Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Contra tutela: improcedente | ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01319-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD - Subsidiariedad | ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA TUTELA – Improcedente | ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Temeridad | Mora Judicial – hecho superado.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició (1) los fallos de responsabilidad fiscal proferidos
en su contra, (2) las sentencias proferidas en un mecanismo de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se enjuiciaron esos fallos de responsabilidad fiscal, (3) una sentencia
de tutela, y (4) la mora judicial en una acción de tutela.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Hamilton Mayo Rojas
en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de
Meta, el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y la Contraloría Municipal
de Villavicencio.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 18 de febrero de 2026, Hamilton Mayo Rojas presentó una acción
de tutela2 en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Meta, el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y la
Contraloría Municipal de Villavicencio, por la aparente vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, al acceso a
la administración de justicia, buena fe, igualdad y petición, con ocasión del
fallo de responsabilidad fiscal No. 400-19-08-07 proferido el 20 de marzo de
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Mediante Auto de 25 de febrero de 2026, el despacho del magistrado sustanciador ordenó la remisión de la
acción de tutela de la referencia, con el fin de que se estudiara su posible acumulación con la acción de tutela
No. 2026-00054-00.
• El despacho del magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante Auto de 9 de marzo de 2026, negó la acumulación en atención a que, si bien las tutelas podían tener
relación respecto de una misma situación, lo cierto era que en cada una se incluían nuevos hechos respecto de
otras autoridades que requerían un análisis de temeridad para cada caso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
2013, las Sentencias del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 50001-33-33-003-2013-00441-00/01 proferidas el 26 de enero de
2017 y el 23 de octubre de 2025, la Sentencia proferida en la acción de
tutela No. 11001-03-15-000-2025-04542-01, la mora judicial en el trámite de la
acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-07555-00, y el hecho de sostener
el reporte de la responsabilidad fiscal que le fue atribuida en el sistema SIBOR
y las actuaciones de cobro coactivo adelantadas.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERA (ADMISIÓN): ADMITIR la presente acción de tutela contra la Sección
Quinta del CE y demás accionados, dando trámite preferente conforme al Art.
86 C.P. y Decreto 2591/1991.
SEGUNDA (UNIFICACIÓN): ORDENAR la ACUMULACIÓN de la presente acción
al expediente Rad. 2026-00054-00, en aplicación del Acuerdo 058/2024, por
existir conexidad objetiva y subjetiva.
TERCERA (PROTECCIÓN): PROTEGER los derechos fundamentales al debido
proceso (Art. 29 C.P.), acceso a la justicia (Art. 229 C.P.) y buena fe (Art. 83 C.P.),
vulnerados por: (i) la CMV al proferir fallo fiscal con incompetencia material
absoluta; (ii) las instancias judiciales que validaron dicho fallo sin analizar la
competencia; (iii) la Sección Quinta al paralizar injustificadamente el Rad. 2025-
07555-00; y (iv) el TACM al intimidar procesalmente al accionante mientras
aceleraba la ejecución coactiva.
CUARTA (NULIDAD): DECLARAR la INEXISTENCIA JURÍDICA del proceso fiscal No.
006-20080623 y del Fallo Fiscal No. 400-19-08-07 del 20/03/2013 de la CMV, por
defecto orgánico derivado de la usurpación de funciones exclusivas de la SSPD
(Art. 370 C.P., Art. 79 Ley 142/1994). SUSPENDER los efectos de: (i) la Sentencia
del 26/01/2017 del Juzgado 3° Administrativo de Villavicencio; (ii) la Sentencia
del 23/10/2025 del TACM; y (iii) la Sentencia del 19/12/2025 de la Sección
Segunda (Subsección B) del CE (Rad. 11001031500020250454201), por haber
incurrido en defecto orgánico y sustantivo al validar un acto jurídicamente
inexistente. ORDENAR a dichas instancias el análisis de oficio de los vicios de
competencia conforme al Art. 144 del CPACA.
QUINTA (MEDIDA CAUTELAR): SUSPENDER de manera INMEDIATA y como
medida cautelar urgente los efectos del reporte SIBOR (certificado 09/02/2026)
y del cobro coactivo derivado del Fallo Fiscal 400-19-08-07, hasta tanto se
resuelva de fondo la presente acción.
SEXTA (VINCULACIÓN): VINCULAR a la Fiscalía General de la Nación (OT 21201)
y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Rad. 2025-00834-00) para que
informen hallazgos relevantes.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Hamilton Mayo Rojas se desempeñó como jefe de facturación de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV ESP, entre
el 2 de enero de 2004 y el 19 de julio de 2006.
5. 2) La Contraloría Municipal de Villavicencio, mediante Auto de 23 de
junio de 2008, por conducto del contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y
2 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
jurisdicción coactiva, dio apertura al proceso de Responsabilidad Fiscal No.
006-20080623, con fundamento en un hallazgo derivado de la queja No. PC
009-01-07 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La razón
de la apertura consistió en que, según una auditoría interna, el señor Mayo
Rojas, en ejercicio de su cargo, habría modificado 32 códigos de usuarios y
efectuado desmontes de cartera sin autorización del manual de funciones,
ni de la Resolución de Gerencia No. 630 de 20043.
6. 3) El 20 de marzo de 2013, el contralor auxiliar de responsabilidad fiscal
y jurisdicción coactiva de la Contraloría Municipal de Villavicencio profirió el
Fallo No. 400-19-08-07, mediante el cual declaró fiscalmente responsable a
Hamilton Mayo Rojas por el daño causado a la EAAV, tras encontrar un
detrimento patrimonial en cuantía base de $27.637.886, que, indexada,
ascendía a $35.934.993. El fallo se fundamento en que Hamilton Mayo Rojas,
en calidad de jefe de facturación, efectuó movimientos en 32 códigos de
usuario (desmonte de cartera) sin competencia funcional, con documentos
no radicados formalmente, y en contravía del manual de funciones y la
Resolución No. 630 de 2004.
7. 4) Contra esa decisión, el señor Mayo Rojas presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, con fundamento en la inexistencia
de una adecuada determinación del daño patrimonial, que los desmontes
realizados obedecieron a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, que tenía
facultades derivadas del manual de funciones y atribuciones adicionales
relacionadas con la facturación para realizar los desmontes, y que en su
actuar no hubo ni culpa, ni dolo. En esa medida, solicitó que se revocara el
fallo y se lo absolviera de la responsabilidad fiscal.
8. 5) El contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
de la Contraloría Municipal de Villavicencio, mediante Auto de 30 de mayo
de 2013, resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión recurrida.
9. 6) Mediante Fallo No. 100-20-02-30 de 17 de junio de 2013, la contralora
municipal de Villavicencio confirmó el fallo con responsabilidad fiscal en
contra de Hamilton Mayo Rojas, en la medida en que estaban acreditados
los elementos de la responsabilidad fiscal, esto es, el daño patrimonial, la
conducta gravemente culposa y el nexo causal; y que existía una auditoría
e informe técnico que permitían determinar la modificación de los 32
códigos de usuarios, la ausencia de autorización para desmontar cartera, la
falta de competencial funcional del investigado y la persistencia del daño
patrimonial.
3 “Por medio de la cual se reglamenta la creación del comité interno de reclamos especiales y se otorgan
facultades a la Subgerencia Comercial y Oficina de Atención al Cliente para la Solución de los mismos”.
3 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
10. 7) El 20 de junio de 2013, la Contraloría Municipal de Villavicencio
expidió constancia de ejecutoria del fallo con responsabilidad fiscal
proferido en contra de Hamilton Mayo Rojas.
11. 8) El contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
de la Contraloría Municipal de Villavicencio inició el Proceso de Cobro
Coactivo No. 007-2013-0715, en el cual, mediante Auto No. 400-20-03-007 de
15 de julio de 2013, ordenó librar mandamiento de pago en cuantía de
$35.934.993 en contra de Hamilton Mayo Rojas y a favor de la EAAV, y
ordenó que se oficiara a la Cámara de Comercio de Villavicencio, a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio y a la
Secretaría de Tránsito que informaran respecto de bienes que aparecieran
a nombre del ejecutado. Posteriormente, el 22 de mayo de 2014, la misma
autoridad profirió auto que siguió adelante con la ejecución.
12. 9) El señor Mayo Rojas promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho4 en contra de la Contraloría Municipal de
Villavicencio, con la finalidad de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos proferidos el 20 de marzo de 2013 (fallo con responsabilidad
fiscal), 30 de mayo de 2013 (auto que resolvió recurso de reposición), 17 de
junio de 2013 (fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia) y 20 de
junio de 2013 (constancia de ejecutoria), y que, a título de restablecimiento,
se le reconocieran los perjuicios causados por un valor de $144.160.000.
13. El fundamento de esa demanda consistió en que se vulneró su
derecho al debido proceso pues la autoridad fiscal no decretó o no valoró
debidamente las pruebas aportadas por la defensa, y desconoció las
garantías propias del proceso de responsabilidad fiscal previsto en la Ley 610
de 2000. Sostuvo que la Contraloría Municipal de Villavicencio no demostró
de manera suficiente la existencia del daño patrimonial, ni el nexo causal
entre su conducta y el detrimento atribuido a la EAAV ESP; en particular,
cuestionó que no se hubieran examinado individualmente las facturas, los
códigos de usuario, ni los movimientos contables que dieron lugar a los
denominados desmontes de cartera, actuaciones que, a su juicio, se
encontraban amparadas en la Ley 142 de 1994. Hizo referencia a que era
necesario reliquidar o ajustar cobros que no podían ser exigidos a los usuarios
cuando la empresa no había suspendido oportunamente el servicio, por lo
que los valores cuestionados no constituían una pérdida real para esa
autoridad, sino cobros improcedentes o cartera susceptible de ajuste.
14. 10) El Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio, en audiencia inicial
celebrada el 26 de enero de 2017, profirió Sentencia en la que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por Hamilton Mayo Rojas. La autoridad judicial consideró que el
4 La cual se tramitó bajo el radicado 50001-33-33-003-2013-00441-00
4 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
proceso fiscal se originó por irregularidades cometidas por el demandante
como jefe de facturación de la EAAV, consistentes en desmontes de cartera
a usuarios sin autorización o competencia; además, concluyó que el auto
de imputación de 5 de junio de 2012 y el fallo fiscal de 20 de marzo de 2013
valoraron las pruebas, determinaron la extralimitación funcional y
establecieron un perjuicio económico por el retiro indebido de valores del
sistema financiero de la empresa. También sostuvo que se respetó el
derecho al debido proceso, porque el actor fue notificado de forma
debida, rindió versión libre, presentó descargos, aportó documentos y
recurrió las decisiones con las que no estaba conforme.
15. 11) El 9 de febrero de 2017, Hamilton Mayo Rojas interpuso recurso de
apelación, en el que afirmó que el fallo de primera instancia incurrió en
indebida interpretación del régimen de servicios públicos domiciliarios y en
defecto fáctico por errónea valoración probatoria. Alegó que no se
demostró un daño patrimonial, que su actuación estaba amparada en la
Ley 142 de 1994 y en las facultades que le fueron conferidas sobre
facturación, que la contraloría no verificó cada factura, ni los movimientos
contables de los usuarios, que actuó bajo órdenes de superiores y dentro de
sus funciones, y que no se probó una conducta dolosa o culposa, daño, ni
nexo causal.
16. 12) El 7 de enero de 2025, el señor Mayo Rojas presentó ante la
Contraloría Municipal de Villavicencio una solicitud para que se declarara
la prescripción de la acción de cobro derivada del proceso de
responsabilidad fiscal. Mediante Auto No. 130.24.02.01 de 23 de enero de
2025, la Contraloría Municipal de Villavicencio negó la solicitud, pues la
acción de cobro se inició dentro del término de 5 años posteriores a la
ejecutoria del acto administrativo.
17. 13) El 11 de junio de 2025, Hamilton Mayo Rojas promovió una acción
de tutela, la cual se radicó con el No. 11001-03-15-000-2025-03568-00, y a
través de la que solicitaba que: (a) se declarara la prescripción del proceso
de cobro coactivo No. 007-2013-0715, y, en consecuencia, que se
levantaran todos los embargos que se hubieran efectuado en virtud de ese
proceso de cobro, y su retiro del Sistema de Información de Responsables
Fiscales (SIBOR); (b) se ordenara al Tribunal Administrativo de Meta proferir
sentencia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 2013-00441-01; (c) se congelaran sus obligaciones financieras, se
eliminaran reportes negativos ante centrales de riesgo, y se declararan
inembargables los recursos que garantizaban su mínimo vital; (d) se le
garantizara tratamiento de salud integral e inmediato por afecciones
relacionadas con su salud mental; y (e) se adelantaran las actuaciones
disciplinarias a que hubiera lugar. Mediante Sentencia de 31 de julio de 2025
la Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que la única vulneración
5 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
que estaba demostrada era la mora judicial en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que cursaba ante el Tribunal
Administrativo de Meta, motivo por el que ordenó que se profiriera la
sentencia en un término no mayor a 3 meses.
18. 14) El 23 de julio de 2025, el señor Mayo Rojas interpuso otra acción
de tutela (Rad. 11001-03-15-000-2025-04542-00), con la cual pretendía entre
otros aspectos que: (a) se declarara la mora judicial en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 50001-33-33-003-2013-00441-01 y
en la acción de tutela Rad. 11001-03-15-000-2025-03568-00, (b) se eliminarán
los registros de SIBOR, CIFIN, datacrédito y se expidiera un certificado en el
que se indicara que no era un responsable fiscal, (c) se reconocieran los
perjuicios que le han sido causados en una suma aproximada a
$3.500.000.000, (d) se ordenara investigaciones penales y disciplinarias y, (e)
se ordenara un tratamiento médico integral en su favor.
19. El 4 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado profirió Sentencia en la acción de tutela y dispuso
que había carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
acción de tutela Rad. No. 11001-03-15-000-2025-03568-00, toda vez que la
misma había sido resuelta mediante Sentencia de 31 de julio de 2025; y negó
las demás pretensiones de la demanda, comoquiera que lo relacionado
con la mora judicial del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 2013-00441-01 ya había sido objeto de amparo en la acción de tutela
No. 2025-03568-00; lo relacionado con levantamiento de embargos,
eliminación de reportes de SIBOR, la suspensión del cobro coactivo, la
reparación económica, y la solicitud de medidas disciplinarias y penales,
eran asuntos que debían resolverse dentro del proceso ordinario o por otras
vías judiciales y administrativas. Esa decisión fue modificada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
Sentencia de 19 de diciembre de 2025, en el sentido de declarar la carencia
de objeto por hecho superado en la mora judicial alegada respecto del
Tribunal Administrativo de Meta, y confirmó en lo demás la decisión
impugnada.
20. 15) El Tribunal Administrativo de Meta, mediante Sentencia de 23 de
octubre de 2025, confirmó la sentencia apelada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 2013-00441-01. La corporación sostuvo
que los actos administrativos proferidos el 20 de marzo, 30 de mayo y 17 de
junio de 2013 fueron expedidos con fundamento en la Ley 610 de 2000, con
respeto de las garantías procesales y una adecuada valoración probatoria;
y concluyó que el daño de $27.637.886, indexado a $35.934.993, estaba
acreditado por registros contables, cuadros de auditoría y la trazabilidad de
las operaciones realizadas desde el usuario “Hamilton” en el sistema Solin.
6 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
21. 16) El 27 de noviembre de 2025, Hamilton Mayo Rojas presentó una
nueva acción de tutela, la cual se radicó con el No. 11001-03-15-000-2025-
07555-00, y a través de la que solicitó que: (a) se declarara la nulidad de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Meta en el medio de
control con Rad. 50001-33-33-003-2013-00441-01; (b) se ordenara al Consejo
de Estado que reabriera el expediente de un proceso para resolver una
impugnación que consideraba que estaba pendiente, pese a ello no
identificó el proceso; (c) se declarara la nulidad del proceso de
responsabilidad fiscal; (d) se suspendiera la ejecución coactiva en su contra
y (e) se eliminaran lo reportes de SIBOR.
22. 17) El 13 de enero de 2026, el señor Mayo Rojas promovió una acción
de tutela (Rad. 11001-03-15-000-2026-00054-00) con ocasión de la Sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Meta el 23 de octubre de 2025,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
50001-33-33-003-2013-00441-01, y con el fin de que se eliminara el registro de
SIBOR del fallo de responsabilidad fiscal.
23. 18) El 4 de febrero de 2026, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) emitió una respuesta a una solicitud del señor Mayo
Rojas para que se emitiera un concepto, en el cual se indicó que, conforme
con el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la SSPD tenía la función de vigilar y
controlar el cumplimiento de leyes y actos administrativos por parte de
prestadores de servicios cuando afectaran directamente a usuarios
determinados, respecto de la intervención de la contraloría consideró
importante precisar que su actuación podía resultar procedente cuando,
de los hechos revisados por la SSPD, se evidenciara manejo, administración
o ejecución de recursos públicos, motivo por el que los procesos de
responsabilidad fiscal, con ocasión de situaciones evidenciadas por la SSPD
relacionadas con el control fiscal por asignación de competencias, eran
adelantados por la Contraloría General de la República.
24. 19) El 25 de febrero de 2026, se emitió otra respuesta por parte de la
SSPD, respecto de unos interrogantes planteados por Hamilton Mayo Rojas,
en la cual manifiesto que ese concepto que no tiene carácter obligatorio, y
en el que se señaló que (se trascribe): “En el caso de las empresas de
servicios públicos oficiales, es claro que la gestión comercial de la empresa,
su actividad contractual, de facturación, de cobro de cartera, de desmonte
o castigo de cartera, así como las actuaciones de sus funcionarios que
puedan comprometer recursos públicos, se encuentran dentro del ámbito
del control fiscal, con la finalidad de determinar la eventual existencia de
responsabilidad fiscal. (…) no corresponde a la Superintendencia,
conceptuar sobre que gestiones de un prestador pueden considerarse
efectuadas o no en calidad de socio, ni pronunciarse entorno al alcance de
la competencia de las Contralorías en casos particulares y concretos, o
7 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
sobre los efectos de sus fallos, dado que esto es ajeno al ámbito de las
normas rectoras de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a que
se contrae la competencia de la Superintendencia.”
25. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que, con base en el concepto rendido por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, era posible extraer que la competencia para
adelantar el proceso de responsabilidad fiscal en su contra era de la
Contraloría General de la República, motivo por el que la Contraloría
Municipal de Villavicencio expidió unos fallos sin competencia, lo cual hacía
que estuvieran viciados por un defecto orgánico.
26. Agregó que, a pesar de esa aparente falta de competencia de la
autoridad que decidió la responsabilidad fiscal, mantenía el reporte en
SIBOR y el cobro coactivo en su contra.
27. Adicional a ello cuestionó que la Sentencia de 19 de diciembre de
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, validara los fallos de responsabilidad fiscal, sin estudiar el problema
de la competencia.
28. También indicó que existía una mora judicial por parte de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la medida en que no había resuelto la
tutela que fue presentada y fue conocida por esa autoridad.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
29. La Sección Quinta del Consejo de Estado6 refirió que no se
configuraba la mora judicial alegada. Para ello hizo referencia a las
actuaciones que se surtieron dentro del trámite de la acción de tutela para
concluir que la aparente demora obedeció al curso de las etapas
procesales surtidas, y a la multiplicidad de solicitudes presentadas por el
propio accionante.
30. El Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio7 se limitó a realizar un
recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 50001-33-33-003-2013-00441-01, y remitió el
expediente digitalizado.
5 Mediante el Auto de 26 de junio de 2026, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandados a la Sección Quinta y a la Subsección B de la Sección Segunda el Consejo
de Estado, al Tribunal Administrativo de Meta, al Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio, a la Contraloría
municipal de Villavicencio, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P y la Alcaldía
municipal de Villavicencio, (3) vincular, en calidad de terceros interesados, a la Contraloría General de la
República, a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Procuraduría
General de la Nación, y (4) negar la medida provisional solicitada.
6 Índice 45 de Samai.
7 Índice 49 de Samai
8 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
31. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial8 expuso que no profirió el
fallo de responsabilidad fiscal, no intervino en el cobro coactivo, no
administraba el Boletín de Responsables Fiscales, no ordenó medidas
cautelares sobre el patrimonio del accionante, ni expidió las providencias
judiciales cuestionadas. Precisó que la única relación de esa corporación
con los hechos correspondía al expediente disciplinario 11001-08-02-000-
2025-00834-00, originado en la denuncia presentada por Hamilton Mayo
Rojas en contra de una magistrada del Tribunal Administrativo de Meta por
actuaciones relacionadas con el proceso No. 50001-33-33-003-2013-00441-
01, que dicho expediente tenía un objeto autónomo, limitado a establecer
si existía mérito para adelantar una actuación disciplinaria respecto de una
funcionaria judicial, y que no era posible convertir el informe rendido en un
concepto anticipado sobre la responsabilidad disciplinaria.
32. La Contraloría General de la República9 indicó que la acción de tutela
era improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que el accionante disponía de otros mecanismos de defensa
para cuestionar los fallos de responsabilidad fiscal. Aunado a ello, consideró
que la acción de tutela tampoco superaba el requisito de relevancia
constitucional, ya que lo pretendido por el actor era reabrir el debate
relativo a la responsabilidad fiscal y el control ejercido por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
33. Finalmente señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales
de la parte actora ya que ha administrado el Sistema de Información del
Boletín de Responsables Fiscales y lo ha mantenido actualizado con
fundamento en la información remitida por los órganos de control fiscal. Y
estableció que no podía excluir de oficio ni por petición directa a una
persona del boletín, pues para ello requería una orden de la autoridad fiscal
que profirió el fallo o de la encargada del cobro coactivo.
34. La Contraloría municipal de Villavicencio10 señaló que el fallo de
responsabilidad fiscal No. 400-19-08-07 de 20 de marzo de 2013 se sustentó
en que Hamilton Mayo Rojas, en su condición de servidor de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, realizó desmontes de valores
en la facturación sin autorización y sin observar el procedimiento interno
establecido. Indicó que el análisis probatorio comprendió el informe de
auditoría del sistema comercial, según el cual las operaciones se efectuaron
desde el usuario asignado al accionante, y pese a que afirmó que actuó
en cumplimiento de peticiones remitidas por el jefe de cartera, no se
encontró prueba escrita de las órdenes ni autorización formal para efectuar
las operaciones. Agregó que en la actuación fiscal se acreditaron los
8 Índice 58 de Samai
9 Índice 61 de Samai
10 Índice 51 de Samai
9 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
elementos para declarar la responsabilidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000.
35. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio11 puso de
presente que los hechos y pretensiones de la tutela se relacionaban con
actuaciones administrativas de naturaleza fiscal y con decisiones judiciales
respecto de las cuales no tuvo intervención. En consecuencia, sostuvo que
no existía legitimación en la causa u omisión atribuible a esa autoridad que
hubiera producido la vulneración alegada. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional y, subsidiariamente, que se
negaran las pretensiones respecto de la Procuraduría General de la Nación.
36. El municipio de Villavicencio12 sostuvo que no participó en la
expedición del fallo de responsabilidad fiscal ni en las providencias judiciales
cuestionadas. Explicó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio tenía personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera, mientras que la Contraloría Municipal era un
órgano de control con autonomía administrativa y presupuestal que no
formaba parte de la estructura administrativa del municipio. En esa medida,
solicitó que se declarara que no vulneró los derechos fundamentales del
accionante y se dispusiera su desvinculación del trámite.
37. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio13
manifestó que las actuaciones constitutivas de la vulneración alegada no
podían atribuirse a la empresa, pues las decisiones cuestionadas fueron
adoptadas por el órgano de control fiscal y por autoridades judiciales.
Resaltó que la entidad no participó en la expedición del fallo de
responsabilidad fiscal y que, dentro de la investigación, se limitó a suministrar
información requerida por la Contraloría Municipal de Villavicencio. Por lo
anterior, alegó falta de legitimación pasiva en la causa, inexistencia de una
conducta vulneradora y solicitó que se declarara su absolución o
desvinculación de cualquier responsabilidad por la presunta vulneración de
los derechos invocados.
38. La Fiscalía 10 Seccional de Villavicencio14 manifestó que, revisada la
base de datos, se encontraba el radicado 50001-60-00-567-2026-10777, en el
cual era denunciante Hamilton Mayo Rojas por el delito de prevaricato, y el
proceso se encontraba en estado activo e indagación.
39. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y el
Tribunal Administrativo de Meta, pese a haber sido debidamente
notificados15, guardaron silencio.
11 Índice 50 de Samai
12 Índice 52 de Samai
13 Índice 53 de Samai
14 Índice 57 de Samai
15 Índice 39 de Samai.
10 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Sobre la medida provisional. 2.3. Fijación
de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública. 2.5.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6. Verificación de la
actuación temeraria. 2.7. Actualidad de objeto (mora judicial). 2.8. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
40. La Procuraduría Provincial de Villavicencio, el municipio de
Villavicencio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela,
en la medida en que consideraron que no eran las autoridades que, de
acuerdo con sus competencias, debían responder por los fundamentos de
la acción de tutela. La Sala no desvinculará del asunto a
dichas autoridades comoquiera que el municipio de Villavicencio fue
vinculado en atención a que fue demandado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se demandaron los fallos
de responsabilidad fiscal, y la Procuraduría Provincial de Villavicencio (en
representación de la Procuraduría General de la Nación) y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio fueron requeridas por el actor
en la acción de tutela por su relación con el asunto y/o para que aportaran
información que consideraba relevante, razón por la cual les
podría asistir interés en lo que aquí se decida.
2.2. Sobre la medida provisional
41. En el curso del trámite del asunto, el señor Mayo Rojas insistió en
la adopción de una medida provisional consistente en (se trascribe): “la
suspensión provisional del efecto registral y publicitario del reporte del
suscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR), código
86044548250604134837, mientras se adopta la decisión definitiva de fondo
en el presente trámite”.
42. En vista de que, a través de la presente providencia, se adoptará una
decisión respecto de la controversia planteada por la parte demandante,
la Sala considera que en esta etapa no hay lugar a realizar ningún
pronunciamiento sobre la medida provisional solicitada, toda vez que, de
encontrar demostrada la vulneración de derechos fundamentales alegada,
se entraría a revisar los efectos de la decisión a adoptarse en el reporte de
SIBOR del actor.
2.3. Fijación de la controversia
43. La Sala deberá determinar, luego de verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra autoridad, y contra una
11 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
sentencia de tutela, si se vulneraron los derechos fundamentales de
Hamilton Mayo Rojas con el fallo de responsabilidad fiscal No. 400-19-08-07
de 2013 proferido por la Contraloría Municipal de Villavicencio, y la
Sentencia de tutela del 19 de diciembre de 2025 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
44. Además, teniendo en cuenta que el actor cuestionó las Sentencias
del 26 de enero de 2017 del Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio y de
23 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Meta proferidas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 50001-33-
33-003-2013-00441-00/01; y que ya ha presentado otras acciones de tutela
con anterioridad, se deberá determinar si existió una actuación temeraria16
por parte de Hamilton Mayo Rojas al presentar esta acción de tutela.
45. Aunado a ello, debe mencionarse que la Sala estudiará si existe un
hecho superado respecto de la mora judicial en el trámite de la acción de
tutela No. 11001-03-15-000-2025-07555-00, por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública
46. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en lo
atinente a los cuestionamientos contra el fallo de responsabilidad fiscal No.
400-19-08-07 de 2013 proferido por la Contraloría Municipal de Villavicencio,
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
47. El accionante pide que se declare la “inexistencia jurídica” del fallo
de responsabilidad fiscal No. 400-19-08-07 de 2013 proferido por la
Contraloría Municipal de Villavicencio.
48. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 617 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo
86 Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
49. Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que la
acción de tutela es improcedente cuando con ella se pretenda sustituir
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria
16 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
17 “Artículo 6. Causales de improcedencia de la acción de tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”
12 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
de quien solicitó el amparo constitucional, no fueron utilizados en su debido
tiempo.
50. En ese orden de ideas, para la Sala, los reparos contra el fallo de
responsabilidad fiscal no cumplen con el requisito de subsidiariedad, ya que
son aspectos que debieron debatirse ante el juez natural de la causa, como
efectivamente ocurrió en este caso en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 50001-33-33-003-2013-00441-00/01. De ahí
que, no puede el juez de tutela reabrir dicha controversia.
51. Se recuerda que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado
para invocar asuntos que deben ser ventilados en el curso del proceso
contencioso administrativo, salvo que ese medio de defensa judicial no
fuera idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales
controvertidos o cuando se recurre a la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, situación que tampoco quedó
acreditada en el caso bajo examen.
52. Por lo anterior, la acción de tutela es improcedente por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad respecto de la pretensión formulada por
el accionante en relación con la Contraloría municipal de Villavicencio.
2.5. Verificación de los presupuestos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra sentencia de tutela18
53. En el presente asunto, la solicitud de amparo se dirige contra la
Sentencia de 19 de diciembre de 2025, de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del trámite de tutela con radicado
No. 11001-03-15-000-2025-04542-01, mediante la cual se declaró la carencia
actual de objeto respecto de la mora judicial en el trámite de los procesos
No. 11001-03-15-000-2025-03568-00 por parte de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y No. 50001-33-33-003-2013-00441-01 por el Tribunal
Administrativo de Meta, y se negaron otras pretensiones de la demanda
relacionadas con la reparación integral y la eliminación de reportes de
SIBOR de un fallo con responsabilidad fiscal.
54. En consecuencia, la controversia planteada se enmarca en el
escenario excepcional de procedencia de la acción de tutela contra
providencias de la misma naturaleza, desarrollado por la Corte
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. “4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez
o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera
clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.”
13 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
Constitucional respecto de decisiones proferidas por autoridades judiciales
distintas a dicha Corporación.
55. La Sala advierte que la parte actora no logró demostrar, ni siquiera de
manera preliminar, que la providencia cuestionada hubiera sido producto
de una actuación fraudulenta o irregular que habilitara la
intervención excepcional del juez constitucional. Sus argumentos se
orientaron a mostrar su inconformidad con la decisión adoptada, pues
alegó que la autoridad judicial validó las decisiones judiciales y
administrativas objeto de la tutela, pero no demostró una situación de
fraude que permita la intervención del juez constitucional.
56. Admitir la procedencia de esta nueva solicitud de amparo contra una
sentencia de tutela desnaturalizaría el carácter excepcional y residual de la
acción de tutela y convertiría este mecanismo en una instancia adicional
de revisión de otros fallos de tutela.
57. Por lo expuesto se declarará la improcedencia de la acción de tutela
sobre este reparo.
2.6. Verificación de la actuación temeraria
58. De conformidad con la Corte Constitucional19, la existencia de un
comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta
injustificada la presentación reiterativa de la acción de tutela.
59. La Sala analizará si existe temeridad respecto de los cuestionamientos
contra las Sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 50001-33-33-003-2013-00441-00/01. Cabe señalar que, en
atención a que la autoridad que profirió la decisión en segunda instancia
fue el Tribunal Administrativo de Meta y, en consecuencia, fue la autoridad
que se encargó de resolver la controversia de forma definitiva, la Sala se
centrará en la Sentencia de 23 de octubre de 2025.
60. En este punto, se recuerda que el 27 de noviembre de 2025, Hamilton
Mayo Rojas presentó una acción de tutela, la cual se radicó con el No.
11001-03-15-000-2025-07555-00, y a través de la que solicitaba, entre otros,
que se declarara la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal
19 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013, T-084/12 y T-727/11, entre otras.
14 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
Administrativo de Meta en el medio de control con Rad. 50001-33-33-003-
2013-00441-01. Además, se evidenció que el 13 de enero de 2026, el señor
Mayo Rojas promovió otra acción de tutela radicada con el No. 11001-03-
15-000-2026-00054-00, en la cual cuestionó la misma Sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Meta el 23 de octubre de 2025.
61. Sobre la existencia de identidad de partes, hechos y pretensiones
entre las referidas tutelas, de su revisión, se observó lo siguiente:
62. Identidad de partes: En este punto se observa que las acciones de
tutela fueron instauradas por Hamilton Mayo Rojas, entre otros, contra el
Tribunal Administrativo de Meta.
63. La sala advierte que, aunque en las acciones de tutela hubo otras
pretensiones, y se demandaron otras autoridades, lo cierto es que ese
aspecto no impide que se estudie la temeridad en relación con los
cuestionamientos dirigidos contra la Sentencia proferida el 23 de octubre de
2025, por el Tribunal Administrativo de Meta.
64. Identidad de hechos: En este aspecto, la Sala advierte que las
solicitudes de amparo objeto de análisis encuentran su origen en
inconformidades relacionadas con el proceso y el fallo de responsabilidad
disciplinaria, específicamente, aspectos relacionados con prescripción y
competencia de la autoridad fiscal.
65. Identidad de pretensiones: Encuentra la Sala que en las acciones de
tutela se invocó la aparente vulneración de derechos fundamentales como
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, el accionante solicita su amparo y “suspender los efectos”
y/o “declarar la nulidad” de la Sentencia proferida el 23 de octubre de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Meta.
66. (2) Ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda: De lo anterior, la Sala observa que no existió justificación para la
presentación de otra tutela, toda vez que, no se evidenció un estado de
indefensión o ignorancia por parte del demandante, un asesoramiento
errado, ni se evidenció un miedo insuperable o una necesidad extrema de
defender un derecho.
67. De lo expuesto, la Sala concluye que el señor Mayo Rojas ha
promovido más de una acción de tutela con fundamento en los mismos
hechos y pretensiones, lo cual configura una actuación temeraria, sin que
se advierta justificación o excepción que permita eximir dicha conducta. En
virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, esta
situación conlleva el rechazo o la decisión desfavorable de las solicitudes
formuladas en la presente acción constitucional.
15 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
68. En atención a que no se dejará sin efectos el fallo de responsabilidad
fiscal No. 400-19-08-07 de 2013 de la Contraloría Municipal de Villavicencio,
ni la Sentencia de 25 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Meta, no hay lugar a estudiar la pretensión para el retiro
del actor del sistema SIBOR.
2.7. Actualidad del objeto (mora judicial)
69. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado20 por las siguientes razones:
70. El 30 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
la sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela con Rad.
11001-03-15-000-2025-07555-0021.
71. Así las cosas, no cabe duda de que se configuró la carencia actual
de objeto, en la medida que, durante el trámite de la acción de tutela, cesó
el hecho que dio origen a la misma, esto es, la presunta mora judicial en el
trámite de la acción de tutela referida.
72. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se abstendrá de imponer sanción
alguna al señor Mayo Rojas; no obstante, ante el escenario evidenciado de
pluralidad de acciones, se le exhortará para que se abstenga de presentar
nuevas tutelas fundadas en los mismos hechos y argumentos.
2.8. Conclusión
73. La Sala, de un lado, declarará improcedente la acción de tutela
presentada, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad ni la
procedencia excepcional contra providencias de la misma naturaleza y, de
otro lado, la rechazará por temeridad respecto de los fallos de nulidad y
restablecimiento del derecho y declarará la carencia actual de objeto en
relación con la mora judicial alegada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
20 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de un hecho superado: “1) Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho
o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa; 2) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio
origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado y 3) Si lo que se pretende por medio de la
acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también
se puede considerar que existe un hecho superado”. Sentencias T-045/08, T-093/05, T-137/05, T-753/05, T-760/05, T-
780/05, T- 096/06, T-442/06, T-431/07.
21 Índice 195 de Samai, del expediente Rad. 11001-03-15-000-2025-07555-00
16 de 17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01319-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Improcedente, temeridad y hecho superado
______________________________________________________________________________________________________________
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Hamilton Mayo Rojas, respecto de las pretensiones relacionadas con el fallo
de responsabilidad fiscal No. 400-19-08-07 de 2013 proferido por la
Contraloría Municipal de Villavicencio, y la Sentencia de tutela del 19 de
diciembre de 2025 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la presente solicitud de
amparo presentada por Hamilton Mayo Rojas respecto de la Sentencia
proferida el 23 de octubre de 2025, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 50001-33-33-003-2013-00441-00/01, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de
la mora judicial en el trámite de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-
2025-07555-00, por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Procuraduría Provincial de Villavicencio, el municipio de Villavicencio y la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, de conformidad
con los motivos expuestos.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 22.
SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
17 de 17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.