Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00363-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00363-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00363-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Demandante: Carmen Elena Torres Ahumada
Demandado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartagena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00363-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00363-01
Demandante: CARMEN ELENA TORRES AHUMADA1
Demandado: JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CARTAGENA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 12 de
marzo de 2026, por medio del cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente el mecanismo constitucional de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Carmen Elena Torres Ahumada, en nombre propio, radicó acción de tutela
el 19 de enero de 20262, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vida, al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social y de acceso a la administración de justicia, así como a garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política.
Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia
de 19 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cartagena, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la E.S.E. Hospital Local Cartagena
de Indias, identificado con el radicado 13001-33-33-012-2017-00148-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
Solicito a los magistrados de la corte suprema de justicia que mediante sentencia ordene
la protección de los derechos fundamentales de la accionante: MÍNIMO VITAL, VIDA
1 Mediante fallo de 30 abril de 2026, esta colegiatura «rechazó por temeridad» la tutela con radicado
11001-03-15-000-2026-02460-00, que instauró el 27 de marzo de 2026, contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartagena, con ocasión de la expedición de las sentencias de 30 de abril de 2025 y 19 de
diciembre de 2024, dictadas por las referidas autoridades judiciales, respectivamente.
2 El Tribunal Administrativo de Bolívar, a quien le fue repartida la acción, por auto de 20 de enero de
2026, dispuso su remisión al Consejo de Estado.
1
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Demandante: Carmen Elena Torres Ahumada
Demandado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartagena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00363-01
DIGNA, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A
GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS, DERECHO Y DEBERES A LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA QUE HAN SIDO VULNERADOS POR EL
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA DOCTORA
SANDRA MILENA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
Con el fin que se garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y, por consiguiente, ordene lo que a continuación me
permito solicitar:
Que como consecuencia de la orden de protección Declare la ineficacia de la providencia
de fecha 19 de diciembre del 2024 proferidas por el juzgado décimo segundo
administrativo del circuito de Cartagena respectivamente dentro del proceso ordinario
laboral promovidos por la señora Carmen Elena torres ahumada
Que como consecuencia de la ineficacia de la providencia descrita anteriormente se
ordene al juzgado décimo segundo administrativo del circuito de Cartagena emita un
nuevo pronunciamiento que tenga en cuenta EL CONTRATO REALIDAD y el
restablecimiento del Derecho
Que se conminen al JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA para que en el término de 48 horas de proferido el facho
de tutela le dé cumplimiento a la orden impartida por su despacho3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta instancia:
La señora Carmen Elena Torres Ahumada prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital
Local Cartagena de Indias, mediante la modalidad de obra o labor contratada del 1°
de enero de 2011 al 20 de julio de 2015, por intermedio de la empresa COLTEMPORA
S.A., la cual, con oficio de 20 de julio de 2015, le informó de la finalización de su vínculo
laboral.
Mediante oficio de 20 de agosto de 2015, la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias,
le informó a la señora Torres Ahumada que cualquier inconformidad debía ser debatida
con la empresa COLTEMPORA S.A., quien conforme a lo señalado en su reclamación
fue su empleadora.
En atención al anterior panorama, la accionante ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias,
con la finalidad de desvirtuar la legalidad del oficio de 20 de agosto de 2015 y, que se
declarara que entre ella y la demandada existió un contrato de trabajo, además que se
dispusiera su reintegro al mismo cargo y/o a otro de igual o superior categoría, así
como al pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha
de desvinculación hasta que se produzca su ingreso y, de manera subsidiaria el pago
de la indemnización por despido sin justa causa.
Del referido asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cartagena, autoridad judicial que, en sentencia de 19 de
diciembre de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, pero negó
3 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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las pretensiones de restablecimiento del derecho. Como sustento de lo anterior señaló
que:
En ese sentido, resulta claro señalar que frente a los diversos contratos de prestación
de servicios suscritos entre las partes, se evidencia la existencia del contrato realidad,
que conllevar a condenar a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias a reconocer la
existencia de un vínculo de carácter laboral entre la demandante Carmen Elena Torres
Ahumada y la ESE demandada, como quiera que pretendió encubrir una relación laboral
a través de varios contratos de prestación de servicios, relación sobre la cual se
demuestra la existencia de los elementos propios del vincula laboral como son la
prestación del servicio, la continuada subordinación y la remuneración como
contraprestación del mismo.
Pese a lo anterior, y enmarcándonos estrictamente en el problema jurídico planteado y
en las pretensiones de la demanda, lo que busca la parte actora es que se declare la
ineficacia de la terminación del contrato celebrado entre la actora y la empresa
Coltempora S.A., y en consecuencia, se ordene a la entidad demandada reconocer y
pagar salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social en favor de la
demandante, por el término que duro la desvinculación y se ordene además el reintegro
de la demandante al cargo que venía desempeñando en la ESE Hospital Local
Cartagena de Indias.
Pues bien, revisado el expediente, no encuentra el Despacho elemento probatorio
alguno que permita establecer con total certeza, que la obra o labor para la que había
sido contratada la señora Carmen Elena Torres Ahumada, por parte de la empresa
Coltempora S.A., efectivamente no hubiese culminado.
(…)
Para finalizar, puede el Despacho afirmar que a pesar de haberse demostrado la
existencia de un vínculo laboral entre la demandante Carmen Elena Torres Ahumada,
razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado oficio de
fecha 20 de agosto de 2015 (recibido el día 12 de noviembre de 2015), emanado de la
ESE Hospital Local Cartagena de Indias, no resulta procedente ordenar el reintegro de
la actora al cargo que venía desempeñando y; en consecuencia, tampoco procede el
reconocimiento y pago de los haberes laborales y prestacionales que hubiesen sido
devengados durante el tiempo de desvinculación, razón por la cual, las pretensiones de
la demanda prosperan de manera parcial4.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Nro. 1, al desatar el recurso de
apelación interpuesto por el extremo activo del litigio, en decisión de 30 de abril de
2025, confirmó la providencia del a quo, para lo cual iteró la improcedencia de las
pretensiones de reintegro y de pago de la indemnización por despido injusto, dado que
el reconocimiento de la relación laboral encubierta no le daba la calidad de empleado
público. Esta sentencia fue notificada el 21 de noviembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó, en un escrito con falta de orden y claridad en la exposición de
los argumentos, que se había incurrido en «un defecto por violación directa de la
constitución o factico» al desconocerse la realidad que se probó en el proceso.
En ese orden, después de señalar que sí se reconocía la existencia de una verdadera
relación laboral, surgía el derecho al pago de las prestaciones sociales o
indemnizaciones que se hubieren causado, así como de dar respuesta a la pregunta
4 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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de qué hacer en caso de ello no se consagre en la parte decisoria de la providencia,
indicó, entre otras cosas, que se podía solicitar la adición de la sentencia o
interponerse el recurso de apelación con el argumento que la falta de condena en
concreto afectaba el derecho al trabajador. Finalmente concluyó que, ante la
inconsistencia entre la aparte motiva y la resolutiva de la providencia, era procedente
la protección al trabajador dando aplicación al principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 27 de enero de 2026, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y al Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cartagena, como accionado. Asimismo, como tercero con interés
vinculó al Tribunal Administrativo de Bolívar y a la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones:
1.6.1. Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena
La titular del referido despacho, después de referirse al trámite impartido al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, advirtió que no se había conculcado derecho
fundamental alguno de la tutelante, razón por la cual solicitó que se declare
improcedente el mecanismo superior o en su defecto que se denieguen las
pretensiones.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar
La mentada corporación allegó el enlace de acceso al expediente del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho sin realizar pronunciamiento alguno sobre la
tutela.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 12 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
En primer lugar, advirtió que, si bien la accionante cuestionó la decisión del Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena, ésta había sido objeto de
apelación, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 30 de
abril de 2025, con lo cual se puso fin al litigio.
Así, precisó que, sin perjuicio de ello, no se explicaron los motivos por los cuales las
providencias dictadas en el proceso ordinario, objeto de cuestionamiento, habían
vulnerado los derechos fundamentales invocados.
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Asimismo, señaló que lo pretendido por la actora era reabrir el debate surtido en el
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionado con el
reconocimiento o no de salarios y prestaciones dejados de percibir, lo cual ya fue
analizado por las autoridades judiciales accionadas, luego, se estaba utilizando la
tutela como una instancia adicional.
1.8. Impugnación
La parte actora indicó que se cumplía con la relevancia constitucional, en atención a
que la discusión no era meramente legal sino constitucional en la medida que se
cuestionaba la validez de providencias que reconocían la existencia de una relación
laboral encubierta pero que negaban los efectos jurídicos, con lo cual se conculcaba
la garantía constitucional al debido proceso.
Asimismo, advirtió que se habían incurrido en una incongruencia por cuanto se
reconoció el derecho, pero se negaron los efectos económicos; en un defecto
sustantivo en tanto se desconoció el alcance del principio de la supremacía de la
realidad sobre las formas; en violación directa de la Constitución al emitirse una
decisión que en teoría reconocía derechos pero en la práctica los negaba, como el del
trabajo, el debido proceso y los principios mínimos laborales; en el yerro fáctico pues
se habían probado los 3 elementos de la relación laboral, pero no se otorgaron
consecuencia jurídicas.
En ese orden, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en
consecuencia, se ampararan sus garantías superiores.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
actora, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024, de
la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
La tutela en estudio fue presentada inicialmente ante el Tribunal Administrativo de
Bolívar el 19 de enero de 2026, quien por auto de 20 de enero siguiente, dispuso la
remisión de ésta al Consejo de Estado, tras advertir que mediante sentencia de 30 de
abril de 2025, se había resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la decisión del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartagena de 19 de diciembre de 2024, dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se adelantó contra la E.S.E. Hospital Local
Cartagena de Indias.
Lo anterior, deja en evidencia que la señora Carmen Elena Torres Ahumada ejerció el
mecanismo constitucional cuando no se había resuelto la alzada contra la sentencia
proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena.
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En atención a lo anterior, el a quo constitucional, si bien vinculó al referido tribunal
como tercero con interés en las resultas del proceso, lo cierto es que realizó el análisis
de los cargos endilgados respecto de las decisiones de primera y segunda instancia,
circunstancia que permite a esta colegiatura señalar que, en este escenario, el examen
se realizara frente a la dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al ser la que
puso fin al litigio.
De otra parte, se precisa que, no obstante la tutelante en su impugnación hizo
referencia a una falta de congruencia y a un yerro sustantivo, lo que correspondería a
cargos nuevos, lo cierto es que estos hacen referencia a la misma inconformidad que
planteó en el escrito introductorio y que enmarcó en los defectos fáctico y de violación
directa de la Constitución, relacionados con la negativa de las pretensiones de
restablecimiento del derecho pese a haberse declarado la existencia de la relación
laboral, luego, el estudio será sobre estos dos últimos cargos.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse el fallo
de primera instancia de 12 de marzo de 2026, de la Sección Primera del Consejo de
Estado que declaró improcedente el mecanismo de protección superior presentado por
la señora Carmen Elena Torres Ahumada, ante la falta de cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse, junto con los
demás, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine, de conformidad con lo señalado
por el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual
resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales (…). (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20229, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto de una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por
esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de las
prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre10.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del por qué
el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la
entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.
En efecto, si bien la actora alegó la configuración de los defectos fáctico y de violación
directa de la Constitución, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación SU-215 de
2022, pues, el debate planteado en esta instancia se circunscribe a un simple
desacuerdo con la interpretación y aplicación normativa, cimentado en que, la
declaración judicial de la existencia de una relación laboral encubierta en contratos de
prestación de servicios conlleva a que se acceda a las pretensiones de
restablecimiento del derecho, relativas al pago de prestaciones sociales o de
indemnizaciones, en tanto, en su sentir, al no ordenarse las referidas consecuencias
económicas se desconocían los principios de la primacía de la realidad sobre las
formalidades y de favorabilidad del trabajador.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida, al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a
la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, no conlleva a que el
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno
al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia
de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o realizar
manifestaciones genéricas para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor
comprende un ejercicio de sustentación mucho más profundo.
En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión de segunda
instancia a partir de la configuración de determinados defectos, pero huérfano de una
línea conceptual iusfundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la
Carta Política respecto al caso concreto.
En segundo lugar, la parte accionante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
aplicación de las normas y principios, en la forma que a ella le parece «correcta». Es
decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una
instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron
zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión
favorable.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidas por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los motivos de dicho extremo frente
a la apreciación jurídica del proceso contencioso expuestos en la solicitud de amparo
sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad
judicial, ello atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo de amparo en una tercera instancia.
Ello por cuanto, el tema referido a la procedencia de las pretensiones de
restablecimiento del derecho en su caso, fue analizado en la providencia censurada
de segunda instancia, cuando, de una parte, se precisó que la declaratoria de la
existencia de la relación laboral daba como consecuencia el reconocimiento y pago de
prestaciones laborales legales derivadas de ésta que deberán ser liquidadas en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrolle funciones iguales a
las que la parte demandante realizó y, por otro lado, se advirtió que, el a quo en su
sentencia estableció que la accionante durante su vinculación con la demandada
recibió los pagos por concepto de salarios, prestaciones y aportes a la seguridad
social, lo cual no fue objeto de controversia por dicho extremo del litigio.
Asimismo, el tribunal enjuiciado aseveró que, tal como lo había señalado la primera
instancia, la pretensión de reintegro era improcedente, por cuanto, el reconocimiento
de la relación laboral no le otorgaba la calidad de empleada público y, por ende
tampoco, el pago de la indemnización por despido injusto.
Luego, se itera, lo pretendido por la actora es que se realice nuevamente, en este
escenario, el análisis de dicho tópico, lo cual resulta notoriamente improcedente,
comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo constitucional
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Demandante: Carmen Elena Torres Ahumada
Demandado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartagena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00363-01
inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de justicia que conoce
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.6. Conclusión
Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente el presente
mecanismo constitucional, por falta de acreditación del requisito de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 12 de marzo de 2026, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
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