Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00054-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00054-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00054-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00054-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial. Fallo de responsabilidad
fiscal.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional. Rechaza por
temeridad parcial las demás pretensiones.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Hamilton Mayo Rojas en contra
del Tribunal Administrativo del Meta, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Villavicencio, la Contraloría Municipal de Villavicencio, la Contraloría General de la
República, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la
Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Defensoría del Pueblo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Hamilton Mayo Rojas, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en
contra de las precitadas autoridades y entidades, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERA. – AMPARO DE DERECHOS. Amparar mis derechos fundamentales
al Debido Proceso, Acceso a la Justicia, Dignidad Humana, Mínimo Vital, Buen
Nombre y Salud, vulnerados por la expedición y los efectos de la Sentencia 087
del 23 de octubre de 2025 del TACM Despacho 06.
SEGUNDA. – DECLARACIÓN DE NULIDAD. Declarar la nulidad de la
mencionada Sentencia por constituir una vía de hecho judicial, al incurrir en
defecto fáctico (omisión de pruebas determinantes) y defecto orgánico (confirmar
una obligación prescrita). Ordenar, en consecuencia, dejarla sin efecto alguno.
TERCERA. – ELIMINACIÓN DEL REGISTRO SIBOR. Ordenar a la Contraloría
Municipal de Villavicencio y a la Contraloría General de la República la eliminación
inmediata y definitiva de mi nombre (código 86044548250604134837) del Boletín
de Responsables Fiscales (SIBOR).
CUARTA. – DECLARACIÓN OFICIOSA DE PRESCRIPCIÓN. Ordenar a la
Contraloría Municipal de Villavicencio que, en el proceso de cobro coactivo
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
correspondiente, declare de oficio la prescripción de la obligación, con base en la
notificación irregular del mandamiento de pago del 16 de agosto de 2013 (Anexo
T-6) y el transcurso del plazo máximo legal.
QUINTA. – MEDIDA CAUTELAR URGENTE (Art. 7, Decreto 2591/1991).
Decretar, como medida provisional, la suspensión inmediata de cualquier acto de
ejecución coactiva derivado del Fallo Fiscal 400-19-08-07 y de la Sentencia 087
del 23 de octubre de 2025 del TACM Despacho 06, hasta que se decida de fondo
la presente acción de tutela.
SUBSIDIARIAMENTE, solicito que, de encontrarse procedente la tutela, se
ordene al Tribunal Administrativo del Meta (con magistrados distintos a los que
emitieron el fallo viciado) proferir una nueva sentencia en segunda instancia, que
valore integralmente las pruebas omitidas y declare las nulidades y prescripciones
correspondientes.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
municipio de Villavicencio y de la Contraloría Municipal de Villavicencio, con el fin que se
declarara la nulidad de los actos administrativos proferidos el 20 de marzo, 30 de mayo
y 17 de junio de 2013, por los cuales, el citado ente de control, declaró responsable
fiscalmente al señor Hamilton Mayo Rojas en el proceso de responsabilidad fiscal
identificado con el radicado 400-19-08-07, adelantado en su contra por presuntas
irregularidades en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV, en
su calidad de jefe de facturación para la época de los hechos.
Manifestó que la demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Villavicencio que, en sentencia dictada en audiencia inicial
realizada el 26 de enero de 2017 declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del municipio de Villavicencio, negó las pretensiones y condenó
en costas a la parte demandante, hoy accionante.
Inconforme con la anterior decisión, el señor Mayo Rojas interpuso recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, la
confirmó.
En el escrito de tutela, el accionante indicó lo siguiente2:
[…] el Tribunal Administrativo del Meta (TACM) Despacho 06, mediante Sentencia
087 del 23 de octubre de 2025, confirmó una condena fiscal en mi contra basada
precisamente en (…) cobros ilegales. Esta decisión, que omite de manera
flagrante y determinante la prueba reina (Informe SSPD 2011, Anexo G-2) y otras
seis pruebas esenciales, y que además se pronuncia sobre una obligación que
prescribió el 16 de agosto de 2023, constituye una VÍA DE HECHO JUDICIAL que
demanda la intervención proyectora de esta acción de tutela […].
Expuso que su nombre permanece inscrito en el boletín de responsables fiscales
(SIBOR), lo que, según aseveró, le ha imposibilitado el acceso a un empleo formal
durante un período de 12 años y le ha causado graves afectaciones a su salud mental.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Alegó que la sentencia de segunda instancia acusada incurrió en defecto fáctico al omitir
la valoración integral de pruebas que, consideró determinantes para adoptar la decisión,
vulnerando, así, su derecho fundamental al debido proceso.
Al respecto, relacionó la siguiente documentación, como pruebas omitidas por el tribunal
accionado:
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Adicionalmente, adujo la configuración de un defecto orgánico y procedimental absoluto
por la violación a las reglas de prescripción y notificación irregular. Al efecto, señaló lo
siguiente:
Finalmente, indicó que, el mismo Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia
del 29 de octubre de 2025, en otro proceso declaró la nulidad de la elección del contralor
municipal de Villavicencio, por inhabilidad. Al respecto, anotó que “su falta de legitimidad
de origen vicia toda la representación y defensa institucional ejercida en mi contra” 3.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 13 de enero de 20264 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 15 de enero de 20265 la admitió y dispuso notificar6 al Tribunal
Administrativo del Meta, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio,
3 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
5 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
6 Esta orden se cumplió el 21 de junio de 2026. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
a la Contraloría Municipal de Villavicencio, a la Contraloría General de la República, a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV, a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Defensoría del
Pueblo.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Villavicencio, para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 50001 33 33
003 2013 00441 00/01.
3.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio remitió copia del
expediente solicitado, pero no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la
tutela7.
3.3. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación, allegó escrito8 en el que solicitó que se considere la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad, comoquiera que, según
estima, “no existe relación de causalidad entre las actuaciones de la Fiscalía General de
la Nación y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el
accionante, con ocasión del(as) actuación(es) de la(s) autoridad(es) judicial(es) objeto de
reproche en el escrito de tutela”.
3.4. El secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial presentó escrito 9 en el
que solicitó que se niegue el amparo deprecado respecto de dicha Corporación, debido
a que “no es la titular de la relación jurídica fundamental o la llamada legalmente a
responder por la pretensión del demandante”.
3.5. La magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia cuestionada rindió
informe10 en el que solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, al no
cumplir con los requisitos generales ni específicos establecidos para la procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.
Para ello, expuso lo siguiente:
[…] la acción constitucional instaurada resulta improcedente, en tanto se dirige
contra una providencia judicial adoptada en ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional, luego de agotarse íntegramente el trámite ordinario y con pleno
respeto de las garantías propias del debido proceso. La inconformidad del
accionante con el sentido de la decisión judicial no habilita, por sí sola, la
intervención del juez constitucional […].
Resaltó que, la solicitud del accionante reitera los planteamientos formulados en la
demanda y en el recurso de apelación, insistiendo en una valoración alternativa de los
7 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
8 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
9 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
10 Visto en los índices 21 y 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
hechos y de las pruebas, para obtener la revisión del criterio judicial adoptada en el
proceso ordinario.
Adicionalmente, anotó lo siguiente:
A lo largo del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
cuestionado, el señor Hamilton Mayo Rojas ha presentado de manera reiterada
numerosos memoriales y solicitudes manifiestamente improcedentes, muchos de
ellos formulados sin el cumplimiento del derecho de postulación, pese a haber
recibido respuestas claras, motivadas y oportunas por parte de este tribunal.
Dichas actuaciones no se han limitado al ejercicio del derecho de petición, sino
que han consistido en la insistencia sistemática en pretensiones ya resueltas,
solicitudes extemporáneas, requerimientos carentes de sustento jurídico y
peticiones dirigidas a reabrir etapas procesales legalmente precluidas,
circunstancia que ha sido advertida expresamente al accionante en múltiples
oportunidades.
En el mismo sentido, se observa que, frente a las decisiones judiciales adoptadas
de manera desfavorable a sus intereses, el señor Mayo Rojas ha acudido de forma
recurrente a la interposición de acciones penales, disciplinarias y constitucionales
no solo contra la suscrita, sino también contra los demás magistrados que integran
la sala de decisión, incluso, contra magistrados del Consejo de Estado,
reproduciendo en dichas actuaciones los mismos argumentos ya examinados y
descartados en sede judicial.
Este comportamiento procesal ha sido especialmente evidente tras la decisión
adoptada por la sección cuarta del Consejo de Estado en la acción de tutela
promovida por presunta mora judicial, en la cual se impartió la orden de proferir
sentencia de segunda instancia dentro de un término perentorio, orden que fue
cumplida de manera estricta y oportuna por este tribunal.
No obstante lo anterior, una vez emitida la sentencia dentro del término fijado por
la autoridad judicial superior, el accionante persistió en la presentación de nuevas
acciones de tutela, solicitudes y memoriales improcedentes, tanto ante este
tribunal como ante el Consejo de Estado, los cuales han sido respondidos,
desconociendo de manera reiterada el carácter definitivo de las decisiones
adoptadas y el principio de lealtad procesal.
(…)
Este contexto resulta relevante para el análisis de la presente acción
constitucional, en la medida en que permite advertir que la tutela interpuesta no
constituye un ejercicio aislado ni excepcional del mecanismo de amparo, sino que
se inscribe en un patrón reiterado de utilización de instrumentos procesales con el
propósito de cuestionar indefinidamente decisiones judiciales firmes y de
presionar la reapertura de debates ya concluidos, en abierta contradicción con los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y buena fe procesal.
3.6. El secretario general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio –
EAAV allegó escrito11 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela.
11 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Adujo que el señor Mayo Rojas “(…) disponía de otro medio de defensa judicial para
solicitar la suspensión de efectos del fallo que fue recurrido y confirmado, y no es la acción
de tutela la procedente para la activación de ese mecanismo, no puede pretenderse que
la acción de tutela se convierte en una cuarta instancia procesal (…)”.
3.7. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios radicó escrito12 en el que
solicitó que se declare la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte
de dicha entidad o, en su defecto, la improcedencia de la acción de tutela.
Al respecto, explicó lo siguiente:
[…] considerando que en el escrito de tutela se menciona como prueba reina
“Comunicado oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD) del 19 de septiembre de 2011. (Certifica que la EAAV ESP estaba
obligada a devolver dinero por "cobros no autorizados e ilegales”, es preciso
señalar que dentro del expediente de las solicitudes del accionante se aporta un
comunicado de prensa institucional del año 2011, en el cual, según se informó la
inclusión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.
(EAAV E.S.P.), dentro de un conjunto de empresas obligadas a efectuar
devoluciones a usuarios por cobros no autorizados, por lo que entiende esta
Dirección Técnica que dicho comunicado de prensa es la prueba reina a la que se
hace alusión en el escrito de tutela.
Vale señalar que dicho comunicado de prensa tiene como fundamento el resultado
de las actuaciones propias de inspección y vigilancia orientadas a verificar el
cumplimiento de la normatividad sectorial y, en particular, la correcta aplicación
del régimen y de la metodología tarifaria vigente. En ese contexto, y conforme a
los soportes internos del expediente, la devolución realizada en 2011 obedeció a
una aplicación incorrecta de la metodología tarifaria, específicamente por un
incremento de costos en el componente de Costo Medio de Administración (CMA),
razón por la cual se ordenó la devolución de los dineros al prestador, circunstancia
que se refleja en los Radicados SSPD 20094210902241, 20104210690441,
20115290234632 y 20115290280932.
Ahora bien, en cuanto las competencias y alcances de las actuaciones de esta
SSPD, se recuerda que el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 establece que las
personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se encuentran sujetas al
control y vigilancia de la SSPD y asigna, entre otras, funciones relacionadas con
vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos aplicables a
los prestadores, vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos celebrados
entre prestadores y usuarios, y solicitar documentos, incluso de naturaleza
contable y financiera, así como practicar visitas, inspecciones y pruebas
necesarias para el cumplimiento de las funciones (Art. 79, Ley 142, 1994).
Así las cosas, es FORZOSA la DENEGACIÓN del amparo constitucional solicitado
por la parte Accionante, en la medida que este organismo de vigilancia y control
no ha vulnerado el derecho fundamental del debido proceso que señala.
3.8. La contralora municipal de Villavicencio encargada, rindió informe en el que solicitó
que se nieguen las pretensiones del accionante13.
12 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
13 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Sostuvo que la responsabilidad fiscal del accionante fue soportada fáctica y
probatoriamente mediante fallo ejecutoriado del 20 de junio de 2013 dentro del proceso
de responsabilidad fiscal núm. 400-19-08-07 de 2013, decisión que fue ratificada por la
jurisdicción contenciosa administrativa.
3.9. El contralor delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro
Coactivo de la Contraloría General de la República allegó escrito14 en el que solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela, se niegue el amparo deprecado y que se
desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar.
Al respecto, manifestó lo siguiente:
3.10. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo guardaron silencio.
3.11. Mediante múltiples y reiterados memoriales15 radicados al presente trámite tutelar,
el accionante presentó diversas solicitudes, las cuales se pueden resumir de la siguiente
manera:
(i) Solicitud de medida cautelar de suspensión inmediata de cualquier acto de ejecución
coactiva derivado del acto administrativo que lo declaró fiscalmente responsable,
14 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
15 Visto en los índices 7, 8, 9, 20, 22, 27, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 54, 55, 56 y 57 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
alegando la existencia de un perjuicio irremediable debido a que su madre de 73 años
sin pensión, su hermana desempleada y su sobrino menor de edad dependen de él.
(ii) Solicitud de medida cautelar dirigida a que se ordene a la Contraloría General de la
República eliminar el registro SIBOR - código 86044548250604134837.
(iii) Solicitud de incorporación de nuevas pruebas al expediente, relacionadas con la
respuesta recibida el 4 de febrero de 2026 por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios frente a una petición presentada por el accionante ante dicha
entidad.
(iv) Solicitud de acumulación de los expedientes correspondientes a las acciones de
tutela identificadas con los radicados núm. 11001 03 15 000 2025 04542 00/01 y núm.
11001 03 15 000 2025 07555 00, a la acción de tutela de la referencia, para que se
tramiten en un mismo cauce procesal y así evitar que “tres Secciones de esta Alta
Corporación profieran decisiones contradictorias”.
3.12. Mediante auto del 18 de febrero de 2026, el despacho de conocimiento de la
Sección Quinta de esta Corporación ordenó que, por Secretaría, se remitiera a este
despacho la acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025
07555 00 para que se decida sobre la acumulación de dicha acción de tutela con la de la
referencia.
3.13. Mediante auto del 25 de febrero de 2026, el despacho de conocimiento de la
Subsección B, Sección Tercera de esta Corporación ordenó remitir la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01319 00 a este despacho, para
que se decida sobre la posible acumulación con la acción de tutela de la referencia.
3.14. Por auto del 9 de marzo de 202616, notificado el 11 de marzo de 202617, el despacho
ponente resolvió lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de medidas provisionales presentadas por el
señor Hamilton Mayo Rojas, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de incorporación de nuevas pruebas presentada
por la parte accionante, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de acumulación de tutelas elevadas, tanto, por
el señor Hamilton Mayo Rojas, como por las Secciones Tercera y Quinta de esta
Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: Por Secretaría, REMITIR los expedientes de las acciones de tutela
identificadas con los radicados núm. 11001 03 15 000 2025 07555 00 y núm.
11001 03 15 000 2026 01319 00, a los despachos que conocieron inicialmente
dichas actuaciones.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes esta decisión por el medio más
expedito y eficaz.
SEXTO: Surtido lo anterior, ingresar inmediatamente el asunto al despacho para
16 Visto en el índice 69 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
17 Visto en el índice 84 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
continuar su trámite.
3.15. Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 202618, el señor Mayo Rojas solicitó
lo siguiente:
1. ACLARAR los fundamentos jurídicos de la negativa a incorporar las pruebas
A3, A9, A11, A20 y A92, que obraban en el expediente desde antes del 09/03/2026,
especificando por qué no procede la valoración de prueba institucional y judicial
que acredita vicios de nulidad de orden público. El Concepto A3, emitido en
ejercicio del Art. 370 C.P., es vinculante.
2. ADICIONAR el Auto Índice 69 para ordenar la incorporación de la CARTA DE
TERMINACIÓN LABORAL (GMV, Ref. RHMAZ23-29539, 09/03/2026) como
hecho superviniente posterior al auto, que acredita perjuicio irremediable
consumado (Art. 7 D. 2591/1991).
3. DECRETAR medida cautelar de suspensión del SIBOR Cód.
86044548260305112906 / 86044548250604134837, por cuanto el perjuicio
irremediable se consumó el 09/03/2026 — hecho nuevo posterior al auto que
cumple los tres requisitos del Art. 7 D. 2591/1991: apariencia de buen derecho
(A3, A9, A11, A20), periculum in mora (despido consumado) y proporcionalidad.
4. APLICAR como precedente vinculante la Sentencia Ramos Girón del
31/07/2025 (11001-03-15-000-2025-03568-00, CE Sección Cuarta, C.P. Wilson
Ramos Girón (E)), que ya reconoció la vulneración de los derechos de
Hamilton causada por el SIBOR activo (Art. 25 Acuerdo 080/2019 del Consejo
de Estado).
5. PRONUNCIARSE sobre el vicio de indebida representación de la CMV (Art.
133 num. 4 CGP), derivado de la nulidad electoral de López López por inhabilidad
(Art. 95 num. 2 + Art. 163 Ley 136/1994), declarada por Sala de Decisión No. 2
del TACM el 29/10/2025 y confirmada por CE Sección Quinta el 19/02/2026.
6. EN SUBSIDIO, al proferir el fallo de fondo, VALORAR las pruebas A3, A9, A11,
A20, A92 (obrantes antes del Auto Índice 69) y la carta de terminación laboral del
09/03/2026 (A93), para evitar el defecto fáctico impugnable en segunda instancia
(C-590/2005).
3.16. Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 202619, dirigido al despacho del
consejero de Estado, Jorge Edison Portocarrero Banguera, con ocasión de la acción de
tutela identificada con el radicado núm. 2025 04542 01, el accionante presentó diversas
solicitudes relacionadas con dicho trámite tutelar.
3.17. Mediante escrito radicado el 11 de marzo de 202620, el accionante presentó recurso
de reposición en contra del auto dictado el 9 de marzo de 2026 en el presente trámite
tutelar en los siguientes términos:
PRIMERA — REPOSICIÓN: Reponer el auto del nueve (9) de marzo de dos mil
veintiséis (2026), en la parte que negó la medida cautelar de suspensión, dado
18 Visto en los índices 75, 76 y 78 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
19 Visto en el índice 80 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00054 00.
20 Visto en los índices 85 y 86 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
que las objeciones formuladas por el Despacho quedan superadas por el hecho
superviniente A93 (despido del 9/03/2026), que acredita un perjuicio irremediable
propio y directo del accionante.
SEGUNDA — MEDIDA CAUTELAR: Decretar, como medida cautelar provisional
conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la suspensión de los efectos del
registro SIBOR código 86044548250604134837, administrado por la Contraloría
General de la República, hasta tanto se profiera el fallo de fondo en la presente
acción de tutela. Fumus boni iuris: Concepto SSPD-OJ-2026-042 (Anexo A3).
Perjuicio irremediable: Terminación del contrato de trabajo (Anexo A93) y
certificación SIBOR (Anexo A94).
TERCERA — HECHO SUPERVINIENTE: Tener como hecho superviniente
debidamente acreditado la terminación del contrato de trabajo del accionante,
ocurrida el nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026), para efectos de su
valoración en el fallo de fondo, conforme al artículo 233 del CPACA.
CUARTA — VALORACIÓN DE OFICIO: Ordenar, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 144 del CPACA, el análisis de la competencia material
de la Contraloría Municipal de Villavicencio para fiscalizar la gestión comercial de
la EAAV E.S.P., con base en el Concepto SSPD-OJ-2026-042 ya obrante en el
expediente 04542-01.
Lo anterior, al considerar que hay un hecho sobreviniente en virtud que fue despedido
de su trabajo el 9 de marzo de 2026 lo que, bajo su consideración, implica un perjuicio
irremediable.
3.18. Mediante correo electrónico del 12 de marzo de 202321, radicó un nuevo memorial
referente al recurso de reposición citado previamente, precisando lo siguiente:
Adjunto versión corregida del memorial radicado el 12 de marzo de 2026 bajo
código SAMAI2659611, presentado como complemento al recurso de reposición
radicado el 10 de marzo de 2026(índice 76), dentro de la acción de tutela Rad.
11001-03-15-000-2026-00054-00, Magistrado Ponente Dr. Carlos Fernando
Mantilla Navarro.
La versión corregida subsana, dos errores formales sin modificar el contenido de
fondo:
1. Sección IV.2 — Se corrige la cita del derecho al mínimo vital: el texto incorrecto
citaba el Art. 93 CP (bloque de constitucionalidad); el texto correcto es Arts. 1°,
11, 13 y 25 CP, conforme a la Sentencia T-426/1992.
2. Sección IX — Se corrige la numeración de las pretensiones: el texto incorrecto
las numeraba 9, 10,11, 12; el texto correcto las identifica como PRIMERA,
SEGUNDA, TERCERA y CUARTA.
Solicito respetuosamente tener en cuenta la versión adjunta como texto
definitivo del memorial.
21 Visto en el índice 89 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
3.19. Mediante escrito radicado el 20 de marzo de 202622, el señor Mayo Rojas expuso
lo siguiente:
El objeto de la tutela es el amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO (Art. 29 CP), al TRABAJO (Art. 25 CP), al MÍNIMO VITAL (Arts. 1, 11,
13 CP) y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 CP),
vulnerados por las sentencias del Juzgado 3° Administrativo de Villavicencio
(26/01/2017) y del TACM Despacho 06 (23/10/2025) que confirmaron el Fallo CMV
400-19-08-07 sin valorar la incompetencia material de la CMV (Art. 370 CP + Ley
142/1994) ni el Concepto SSPD-OJ-2026-042 (A-1). HECHO SUPERVINIENTE
DETERMINANTE (POSTERIOR A TODO FALLO PREVIO DEL CE): El
peticionario está en situación de DESEMPLEO DESDE EL 09/03/2026 (A-9, Carta
GMV Innovating Solutions S.A.S., Ref. RHMAZ23-29539, Director RR.HH. Ignacio
Ramos Gorostiola, firmada digitalmente). El SIBOR activo causó el rechazo en
estudios de seguridad del cliente BID y la terminación sin justa causa. Este
hecho es POSTERIOR a la firma real de la sentencia Portocarrero (11/02/2026)
y POSTERIOR al Auto del 09/03/2026 — es decir, NINGÚN juez lo ha analizado.
Cuantificación del daño: más de $2.800 millones COP (Peritaje ANDJE A-19).
Adicionalmente, solicitó que se resuelva el recurso de reposición presentado y reiteró la
solicitud de medida cautelar de suspensión “de los efectos del Fallo Fiscal 400-19-08-07
y del registro SIBOR código 86044548250604134837 hasta la sentencia de fondo
teniendo en cuenta”.
3.20. Mediante escrito radicado el 10 de abril de 202623, y denominado “Memorial
unificado estratégico”, el accionante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tener por acreditado que la Sección Cuarta ya descartó la
temeridad en este mismo caso (sentencia 31/07/2025, páginas 20-22), y que la
CMV no tiene competencia jurisdiccional para invocarla (Art. 38, Decreto
2591/1991). Su insistencia configura mala fe procesal (Art. 121 C.P. y Art. 425
C.P.).
SEGUNDO: Tener como plena prueba documental los archivos de la EAAV ESP
(índices SAMAI 00107 y 00108) que demuestran que el 90.32% de los 31
usuarios pagaron sus obligaciones antes, durante y después de la Resolución
123 de 2006, durante 20 años continuos (2005-2024).
TERCERO: Declarar la inexistencia del daño patrimonial que sustentó el Fallo
Fiscal 400-19-08-07 de la CMV, con fundamento en los Arts. 5 y 16 de la Ley
610/2000, y ordenar la cesación de la acción fiscal y la exclusión inmediata
del SIBOR (Art. 60, Ley 610/2000).
CUARTO: Ordenar el levantamiento inmediato del embargo de $84.195.688
COP sobre las cuentas en Bancolombia, Davivienda y las restricciones en RUNT,
CIFIN y DATACREDITO, por constituir enriquecimiento sin causa del Estado en
detrimento del accionante (Art. 831 C. de Co., Art. 1524 C.C., SU CE Sección
Tercera Exp. 24897 de 2012).
QUINTO: Tener en cuenta que los hechos supervinientes (A-1, A-9, A-12, A-28,
A-31, A-44) excluyen temeridad y reiteración (SU-027/2021) y que el Art. 19 de la
22 Visto en los índices 91, 94, 97 y 103 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
23 Visto en el índice 116 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Ley 1437/2011 es inaplicable cuando existen hechos nuevos que cambian el
estado fáctico.
SEXTO: Ordenar al Despacho que adopte medida cautelar urgente de
suspensión del SIBOR y del embargo (Art. 7, Decreto 2591/1991), por cuanto el
perjuicio irremediable ya se consumó: despido laboral del 09/03/2026 (A-9) y
embargo activo (A-31), con nexo causal directo y documentado con el SIBOR.
3.21. Mediante escrito radicado el 20 y 24 de abril de 202624, remitido a la Secretaría
General de esta Corporación y otras entidades, el accionante manifestó lo siguiente:
El suscrito, actuando en causa propia, respetuosamente presenta este
MEMORIAL FUSIONADO DE AMPLIACIÓN DE HECHOS Y PRETENSIONES,
con fundamento en hechos supervinientes ocurridos con posterioridad a:
(i) las decisiones judiciales atacadas en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho (NyRD) –Rad.
50001333300320130044100/44101–, a saber:
• Primera instancia: sentencia del Juzgado 003 Administrativo Oral de
Villavicencio (26/01/2017);
• Segunda instancia: sentencia del Tribunal Administrativo del Meta (TACM)
– Despacho 06 (23/10/2025);
(ii) la sentencia de tutela del Consejo de Estado – Sección Segunda,
Subsección B (19/12/2025), que adolece de un anacronismo digital de 54 días
entre la fecha declarada y su firma electrónica real (11/02/2026), sin valorar el
Concepto SSPD (A-1) radicado el 10/02/2026;
(iii) la radicación de las demandas iniciales.
Este escrito se radica simultáneamente ante dos despachos que tienen
competencia sobre el proceso de nulidad (Rad. 441-00/441-01) y sobre la acción
de tutela (Rad. 00054-00), con el fin de:
• unificar la estrategia probatoria y jurídica; y
• evitar decisiones contradictorias entre las distintas instancias.
Ninguna de las 6 instancias judiciales que han conocido el caso ha resuelto de
fondo las tres cuestiones constitucionales aquí planteadas, pese a 20 años de
litigio (2006-2026).
Los hechos supervinientes ocurridos entre febrero y abril de 2026 –entre los que
se destacan:
• el Concepto SSPD-OJ-2026-042;
• la nulidad ex tunc del Contralor Municipal de Villavicencio, Carlos Alberto
López López (anulación del período 2022-2025, primero por el TACM Despacho
004 y luego por el CE Sección Quinta);
• el despido laboral del accionante;
• el embargo por más de $84.195.688 decretado por la CMV;
• la certificación de cartera $0 por la EAAV ESP;
24 Visto en los índices 122, 124, 126, 130, 131 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
• los autos de rechazo de nulidad y desacato proferidos por las Secciones
Segunda B y Cuarta del Consejo de Estado; y
• el Oficio CC 2026-003534–
cambian radicalmente el panorama fáctico y jurídico.
(…)
Todos los hechos que se relacionan a continuación son posteriores a la admisión
de la tutela por el Mag. Mantilla (15/01/2026) y a las decisiones de las demás
instancias. Cada hecho está respaldado por la prueba documental adjunta.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Mayo Rojas, formuló las siguientes pretensiones:
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
3.22. Mediante escrito radicado el 5 de mayo de 202625, el señor Mayo Rojas reiteró lo
expuesto en el numeral anterior.
3.23. Mediante escritos radicados el 126 y 16 de junio de 202627, el accionante solicitó el
impulso del presente trámite procesal, solicitando que se declare la mora judicial
injustificada.
3.24. Por auto del 23 de junio de 202628, el despacho ponente resolvió lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración y adición presentada por el
accionante, en contra del auto del 9 de marzo de 2026, conforme lo expuesto en
precedencia.
SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición
interpuesto por la parte actora en contra del auto del 9 de marzo de 2026, según
lo explicado en la parte motiva.
TERCERO: ESTARSE a lo resuelto en el auto del 9 de marzo de 2026, respecto
de la solicitud de medida cautelar relacionada con la suspensión del SIBOR Cód.
86044548260305112906 / 86044548250604134837. según lo explicado en la
parte motiva.
CUARTO: NEGAR la medida cautelar deprecada relacionada con “[el]
levantamiento inmediato del embargo de $84.195.688 COP sobre las cuentas en
Bancolombia, Davivienda y las restricciones en RUNT, CIFIN y DATACREDITO”.
QUINTO: NEGAR la adición de los nuevos hechos, pretensiones y pruebas,
allegados por el accionante mediante los escritos radicados el 20 y 24 de abril de
2026, obrante en los índices 122, 124, 126, 130 y 139 del expediente digital visible
en el aplicativo SAMAI, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEXTO: Notificar por el medio más expedito y eficaz esta decisión a la parte
actora.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, dar cumplimiento a los dispuesto en el
numeral cuarto del auto del 9 de marzo de 2026 que ordenó remitir las acciones
de tutela identificadas con los radicados núm. 11001 03 15 000 2025 07555 00 y
núm. 11001 03 15 000 2026 01319 00, a los despachos que conocieron
inicialmente dichas actuaciones, para lo de su cargo.
3.25. Mediante escrito radicado el 26 de junio de 2026, el señor Hamilton Mayo Rojas en
el que solicitó lo siguiente:
25 Visto en el índice 139 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
26 Visto en el índice 143 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
27 Visto en los índices 145, 147 y 148 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
28 Visto en el índice 152 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00054 00.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 29 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,30 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202131, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201932, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
29 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
30 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
31 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
32 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente33:
4.2.1. El señor Hamilton Mayo Rojas, actuando por conducto de apoderado, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de
Villavicencio y la Contraloría Municipal de Villavicencio, con el fin que se declarara la
nulidad de los actos administrativos expedidos en el proceso de responsabilidad fiscal
núm. 400-19-08-07, por los cuales fue declarado fiscalmente responsable.
4.2.2. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Villavicencio, que, mediante sentencia del 26 de enero de 2017, dictada en audiencia
inicial, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el municipio de Villavicencio y negó las pretensiones de la demanda.
4.2.3. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
el cual fue asignado al Tribunal Administrativo del Meta.
4.2.4. Ante la presunta mora judicial para proferir el fallo de segunda instancia, el señor
Mayo Rojas presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta y
otras entidades.
4.2.5. A la acción de tutela se le asignó el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 03568
00 y correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 31 de julio de 2025 resolvió lo siguiente:
1. Negar las solicitudes de desvinculación invocadas.
2.Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Hamilton Mayo Rojas, con ocasión a la
mora judicial presentada en el trámite del medio de control núm. 50001-33-33-
003-2013-00441-01. En consecuencia:
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta que, en un plazo no mayor a 3
meses, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 50001-33-33-003-2013-00441-01, en el que figura como
demandante el señor Hamilton Mayo Rojas.
4. Declarar improcedente las demás pretensiones elevadas por el actor, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
33 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 50001 33 33 003 2013 00441 00/01. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00054 00.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
4.2.6. En cumplimiento del citado fallo de tutela, el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, resolvió el recurso de apelación
presentado en el proceso ordinario y confirmó el fallo de primera instancia.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
4.3.1. Frente a la solicitud de desvinculación formulada por la Contraloría General
de la República
El contralor delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo
de la Contraloría General de la República solicitó la desvinculación de dicha entidad del
presente trámite tutelar.
Al respecto, la Sala no accederá a dicha solicitud, comoquiera que el accionante promovió
la acción de tutela en contra del citado ente de control y formuló una pretensión en su
contra, por lo tanto, le asiste interés en el presente asunto.
4.3.2. De la solicitud de medida cautelar presentada por el accionante mediante
escrito del 26 de junio de 2026
Frente a la cautela deprecada por el accionante, relacionada con la suspensión del
reporte SIBOR código 86044548250604134837, la Sala no se pronunciará al respecto
comoquiera que en la presente providencia se resolverá de fondo la pretensión
relacionada con dicha solicitud, la cual fue formulada como pretensión principal de la
presente acción de tutela.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
En el caso bajo examen, el señor Hamilton Mayo Rojas, presentó acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Meta, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Villavicencio, la Contraloría Municipal de Villavicencio, la Contraloría General
de la República, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la
Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Defensoría del Pueblo.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Meta, que confirmó la dictada el 26 de enero de 2017 por el Juzgado
Tercero Administrativo de Villavicencio, que a su vez negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el hoy accionante,
orientadas a que se declarara la nulidad de los actos administrativos que lo declararon
responsable fiscal.
Del escrito de tutela y de las pretensiones formuladas, la Sala considera que los
reproches del accionante se pueden resumir de la siguiente manera: (i) la inconformidad
con la precitada sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta; y (ii) la eliminación del registro SIBOR y la declaración de prescripción del
proceso de cobro coactivo iniciado en su contra por parte de la Contraloría Municipal de
Villavicencio.
En ese sentido, procede la Sala a resolver, por separado, cada uno de los anteriores
reproches.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
4.4.1. Frente a la sentencia de sentencia de segunda instancia proferida el 23 de
octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 50001 33 33 003
2013 00441 00/01.
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades34:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
34 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 35. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.1.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)36. (Se destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
35 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
36 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues sus
inconformidades están encaminadas a cuestionar lo resuelto por la autoridad judicial
accionada, e insistir en que no había lugar a declararlo fiscalmente responsable, lo cual
ya fue objeto de debate.
Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada, expuso
lo siguiente:
Para resolver el caso concreto, la sala parte de los siguientes hechos probados:
(…)
Resaltado lo anterior, la sala pasa a resolver el caso concreto.
Sobre la supuesta vulneración del derecho al debido proceso y de defensa
(…)
Sobre el alegado defecto fáctico por indebida valoración probatoria
(…)
Conviene resaltar que, la valoración probatoria en materia de responsabilidad
fiscal se rige por la sana crítica, la lógica y la experiencia, bastando que los hechos
se acrediten con prueba idónea y suficiente.
En este caso, la Contraloría Municipal de Villavicencio expuso con claridad la
relación entre la conducta irregular y el detrimento patrimonial por $27’637.886,
derivado de los valores indebidamente retirados del sistema contable por parte del
demandante. Entonces, no se observa una apreciación arbitraria o irracional de
las pruebas, como lo sugiere el apelante.
(…)
Sobre la alegada falsa motivación y la incidencia de la sentencia de tutela
del 2007
(…)
Sobre la supuesta cosa juzgada derivada del proceso disciplinario
(…)
Sobre la inexistencia de daño patrimonial y de culpa
Del acervo probatorio analizado se desprende que el daño patrimonial al Estado
se encuentra plenamente demostrado, porque los desmontes de cartera
realizados sin competencia por parte del demandante, provocaron la salida
indebida de valores del sistema financiero de la EAAV, lo que afectó los ingresos
de la empresa.
(…)
El apelante argumentó que su actuación de amparó en la Ley 142 de 1994 y en
órdenes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y del gerente
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
de la EAAV. Sin embargo, en el expediente no obran constancias escritas de tales
órdenes, ni la Ley 142 de 1994 le confiere competencia funcional al jefe de
facturación de la entidad para efectuar desmontes contables. En consecuencia, la
invocación de la Ley 142 no desvirtúa la culpa grave ni el daño patrimonial que
encontró acreditado la entidad demandada.
De igual modo, el apelante reprochó que no se hubieran analizado de forma
individual las facturas de los usuarios respecto de quienes se efectuaron los
desmontes.
Al respecto, la sala precisa que en el proceso de responsabilidad fiscal adelantado
contra el demandante no era necesario verificar una a una dichas facturas, pues
el objeto del control no era examinar cada cuenta de cobro, sino establecer si su
actuación, como servidor público, generó una afectación patrimonial al Estado.
En este caso, el informe técnico de auditoría identificó con precisión los códigos
de usuario intervenidos, los valores desmontados y la trazabilidad de las
operaciones al usuario del sistema asignado al demandante, elementos que
resultaron suficientes para acreditar la existencia del daño.
Se recuerda que, conforme al artículo 6.º de la Ley 610 de 2000, el daño
patrimonial fue cierto, cuantificable y directamente imputable al gestor fiscal, de
modo que su determinación no exigía un análisis individualizado de cada factura,
sino la comprobación técnica y documental de la práctica irregular que lo originó.
De esta manera, los tres elementos estructurales de la responsabilidad fiscal
[conducta culposa, daño patrimonial y nexo causal] se encuentran probados en el
expediente, y, por el contrario, no existe evidencia de que el funcionario actuara
por orden superior ni de que las decisiones judiciales posteriores convalidaran su
proceder.
(…)
Conclusiones
A manera de resumen, de conformidad con las pruebas analizadas, las normas
aplicables y la jurisprudencia vigente, la sala concluye que no se demostró
vulneración del derecho al debido proceso y la defensa del demandante, ni defecto
fáctico en la actuación que adelantó la Contraloría Municipal de Villavicencio en
su contra.
Los actos administrativos del 20 de marzo, 30 de mayo y 17 de junio de 2013
fueron expedidos con fundamento en la Ley 610 de 2000, con respeto de las
garantías procesales y con adecuada valoración probatoria.
De igual manera, la sala considera que la sentencia del juzgado valoró
correctamente el acervo probatorio y aplicó de manera razonada los artículos 5.º,
6.º y 9.º de la Ley 610 de 2000, en concordancia con los artículos 29 y 209 de la
Constitución Política.
En el caso concreto, la juez de primera instancia examinó los elementos de la
responsabilidad fiscal conforme a la sana crítica, explicó de manera lógica la
correspondencia entre la actuación del gestor fiscal y el detrimento patrimonial, y
expuso una motivación clara, congruente y jurídicamente sustentada […].
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.
Por lo anterior, la Sala concluye que, frente a los reproches en contra de la sentencia de
segunda instancia acusada, la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Adicionalmente, no sobra advertir que, dicho requisito tampoco se cumple, comoquiera
que el accionante no cumplió con la exigencia de explicar los motivos por los cuales las
decisiones proferidas en el proceso ordinario objeto de debate vulneran la faceta
constitucional de los derechos fundamentales invocados como trasgredidos, puesto que
no identificó cuál de las garantías que componen el núcleo esencial de cada derecho
resulta amenazada por la providencia que controvierte, ni de lo expuesto se advierte
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
prima facie que, en este caso, la sentencia acusada comprometa o involucre el contenido
de estos derechos fundamentales, por lo que el asunto no es relevante desde el punto
de vista constitucional.
4.4.2. Frente a las pretensiones relacionadas con la eliminación del registro SIBOR
código 86044548250604134837 y la declaración de prescripción del proceso de
cobro coactivo iniciado en su contra por parte de la Contraloría Municipal de
Villavicencio
En cuanto a las pretensiones del accionante orientadas a que se ordene la eliminación
del citado registro SIBOR y que se declare la prescripción del proceso de cobro coactivo
iniciado en su contra por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio, la Sala
rechazará dichas pretensiones por temeridad.
Al respecto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación temeraria
se configura cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela se
presenta por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales.
A su turno, la Corte Constitucional ha considerado que la temeridad se configura cuando
se presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos;
(iii) identidad de pretensiones y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva tutela, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del accionante 37.
También ha señalado la citada Corporación, que la actuación no es temeraria cuando, si
bien existe más de una petición de tutela, esta se funda en (i) la falta de conocimiento del
demandante; (ii) el asesoramiento errado por parte de los abogados, o (iii) el
sometimiento del actor a un estado de indefensión “(…) “propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho.” En tales casos, “si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una
sanción en contra del demandante (…)”38.
En el caso en cuestión, la Sala evidencia que el señor Hamilton Mayo Rojas ha promovido
diversas acciones de tutela, en diferentes oportunidades, reprochando, por una parte,
una misma situación, pero, a su vez, incluyendo hechos nuevos respecto de otras
autoridades.
Al efecto, en las acciones de tutela identificadas con los radicados núm. 11001 03 15 000
2025 03568 00 y 11001 03 15 000 2025 04542 00 el señor Mayo Rojas solicitó las mismas
pretensiones relacionadas con la eliminación del registro SIBOR y la prescripción del
proceso de cobro coactivo iniciado en su contra.
En el fallo proferido el 31 de julio de 2025 en la tutela 2025 03568 00, la Sección Cuarta
de esta Corporación, expuso lo siguiente39:
Al respecto la Sala observa que lo pretendido por el actor no es procedente
mediante la solicitud de amparo de la referencia, por las razones que se pasan a
explicar.
37 Corte Constitucional. Sentencia T – 162 del 2 de mayo de 2018. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
38 Ibidem.
39 Visto en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000
2025 03568 00. Adicionalmente, el mismo accionado aportó copia del citado fallo.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
En primer lugar, el levantamiento de medidas cautelares, la eliminación de los
reportes en el SIBOR, que se ordene la suspensión del proceso de cobro coactivo
y la prescripción del mismo, son pretensiones derivadas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2013-000441-01, que se encuentra en trámite ante
el Tribunal Administrativo del Meta, por lo que una vez se estudie la legalidad de
la decisión se adoptarán las medidas que en derecho correspondan, pues de ser
favorable a sus pretensiones la consecuencia del fallo será justamente obtener lo
que persigue mediante las pretensiones que relaciona en la presente acción de
tutela.
De manera que, no es posible que ejerza de manera paralela el presente
mecanismo para solicitar que se adopten medidas que solo serán posibles una
vez cuente con el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
cuestionó la decisión sancionatoria, y será el juez natural de conocimiento quien
adoptará las medidas que corresponda, actuación en la que no puede intervenir
el juez constitucional, porque el medio de defensa ordinario se encuentra en curso.
En segundo lugar, lo relacionado con el congelamiento de sus deudas bancarias
y los reportes negativos de centrales de riesgo que aduce fueron consecuencia
del proceso de responsabilidad fiscal, también son asuntos que dependen de las
resultas del proceso en que obra como demandante, sin que le sea dado al juez
constitucional adoptar una decisión en ese sentido, pues se trata de una
inconformidad de carácter económico que no evidencia la vulneración de derechos
de carácter fundamental y lo cual, en todo caso, es un asunto que corresponde
tramitar de manera directa ante cada entidad e institución financiera para que, una
vez salde sus deudas, su información financiera pueda ser rectificada. (Resaltado
fuera de texto).
Precisado lo anterior, en dicho fallo de tutela (2025 03568 00) solo se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia del accionante frente a la presunta mora judicial del Tribunal Administrativo del
Meta, pero las demás pretensiones, fueron declaradas improcedentes.
A su turno, en el fallo de tutela proferido el 4 de septiembre de 2025 en la tutela 2025
04542 00, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, citó la tutela 2025
03568 00 y negó las pretensiones del accionante relacionadas con la reiterada
eliminación del registro SIBOR y la prescripción del proceso de cobro coactivo adelantado
en su contra por la Contraloría Municipal de Villavicencio, en virtud de los fallos que lo
declararon responsables fiscalmente.
Por lo anterior, se desprende que el señor Hamilton Mayo Rojas ha presentado varias
acciones de tutela, con los mismos fundamentos de hecho y de derecho, pretendiendo
que la eliminación del registro SIBOR código 86044548250604134837 y la declaración
de prescripción del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra, por lo que, acorde
con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la presente acción de tutela, frente a dichas
pretensiones, será rechazada por temeridad.
Adicionalmente, la Sala destaca que, en todo caso, tanto el registro en el SIBOR como el
proceso de cobro coactivo iniciado en contra del señor Mayo Rojas, son consecuencias
del fallo de responsabilidad fiscal en el que se le declaró responsable al actor, lo cual ya
fue objeto de estudio por parte del tribunal accionado.
Finalmente, no sobra advertir que, tal como se dispuso en el auto del 23 de junio de 2026,
los nuevos hechos y pretensiones señalados por el accionante en los diversos escritos
allegados al presente trámite tutelar, así como las nuevas pruebas aportadas, no serán
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00054 00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otros
tenidos en cuenta, comoquiera que su inclusión implica una modificación del escrito de
tutela inicial y afectaría el derecho de defensa y contradicción de la parte accionada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Contraloría General
de la República, conforme lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Hamilton Mayo Rojas, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: RECHAZAR POR TEMERIDAD las pretensiones del accionante,
relacionadas con la eliminación del registro SIBOR código 86044548250604134837 y la
declaración de prescripción del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra por la
Contraloría Municipal de Villavicencio, conforme lo expuesto en la parte considerativa de
esta decisión.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.