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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00363-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00363-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Carmen Elena Torres Ahumada, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 00363 00 Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada Accionado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00363-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00363 00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Carmen Elena Torres
Ahumada, actuando en nombre propio, contra la providencia de 19 de diciembre de 2024,
emitida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 13001
33 33 012 2017 00148 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Carmen Elena Torres Ahumada, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

Solicito a los magistrados de la corte suprema de justicia que mediante sentencia
ordene la protección de los derechos fundamentales de la accionante: MÍNIMO
VITAL, VIDA DIGNA, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
PRINCIPIOS, DERECHO Y DEBERES A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
QUE HAN SIDO VULNERADOS POR EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA DOCTORA SANDRA MILENA ZÚÑIGA
HERNÁNDEZ

Con el fin que se garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y, por consiguiente, ordene lo que a continuación
me permito solicitar:

Que como consecuencia de la orden de protección Declare la ineficacia de la
providencia de fecha 19 de diciembre del 2024 proferidas por el juzgado décimo
segundo administrativo del circuito de Cartagena respectivamente dentro del
proceso ordinario laboral promovidos por la señora Carmen Elena torres ahumada

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00363 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00363 00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena

Que como consecuencia de la ineficacia de la providencia descrita anteriormente
se ordene al juzgado décimo segundo administrativo del circuito de Cartagena
emita un nuevo pronunciamiento que tenga en cuenta EL CONTRATO REALIDAD
y el restablecimiento del Derecho

Que se conminen al JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA para que en el término de 48 horas de proferido el
facho de tutela le dé cumplimiento a la orden impartida por su despacho.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que laboró como auxiliar de enfermería en el E.S.E. Hospital Local
de Cartagena de Indias entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de julio de 2015, bajo la
modalidad de contrato por obra o labor, a través de la empresa COLTEMPORA S.A.,
devengando un salario promedio de $833.629.

Sostuvo que, el 19 de julio de 2015, la empresa COLTEMPORA S.A. le comunicó la
terminación del vínculo laboral, bajo el argumento de que había cesado la obra o labor
contratada. No obstante, adujo que dicha causa es inexistente, pues la actividad
asistencial en el centro de salud continuaba desarrollándose normalmente.

Afirmó que su verdadero empleador fue la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias,
ya que prestó sus servicios de manera permanente y directa a dicha entidad, lo que
evidenciaría la configuración de una relación laboral real más allá de la intermediación
contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, y aunque en el escrito de tutela no fue expuesto con
claridad, de los anexos allegados se advierte que la señora Carmen Elena Torres
Ahumada, hoy accionante, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, con el fin que (i) se
declarara la nulidad del oficio sin número de fecha 20 de julio de 2015 suscrito por
COLTEMPORA S.A., por medio del cual se le comunicó a la hoy accionante la
terminación de la relación laboral; (ii) se declarara que el verdadero empleador de la
señora Torres Ahumada era la entidad demandada; y (iii) se ordenara a la ESE a
reintegrar a la señora Torres Ahumada en el cargo que ocupaba antes de la terminación
del contrato, así como, condenarla al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas
de percibir.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cartagena que, en sentencia del 19 de diciembre de 2024 declaró la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio de fecha 20 de agosto de 2015, emanado de la E.S.E.
Hospital Local Cartagena de Indias; sin embargo, negó las demás pretensiones.

La parte accionante alegó que “la Juez del juzgado décimo segundo administrativo de
Cartagena (…) al expedir la providencia de fechas 19 de Diciembre de 2024,
respectivamente dentro del proceso ordinario laboral (…) vías de hechos los derechos
fundamentales que a continuación me permito reseñar mínimo vital, vida digna, derecho
al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho al debido proceso (…)”.

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 21 de enero de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, mediante auto de 27 de enero de 20263, admitió la acción y dispuso
notificar4 al Juzgado, en calidad de autoridad judicial accionada; así como vincular al
Tribunal Administrativo de Bolívar5 y a la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restableciendo del
derecho, identificado con radicado núm. 13001 33 33 012 2017 00148 00.

3.2. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena6 rindió informe en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela.

Indicó que la providencia cuestionada concluyó, con fundamento en el principio de
primacía de la realidad y en la valoración integral del material probatorio, que se configuró
una relación laboral real entre la demandante y la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias, pese a la intermediación de una empresa de servicios temporales. En
consecuencia, declaró la existencia de un contrato realidad y la responsabilidad de la
entidad como verdadero empleador.

No obstante, precisó que dicha declaratoria no implicaba el derecho automático al
reintegro ni el reconocimiento de la condición de empleada pública. Finalmente, sostuvo
que la decisión adoptada no presenta defecto alguno que torne procedente el amparo
constitucional.

3.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó el hipervínculo de acceso al proceso
ordinario, sin embargo, no se pronunció frente a los hechos y pretensiones de la tutela.

3.4. La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo

2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00363 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00363 00.
4 Esta orden se cumplió el 30 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00363 00.
5 En adelante el Tribunal.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00363 00.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00363 00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. La señora Carmen Elena Torres Ahumada, hoy accionante, actuando por conducto
de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias,
con el fin que se declarara la nulidad acto administrativo contenido en el oficio del 20 de
agosto de 2015, “por medio del cual se comunica a la actora señora CARMEN E.
TORRES AHUMADA, la terminación de la relación laboral de ésta con la ESE HOSPITAL
LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS, arguyéndose que la obra o labor para la que fue
contratada había cesado”.

Adicionalmente solicitó que se declarara que su verdadero empleador era la precitada
entidad demandada al existir, según consideraba, “un contrato de trabajo al tenor de los
hechos de esta demanda, contrato que fue violado unilateralmente al terminar el mismo
sin el lleno de los requisitos legales”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada
(i) el reintegro de la señora Torres Ahumada al cargo que ocupaba antes de la terminación
del contrato y (ii) el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de
devengar desde la fecha de terminación del vínculo laboral hasta la fecha del reintegro.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
de Cartagena que, en sentencia del 19 de diciembre de 2024 declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y negó las demás pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación solicitando que “[se] revoque el numeral segundo de la sentencia recurrida que
denegó las pretensiones patrimoniales de la misma y en consecuencia se ordene el pago
de todas y cada una de las pretensiones invocadas en el libelo genitor, incluyendo la
subsidiaria que fue omitida en la providencia ocupante”.

Lo anterior, al considerar que:

El verdadero empleador de mi representada es La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE
CARTAGENA DE INDIAS, habida cuenta que siempre le presto los servicios
personales y laborales a la entidad, indistintamente de la figura que existió en la

8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado

núm. 13001 33 33 012 2017 00148 00. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00363 00.
4

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Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
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contratación laboral, por ende, se configuro el contrato realidad entre la afectada
y la demandada por todo el tiempo de servicio prestado a la misma.

4.2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 30 de abril de 2025,
notificada el 21 de noviembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló lo siguiente:

El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.

En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.

El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.

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El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como:

[…] el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a
los particulares”12 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro
derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo
cual se le quita su esencia fundamental […]13.

Conforme lo expuesto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la accionante invocó
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, mínimo vital, vida digna y trabajo, con ocasión de la sentencia
proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cartagena, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 13001 33 33 012 2017 00148 00.

Sin embargo, la Sala resalta que dicha sentencia fue objeto de apelación por parte de la
hoy accionante en el proceso ordinario, correspondiéndole al Tribunal Administrativo de
Bolívar que, mediante sentencia del 30 de abril de 2025, notificada el 21 de noviembre
de 2025, la confirmó.

En ese sentido, aunque la actora solo reprochó la sentencia de primera instancia, lo cierto
es que dicha decisión no fue la que puso fin al proceso, sino la dictada por el citado
tribunal en segunda instancia.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, y más de allá de la decisión acusada, la Sala
resalta que la accionante, en su solicitud de amparo, no cumplió con la exigencia de
explicar los motivos por los cuales las decisiones proferidas en el proceso ordinario objeto
de debate vulneran la faceta constitucional de los derechos fundamentales invocados
como trasgredidos, puesto que no identificó cuál de las garantías que componen el núcleo
esencial de cada derecho resulta amenazada por la providencia que controvierte, ni de
lo expuesto se advierte prima facie que, en este caso, la sentencia acusada comprometa
o involucre el contenido de estos derechos fundamentales, por lo que el asunto no es
relevante desde el punto de vista constitucional.

En ese sentido, la Sala considera que el requisito general de relevancia constitucional no
se cumple frente a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, mínimo vital, vida digna y trabajo.

4.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este tercer elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los

12 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
13 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.

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asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]14.
(Subrayado fuera de texto).

A su turno, en la sentencia SU 215 de 202215, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, circunstancia que

[…] excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial […]. (Subrayado fuera de texto).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello debido a que, a través de la solicitud de amparo, la accionante pretende reabrir el
debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que sus
inconformidades están encaminadas a cuestionar lo decidido por la autoridad judicial
accionada frente al reconocimiento, o no, de salarios y prestaciones dejados de percibir,
lo cuál ya fue objeto de debate en el proceso ordinario.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
para controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales

14 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 215 del 16 de junio de 2022. M.P.: Natalia Ángel Cabo.

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atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida; pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Carmen Elena Torres Ahumada, por lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00363 00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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