Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04542-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04542-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04542-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04542-00
Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al habeas data, al buen nombre, y
a los principios de eficacia judicial y confianza legítima
Decisión: Se niegan las pretensiones con relación a la mora judicial
alegada y se declaran improcedentes las demás
pretensiones
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela1 instaurada por el señor Hamilton Mayo Rojas, quien actúa en
nombre propio, en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo del Meta, el Juzgado Primero Civil de Villavicencio, la Contraloría
General de la República y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio, EAAV ESP, por la presunta vulneración ius fundamental2 ocurrida
en primer lugar, con ocasión de una supuesta mora judicial al interior de los
procesos: 11001-03-15-000-2025-03568-003 y 50001-33-33-003-2013-00441-
01.4
2. En segundo lugar, en lo que concierne al Juzgado Primero Civil de Villavicencio
y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, el accionante
orientó su acción contra el proceso con radicado «50001-40-03-00-21-2007-
1
El actor instauró la presente acción el 22 de julio de 2025 y pasó a despacho el día 26 de agosto de la presente
anualidad.
2
Al debido proceso, acceso a la administración de justicia, habeas data, buen nombre, y a los principios de eficacia
judicial y confianza legítima
3
Acción de tutela seguida ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado cuya sentencia fue proferida el 31 de
julio de 2025 a través de la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Hamilton Mayo Rojas, con ocasión a la mora judicial presentada en el trámite
del medio de control núm. 50001-33-33-003-2013-00441-01, seguido ante el Tribunal Administrativo del Meta
por lo que se le ordenó a este que, en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la notificación de
la decisión, (esto es el 1 de agosto de 2025), dictara sentencia de segunda instancia. Asimismo, se declararon
improcedentes las demás pretensiones de la demanda. No obstante, el actor presentó diferentes solicitudes
posteriormente, entre las que estuvo una solicitud de aclaración a la providencia y otra de apertura de incidente
de desacato que fueron resueltas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 25 de agosto
de 2025, en el sentido de negar la solicitud de aclaración del fallo de tutela del 31 de julio de 2025 y declarar
improcedente la apertura del incidente de desacato.
4
Seguido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo trámite cursa ante el
Tribunal Administrativo del Meta.
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Acción de Tutela
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Accionante: Hamilton Mayo Rojas
00674-005». Finalmente, en tercer lugar, respecto a la Contraloría General de la
República presentó su inconformidad frente al «registro de responsabilidad fiscal
en el sistema SIBOR Cód.86044548250604134837.».
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que la Contraloría
Municipal de Villavicencio inició un proceso de responsabilidad fiscal contra el
señor Hamilton Mayo Rojas, ex jefe de facturación de la EAAV ESP, por un
presunto daño patrimonial6 de $35.934.933.
4. En consideración a lo anterior, el señor Mayo Rojas instauró una demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del municipio de Villavicencio y su Contraloría municipal, orientado a la
anulación del fallo fiscal 400-19-08-07. El Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Villavicencio negó sus pretensiones en 2017, al considerar acreditados los
elementos de la responsabilidad fiscal y la existencia del daño patrimonial por
omisión en el ejercicio de sus funciones.
5. En marzo de 2017 el proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del
7
Meta , siendo admitido el recurso de apelación en junio de 2021. En septiembre
de ese año se corrió traslado para alegatos de conclusión, y el expediente pasó
al despacho para sentencia el 28 de abril de 2023. En razón a que aún no se ha
proferido la decisión de segunda instancia, el actor reprochó que el Tribunal
incurrió en una mora judicial injustificada y con ello, en una vulneración a sus
derechos fundamentales.
6. Del plenario se advierte que posteriormente, el señor Hamilton Mayo Rojas
interpuso una acción de tutela8, cuya sentencia de primera instancia fue
proferida recientemente, el 31 de julio de 20259, por parte la Sección Cuarta
del Consejo de Estado. En dicha decisión, se ampararon los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
accionante, al encontrarse acreditada la mora judicial alegada en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 50001-33-33-003-2013-00441-01.
5
Acción de tutela en la que la autoridad judicial referida profirió sentencia de segunda instancia el 6 de diciembre
de 2007 y respecto de la cual el actor solicitó (a pesar de no ser parte dentro del proceso) copias auténticas del
expediente. El despacho le remitió copia simple del mismo.
6
El mandamiento de pago fue notificado el 8 de agosto de 2013, lo que dio inicio al proceso de cobro coactivo. El
actor alegó prescripción de la acción fiscal invocando los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario.
7
Debido a la congestión judicial, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó redistribuir procesos y creó nuevos
despachos, entre ellos el despacho 06 a cargo de la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra. A este despacho
se le asignó el expediente 50001-33-33-003-2013-00441-01, correspondiente al caso del actor.
8
Contra el Tribunal Administrativo del Meta; la Procuraduría General de la Nación; la Contraloría General de
la República; la Contraloría Municipal de Villavicencio; el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá;
Bancolombia; Davivienda, las centrales de riesgo Transunión (Cifín), Datacrédito y Procrédito y la EPS Sanitas por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al habeas data, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia.
9
Índice 10 del aplicativo SAMAI, 30_110010315000202504542007MemorialWeb20258814131 (1)
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7. Como consecuencia, se ordenó al Tribunal Administrativo del Meta que,
dentro de un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de la sentencia, es decir desde el 1 de agosto de 2025, este
profiriera la decisión de segunda instancia en el proceso citado. Asimismo, se
declararon improcedentes el resto de las pretensiones formuladas en la
acción de tutela.
8. El actor no impugnó la decisión constitucional precitada. No obstante, el
22 de agosto de 2025, presentó una solicitud de aclaración y otra de apertura de
incidente de desacato respecto de la providencia referida, que fueron resueltas
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 25 de agosto de
202510, en el sentido de negar la solicitud de aclaración del fallo de tutela del 31
de julio de 2025 y declarar improcedente la apertura del incidente de desacato,
toda vez que advirtió que el Tribunal se encontraba dentro del plazo otorgado
para proferir el fallo.
2.2. Fundamento jurídico
9. El señor Hamilton Mayo Rojas reprochó que se presentó una mora
judicial excesiva tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 50001-33-33-003-2013-00441-01 cuyo trámite cursa ante el Tribunal
Administrativo del Meta, como en el de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2025-03568-00 seguido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El actor
consideró que el presunto retraso de las autoridades judiciales fue desmedido y
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
10. Adujo también trasgredidos sus derechos fundamentales al buen nombre y al
habeas data toda vez que aun aparece reportado11 en el registro SIBOR y su vida
crediticia y laboral se ha visto afectada tras los embargos derivados del fallo
fiscal, pues ha tenido dificultades de acceso a crédito y al mercado laboral12, lo
que ha perturbado incluso su estado de salud mental13. Adicionalmente el actor
consideró nulo el fallo fiscal, y alegó que el proceso de cobro coactivo en su
contra prescribió.
11. Endilgó además a la magistrada del Tribunal precitado, el incurrir en un
supuesto desacato a la orden dada en la sentencia de tutela fallada por la Sección
Cuarta de esta corporación el 31 de julio de 2025 y censuró que al no haberle
dado celeridad al proceso se vulneraron también los principios de eficacia judicial
y confianza legítima por parte de las autoridades judiciales accionadas.
10
Índice 94 del aplicativo SAMAI, 226_Autoqueresuel_520250356800HAMILTON_0_20250826081809279, exp.
11001-03-15-000-2025-03568-00
11
Índice 11 del aplicativo SAMAI, 33_110010315000202504542004MemorialWeb20258814719. Certificación
SIBOR del 7 de agosto de 2025.
12
Índice 8 del aplicativo SAMAI 21_1100103150002025045420010MemorialWeb2025730132558. El actor refirió
que fue rechazado en trece oportunidades para acceder a un empleo.
13
Ibidem, 18_110010315000202504542007MemorialWeb2025730132558. Reporte clínico de la psicóloga de
SANITAS S.A.
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12. Adicionalmente acusó al señor Carlos Alberto López López, quien respondió
a la presente acción constitucional en representación de la Contraloría Municipal
de Villavicencio, de estar presuntamente incurso en el delito de usurpación de
funciones.
13. Sin precisar sobre el particular, respecto al Juzgado Primero Civil del Circuito
de Villavicencio alegó una supuesta obstrucción probatoria por el reenvío
indebido de solicitudes en el proceso 50001-40-03-002-2007-00674-0014.
14. Con respecto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio -
EAAV ESP y la Alcaldía de Villavicencio, reprochó que estas supuestamente le
negaron la remisión de documentos15 como la Resolución 123 de 200616 que
aparece dentro de los documentos que hacen parte del expediente de tutela
citado en el párrafo precedente.
15. Finalmente, advirtió que si no se atendían sus solicitudes en el término de
48 horas acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.
2.3. Pretensiones
16. Con fundamento en lo anterior, solicitó en su escrito de tutela y en los
múltiples17 memoriales adicionados a esta, básicamente lo siguiente:
17. Que se declare la mora judicial tanto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 50001-33-33-003-2013-00441-01, como en el
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-03568-00, y, asimismo, que esta
Subsección asuma directamente18 el conocimiento de estos expedientes.
18. Que se dicten medidas cautelares19 urgentes, entre ellas la eliminación
inmediata de los registros del SIBOR (código 86044548250604134837), del
CIFIN y de Datacrédito así como la suspensión de procesos coactivos y
embargos derivados del fallo fiscal, y se expida un certificado que indique que no
14
Acción de tutela en la que la autoridad judicial referida profirió sentencia de segunda instancia el 6 de diciembre
de 2007 y respecto de la cual el actor solicitó (a pesar de no ser parte dentro del proceso) copias auténticas del
expediente. El despacho le remitió copia simple del mismo.
15
Que pidió entregar “en un plazo máximo de 48 horas, a los correos electrónicos; hmayo31@gmail.com;
hmayor33@yahoo.es; chamito@hotmail.com : Resolución 123/2006 (certificada) o informe de auditoría del
26/05/2006 o fallo absolutorio disciplinario (014-2006) o auto de imputaci6n fiscal y liquidación.”
16
Índice 8 del aplicativo SAMAI, 15_110010315000202504542004MemorialWeb2025730132558
17
Ibidem, 13_110010315000202504542002MemorialWeb2025730132558 (2) - memorial del 29 de julio de 2025.
Índice 10, SAMAI, 25_110010315000202504542002MemorialWeb20258814131 – memorial del 6 de agosto de
2025. Índice 11 del aplicativo SAMAI, 31_110010315000202504542002MemorialWeb20258814718 – memorial
del 7 de agosto de 2025. Índice 11 del aplicativo SAMAI,
47_110010315000202504542002MemorialWeb2025812132941 – memorial del 11 de agosto de 2025. Índice 13
del aplicativo SAMAI, 41_110010315000202504542002MemorialWeb2025811133814 – memorial del 9 de
agosto de 2025. Índice 33 del aplicativo SAMAI, 84_110010315000202504542003MemorialWeb2025815135551
– memorial del 14 de agosto de 2025. Índice 56 del aplicativo SAMAI,
159_110010315000202504542002MemorialWeb2025825132619 – memorial del 22 de agosto de 2025. Índice
64 del aplicativo SAMAI, 211_110010315000202504542002MemorialWeb2025827133443 – memorial del 26
agosto de 2025.
18
Bajo el argumento de evitar contradicciones y garantizar celeridad.
19
El actor solicitó que se decrete secuestro cautelar de $3.500.000.000 en la cuenta de la EAAV ESP, toda vez
que pretende la reparación integral por daños materiales y morales por ese valor, los cuales discriminó en su
sentir, de la siguiente forma: Daño material: $2.100.000.000 (lucro cesante proyectado a 10 años). Daño moral:
$900.000.000 (afectación psicosocial). Costas procesales: $500.000.000
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es responsable fiscal. Asimismo, que se depure el registro SIBOR y se sancione
disciplinariamente a los funcionarios responsables conforme al artículo 269
constitucional.
19. Que se le ordene al Tribunal Administrativo del Meta publicar un cronograma
de ejecución en un plazo máximo de 48 horas y/o proferir sentencia en un término
de 24 horas conforme al artículo 25 de la CADH.
20. Que se le ordene a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en un plazo no mayor a 48 horas iniciar una
investigación disciplinaria contra la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra por
un presunto desacato a la orden judicial emitida en el expediente de tutela citado.
21. Que se remita copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación
(Fiscalía 32 Seccional de Villavicencio) para investigar el presunto delito de
usurpación de funciones por parte del señor Carlos Alberto López López20.
22. Que se archive definitivamente el proceso de cobro coactivo por prescripción
decenal.
23. Que se le ordene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
• EAAV ESP y a la Alcaldía de Villavicencio entregar copia certificada de la
Resolución 123/2006, del informe auditoría del 26/05/2006 y del fallo absolutorio
disciplinario 014-2006 y remitirlos al actor.21
24. Que se declaren en desacato al Tribunal Administrativo del Meta y a la
Contraloría General de la República, así como que se incurrió en una vía de hecho
“absoluta” y se ordenen medidas en un plazo máximo de 24 horas.
25. Que se le ordene a la EPS Sanitas S.A.S. que le realice al actor un tratamiento
psiquiátrico integral.
2.4. Intervenciones
26. Mediante auto del 1022 de agosto de 2025 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar como accionados a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado Primero Civil
de Villavicencio, la Contraloría General de la República, y a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP.
27. Como terceros con interés en el resultado del proceso, fueron vinculados
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Municipal de Villavicencio,
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá, Bancolombia,
Davivienda, las centrales de riesgo Transunión (Cifín), Datacrédito y Procrédito,
la EPS Sanitas, el Municipio de Villavicencio, el Juzgado Tercero Administrativo
20
Quien supuestamente habría firmado actuaciones como contralor municipal después de haber cesado en el
cargo
21
Vía correo electrónico a las direcciones: hmayo31@gmail.com; mailto:hmayor33@yahoo.es y
chamito@hotmail.com.
22
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del Circuito de Villavicencio, así como todos los demás sujetos procesales
vinculados al trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 50001-33-33-003-2013-00441-00 [01].
28. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su competencia.
2.4.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio-Meta23 indicó que
tramitó la segunda instancia de la tutela núm. 50001-40-03-002-2007-00674-00,
promovida por la señora Gladys Lugo Castro contra la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio - EAAV ESP.
29. Sostuvo que, mediante fallo del 6 de diciembre de 2007, se revocó la
decisión del a quo y se concedió el amparo, ordenando dejar sin efecto la
Resolución 123 de 2006 y sus actos derivados. Afirmó que el expediente fue
devuelto al Juzgado Segundo Civil Municipal el 26 de noviembre de 2008, que
dispuso su archivo definitivo el 9 de enero de 2009.
30. Manifestó que, en el mes de julio de 2025, el señor Mayo Rojas solicitó
copias auténticas de la resolución anulada y de la sentencia de tutela y la petición
fue remitida al despacho competente, único facultado para desarchivar el
expediente, por lo que no incurrió en conducta reprochable ni vulneró ningún
derecho fundamental del actor, toda vez que actuó conforme a su competencia
funcional.
2.4.2. FENALCO Antioquia – Procrédito24 solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, alegando que no existe registro negativo en sus bases de datos
ni ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante. Además, señaló que
no se agotó el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991.
2.4.3. Bancolombia S.A.25 manifestó que no ha sido mencionada en los hechos
ni vinculada a las actuaciones cuestionadas y no existe vínculo directo ni
sustancial entre sus actuaciones y la supuesta vulneración alegada, por lo que
no está legitimada en la causa por pasiva.
2.4.4. El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá26 a través de su titular sostuvo que tramitó la acción de tutela radicada
el 4 de junio de 202527 por el señor Mayo Rojas, y la remitió por competencia
territorial a los Juzgados Administrativos de Villavicencio. Indicó que el
accionante interpuso recurso de queja, que fue rechazado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y posteriormente presentó queja disciplinaria,
la cual fue inadmitida.
23
Índice 36 del aplicativo SAMAI
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Índice 40 del aplicativo SAMAI
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Seguida bajo el radicado 11001-33-34-001-2025-00227-00
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31. La autoridad judicial afirmó que actuó conforme a la ley, respetando el
debido proceso y los principios de economía y celeridad judicial y justificó la
remisión por competencia territorial, dado que los hechos y entidades accionadas
se ubican en Villavicencio, por lo que consideró que no trasgredió los derechos
fundamentales del accionante. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del
trámite tutelar.
2.4.5. La Procuraduría General de la Nación- Procuraduría Regional de
Instrucción del Meta28 indicó que el actor no hizo ninguna imputación fáctica ni
jurídica con respecto a esa entidad pues realizó una serie de afirmaciones que
no correspondían a la realidad ni a las funciones del Ministerio Público pues
reprochó: “la existencia de un acto administrativo nulo, un fallo fiscal derivado del
acto nulo, un desacato judicial sostenido, un retardo judicial crítico y una inacción
disciplinaria”, escenarios de los que adujo carece de legitimidad para resolverlos.
32. No obstante, precisó que frente a una queja presentada por el accionante
por los presuntos desacatos de las autoridades competentes este ya fue
asignado a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio bajo el
radicado IUC-D-2025-4109215 y a la fecha se encuentra en evaluación. Por lo
anterior, consideró que no ha trasgredido los derechos fundamentales del señor
Mayo Rojas y debe ser desvinculada de la acción.
2.4.6. La EPS Sanitas S.A.S29 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y ser desvinculada de esta, argumentando que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del accionante ni este demostró una afectación real de estos.
Asimismo, indicó que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, ya que
no tiene vínculo ni responsabilidad frente a lo solicitado.
2.4.7. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, EAAV
ESP30 solicitó ser desvinculada de la acción por no estar legitimada en la causa
por pasiva. Indicó que, en primer lugar, no ha sido parte procesal ni está vinculada
en el expediente seguido por el Tribunal Administrativo del Meta, ni en la acción
de tutela presentada ante la Sección Cuarta de esta corporación para la entrega
de información solicitada por el actor.
33. En ese entendido, adujo que tampoco incurrió en desacato alguno frente
a la orden impartida por el juez constitucional, toda vez que no le impuso la
obligación de la entrega documental reprochada por el accionante.
34. Adicionalmente, alegó que el único antecedente documental que reposaba
en sus registros correspondía al traslado de un derecho de petición efectuado por
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Villavicencio, recibido mediante correo
electrónico del 30 de julio de 2025 y radicado bajo el consecutivo 2025-162-
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Índice 42 del aplicativo SAMAI
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002242-2, en el que expresamente solicitó: Sello oficial de "ANUI.ADA" en la
Resolución 132/2006 y Certificación integral de la Sentencia de 2007 (folios
completos, firma y sello legibles).
35. Afirmó que los documentos solicitados fueron remitidos mediante acto
20251130204041 del 12 de agosto de 202531, el cual fue notificado ese mismo
día a las 16:13 horas en la dirección electrónica autorizada por el peticionario. No
obstante, precisó que los documentos que el actor menciona en la presente
acción no fueron requeridos en esa oportunidad, por lo que no le ha vulnerado
ningún derecho fundamental al accionante, sino que, por el contrario, este ha
omitido el mecanismo idóneo para obtenerlos, por lo que incumplió el requisito
de subsidiariedad.
2.4.8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado32 solicitó declarar la
improcedencia de la acción. Indicó que la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2025-03568-00 fue presentada el 11 de junio de 2025 y admitida el
27 de junio de esta anualidad, tras requerir al actor mayor claridad sobre los
hechos y pretensiones de esta. Adicionalmente, sostuvo que el fallo fue proferido
el 31 de julio, seis días después del término legal, debido a la multiplicidad de
escritos radicados por el accionante.
36. En consecuencia, la autoridad judicial recibió el expediente el 9 de julio de
2025, por lo que el término legal vencía el día 23 del mismo mes y anualidad.
Afirmó que, si bien hubo un leve retraso, este fue razonable y justificado por la
complejidad del caso y la cantidad de solicitudes presentadas por el señor Mayo
Rojas. Asimismo, manifestó que el fallo accedió parcialmente a las pretensiones
del actor.
37. Por otro lado, indicó que la presente acción fue radicada el 22 de julio de
2025, antes de vencerse el término legal para proferir sentencia. En ese
entendido, adujo que la pretensión ya fue resuelta, lo que genera la carencia
actual de objeto por hecho superado, aunado a que, tratándose de altas
corporaciones, debe existir una anomalía grave que justifique la intervención del
juez constitucional, lo que en este caso no se configuró.
2.4.9. La sociedad CIFIN S.A.S. (TransUnion®)33 solicitó ser desvinculada de
la acción por no estar legitimada en la causa por pasiva.
2.4.10. El Tribunal Administrativo del Meta34 a través de la magistrada Nohra
Eugenia Galeano Parra indicó que el Despacho 6 fue creado por el Consejo
Superior de la Judicatura en 2020 y recibió 493 expedientes mediante
redistribución. Sostuvo que el proceso del accionante fue admitido en apelación
en 2021 y actualmente ocupa el turno 65 para fallo de segunda instancia.
31
Índice 43 del aplicativo SAMAI, 120_RECIBEMEMORIAL_DERECHODEPETICION202_3_20250820154313741
Pág.9 – constancia respuesta derecho de petición.
32
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34
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38. Afirmó que el accionante ya presentó tutela por los mismos hechos,
la cual fue resuelta por el Consejo de Estado el 31 de julio de 2025 en donde
se le ordenó a esa autoridad judicial dictar fallo en un plazo de tres meses, lo cual
será cumplido por el Tribunal conforme a lo dispuesto garantizando el
cumplimiento del fallo y la protección de los derechos fundamentales del
accionante.
39. Por lo expuesto, solicitó negar el amparo solicitado, pues ya existe una
decisión previa que resolvió la pretensión del actor.
2.4.11. La Contraloría General de la República35 solicitó ser desvinculada de
la acción y declarar su improcedencia, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que adujo que el actor pretendía de forma deliberada
saltarse las etapas naturales de un proceso en curso, frente al cual no se ha
emitido una decisión de cierre.
40. Aunado a lo anterior, alegó que el señor Mayo Rojas no demostró un
perjuicio irremediable ni la inexistencia de otros medios de defensa judicial que
permitieran conceder el amparo solicitado. Adicionalmente, consideró que la
acción tampoco cumplía con el requisito de relevancia constitucional pues
argumentó que el asunto tenía una connotación puramente económica, pese a
que el actor invocó una trasgresión ius fundamental, por lo que manifestó que no
bastaba con invocar la supuesta vulneración.
2.4.12. La Contraloría Municipal de Villavicencio36 sostuvo que el actor estaba
incurriendo en temeridad, o se había configurado la cosa juzgada constitucional,
toda vez que ya había presentado con antelación otras acciones de tutela37
similares ante diferentes despachos judiciales, pero en particular, adujo que la
seguida ante la Sección Cuarta de esta corporación guardaba identidad con la
presente acción toda vez que en ella el actor solicitó lo siguiente:
«“(…) III. PETITORIO CONCRETO Con fundamento en los hechos descritos y
las pruebas adjuntadas, solicito muy respetuosamente a su despacho:
1. LEVANTAMIENTO TOTAL de las medidas de embargo, originadas en el
proceso fiscal No. 007-2013-0715, cuya acción se encuentra prescrita.
2. CONGELAMIENTO TEMPORAL DE DEUDAS MÉDICAS con la entidad
financiera Bancolombia, en los siguientes términos: • Plazo de 36 meses sin
35
Índice 52 del aplicativo SAMAI
36
Índice 59 del aplicativo SAMAI
37
Ante: el “Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, radicado 50001- 31 07 003 2023
00111 00, mediante fallo de fecha 17 de noviembre de 2023, en donde no se tutelaron los alegados derechos
fundamentales de petición, debido proceso, buena fe y confianza legitima, el Juzgado Décimo Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Villavicencio, radicado 50001404010 2024 00202 00, en donde mediante fallo de
fecha 10 de octubre de 2024 se tuteló el derecho fundamental de petición y no hubo pronunciamiento frente a
las pretensiones de exclusión del boletín de responsables fiscales, como de la prescripción del proceso
de cobro coactivo. Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio,
radicado 50 001 40 88 002 2025 00033 00, mediante fallo de fecha 25 de febrero de 2025, donde el Despacho al
resolver sobre la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad,
habeas data y trabajo, la declaró improcedente, la cual fue resuelta en segunda instancia por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Villavicencio (Meta), radicado 50 001 40 88 002 2025 00033 01, mediante sentencia de
segunda instancia del 7 de abril de 2025, en la cual frente a los mencionadas presuntas vulneraciones se pronunció
el Juez de segunda instancia confirmando la decisión adoptada”.
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intereses •Eliminación inmediata de los reportes negativos en centrales de
riesgo, que impiden mi reinserción laboral.
3. PROTECCIÓN DEL MÍNIMO VITAL conforme a jurisprudencia constitucional:
•• Que se declare inembargable el 100% de los recursos equivalentes a 40
SMLMV ($22,950,920 COP) que garanticen la subsistencia del núcleo familiar.
• Levantamiento TOTAL de embargos ilegales •- Congelamiento deudas
médicas”
• Tratamiento depresión en 48h (…)» Sic en toda la cita.
41. Argumentó también que, en diversos escritos adicionales, el actor incluyó
solicitudes de índole disciplinario, medidas cautelares, suspensión de
ejecuciones coactivas y civiles en su contra, retiro del Boletín de responsables
Fiscales SIBOR, la vinculación de otras autoridades judiciales y administrativas,
protección al mínimo vital, tratamiento inmediato y gratuito de padecimientos
mentales alegados, además de solicitar a esta corporación que:
« “II. PETICIONES ESPECÍFICAS AL CONSEJO DE ESTADO
Con base en los hechos expuestos y el principio pro homine, se solicita al
Honorable Consejo de Estado:
1. Exhorto Judicial Perentorio al TACM [Tribunal Administrativo del Meta]
Exhortar al Tribunal Administrativo del Meta para que profiera fallo definitivo
dentro de las siguientes 24 horas, y en su contenido: • Declare la nulidad
absoluta del Fallo Fiscal CMV No. 400-19-08-07/2013.
• Ordene la vinculación judicial de la EAAV ESP como codemandada solidaria,
conforme a los artículos 89 y 90 del CPACA.
• Imponga condena indemnizatoria por $3.500.000.000 COP, con la siguiente
distribución: 50% EAAVV ESP 30% Contraloría municipal de Villavicencio 20%
municipio de Villavicencio. (…)» Sic en toda la cita. Negrilla fuera de texto.
42. Finalmente, afirmó que si el accionante consideraba que no le habían sido
plenamente satisfechos los derechos en el trámite de la acción de tutela 11001-
03-05-000-2025-03568-00, podía impugnar las pretensiones que en esta acción
está reclamando, y no acudir a nueva acción con la triple identidad de partes,
hechos y solicitud, sin estar incluido entre los casos que la jurisprudencia y
doctrina ha considerado como excepcionales.
2.4.13. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
43. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
44. La Sala procederá a negar la solicitud de desvinculación presentada por
la Contraloría General de la República y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio, EAAV ESP toda vez que fueron vinculadas en
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calidad de accionadas a la presente acción constitucional así como la de la EPS
Sanitas S.A.S, la Procuraduría General de la Nación- Procuraduría Regional de
Instrucción del Meta, el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, FENALCO Antioquia – Procrédito, y la sociedad CIFIN S.A.S.
(TransUnion®) toda vez que fueron llamados como terceros interesados en el
resultado del proceso y se hace necesario garantizar su derecho de defensa.
3.3. Problema jurídico
45. De conformidad con lo expuesto, el primer problema jurídico a resolver se
circunscribe a determinar si la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Meta, incurrieron en una mora judicial injustificada al interior
de los procesos: 11001-03-15-000-2025-03568-0038 y 50001-33-33-003-2013-
00441-0139 respectivamente; y con ello, en una presunta vulneración de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor
Mayo Rojas.
46. En lo que concierne al Juzgado Primero Civil de Villavicencio y la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, el segundo problema jurídico
por solucionar consiste en establecer si se presentó una supuesta obstrucción
probatoria por el reenvío indebido de solicitudes en el proceso 50001-40-03-00-
21-2007-00674-0040 por parte de la autoridad judicial, así como si la EAAV ESP
y la Alcaldía de Villavicencio presuntamente le negaron la remisión de
documentos41 al accionante incurriendo con ello en una trasgresión ius
fundamental.
47. El tercer problema por disipar estaría orientado a establecer si la
Contraloría General de la República con ocasión del registro de responsabilidad
fiscal en el sistema SIBOR Cód.86044548250604134837 quebrantó los derechos
fundamentales al habeas data, y al buen nombre del actor.
48. El cuarto problema por resolver se enfoca en determinar si son
procedentes las demás pretensiones del accionante42.
38
Acción de tutela seguida ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado cuya sentencia fue proferida el 31 de
julio de 2025 a través de la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Hamilton Mayo Rojas, con ocasión a la mora judicial presentada en el trámite
del medio de control núm. 50001-33-33-003-2013-00441-01, seguido ante el Tribunal Administrativo del Meta
por lo que se le ordenó a este que, en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la notificación de
la decisión, (esto es el 1 de agosto de 2025), dictara sentencia de segunda instancia. Asimismo, se declararon
improcedentes las demás pretensiones de la demanda. No obstante, el actor presentó diferentes solicitudes
posteriormente, entre las que estuvo una solicitud de aclaración a la providencia y otra de apertura de incidente
de desacato que fueron resueltas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 25 de agosto
de 2025, en el sentido de negar la solicitud de aclaración del fallo de tutela del 31 de julio de 2025 y declarar
improcedente la apertura del incidente de desacato.
39
Seguido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo trámite cursa ante el
Tribunal Administrativo del Meta.
40
Acción de tutela en la que la autoridad judicial referida profirió sentencia de segunda instancia el 6 de diciembre
de 2007 y respecto de la cual el actor solicitó (a pesar de no ser parte dentro del proceso) copias auténticas del
expediente. El despacho le remitió copia simple del mismo.
41
Entre los que se encontraban la Resolución 123/2006 (certificada) o informe de auditoría del 26/05/2006 o fallo
absolutorio disciplinario (014-2006) o auto de imputaci6n fiscal y liquidación.
42
Respecto de ordenar al Tribunal Administrativo del Meta el publicar un cronograma de ejecución en 48 horas o
emitir sentencia en 24 horas, así como la de ordenar a la Procuraduría y a la Comisión Nacional de Disciplina
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
49. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
50. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente,
es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
51. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.
52. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.4.1. Mora judicial injustificada
53. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
Judicial iniciar en 48 horas una investigación disciplinaria contra la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra por
presunto desacato a la orden de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, así como la de
remitir el expediente a la Fiscalía 32 de Villavicencio para investigar al señor Carlos Alberto López López por
posible usurpación de funciones, ordenar el archivo definitivo del proceso de cobro coactivo por prescripción
decenal y ordenar la EPS Sanitas S.A.S. que brinde al actor un tratamiento psiquiátrico integral.
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estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos.43
54. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
salvedades reconocidas por el legislador44.
55. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.
56. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la
Corte Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar
la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.
3.4.2. Del requisito de subsidiariedad
57. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
58. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
59. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
43
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
44
Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia45.
60. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo
el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
4. Análisis del caso concreto
61. La Sala advierte de entrada que negará las pretensiones del accionante
relacionadas con la existencia de una mora judicial injustificada en el expediente
11001-03-15-000-2025-03568-00, toda vez que la Sección Cuarta del Consejo
de Estado recibió el expediente el 9 de julio de 2025 y profirió sentencia el 31 de
julio del mismo año, apenas seis días después del vencimiento del término legal.
62. Este leve retraso fue razonado y está plenamente justificado pues se
evidenció que el actor presentó una multiplicidad de escritos que exigieron un
análisis detallado, circunstancia que se repite en la presente acción
constitucional46 y que termina entorpeciendo la celeridad de la decisión por
causas que solamente son atribuibles al señor Mayo Rojas.
63. Adicionalmente, la acción de tutela que ahora se analiza fue radicada el 22
de julio de 2025, antes de vencerse el término legal para decidir la anterior tutela,
lo cual no justificaba una nueva intervención en sede constitucional. De todas
maneras, con la expedición de la sentencia del 31 de julio por parte de la Sección
Cuarta se configura una carencia actual de objeto por hecho superado.
64. Respecto al Tribunal Administrativo del Meta, a quien se le atribuye mora
judicial injustificada en el proceso 50001-33-33-003-2013-00441-01, es
importante recordar que ya existe un pronunciamiento por parte de la Sección
Cuarta de esta Corporación sobre ese asunto, en donde se concedió un plazo de
tres meses al Tribunal para que emitiera sentencia de segunda instancia, plazo
que, valga aclarar, no ha finalizado. Es decir, el actor con anterioridad elevó una
pretensión similar sin justificar ahora su nueva presentación, razón por la cual se
45
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado
previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca
el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
46 El actor presentó adicionalmente a los referidos, otros escritos los días 27 de agosto y 1 de septiembre de 2025,
aduciendo que la Sección Cuarta incurrió en una “vía de hecho absoluta” con la negativa a su solicitud de
aclaración a la providencia y a la apertura del incidente de desacato. Adicionalmente planteó entre sus
pretensiones renovadas lo que denominó como: “medidas cautelares in limine” requiriendo unos nuevos plazos
para que se profiera la sentencia del Tribunal, se anule su registro SIBOR y aparte se suspenda la decisión de su
despido hasta no adoptar una decisión de fondo. Peticiones que se advierten del todo improcedentes.
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decidirá desfavorablemente, de conformidad con lo establecido en el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991.
65. Bajo las anteriores consideraciones también se negará la pretensión del actor
encaminada a que el Tribunal Administrativo del Meta publique un cronograma
de ejecución en 48 horas o profiera su sentencia en 24 horas pues sobre ese
aspecto existe una orden constitucional vigente que le otorgó a la autoridad
judicial tres meses para proferir sentencia. Por lo tanto, estamos frente a una
pretensión ya estudiada y decidida, y si el actor consideraba que el plazo
conferido debió ser menor, contaba con la posibilidad de impugnar la decisión de
primera instancia, pero no lo hizo.
66. Ahora bien, frente al segundo problema jurídico, la Sala advierte que,
respecto a la actuación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, no
se configuró una vulneración de derechos fundamentales ni hubo la alegada
obstrucción probatoria, por lo que la pretensión debe ser negada. Sobre el
particular, se tiene que el despacho tramitó la segunda instancia de la tutela
50001-40-03-002-2007-00674-00, y el expediente fue archivado definitivamente
en enero de 2009 por el Juzgado Segundo Civil Municipal, quien era la autoridad
competente para su desarchivo.
67. Posteriormente, en julio de 2025, el actor solicitó copias de la resolución
anulada y de la sentencia de tutela, y el Juzgado remitió la petición al despacho
competente, conforme a sus atribuciones funcionales y no se advierte en ese
sentido que se haya presentado una dilación injustificada ni una negativa
arbitraria, toda vez que la actuación fue diligente y estuvo ajustada a derecho.
Así las cosas, la tutela no puede ser utilizada para cuestionar trámites
administrativos regulares ni para exigir documentos cuya entrega depende de
otra autoridad judicial.
68. En relación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio –
EAAV ESP, no se configuró una vulneración de derechos fundamentales
atribuible a su conducta pues la entidad demostró haber recibido una solicitud de
documentos el 30 de julio de 2025, radicada bajo el consecutivo 2025-162-
002242-2, y respondió mediante el acto administrativo núm. 20251130204041 del
12 de agosto del mismo año, remitiendo la información a la dirección electrónica
autorizada por el actor.
69. Asimismo, la EAAV ESP precisó que los documentos requeridos en esta
acción no fueron solicitados en aquella oportunidad, y que no tiene vínculo
procesal con el expediente de nulidad seguido ante el Tribunal Administrativo del
Meta. En ese entendido, no se acreditó una negativa injustificada ni una omisión
funcional ni un desacato a orden judicial alguna.
70. Por otro lado, se evidenció que el actor también incurrió en duplicidad de las
siguientes pretensiones sin justificar su nueva presentación, y respecto de las
cuales la Sección Cuarta de esta corporación declaró improcedentes.
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71. Así las cosas, la autoridad judicial indicó lo siguiente en su providencia:
«Al respecto la Sala observa que lo pretendido por el actor no es procedente
mediante la solicitud de amparo de la referencia, por las razones que se pasan
a explicar.
En primer lugar, el levantamiento de medidas cautelares, la eliminación de
los reportes en el SIBOR, que se ordene la suspensión del proceso de
cobro coactivo y la prescripción del mismo, son pretensiones derivadas del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2013-000441-01, que se
encuentra en trámite ante el Tribunal Administrativo del Meta, por lo que una
vez se estudie la legalidad de la decisión se adoptarán las medidas que en
derecho correspondan, pues de ser favorable a sus pretensiones la
consecuencia del fallo será justamente obtener lo que persigue mediante las
pretensiones que relaciona en la presente acción de tutela.
De manera que, no es posible que ejerza de manera paralela el presente
mecanismo para solicitar que se adopten medidas que solo serán posibles una
vez cuente con el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
cuestionó la decisión sancionatoria, y será el juez natural de conocimiento quien
adoptará las medidas que corresponda, actuación en la que no puede intervenir
el juez constitucional, porque el medio de defensa ordinario se encuentra en
curso.
En segundo lugar, lo relacionado con el congelamiento de sus deudas
bancarias y los reportes negativos de centrales de riesgo que aduce fueron
consecuencia del proceso de responsabilidad fiscal, también son asuntos que
dependen de las resultas del proceso en que obra como demandante, sin que
le sea dado al juez constitucional adoptar una decisión en ese sentido (…)»
En tercer lugar, respecto del derecho a la salud invocado por el demandante en
el que requiere se ordene a Sanitas EPS la atención de sus patologías, la
acción de tutela de la referencia no procede (…)»
Finalmente, las solicitudes a que se ordene la compulsa de copias y
suspender provisionalmente de cargos a funcionarios públicos47 es
improcedente, pues, el fin de la acción de tutela tampoco es ser un mecanismo
sancionatorio, sino que su objeto es la protección de derechos y garantías de
carácter fundamental (…)»
72. Visto lo anterior, y de conformidad con el mencionado artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, también se negarán las pretensiones del actor en ese sentido.
73. En ese entendido, la solicitud de que esta Subsección asuma directamente
el conocimiento de los expedientes es del todo improcedente pues la
competencia está definida por la ley y no puede ser modificada por vía de tutela
toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho está en curso
ante el Tribunal Administrativo del Meta, y ya existe una orden judicial que reguló
su término para emitir sentencia.
74. La pretensión de remitir copia del expediente a la Fiscalía 32 Seccional de
47
Dentro de lo pretendido por el accionante en la acción seguida ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado
se solicitó la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación a fin de que investigue conductas
presuntamente disciplinables de prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público, la
suspensión inmediata del señor Carlos Alberto López López como contralor municipal, así como decretar
suspensión preventiva de la magistrada Galeano Parra.
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Accionante: Hamilton Mayo Rojas
Villavicencio para que se investigue al señor Carlos Alberto López López por
presunta usurpación de funciones resulta del todo improcedente, toda vez que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para encausar investigaciones
disciplinarias y/o penales.
75. Además, conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal,
corresponde al ciudadano que tenga conocimiento de un hecho presuntamente
delictivo presentar la denuncia ante la autoridad competente. La acción de tutela
no es el mecanismo idóneo para activar la jurisdicción penal ni para sustituir la
iniciativa procesal del denunciante.
76. Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente
acción, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se
encuentra la de sustituir las herramientas idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces
constitucionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Contraloría
General de la República, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio, EAAV ESP, la EPS Sanitas S.A.S, la Procuraduría General de la
Nación- Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, FENALCO Antioquia
– Procrédito, y la sociedad CIFIN S.A.S. (TransUnion®), por las razones
expuestas en la presente providencia.
Segundo: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
mora judicial alegada respecto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la acción de tutela, de conformidad
con las razones expuestas en la parte considerativa.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Quinto: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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