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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02460-01

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02460-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó la solicitud de amparo formulada por la parte actora por el ejercicio temerario de la acción de tutela, el cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Carmen Elena Torres Ahumada, en nombre propio, contra el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia”. SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02460-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / TEMERIDAD – Circunstancias para que se configure / SUBSIDIARIEDAD –
No se cumple con el requisito por no haber hecho uso de los medios de defensa
contemplados en el ordenamiento jurídico / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Procedencia
del recurso extraordinario de revisión / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
evidencia un debate que amerite la intervención del juez constitucional – Tutela como
tercera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
en nombre propio, contra la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29, 1 y 32 del Decreto 2591
de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 26 de marzo de 2026, la señora Carmen Elena Torres Ahumada, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Doce (12) Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y al trabajo.

Hechos relevantes

2. La parte accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias, con el fin de obtener la declaratoria de existencia de un contrato realidad por
el cargo que desempeñó en dicha entidad desde el 1.° de enero de 2011 hasta el
20 de julio de 2015, bajo la modalidad de prestación de servicios.

3. A título de restablecimiento del derecho, la actora solicitó el pago de los perjuicios
ocasionados por el despido sin justa causa y de las correspondientes prestaciones
sociales dejadas de percibir, así como su reintegro al puesto que ocupaba.

1 Que ingresó a despacho para fallo el 28 de mayo de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4. El proceso correspondió al Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena que, por medio de sentencia del 19 de diciembre de 2024, declaró la
existencia de una relación laboral, pero negó las demás pretensiones.

5. Sobre el particular, el a quo encontró demostrada la configuración de un contrato
realidad frente a los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes,
razón por la cual condenó a la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias al
reconocimiento de la relación laboral existente. Sin embargo, consideró que no
existía prueba alguna que permitiera concluir que las funciones desarrolladas por la
señora Carmen Elena Torres Ahumada no hubiesen finalizado.

6. Así las cosas, el Juzgado tuvo por acreditado que la actora percibió los valores
correspondientes a salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de
seguridad social aspecto que no fue controvertido dentro del proceso. De ese modo,
sostuvo que, pese a la existencia de una relación laboral, tal circunstancia no
derivaba en el reconocimiento del estatus de empleada pública de la demandante
y, por consiguiente, la pretensión de reintegro formulada resultaba improcedente.

7. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión antes referida.
En el escrito correspondiente cuestionó que, pese a haberse declarado la existencia
de una relación laboral bajo la figura del contrato realidad, la sentencia no hubiera
impuesto condena alguna. En consecuencia, solicitó que se accediera a las
pretensiones de carácter económico relacionadas con el despido sin justa causa y
con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de providencia del 30 de abril de
2025, confirmó lo fallado en primera instancia, bajo las mismas consideraciones.

9. Manifiesta la accionante que promovió tutela contra las providencias judiciales
precitadas, acción que fue declarada improcedente por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de marzo de 2026, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional. No obstante, señala que acude
nuevamente al mecanismo de amparo, con fundamento en la ocurrencia de hechos
nuevos que, en su criterio, justifican la intervención del juez constitucional.

Pretensiones

10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
vida digna, salud, trabajo y acceso a la administración de justicia de la
accionante.

2. DEJAR SIN EFECTOS las providencias judiciales proferidas por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la accionante, por vulnerar derechos
fundamentales.

3. ORDENAR a la autoridad judicial competente que, dentro de un término
razonable, profiera una nueva decisión de fondo, debidamente motivada y
conforme a los principios constitucionales, en especial el debido proceso y

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

la primacía de la realidad sobre las formalidades, garantizando la
protección efectiva de los derechos fundamentales de la accionante”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La demandante sostiene que el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, con la expedición de
las sentencias del 19 de diciembre de 2024 y del 30 de abril de 2025,
respectivamente, incurrieron en un “defecto por incongruencia”3. Ello, por la
presunta falta de correspondencia lógica y jurídica entre las consideraciones
expuestas en la parte motiva y lo resuelto en la parte resolutiva de la decisión, lo
cual vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

12. Refiere que, en el presente caso, “dicha incongruencia se materializa en el
hecho de que la autoridad judicial reconoce expresamente la existencia de una
relación laboral bajo la figura del contrato realidad, al encontrar acreditados sus
elementos esenciales, tales como la prestación personal del servicio, la
subordinación y la remuneración”4. Sin embargo, indica que la misma providencia
niega el reconocimiento de las consecuencias jurídicas propias de la relación
laboral, tales como el pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos
derivados del vínculo laboral reconocido.

13. Frente a los hechos nuevos que justifican la acción de tutela, la actora afirma
que presenta un diagnóstico médico de insuficiencia cardiaca, situación que se
encuentra debidamente acreditada mediante historia clínica, estudios
especializados y demás documentos médicos que se aportan como prueba dentro
de la presente acción. De acuerdo con dichos soportes, sostiene que “padece una
condición de salud caracterizada por disfunción sistólica, fracción de eyección
reducida y la necesidad de un tratamiento farmacológico permanente, lo cual
configura un cuadro clínico de riesgo cardiovascular que exige manejo continuo,
controles periódicos y seguimiento especializado”5.

14. Finalmente, alega un defecto sustantivo y una violación directa de la
Constitución, por el desconocimiento del principio de primacía de la realidad sobre
las formas, así como la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

Trámite procesal en primera instancia

15. Por medio de auto del 7 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y al Tribunal
Administrativo de Bolívar como accionados y a la E.S.E Hospital Local Cartagena
de Indias y a la Sección Primera del Consejo de Estado como terceros con interés
en las resultas de proceso. De igual modo, ordenó la vinculación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2 Folio 9 del escrito de tutela.
3 Folio 5 ibid.
4 Ibid.
5 Folio 2 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Intervenciones en primera instancia

16. La Sección Primera del Consejo de Estado señaló que la solicitud de amparo
debía ser rechazada por temeridad, en razón a que guarda identidad de partes,
pretensiones y hechos con la tutela identificada con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2026-00363-00, dentro de la cual profirió sentencia de primera instancia el 12
de marzo de 2026 que declaró la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

17. La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. Pese a ser notificadas en debida forma6, las demás partes guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

19. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de abril
de 2026, (i) rechazó la solicitud de amparo formulada por la parte actora por el
ejercicio temerario de la acción de tutela y (ii) negó la solicitud de desvinculación de
la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.

20. El a quo consideró que, respecto de la acción de tutela tramitada bajo el
radicado 2026-00363-00, no se configuraba variación alguna en las partes, la causa
petendi ni el objeto de la presente solicitud de amparo. Lo anterior, por cuanto en
ambas oportunidades la actora cuestiona las decisiones proferidas dentro del
proceso radicado 13001-33-33-012-2017-00148-00/01, con el propósito de obtener
el reconocimiento de las pretensiones económicas derivadas de la declaración de
la existencia de una relación laboral encubierta.

21. De esta manera, precisó que admitir la presentación sucesiva e indefinida de
acciones de tutela dirigidas contra providencias de la misma naturaleza, con el fin
de procurar un pronunciamiento favorable respecto de una misma situación fáctica,
desconocía los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional, y
constituía una actuación temeraria.

La impugnación

22. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito7 en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.

6 Véase índices 8 y 9 de Samai. Expediente 11001-03-15-000-2026-02460-00.
7 Al respecto, se advierte que el 6 de mayo de 2026 la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo
de Estado recibió un memorial suscrito por el señor Ramiro Antonio Torres Carmona, quien no ha
sido vinculado al presente trámite constitucional. En dicho escrito se presentó impugnación contra la
sentencia del 30 de abril de 2026 proferida por esta Corporación. Posteriormente, mediante memorial
radicado el 8 de mayo de 2026 ante la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Carmen
Elena Torres Ahumada allegó un nuevo escrito de impugnación y un correo electrónico en el que
informó lo siguiente: “Estimado Doc muy respetuosamente me dirijo a ese despacho con el fin de
que sea aceptada mi solicitud. Estando dentro de los términos por no haber sida admitida la
impugnación le estoy enviando el siguiente escrito para que se tenga en cuenta en la
impugnación enviada anteriormente había cometido errores por tal motivo les ruego se me

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

24. Con fundamento en lo anterior, en primer lugar, el problema jurídico que
corresponde resolver consiste en determinar si la solicitud de tutela presentada por
la señora Carmen Elena Torres Ahumada debe declararse improcedente por
constituir una actuación temeraria, al reproducir pretensiones que ya habrían sido
previamente debatidas y resueltas por el juez constitucional.

25. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, esta Sala de
Subsección determinará si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, particularmente, el de subsidiariedad.

26. En tercer lugar y si se sobrepasa el estudio formal mencionado, será procedente
estudiar si el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y
el Tribunal Administrativo de Bolívar, con la expedición de las sentencias del 19 de
diciembre de 2024 y del 30 de abril de 2025, proferidas en el curso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 13001-33-33-012-
2017-00148-00/01, incurrieron en un defecto por incongruencia, un defecto
sustantivo y una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y al trabajo de
la parte accionante.

27. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) reiteración de la jurisprudencia aplicable sobre cosa juzgada
constitucional y temeridad en la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y
la procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el análisis del caso concreto.

Reiteración de jurisprudencia sobre la institución de la cosa juzgada
constitucional y la temeridad

28. La cosa juzgada constitucional otorga carácter definitivo, inmutable y vinculante
a las decisiones de la Corte Constitucional, conforme al artículo 243 8 de la

tenga en cuenta la IMPUGNACIÓN ya corregida la cual le estoy enviando se le agradece su
colaboración”. De acuerdo con lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
auto del 13 de mayo de 2026, concedió la impugnación presentada por la parte accionante. Al
respecto, ver índices 27 y 28 de Samai. Archivo “032RECIBEMEMORIAL_Bandejadeentrada_Jei”.
Expediente de primera instancia.
8 Constitución Política, art. 243: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Constitución, con el fin de asegurar la seguridad jurídica9. De acuerdo con la
Sentencia SU-128 de 2024, este fenómeno debe analizarse en los procesos de
tutela cuando existe un nuevo trámite posterior a la ejecutoria de una decisión previa
y se verifica identidad de partes, de causa petendi y de objeto, es decir, que la
accionante demanda a la misma autoridad, con fundamento en los mismos hechos
y pretensiones.

29. En regla general, los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada cuando no
son seleccionados para revisión o cuando queda ejecutoriada la sentencia emitida
por la Corte10. Sin embargo, la jurisprudencia ha aclarado que la cosa juzgada
puede desvirtuarse en situaciones excepcionales, como la aparición de hechos
nuevos11, la expedición de una sentencia de unificación cuyos efectos se extienden
a personas en igual situación, o cuando no existió un pronunciamiento de fondo en
el proceso anterior, lo que habilita un nuevo examen constitucional12.

30. Por su parte, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que la
temeridad se configura cuando una misma persona presenta varias acciones de
tutela sin justificación, lo cual puede dar lugar al rechazo de la solicitud y sanciones
para el apoderado. No obstante, la Corte ha sostenido que la temeridad exige mala
fe o deslealtad procesal13, lo que ocurre cuando el demandante no formula
justificación alguna y busca aprovecharse de la múltiple presentación de acciones
de tutela14. Por el contrario, esto no se presenta cuando el accionante actúa por
ignorancia15, asesoría errada16, estado de indefensión17, error involuntario en la
radicación de varias demandas18 o cuando existe una sentencia de unificación que
modifica el marco de protección de derechos19.

31. En síntesis, cuando hay triple identidad entre acciones de tutela, opera la cosa
juzgada; y si, además, se acredita mala fe, se configura la temeridad. Aun sin mala

9 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001, reiterada por la sentencia SU-213 de 2023.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2024 que, a su vez, se refirió a la sentencia SU-027
de 2021.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023. Al respecto, se indicó que manera expresa que
cuando en el proceso anterior “no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión
puesta en conocimiento original de un juez”.
13 Corte Constitucional. Sentencias SU-377 de 2014 y SU-713 de 2006.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021. Además, la jurisprudencia ha indicado que la
mala fe puede identificarse en un actuar doloso que busca inducir en error al juez (Sentencia T-247
de 2024), en un uso indebido de la acción de tutela (Sentencia T-1134 de 2005), la falta de
justificación de la formulación reiterada de acciones de tutela (Sentencia T-975 de 2011) o la
manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda al igual que la alegación de hechos
contrarios a la realidad (Sentencia T-080 de 1998). Incluso, para hallar tales comportamientos, las
Salas de Revisión han acudido a los estándares legales establecidos en los artículos 73 y 74 del
Código de Procedimiento Civil, hoy General del Proceso, como se reconoció en la Sentencia T-1103
de 2005.
15 Ibid.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-462 de 2021.
17 Ibid.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2003. En esta hipótesis también se encuentra la
presentación de varias acciones de tutela sin el consentimiento del actor.
19 Al respecto, ver la Sentencia SU-397 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

fe, la tutela repetida resulta improcedente por respeto a la cosa juzgada
constitucional20.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

32. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

33. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

34. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:

“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”21.

20 Corte Constitucional, Sentencias T-504 de 2024, SU-598 de 2019 y SU-377 2014. En particular,
la última providencia concluyó que “cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no puede
decidirse el fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes, los
mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe, la segunda tutela debe
declararse improcedente. Si existen dos o más tutelas iguales en estos aspectos, que se interponen
simultáneamente o en todo caso antes de que alguna se haya fallado con carácter definitivo, los
jueces que adviertan esta circunstancia deberá asimismo abstenerse de fallar sobre el fondo del
problema en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las solicitudes de amparo deben
declararse improcedentes”.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Caso concreto

35. En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela presentada por la señora
Carmen Elena Torres Ahumada contra el Juzgado Doce (12) Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la vida digna, a la salud, a mínimo vital
y al trabajo. Lo anterior, ocurrido con la expedición de las sentencias del 19 de
diciembre de 2024 y del 30 de abril de 2025, proferidas en el curso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 13001-33-33-012-
2017-00148-00/01.

Del fenómeno jurídico de la temeridad

36. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 30 de
abril de 2026, rechazó la solicitud de amparo formulada por la parte actora por el
presunto ejercicio temerario de la tutela. Esto, en razón a que la señora Carmen
Elena Torres Ahumada presentó otra acción de amparo en la cual, a juicio del a quo,
concurren identidad de partes, objeto y causa petendi respecto de la solicitud
constitucional que ahora se somete a examen.

37. En este contexto, corresponde a la Sala efectuar un ejercicio comparativo entre
el proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00363-00 y la presente solicitud,
con el fin de determinar si en este caso se configura la temeridad. Para el efecto, se
elabora el siguiente cuadro, orientado a brindar mayor claridad respecto de la
verificación de la identidad de partes, objeto y causa petendi:

Cuadro comparativo entre el proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00363-00 y la
presente acción de tutela para verificar la triple identidad y determina la configuración de
la temeridad
1. Proceso radicado núm. 11001-03-15-000- 2. Proceso radicado núm. 11001-03-15-000-
2026-00363-00/01 2026-02460-00/01
Identidad de las partes22
“Al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se
presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica”.
a. Accionante: Carmen Elena Torres a. Accionante: Carmen Elena Torres
Ahumada. Ahumada.
b. Accionado: Juzgado Doce (12) b. Accionado: Juzgado Doce (12)
Administrativo del Circuito de Cartagena Administrativo del Circuito de Cartagena y
Tribunal Administrativo de Bolívar
Identidad de causa petendi23
“La demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en
el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a
fallar sobre la nueva causa”.
La accionante sostiene que interpuso demanda La accionante sostiene que interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la E.S.E. restablecimiento del derecho contra la E.S.E.
Hospital Local Cartagena de Indias, con el fin Hospital Local Cartagena de Indias, con el fin
de obtener la declaratoria de existencia de un de obtener la declaratoria de existencia de un
contrato realidad por el cargo que desempeñó contrato realidad por el cargo que desempeñó
en dicha entidad desde el 1.° de enero de 2011 en dicha entidad desde el 1.° de enero de 2011

22 Corte Constitucional, Sentencia T-504 de 2024, SU-027 de 2021 y T-534 de 2015.
23 Ibid.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

hasta el 20 de julio de 2015, bajo la modalidad hasta el 20 de julio de 2015, bajo la modalidad
de prestación de servicios. Señala que el de prestación de servicios. Señala que el
asunto correspondió al Juzgado Doce (12) asunto correspondió al Juzgado Doce (12)
Administrativo del Circuito Judicial de Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena que, mediante sentencia del 19 de Cartagena que, mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2024 declaró la nulidad del acto diciembre de 2024 declaró la existencia de una
administrativo contenido en el oficio de fecha 20 relación laboral, pero negó el restablecimiento
de agosto de 2015, emanado de la E.S.E. del derecho pretendido. Dicha decisión fue
Hospital Local Cartagena de Indias; sin confirmada por el Tribunal Administrativo de
embargo, negó las demás pretensiones. Bolívar, a través de providencia del 30 de abril
de 2025.
Identidad de objeto24
“La demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se
predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente”.
“Solicito a los magistrados de la corte suprema “1. AMPARAR los derechos fundamentales al
de justicia que mediante sentencia ordene la debido proceso, mínimo vital, vida digna, salud,
protección de los derechos fundamentales de la trabajo y acceso a la administración de justicia
accionante: MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA, de la accionante.
DERECHO AL TRABAJO, DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A 2. DEJAR SIN EFECTOS las providencias
GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS judiciales proferidas por el Juzgado Doce
PRINCIPIOS, DERECHO Y DEBERES A LA Administrativo del Circuito de Cartagena y por
ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA QUE el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del
HAN SIDO VULNERADOS POR EL JUZGADO proceso de nulidad y restablecimiento del
DÉCIMO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE derecho promovido por la accionante, por
CARTAGENA DOCTORA SANDRA MILENA vulnerar derechos fundamentales.
ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
3. ORDENAR a la autoridad judicial competente
Con el fin que se garantice la efectividad de los que, dentro de un término razonable, profiera
principios, derechos y deberes consagrados en una nueva decisión de fondo, debidamente
la Constitución y, por consiguiente, ordene lo motivada y conforme a los principios
que a continuación me permito solicitar: constitucionales, en especial el debido proceso
Que como consecuencia de la orden de y la primacía de la realidad sobre las
protección Declare la ineficacia de la formalidades, garantizando la protección
providencia de fecha 19 de diciembre del 2024 efectiva de los derechos fundamentales de la
proferidas por el juzgado décimo segundo accionante”26.
administrativo del circuito de Cartagena
respectivamente dentro del proceso ordinario
laboral promovidos por la señora Carmen Elena
torres ahumada

Que como consecuencia de la ineficacia de la
providencia descrita anteriormente se ordene al
juzgado décimo segundo administrativo del
circuito de Cartagena emita un nuevo
pronunciamiento que tenga en cuenta EL
CONTRATO REALIDAD y el restablecimiento
del Derecho

Que se conminen al JUZGADO DÉCIMO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA para que en el
término de 48 horas de proferido el facho de
tutela le dé cumplimiento a la orden impartida
por su despacho”25.

38. Del examen comparativo de los procesos identificados con los radicados núms.
11001-03-15-000-2026-00363-00/01 y 11001-03-15-000-2026-02460-00/01, la Sala

24 Ibid.
25 Folios 1 y 2 de la sentencia del 12 de marzo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado. Archivo “17_Sentencia_202600363001ery3ercr_0_20260316151058478”.
26 Folio 9 del escrito de tutela.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

concluye que no se configura la identidad de partes, objeto y causa petendi
requerida para predicar la existencia de temeridad o de cosa juzgada constitucional.
En efecto, aunque ambas acciones de tutela guardan relación con el medio de
control promovido por la señora Carmen Elena Torres Ahumada con el propósito de
obtener la declaratoria de una relación laboral encubierta con la E.S.E. Hospital
Local Cartagena de Indias, lo cierto es que los actos procesales y las decisiones
judiciales cuestionadas no son los mismos.

39. En particular, dentro del expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-
00363-00/01 no fue vinculada como autoridad accionada el Tribunal Administrativo
de Bolívar ni se controvirtió la sentencia del 30 de abril de 2025 proferida por dicha
corporación. Por el contrario, la presente solicitud de amparo incorpora un
cuestionamiento específico frente a esa providencia judicial, circunstancia que
modifica tanto el marco fáctico como el objeto del debate constitucional. En
consecuencia, no puede afirmarse que ambas acciones persigan exactamente la
misma finalidad ni que se sustenten en idénticos hechos y pretensiones, razón por
la cual no se satisface el presupuesto de triple identidad exigido para declarar la
improcedencia de la tutela por temeridad.

40. Tampoco se advierte configurada la temeridad, en la medida en que no se
demostró que la accionante hubiera actuado con mala fe o con una intención dolosa
de engañar a la administración de justicia mediante la presentación sucesiva de
acciones de tutela. Por el contrario, la propia parte actora puso de presente la
existencia del trámite constitucional anterior y explicó que acudía nuevamente al
mecanismo de amparo con fundamento en circunstancias que estimaba novedosas,
en particular su actual condición de salud. En ese sentido, aunque pueda existir
similitud entre los asuntos planteados y resulte necesario examinar la procedencia
de la acción a la luz de los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional, no se acredita el elemento subjetivo indispensable para calificar la
actuación como temeraria, esto es, el propósito fraudulento, abusivo o desleal de
obtener múltiples pronunciamientos judiciales sobre una misma controversia
ocultando información relevante al juez constitucional. Por el contrario, al no
configurarse la identidad de partes y objeto entre las acciones comparadas, no es
posible concluir que exista una actuación temeraria.

41. En consecuencia, no se observa una vulneración de los principios de buena fe
y lealtad procesal, debido a que la actora en el escrito de tutela advirtió de la
existencia de otra acción constitucional y señaló que la razón de la interposición de
la presente obedecía a hechos nuevos sobre su estado de salud.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

42. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

43. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política 27,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 199128 precisan el carácter subsidiario
de la acción de tutela, por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.

44. En el presente asunto, la parte accionante sostiene que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en un “defecto por incongruencia”, al existir una
presunta falta de correspondencia lógica y jurídica entre las consideraciones
expuestas en la parte motiva y lo resuelto en la parte resolutiva de la sentencia
cuestionada. A su juicio, dicha situación vulnera su derecho fundamental al debido
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

45. Indica que la incongruencia alegada se materializa en que la providencia
reconoce expresamente la existencia de una relación laboral bajo la figura del
contrato realidad, al encontrar acreditados sus elementos esenciales, esto es, la
prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. No obstante,
afirma que la misma decisión niega el reconocimiento de las consecuencias
jurídicas derivadas de dicho vínculo laboral, tales como el pago de salarios,
prestaciones sociales y demás acreencias laborales a las que, en su criterio, habría
lugar como consecuencia de la declaratoria efectuada.

46. La Sala considera que los supuestos señalados en el escrito de tutela encajan
dentro de una de las causales que el CPACA consagra para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión, pues en la misma es posible alegar la
transgresión del principio de congruencia, que es precisamente el argumento que
fundamenta el cargo de la acción. El numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, señala al respecto:

“ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”.

47. Frente a esto, el Consejo de Estado ha señalado29 que la falta de congruencia
se erige como una causal de nulidad de la sentencia que le permite al juez de la
revisión infirmar el fallo cuestionado, toda vez que la incongruencia genera la
nulidad de la sentencia cuando esta trastorna completamente los términos de

27 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. “(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
28 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
29 Consejo de Estado – Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13 de octubre de 2020.
Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

referencia que sirvieron al desarrollo del proceso. Razón por la cual la inconformidad
que motiva la acción de tutela bajo estudio puede ser planteada ante el juez de lo
contencioso administrativo a través del recurso contemplado en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para
que sea el competente quien se pronuncie sobre su estructuración.

48. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

49. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable 30
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la accionante
cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección de los
derechos que considera vulnerados, en particular, el recurso extraordinario de
revisión. En consecuencia, mientras dichos mecanismos se encuentran disponibles
y no han sido agotados, la acción de tutela no puede sustituirlos ni anticipar su
resultado, sin que ello implique una afectación actual o definitiva de los derechos
fundamentales invocados.

50. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que la situación alegada por la
accionante se circunscribe a una discrepancia sobre la declaratoria de existencia de
un contrato realidad. Tampoco se acredita un daño grave, en la medida en que la
controversia tiene un contenido eminentemente patrimonial. De igual forma, no se
evidencia una situación de urgencia, pues la corrección del presunto yerro puede
ser solicitada y resuelta dentro de los trámites judiciales correspondientes, ni se
configura una condición impostergable, ya que la accionante no demostró que la
espera derivada del agotamiento de dichos medios le ocasione un perjuicio definitivo
o irreversible que haga necesaria la intervención inmediata del juez constitucional.

51. Finalmente, en lo que respecta al defecto sustantivo y a la alegada violación
directa de la Constitución por desconocimiento del principio de primacía de la
realidad sobre las formas, la Sala advierte que los cuestionamientos formulados por
la parte accionante tampoco satisfacen el requisito de relevancia constitucional. En
efecto, más allá de invocar la vulneración de los artículos 29 y 53 de la Constitución
Política, los argumentos expuestos se dirigen a controvertir la interpretación jurídica
realizada por el juez natural y las consecuencias que este derivó de la declaratoria
del contrato realidad, con el propósito de obtener una valoración distinta de las
pretensiones económicas reclamadas dentro del proceso ordinario.

30 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

52. De esta manera, la controversia planteada se circunscribe a un desacuerdo con
el alcance de la decisión judicial y con la aplicación de las normas que regulan los
efectos patrimoniales de la relación laboral reconocida, asuntos que corresponden
al ámbito propio de competencia de la jurisdicción ordinaria y que no evidencian,
por sí mismos, una cuestión de relevancia constitucional que justifique la
intervención excepcional del juez de tutela.

53. En este contexto, esta Sala modificará el numeral primero de la sentencia del
30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
rechazó la solicitud de amparo formulada por la parte actora por el ejercicio
temerario de la acción de tutela; y, en su lugar, declarará improcedente el
mecanismo constitucional, por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 30 de abril de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó la solicitud de
amparo formulada por la parte actora por el ejercicio temerario de la acción de tutela,
el cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por la señora Carmen Elena Torres Ahumada, en nombre propio, contra el
Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia”.

SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia del 30 de abril de
2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02460-01
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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