se encuentre debidamente acreditada y
respaldada y, en todo caso, no evidencia la vulneración de derechos fundamentales,
pues la tutela no está diseñada para ordenar el pago de deudas indistinto sea el origen,
sino que su objeto es para garantizar derechos de categoría fundamental, incluido el
debido y oportuno acceso al derecho fundamental a la salud.
En tercer lugar, respecto del derecho a la salud invocado por el demandante en el que
requiere se ordene a Sanitas EPS la atención de sus patologías, la acción de tutela de
la referencia no procede en la medida en que no se demostró que la entidad prestadora
de salud negara el servicio de salud o contara con órdenes médicas que no han sido
autorizadas, razón por la que la Sala evidencia que las afirmaciones realizadas por el
demandante carecen de soporte fáctico y probatorio.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de que le asiste al demandante de acercarse a
la EPS en que se encuentra afiliado para solicitar las citas medidas y atenciones que
requiere.
En cuarto lugar, frente a la pretensión dirigida a que se resuelva el presunto conflicto
de competencia entre los Juzgados Primero Administrativo de Bogotá y Noveno
Administrativo de Villavicencio, la Sala advierte que pese a que se presentó un cambio
de radicación en la acción de tutela pues inicialmente fue la 2025-00227-00 ante el
Juzgado de Bogotá y la 2025-00147-00 ante el Juzgado de Villavicencio, lo cierto es
que se trata de la misma solicitud de amparo y no hay lugar a ordenar que asuman el
conocimiento del proceso y se pronuncien porque se trata de la misma solicitud de
amparo de la referencia, la cual fue remitida por el Juzgado Noveno Administrativo de
Villavicencio el pasado 10 de junio de 2025 a esta Corporación y está siendo resuelta
en el presente fallo.
Finalmente, las solicitudes a que se ordene la compulsa de copias y suspender
provisionalmente de cargos a funcionarios públicos es improcedente, pues, el fin de la
acción de tutela tampoco es ser un mecanismo sancionatorio, sino que su objeto es la
protección de derechos y garantías de carácter fundamental, que hagan necesaria la
intervención del juez de tutela para garantizar la protección de estos o para prevenir la
causación de un perjuicio irremediable.
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Sin que en el presente caso el actor logre acreditar la vulneración de un derecho de
contenido fundamental, sino la inconformidad que le genera la decisión sancionatoria
que le fue impuesta; en este punto, la Sala destaca que para la procedencia de la
acción de tutela no basta con afirmar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales sino que se debe demostrar la verdadera y real afectación de los
mismos, razón por la que la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes.
El interesado debe argumentar de manera suficiente y razonable la vulneración de
derechos fundamentales, es necesario que exponga de manera clara las razones por
las que considera fueron amenazados o vulnerados los derechos fundamentales.
De manera que, en el presente caso se encuentra acreditada la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
del actor y, en esa medida, se impone acceder al amparo solicitado en relación con los
cargos contra el Tribunal Administrativo del Meta y, declarar improcedente las demás
pretensiones, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes de desvinculación invocadas.
2.Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Hamilton Mayo Rojas, con ocasión a la mora
judicial presentada en el trámite del medio de control núm. 50001-33-33-003-2013-
00441-01. En consecuencia:
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta que, en un plazo no mayor a 3 meses,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 50001-
33-33-003-2013-00441-01, en el que figura como demandante el señor Hamilton Mayo
Rojas.
4. Declarar improcedente las demás pretensiones elevadas por el actor, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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