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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02460-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02460-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de amparo formulada por la parte actora por el ejercicio temerario de la acción de tutela. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6 Al respecto, ver: Sentencia SU-397 de 2022. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-00 CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02460-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02460-00
Accionante: CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA
PRIMERA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Rechaza por temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar –
Sala Primera de Decisión y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de
Cartagena. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Carmen Elena Torres Ahumada, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala Primera de
Decisión y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la
vida digna, a la salud, a mínimo vital y al trabajo.

2. Le atribuyó la transgresión de las garantías constitucionales mencionadas
a las sentencias proferidas el 19 de diciembre de 2024 y el 30 de abril de 2025,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 13001-

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al
Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala Primera de Decisión y al Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Cartagena. Asimismo, se vinculó a la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias,
a la Sección Primera del Consejo de Estado Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar –
Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-00

33-33-012-2017-00148-00/1, por las autoridades judiciales tuteladas.

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida
digna, salud, trabajo y acceso a la administración de justicia de la accionante.

2. DEJAR SIN EFECTOS las providencias judiciales proferidas por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la accionante, por vulnerar derechos fundamentales.

3. ORDENAR a la autoridad judicial competente que, dentro de un término
razonable, profiera una nueva decisión de fondo, debidamente motivada y
conforme a los principios constitucionales, en especial el debido proceso y la
primacía de la realidad sobre las formalidades, garantizando la protección
efectiva de los derechos fundamentales de la accionante. (Sic a toda la cita).

1.2. Hechos

4. La parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias con el fin de que se
declarara la existencia de un contrato realidad por el cargo que desempeñó ante
dicha entidad del 1. º de enero de 2011 al 20 de julio de 2015 bajo la modalidad
de prestación de servicios, y como consecuencia de ello, el pago de los perjuicios
ocasionados por el despido sin justa causa y de las correspondientes
prestaciones sociales que asumió durante el periodo mencionado, y su reintegro
a cargo.

5. En sentencia del 19 de diciembre de 2024 el Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito de Cartagena declaró la existencia de una relación laboral
encubierta, pero negó las demás pretensiones. Al respecto, explicó que se probó
que la accionante recibió los pagos correspondientes a salarios, prestaciones
sociales y aportes a la seguridad social, aunado a que no procedía el reintegro al
empleo.

6. La parte demandante apeló la anterior decisión. Cuestionó que se
expidiera una sentencia en la que se declaró la existencia del contrato realidad
sin ningún tipo de condena, por lo que pidió que se accediera a sus pretensiones
pecuniarias con relación al despido sin justa causa y los aportes a seguridad
social.

7. El 30 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala Primera
de Decisión confirmó el fallo del a quo, bajo las mismas consideraciones.

8. Manifestó que puso una anterior acción de tutela contra las providencias
que cuestiona en esta oportunidad, la cual fue declarada improcedente mediante
sentencia del 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado
por falta de relevancia constitucional. Sin embargo, indicó que acude nuevamente
ante el juez de tutela ante la ocurrencia de nuevos hechos que ameritan la

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intervención del juez constitucional.

9. Sobre el particular, indicó que «padece una condición de salud
caracterizada por disfunción sistólica, fracción de eyección reducida y la
necesidad de un tratamiento farmacológico permanente, lo cual configura un
cuadro clínico de riesgo cardiovascular que exige manejo continuo, controles
periódicos y seguimiento especializado».

1.3. Sustento de la vulneración

10. La señora Torres Ahumada comentó que su actual condición de salud
«implica la necesidad de garantizar condiciones mínimas de estabilidad
económica que permitan el acceso efectivo a servicios médicos, medicamentos
y tratamientos requeridos, así como la preservación de condiciones de vida
digna».

11. Refirió que la afectación ocasionada con las sentencias cuestionadas es
progresiva y que el debate trasciende de lo económico porque con estas se le
desconocieron derechos fundamentales, aunado a que se transgredió el principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades.

12. Precisó que las decisiones judiciales adolecen de «defecto por
incongruencia» y sustantivo porque no hay correspondencia entre las
consideraciones expuestas en la parte motiva y lo que se concluyó en la
resolutiva, toda vez que se acreditaron los elementos de una verdadera relación
laboral, pero se le negó el reconocimiento de las prestaciones sociales dejadas
de percibir.

13. Finalmente, indicó que al presentar las condiciones médicas mencionadas
requiere de una protección reforzada.

1.4. Intervenciones

14. La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser la autoridad que profirió
las sentencias cuestionadas. Frente a las acreencias laborales que reclama la
tutelante señaló que prescriben a los 3 años, de conformidad con el Código
Sustantivo del Trabajo y el Decreto 3135 de 1968.

15. La Sección Primera del Consejo de Estado precisó que la solicitud de
amparo debía ser rechazada por temeridad, porque guarda identidad de partes,
pretensiones y hechos con la tutela identificada con el radicado 11001-03-15-
000-2026-00363-00, dentro de la cual profirió sentencia de primera instancia el
12 de marzo de 2026 que declaró la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

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II. CONSIDERACIONES

16. La Sala rechazará la acción de tutela ante la configuración de una actuar
temerario por parte de Carmen Elena Torres Ahumada, como se expondrá en
esta providencia.

17. Además, se negará la solicitud de desvinculación formulada por la E.S.E.
Hospital Local Cartagena de Indias, porque se notificó en calidad de tercero, por
el interés que puede tener en las resultas del proceso, dado que se cuestiona la
sentencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
núm. radicado 2017-00148-00/1 en el que fungió como demandada.

2.1. Caso concreto

2.1.1. Estudio del fenómeno de la temeridad

18. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado
en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:

ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

(Negrilla y subrayado fuera del texto).

19. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:

Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud3.

20. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

3
Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.

4
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Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
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i. Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.

ii. Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.

iii. Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.

21. Superado este estudio, de acuerdo con la Corte, y de encontrarse
acreditada la triple identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar
del demandante resultó contrario a la buena fe, caso en el cual deberá rechazar
el mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.

22. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la señora
Torres Ahumada promovió dos acciones de tutela en las que solicitó que se
protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
vida digna, a la salud4, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados a partir de lo decidido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 13-001-33-33-012-2017-00148, dado
que se reconoció la existencia de un contrato realidad, pero se negó «el
reconocimiento de las consecuencias jurídicas propias de dicha relación laboral».

23. Cabe precisar que la acción de tutela 2026-00363-00, que fue presentada
ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, únicamente tiene como autoridad
judicial tutelada al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena y
se cuestionó solamente la sentencia del 19 de abril de 2024. Sin embargo,
mediante auto del 20 de enero de 2026 el Tribunal Administrativo de Bolívar
dispuso remitir el expediente a esta corporación, al observar que, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 2017-00148-00,
para ese entonces, ya había sido proferida la decisión de segunda instancia el
19 de diciembre de 2024, en la que se confirmó integralmente la sentencia que
cuestionó la tutelante a través del mecanismo constitucional.

24. Por lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado, autoridad
judicial a la que le correspondió el conocimiento de la tutela 2026-00363-00
admitió el asunto y vinculó como tercero con interés al Tribunal Administrativo de
Bolívar. Asimismo, dicha sala de decisión realizó el análisis de los cargos de la
tutela respecto de la sentencia proferida el 30 de abril de 2025, por ser la que le
puso fin al proceso ordinario.

4
En la acción de tutela conocida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en lugar de este
derecho fundamental, se alegó como vulnerado el de seguridad social.

5
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Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
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Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-00

25. En tal sentido, la Sala no puede obviar que, tal como fue señalado por la
Sección Primera de esta Corporación en su intervención, el actuar de la señora
Carmen Elena Torres Ahumada es temerario porque promovió una acción de
tutela anterior contra las decisiones impartidas al interior del mismo proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la protección de los mismos
derechos fundamentales e indicó idénticos supuestos fácticos y
cuestionamientos frente a las decisiones judiciales que reconocieron la existencia
de un contrato realidad pero no ordenaron pago alguno a su favor, como se ilustra
a continuación:

Presupuesto Expediente 11001-03-15-000- Expediente 11001-03-15-000-
a estudiar 2026-00363-00 (número 1) 2026-02460-00 (número 2)
Accionante: Carmen Elena Accionante: Carmen Elena
Torres Ahumada Torres Ahumada

Accionado: Juzgado Doce Accionados: Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Administrativo Oral del Circuito
de Cartagena – sentencia del 19 de Cartagena – sentencia del 19
Identidad de de diciembre de 2024 (exp. de diciembre de 2024 (exp. 2017-
partes 2017-00148-00). 00148-00) y Tribunal
Administrativo de Bolívar –
Vinculado: Tribunal sentencia del 30 de abril de 2025
Administrativo de Bolívar y la (exp. 2017-00148-00/1)
E.S.E. Hospital Local Cartagena
de Indias Vinculado: la E.S.E. Hospital
Local Cartagena de Indias
Solicitó la protección de sus Solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, debido proceso, al mínimo vital, a
a la vida digna, al trabajo y a la la vida digna, al trabajo y a la
seguridad social, los cuales salud, los cuales estimó
estimó vulnerados con la vulnerados con la expedición de
expedición de la sentencia del 19 las sentencias del 19 de
de diciembre de 2024. diciembre de 2024 y 30 de abril
de 2025.
Aludió la configuración de los
defectos fáctico y de violación Alegó la configuración de defecto
Identidad de directa de la Constitución, por la sustantivo y de incongruencia de
causa inconsistencia que existe entre la las decisiones cuestionadas,
parte motiva y resolutiva de la porque se reconoció la existencia
mencionada decisión, toda vez de una relación laboral con la
que se accedió al E.S.E. Hospital Local Cartagena
reconocimiento de la existencia de Indias, pero se negó «el pago
de un contrato realidad entre ella de salarios, prestaciones
y la E.S.E Hospital Local sociales y demás derechos
Cartagena de Indias, pero no se derivados del vínculo laboral
le condenó al pago de la reconocido».
indemnización por despido sin
justa causa ni de los aportes a
seguridad social.
Solicitó la protección de los Verificar si se concreta la
derechos fundamentales vulneración de los derechos
Identidad de invocados, que se ordenara al fundamentales invocados, «en
objeto Juzgado Doce Administrativo especial el debido proceso, en su
Oral del Circuito de Cartagena dimensión de decisión motivada,
«revocar el numeral que denegó coherente y razonable, cuando

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Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-00

las pretensiones patrimoniales», reconoce la existencia de una
y, en consecuencia, ordenar el relación laboral real en aplicación
pago de lo cotizado por concepto del principio de primacía de la
de seguridad social, teniendo en realidad sobre las formalidades,
cuenta la declaratoria de pero niega las consecuencias
existencia de un contrato jurídicas propias de dicho
realidad. reconocimiento, generando una
contradicción entre la parte
motiva y resolutiva de la
decisión».

26. Se precisa que la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia dentro de la tutela 2026-00363-00 el 12 de marzo
de 2026, en la que circunscribió el análisis al fallo de segundo grado del proceso
ordinario, y declaró la improcedencia del mecanismo constitucional por falta de
relevancia constitucional.

27. Ahora bien, la anterior decisión fue notificada el 20 de marzo de 20265, y
fue impugnada por la tutelante el 25 de marzo de 2026, sin que dicho trámite de
segunda instancia haya concluido. Sin embargo, la señora Torres Ahumada
promovió la acción de tutela sub examine el 27 de marzo siguiente, en la que se
insiste, la actora cuestionó las mismas decisiones judiciales sobre las que se
pronunció la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente 2026-
00363-00.

28. No pasa por alto la Sala que en la presente acción de tutela la señora
Torres Ahumada puso de presente la presunta configuración de hechos nuevos
que la motivaron a proponer una segunda solicitud de amparo, con ocasión a que
cuenta «con diagnóstico de insuficiencia cardiaca, condición que no solo es de
carácter permanente, sino que implica un riesgo cardiovascular que requiere
manejo médico continuo […]».

29. No obstante, se advierte que su actuar ha configurado un indebido y
temerario uso del mecanismo constitucional en la medida en que, como lo aceptó
en la tutela que ahora se resuelve, promovió la segunda acción contra las mismas
autoridades judiciales y con identidad de causa y objeto, con relación a la de
radicado 2026-00363-00, incluso sin que se resolviera la impugnación contra el
fallo de primera instancia y dos días después de radicar la alzada en la que
cuestionó la decisión de primer grado, oportunidad en la que pudo poner de
presente su condición de salud.

30. En ese sentido, la posible existencia de condiciones de salud, no puede
ser considerada como una situación fáctica nueva que hubiera justificado la
interposición de una nueva acción constitucional, pues, se insiste, la segunda
acción de tutela fue radicada dos días después de la presentación de la
impugnación contra el primer proceso constitucional, sin que allí se pusiera de

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Índice 24, Samai exp. 2026-00363-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-00

presente el padecimiento de salud que aquí alega como nueva e incluso sin que
haya culminado el trámite de segunda instancia del expediente 2026-00363-00.

31. Se precisa que permitir el uso indefinido de acciones de tutela contra
pronunciamientos de la misma naturaleza, con el fin de que los usuarios de la
administración de justicia insistan, sin límite alguno, en la búsqueda de una
decisión favorable frente una misma situación fáctica configura un actuar
temerario.

32. Al respecto, la Corte Constitucional6 ha señalado que, en los eventos en
los que se estudia la configuración de la cosa juzgada –que, como en el examen
de temeridad, requiere del cumplimiento de la triple identidad de partes, causa y
objeto de la acción– algunas variaciones en cuanto a los sujetos, los
presupuestos fácticos o las pretensiones no conducen necesariamente a que no
exista dicho fenómeno. Por el contrario, el Alto Tribunal ha establecido que este
estudio implica un examen riguroso en el que se debe verificar una coincidencia
material en los dos procesos, pese a las diferencias apenas formales que se
puedan presentar entre una y otra acción.

33. De conformidad con el criterio de la Corte Constitucional, para la sala es
claro que, sustancialmente, no han variado las partes, la causa ni el objeto de la
presente solicitud de amparo, en relación con la tutela tramitada dentro del
expediente 2026-00363-00. Lo anterior, puesto que lo pretendido por la actora en
ambas oportunidades es reprochar las decisiones proferidas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 13001-33-33-012-2017-
00148-00/1, con el fin de que se acceda a las pretensiones económicas derivadas
del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

34. En virtud de lo anterior, se deberá rechazar la acción de tutela formulada
por la señora Torres Ahumada, ante la configuración de una actuación temeraria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de amparo formulada por la parte actora por
el ejercicio temerario de la acción de tutela.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la E.S.E Hospital Local
Cartagena de Indias.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

6
Al respecto, ver: Sentencia SU-397 de 2022.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar –
Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-00

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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